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“El Gobierno se ha opuesto a que se sigan excavando las tumbas”
Por La Señal de la Paloma (91.3 Mhz) - Saturday, Sep. 16, 2006 at 6:29 AM
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Julio Cesar García, uno de los abogados de las demandas contra el Estado por las masacres de Napalpí (1924, Chaco) y Rincón Bomba (1947, Formosa), denuncia racismo y groseras contradicciones por parte del Gobierno nacional en el tratamiento de las mismas. En ambas matanzas se estima que murieron unas 1500 personas de los pueblos toba y pilagá, en lo que son considerados los dos mayores genocidios indígenas del siglo XX. Lee y escuchá la entrevista realizada en vivo durante la emisión del miércoles 13 de septiembre de La Señal de la Paloma (Aire Libre Radio Comunitaria).

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- ¿En qué estado se encuentran estas causas? El Estado argentino ya ha respondido en ambas demandas.


JG: Sí, básicamente en la causa de Napalpí contestó la Procuración Nacional, y en la causa de Rincón Bomba - que es en la que yo estoy actuando - contestó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aún así, a pesar de que son distintos organismos del Estado, han mantenido el mismo perfil en la contestación de la demanda, que es negar la existencia de los hechos, atacar la personería jurídica de las comunidades indígenas - le niegan el carácter de pueblo o de organización de las comunidades indígenas -, piden que se acredite el cáracter de heredero forzoso, cuando ellos saben básicamente que los indígenas han estado excluídos de todo el sistema normativo hasta aún hoy, y también impedido del acceso al sistema de justicia.

Sinceramente lo que nos
otros creemos es que el Estado lo que está haciendo es, en los hechos, negar todo el discurso de derechos humanos que tiene para con la sociedad en general.

- ¿Qué pruebas hay de que efectivamente ocurrieron estos hechos?


JG: Bueno, lo primero en el caso de Rincón Bomba, hay testigos de la masacre vivos, o sea hay indígenas que eran niños, adolescentes o jóvenes, que al momento en que ocurrieron los hechos de Rincón Bomba, eran miembros de familia y vieron diezmadas sus grupos familiares. Mayor evidencia que esa es imposible.

En segundo lugar, hay un informe realizado por expertos sobre el descubrimiento de por lo menos cinco tumbas comunes, y el Estado Nacional se ha opuesto a que se sigan cavando estas tumbas, y también se ha opuesto a que se conserven las mismas, con una serie de herramientas que si bien son jurídicamente idóneas, porque impiden que se siga la investigación, éticamente en un caso de derechos humanos que esto lo realice el Estado es aberrante. Así que nosotros lo que creemos es que hay un discurso del Gobierno nacional para con la cuestión de los derechos humanos cuando no están en juego los pueblos indígenas; cuando están en juego los derechos indígenas en realidad las políticas son otras.

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- En una nota periodística se habla de una comprobación de los peritos de que los restos encontrados fueron muertos por armas de fuego. Después hay otro dato fáctico que son los cuerpos encontrados en distintos lugares, vos hablabas de 5 fosas, lo cual en otra nota se refiere como el “sendero de la muerte”. Podés explicarnos qué es esto y cuántas personas se estima que murieron en este espacio.


JG: Bueno, un primer dato de la realidad que nosotros tenemos es que el pueblo pilagá, que fue víctima de esta masacre, está en un proceso de extinción, tiene muy pocos miembros, esto lo reconoce el propio Estado nacional al contestar la demanda. Eso es el primer dato.

