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Protección contra minería
Por reenvío red eco alternativo -
Monday, Aug. 21, 2006 at 5:13 PM
El Estado peruano debe adoptar medidas urgentes para garantizar la vida de los líderes del Comité de Afectados por la Contaminación Minera, en San Mateo de Huanchora
(Adital) Perú - La exigencia es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la solicitud de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
La CIDH solicita al gobierno peruano "adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Margarita Pérez Anchiraico", quien el pasado 16 y 17 de julio, junto con Ruperto Cáceda Vidal, dirigente de CODEMADES, fueron objeto de agresiones físicas y amenazas de muerte por sujetos allegados a empresas mineras que operan en la zona. Asimismo el organismo internacional de derechos humanos ha solicitado a los órganos competentes del estado peruano "concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios; y el esclarecimiento judicial de los hechos que justifican la adopción de las medidas cautelares".
Según informaciones de CONACAMI las amenazas en contra Anchiraico se dieron en la noche del 16 de julio cuando un personaje allegado a las empresas mineras de la zona, al pasar por las puertas de su casa, junto con otras personas, a participar del paro programado con la finalidad de exigir la reapertura de la mina, vociferó entre otras cosas que la volaría con dinamita si continua exigiendo que se respete el derecho a la salud de los comuneros de Mayoc. Al día siguiente, cuando ella regresaba de recoger a su niño de la escuela, durante el paro, volvió a ser amedrentada por los manifestantes. Ese mismo día fue agredido Ruperto Cáceda, quien fue arrinconado a empellones y agredido con botellas de vidrio.
Anchiraico y Vidal conjuntamente con la CONACAMI y organismos de derechos humanos, en febrero del 2003, presentaron una denuncia ante la misma CIDH contra el Estado peruano por violación del derecho a la salud en razón a los altos niveles de intoxicación de niños y mujeres, comprobados por diversas instituciones públicas y privadas, a causa de la contaminación por metales pesados altamente tóxicos provenientes del deposito de relaves Mayoc. La minera es propiedad de la empresa Lisandro Proaño y posteriormente del Banco Wisse, Este depósito fue instalado en 1998, a menos de 50 metros de las viviendas de los pobladores de Mayoc.
El 04 de agosto de este año se presentó a la CIDH la solicitud de medidas cautelares con la finalidad de prevenir la materialización de las amenazas en contra de los dirigentes Margarita Pérez y Ruperto Cáceda.