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Chile| Presos Políticos Mapuche: El Gobierno no ha cumplido ningún compromiso
Por Mauricio Buendia / Giraluna -
Wednesday, Aug. 09, 2006 at 5:23 PM
Después de largas conversaciones para liberar a cuatro comuneros mapuche el gobierno sigue dilatando el tema mientras nuestros hermanos continúan presos. Han pasado casi tres meses y estamos igual que el primer día. El gobierno no ha cumplido ninguno de sus compromisos y ha privilegiado su relación y alianza con la derecha y con los grupos económicos. Al Estado no le interesan ni el pueblo mapuche ni el pueblo chileno.
Una estrella fugaz se recortó fulgente sobre el cielo de la noche sureña. Y en ese exacto momento cayó una gota de luna entre flores y ríos que, preñadas de futuro, comenzaron el proceso de renovación de la naturaleza. Era el We XiPantu - año nuevo mapuche - que encontró a cuatro mapuche encarcelados y condenados a 10 años y 1 día de prisión por supuestos delitos terroristas, en un momento crucial de su demanda por justicia. Los presos habían suspendido una prolongada huelga de hambre luego que parlamentarios de la Concertación se comprometieran a presentar un proyecto de Ley que, en lo substancial, modificaba las condiciones de libertad de la Ley anti-terrorista, a fin de que los presos pudieran optar al beneficio de libertad condicional y, de esta manera, cumplir el remanente de su pena fuera de un recinto carcelario. El gobierno otorgó suma urgencia al proyecto presentado por el senador Alejandro Navarro y este comenzó a ser discutido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del senado. A las sesiones de dicha comisión han asistido autoridades de gobierno, abogados e integrantes de la Comisión Política de la Coordinación por la Libertad de los presos mapuche. Francisco Caquilpan es uno de ellos y tiene sentimientos encontrados en relación a lo sucedido con la denominada Ley Navarro y todo lo acaecido con posterioridad, porque “si bien es cierto este proyecto de ley ha sido ahora descartado, no cabe duda que es importante lo que Navarro hizo para posibilitar la libertad condicional de nuestra gente que ha sido injustamente encarcelada. Además, esto nos permitió llegar a un espacio donde no es común que estemos los mapuche, al congreso. Llegar aquí con nuestra opinión, nuestros planteamientos y colocar en la mesa, aparte del tema puntual de los hermanos presos, temas de fondo en relación a lo que sucede en el territorio mapuche actualmente”.
Hemos planteado, “con seguridad y firmeza, temas históricos que desconciertan al gobierno y a la oposición, porque no tienen respuesta a estos. Frente a una realidad que hemos planteado han quedado perplejos. Lo hemos hecho directamente, sin intermediarios, con nuestro lenguaje, nuestra visión de mundo y lo que creemos debe ser nuestro país. Incluso el senador Alberto Espina (RN), uno de los mayores críticos del proyecto de Ley original y que se opone a la libertad de nuestros hermanos presos, reconoce que el territorio donde se han desarrollado los conflictos es territorio mapuche que nos han quitado. Este es el tema de fondo, por eso le hicimos una pregunta a la Comisión: Si en algún momento Chile fuera invadido por un país vecino y ellos decidieran imponer a los chilenos otra nacionalidad. ¿Estarían Uds. Los chilenos dispuestos a aceptar eso? Porque es lo que han hecho con nosotros, invadieron nuestro territorio, nos quitaron ese territorio y nos impusieron por la fuerza otra nacionalidad. Ese es el tema de fondo”.