El segundo dato es que los hechos empezaron un día, pero después a los sobrevivientes y a los testigos o posibles testigos del hecho, los fueron aniquilando y los fueron tirando como marionetas a fosas comunes cavadas por la propia Gendarmería. Y el informe que vos te referís, es el informe del consultor que en ese entonces era Enrique Prueger, y el informe del perito oficial designado por el juez federal Marcos Bruno Quinteros. O sea, la información que hay está acreditada en la causa, no ha sido desvirtuada por el Estado nacional, pero a pesar de eso, el Estado nacional en la contestación habla de un enfrentamiento - que a nosotros nos hacía acordar a la época de la dictura cuando se hablaba de enfrentamientos con la ´guerrilla' , siempre comillas, esos comunicados que lanzaba la dictadura -, con un herido por parte de las fuerzas de Gendarmería y 500 o 1000 muertos del lado de los indígenas.

- En la respuesta a la demanda no sólo se habla de un 'enfrentamiento', justificando la masacre, sino que además se dice de que en caso de que hubiese consecuencias jurídicas para el Estado, estas consecuencias estarían 'vencidas' por el tiempo que transcurrió.

JG: Si, es otra verguenza. El Estado nacional acaba de firmar el año pasado, y lo aprobó el Congreso de la Nación, el convenio internacional de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo que alega la abogada defensora del Estado nacional es que ese tipo de imprescriptibilidad puede ser alegada solamente para los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. Falso. Esto es absolutamente falso, porque la imprescriptibilidad del convenio internacional no tiene plazo retroactivo, debe ser aplicado a todas las masacres o hechos cometidos por el Estado nacional que no tuvieron investigación.

Y también, seamos sinceros, los indígenas no han podido acceder al sistema de justicia, porque el sistema de justicia les niega el acceso sistemáticamente al tratarse de una minoría; y de hecho alega sus propias torpezas el Estado en no instrumentar un ordenamiento jurídico conteste con la realidad que viven los pueblos indígenas, invoca esas propias torpezas en cabeza de los indígenas para impedirle nuevamente el acceso al sistema de justicia. Así que a nosotros nos parece sinceramente una burla a los intereses de los pueblos indígenas.

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- No estamos hablando solamente de un caso que se inscribe en lo legal, porque estos hechos y su gravedad y su resonancia tienen que ver con lo que es la memoria histórica, no solamente de los pueblos indígenas sino además de toda nuestra sociedad. Es bastante sorprendente esta declaración, de que aparentemente las violaciones a los derechos humanos las cometen solamente los Gobiernos dictatoriales y no otros sujetos, es bastante indefendible. ¿Porqué te parece que el Estado está respondiendo esto, que es de una torpeza enorme?

JG: Mirá, no sólo que le da un tiempo determinado, sino que además dice que no la cometió el Estado sino que la cometieron sus funcionarios en exceso de sus facultares, cuando todos sabemos que era una política genocida. Es lo mismo que nosotros sostengamos este principio en cuanto a lo que hizo la dictadura militar; que no era responsable el Estado argentino o sus representantes, en ese entonces de facto. Había un plan para eliminar a un determinado grupo de personas con determinadas caractísticas ideológicas. Si nosotros no asumimos eso, estaríamos exculpando actualmente con ese discurso a los genocidas de la última dictadura militar. Entonces es una contradiccion fruto de la desidia que existe para con los pueblos indígenas, no hay otra explicación, yo hablo de desidia por no decir racismo, discriminación, continuidad histórica del genocidio o del etnocidio.

- Lo que viene a la cuenta es el caso reciente del intendente de Villa Río Bermejito, en el Impenetrable chaqueño, que también es denunciado por racismo. Por ahí no estamos hablando de la misma gravedad, porque no hay muertos en este caso en manos de Gendarmería, pero las denuncias no cambian mucho. Mismo en Formosa, en la provincia que sucedió Rincón Bomba, el ataque policial a la comunidad Nam Qom sucedido hace 4 años atrás también ha quedado sin ningún tipo de culpables. Hay una continuidad, ¿verdad?

JG: Sí, sí, para nosotros eso es clarito, por eso creemos que estas no son causas - coincido con vos - solamente judiciales, sino que tienen un fuerte contenido político y que tienen que ver con la relación histórica entre pueblos indígenas y Estado.