Sin embargo, la derecha chilena y el gobierno tienen otro concepto de lo que realmente significa “el problema de fondo”, y es en este marco que el ejecutivo elaboró un nuevo proyecto de ley que, como señaló en su oportunidad el ex ministro del interior, Andrés Zaldivar, buscaba “una solución global, de algo que no sea sólo una ley que beneficie únicamente a determinadas personas, sino que se aplique en general”. De esta manera, se hacía cargo de las críticas a una supuesta inconstitucionalidad de la ley-Navarro, toda vez que - al beneficiar a personas en particular - infringiría el principio que garantiza la igualdad ante la ley. Pero, además, como señaló José Antonio Gómez, presidente de la Comisión del senado que analiza el tema, “probablemente vamos a aprobar un proyecto de ley en el cual se solucionen las dificultades que viven los mapuches que están encarcelados, pero también vamos a intentar buscar soluciones a las situaciones de violencia que se viven en La Araucanía”. Esto es congruente con el planteamiento del senador Espina quien apoyará la propuesta gubernamental siempre y cuando ésta “signifique el fin de la violencia en la región de La Araucanía… y ver si esto constituye una pacificación de la región y entonces pueda estudiarse la posibilidad de un indulto”. Pero los mapuche solo guardan tristes recuerdos de la última “Pacificación de la Araucanía” llevada a cabo por el Estado chileno a fines del siglo 19, porque culminó con la usurpación de todo el territorio mapuche y la institucionalización de la discriminación para con el pueblo mapuche.
El problema es mucho más profundo
Es por ello que Caquilpan plantea que, si bien es cierto su presencia en el parlamento ha obedecido al mandato que a ellos les otorgaron los presos con el objetivo de monitorear el proceso de discusión del proyecto de la Ley Navarro, “el problema es mucho más profundo y no se reduce a la situación de los presos o a la aplicación de la ley anti-terrorista. La pobreza, la discriminación, el racismo y el desconocimiento de nuestros derechos como pueblo son problemas estructurales y no puntuales. Actualmente “el gobierno se prepara para celebrar el bicentenario de Chile como país, pero sigue sin reconocer que no todos somos chilenos. Aquí hay mapuche, aymara, rapa nui, kaweskar, y los chilenos son solo un pueblo más. Por eso es importante que, entre otras cosas, se ratifique el Convenio169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y genera condiciones para lograr autonomía. En este sentido ha sido importante haber asistido al congreso por el tema puntual de los presos mapuche, porque al menos hemos podido decir las cosas por su nombre en un espacio que, generalmente, está vedado para los mapuche”. No obstante, “para mí escuchar no es solamente oír, sino que se tenga disposición a hacer algo al respecto. Hay de todo, gente que escucha y que de alguna manera siempre han sido más sensibles al tema indígena, pero no todos tienen la misma disposición, y esto ha quedado claro en las sesiones de la Comisión de Constitución en estas últimas semanas”. De hecho, ha habido autoridades de gobierno y parlamentarios que “han dicho públicamente que nunca se debió aplicar la legislación anti-terrorista, porque no estamos ante hechos de sangre, alarma pública o peligro de la vida”. Sin embargo, también hay otros - fundamentalmente representantes de la derecha chilena - que se han negado a solucionar la situación de los cuatro procesados y condenados por la ley anti-terrorista. Gonzalo Arenas, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó como vergonzoso que el gobierno “se haya dejado chantajear por violentistas”. En el mismo tenor se pronunció el diputado Manuel García, de Renovación Nacional (RN), quien se refirió a la iniciativa como “francamente ilegal”. También, por diferentes razones, parlamentarios de la Democracia Cristiana manifestaron sus reparos al texto del senador Navarro. La integrante de la Comisión de Constitución y ex ministra del gobierno de Ricardo lagos, Soledad Alvear, expresó que, a su juicio, existía “un relativo consenso de que el proyecto presentado por el senador Alejandro Navarro y otros, no va a posibilitar el objetivo que se busca, no sólo por razones jurídicas sino que por eventuales inconstitucionalidades del proyecto”. Sin embargo, Francisco Caquilpan sostiene que “este no es un problema técnico o jurídico, sino político y, por lo tanto, cualquier proyecto depende de voluntad política. Todos sabemos que aquí hay leyes que se han despachado en solo 24 horas”.
Es lo que también señaló el senador socialista Pedro Muñoz quien admite que, desde un punto de vista jurídico, probablemente este es un proyecto que “podría ser discriminatorio frente a otras personas, pero creo que acá hay un tema político que ver, que es un conflicto que se puede agudizar en la medida que no se resuelva. Y creo que no vamos a resolver el problema de La Araucanía con este proyecto, porque los problemas son más de fondo”.
Al Estado no le interesa el pueblo mapuche
Y, en este contexto, el proyecto del gobierno apuntaba a superar la eventual inconstitucionalidad del proyecto original del senador Alejandro Navarro, pero, además, a resolver - como dicen - el “problema mapuche” desde una perspectiva global. Entonces, el nuevo proyecto buscaba modificar la ley anti-terrorista con el objetivo de que las penas estuvieran acorde con la legislación penal común y, al mismo tiempo, generar condiciones para superar la situación de pobreza en la que se encuentra el pueblo mapuche que, de acuerdo a muchos, es la causa de los conflictos que en el territorio se dan. Es lo que sostiene el senador Hernán Larraín (UDI) al señalar que “queremos resolver la causa de la violencia para erradicarla enteramente. Eso significa definir caminos que resuelvan los temas que han originado esta situación, que tienen que ver con la pobreza, la postergación y discriminación del pueblo mapuche”. Pero, una vez más, la derecha sitúa el origen de la violencia en las demandas del pueblo mapuche y no en las causas estructurales que producen la mencionada pobreza y discriminación: la ocupación del territorio mapuche por parte del Estado chileno. Es decir, la violencia es chilena y ha adoptado diversas formas a través de la historia y, la represión policial actual y la criminalización del movimiento y las demandas mapuche es solo una de ellas.
Asimismo, no es la pobreza la causa del problema, sino que tan solo una expresión de la verdadera causa: la ocupación militar del territorio mapuche y la ocupación económica por parte de empresas forestales, hidroeléctricas y de tratamiento de desechos. Por ello es que “tenemos fundamentos políticos, históricos, culturales, espirituales para exigir nuestros derechos. Acá no llevamos 100 o 200 años como el Estado chileno, sino que 15 mil años. Ese es el peso que tenemos como pueblo, como cultura, como sociedad”, indica Caquilpan, y lo que nos permite hablar de igual a igual con las autoridades chilenas para intentar lograr la libertad de nuestros hermanos encarcelados”. Y, si el gobierno ha accedido a realizar modificaciones a la ley anti -terrorista “es producto de nuestra lucha, el gobierno no está regalando nada, nada de esto habría sido sucedido si no hubiese sido por la huelga de hambre y las movilizaciones de nuestro pueblo y de sectores de la sociedad chilena. El gobierno sabe que tiene una situación complicada a la cual tiene que buscarle una salida. Situación que se transnacionalizó cuando el premio Nobel, José Saramago se lo planteó directamente a la presidente Bachelet en España, por ende, es un problema político que le causa algún nivel de daño de imagen internacional. Por un lado se muestra que este es un país en democracia y sin embargo se aplica la ley anti terrorista. Es incoherente e injustificable”.
Ahora, el ejecutivo plantea que el nuevo proyecto - elaborado por ellos mismos - es inconstitucional y no tiene posibilidades de ser aprobado. Es decir, “el gobierno sigue dilatando el tema mientras nuestros hermanos continúan presos. Han pasado casi tres meses y estamos igual que el primer día. El gobierno no ha cumplido ninguno de sus compromisos y ha privilegiado su relación y alianza con la derecha y con los grupos económicos. Al Estado no le interesan ni el pueblo mapuche ni el pueblo chileno. Todo esto que ha pasado no es ninguna sorpresa para nosotros - no somos ingenuos - simplemente hicimos un gesto político generoso apelando a los principios mapuche, a nuestra esencia democrática, a nuestra voluntad de dialogar para solucionar un problema coyuntural, pero, al mismo tiempo, plantear temas más profundos”.
En estos momentos el gobierno, e incluso la derecha, están hablando de un nuevo proyecto o incluso de posibles indultos, pero “los hermanos presos desconfían de todas estas maniobras y lo que pase de ahora en adelante no es de nuestro control. Nosotros cumplimos con nuestra palabra y ni el gobierno ni el parlamento cumplieron con la suya, y los hermanos siguen presos. La Comisión Política tenía una misión: la libertad de nuestra gente, si eso no ocurre, debemos responder ante los presos y ellos decidirán que hacer.
¿por que ?
Por bastaba -
Tuesday, Sep. 12, 2006 at 2:24 PM
bastyan_albo@hotmail.com 8496752 los mallines #2059
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los mapuches de principio se negaron rotundamente
a que el gobierno le explotara sus territorios para cultivos de cereales