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- En un documento ustedes afirman que en la contestación del Estado a la demanda por la Masacre de Rincón Bomba se confunden los hechos con la Masacre de Napalpí. ¿Cómo es esto?

JG: Sí, fruto de la haraganería del colega que corta y pega de la contestación de la demanda del colega de Chaco. Recordémosle a tu audiencia que la diferencia que existe entre una y otra masacre es que una tuvo una investigación de la propia Cámara de Diputados de la Nación de ese entonces, de 1924, y también hubo una causa judicial, que es reprochable en su resultado, en su investigación, pero existió. En el caso de Rincón Bomba no existió. Lo que nosotros como abogados estamos seguros - y quienes acompañamos este proceso - es que hay testimonios vivos y por esos testimonios vivos que nos impulsan y por la justicia del reclamo por sus muertos, nosotros sinceramente estamos convencidos de la legitimidad y justicia de la demanda.

- ¿En qué confunde el Estado ambas masacres?

JG: El Estado confunde básicamente el pueblo toba con el pueblo pilagá, confunde la cantidad de años que sucedió en una y otra masacre, da datos erróneos, cuando habla de los pilagá habla en realidad de los tobas y cuando habla de los tobas habla de los pilagá; no tenía nada que decir en la contestación de Rincón Bomba sobre los tobas y lo dice; así que para nosotros fue que le giraron un archivo de la contestación de Napalpí y de ahí cortó y extrajo algunas conclusiones. En general, la mayoría de las conclusiones y la estrategia legal se condice con la de Napalpí, es la misma, el mismo perfil.

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- ¿La causa por Napalpí qué avance ha tenido? En Rincón Bomba hay excavaciones, han encontrado restos, hay en ese sentido un avance que deja algún tipo de esperanzas, más allá de la respuesta que de el Estado. ¿En el caso de Napalpí se ha iniciado algún tipo de investigación?

JG: Bueno, en Napalpí hay un impedimiento no salvado por parte de juez federal [Carlos] Skidelsky, que dice que si estuvieron varios años pueden estar más años esperando los cuerpos en ese lugar. Eso está apelado ante la Cámara, eso es una medida cautelar que había pedido el doctor Díaz. Y en el día de mañana [jueves 14 de septiembre] se va a llevar a cabo una audiencia testimonial, como prueba anticipada, en Machagai, muy cerquita de donde vivían las comunidades indígenas de Napalpí, por parte de una anciana, y va a actuar de traductor Orlando Sánchez, un maesto que ha sido reconocido hace pocos días por el Gobierno nacional como un ejemplo de lucha de los pueblos indígenas. Así que nosotros sinceramente estamos tratando de avanzar en ambas causas, pero en el caso de Napalpí es muy muy a paso de tortuga.

- Muy bien, Julio, te agradecemos por toda esta información, vamos a estar comunicados para poder seguir dándole cobertura a este tema. En Rosario es importante habiendo la comunidad toba numerosa que hay en esta ciudad, así que te agradecemos mucho.

JG: No, yo les agradezco a ustedes, y otra novedad que existe es que nosotros habíamos hecho una presentación administrativa, a la Gendarmería pidiéndole que se abrieran los archivos y que pida perdón por la Masacre, y nos contestaron que sí...a la apertura de los archivos. Así que dentro de unos días vamos a estar viendo si existen, si están, si han sido conservados los archivos de la Masacre de Rincón Bomba que tenga la Gendarmería Nacional.

- Muchísimas gracias, te agradecemos y vamos a continuar siguiendo esta información.

JG: Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Un saludo.

- Así escuchamos a uno de los abogados patrocinantes de las comunidades indígenas en las causas por justicia para las masacres de Rincón Bomba y Napalpí. Denunció racismo, contradicciones y groseras torpezas de parte del Estado nacional en el tratamiento de las dos causas.

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Más información sobre las causas por las masacres indígenas
Por Indymedia Argentina - Pueblos Originarios - Saturday, Sep. 16, 2006 at 6:55 AM
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