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“El Gobierno se ha opuesto a que se sigan excavando las tumbas”
Por La Señal de la Paloma (91.3 Mhz) -
Saturday, Sep. 16, 2006 at 6:29 AM
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Julio Cesar García, uno de los abogados de las demandas contra el Estado por las masacres de Napalpí (1924, Chaco) y Rincón Bomba (1947, Formosa), denuncia racismo y groseras contradicciones por parte del Gobierno nacional en el tratamiento de las mismas. En ambas matanzas se estima que murieron unas 1500 personas de los pueblos toba y pilagá, en lo que son considerados los dos mayores genocidios indígenas del siglo XX. Lee y escuchá la entrevista realizada en vivo durante la emisión del miércoles 13 de septiembre de La Señal de la Paloma (Aire Libre Radio Comunitaria).
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- ¿En qué estado se encuentran estas causas? El Estado argentino
ya ha respondido en ambas demandas.
JG: Sí, básicamente en la causa de Napalpí contestó
la Procuración Nacional, y en la causa de Rincón Bomba - que es
en la que yo estoy actuando - contestó el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Aún así, a pesar de que son distintos organismos del
Estado, han mantenido el mismo perfil en la contestación de la demanda,
que es negar la existencia de los hechos, atacar la personería jurídica
de las comunidades indígenas - le niegan el carácter de pueblo
o de organización de las comunidades indígenas -, piden que se
acredite el cáracter de heredero forzoso, cuando ellos saben básicamente
que los indígenas han estado excluídos de todo el sistema normativo
hasta aún hoy, y también impedido del acceso al sistema de justicia.
Sinceramente lo que nosotros creemos es que el Estado lo que está
haciendo es, en los hechos, negar todo el discurso de derechos humanos que tiene
para con la sociedad en general.
- ¿Qué pruebas hay de que efectivamente ocurrieron estos hechos?
JG: Bueno, lo primero en el caso de Rincón Bomba, hay testigos
de la masacre vivos, o sea hay indígenas que eran niños, adolescentes
o jóvenes, que al momento en que ocurrieron los hechos de Rincón
Bomba, eran miembros de familia y vieron diezmadas sus grupos familiares. Mayor
evidencia que esa es imposible.
En segundo lugar, hay un informe realizado por expertos sobre el descubrimiento
de por lo menos cinco tumbas comunes, y el Estado Nacional se ha opuesto
a que se sigan cavando estas tumbas, y también se ha opuesto a que se
conserven las mismas, con una serie de herramientas que si bien son jurídicamente
idóneas, porque impiden que se siga la investigación, éticamente
en un caso de derechos humanos que esto lo realice el Estado es aberrante.
Así que nosotros lo que creemos es que hay un discurso del Gobierno nacional
para con la cuestión de los derechos humanos cuando no están en
juego los pueblos indígenas; cuando están en juego los derechos
indígenas en realidad las políticas son otras.
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- En una nota periodística se habla de una comprobación de los
peritos de que los restos encontrados fueron muertos por armas de fuego. Después
hay otro dato fáctico que son los cuerpos encontrados en distintos lugares,
vos hablabas de 5 fosas, lo cual en otra nota se refiere como el “sendero
de la muerte”. Podés explicarnos qué es esto y cuántas
personas se estima que murieron en este espacio.
JG: Bueno, un primer dato de la realidad que nosotros tenemos es que
el pueblo pilagá, que fue víctima de esta masacre, está
en un proceso de extinción, tiene muy pocos miembros, esto lo reconoce
el propio Estado nacional al contestar la demanda. Eso es el primer dato.
El segundo dato es que los hechos empezaron un día, pero después
a los sobrevivientes y a los testigos o posibles testigos del hecho, los fueron
aniquilando y los fueron tirando como marionetas a fosas comunes cavadas por
la propia Gendarmería. Y el informe que vos te referís, es
el informe del consultor que en ese entonces era Enrique Prueger, y el
informe del perito oficial designado por el juez federal Marcos Bruno Quinteros.
O sea, la información que hay está acreditada en la causa, no
ha sido desvirtuada por el Estado nacional, pero a pesar de eso, el Estado nacional
en la contestación habla de un enfrentamiento - que a nosotros nos
hacía acordar a la época de la dictura cuando se hablaba de enfrentamientos
con la ´guerrilla' , siempre comillas, esos comunicados que lanzaba
la dictadura -, con un herido por parte de las fuerzas de Gendarmería
y 500 o 1000 muertos del lado de los indígenas.
- En la respuesta a la demanda no sólo se habla de un 'enfrentamiento',
justificando la masacre, sino que además se dice de que en caso de que
hubiese consecuencias jurídicas para el Estado, estas consecuencias estarían
'vencidas' por el tiempo que transcurrió.
JG: Si, es otra verguenza. El Estado nacional acaba de firmar el año
pasado, y lo aprobó el Congreso de la Nación, el convenio internacional
de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo que alega la
abogada defensora del Estado nacional es que ese tipo de imprescriptibilidad
puede ser alegada solamente para los crímenes de lesa humanidad cometidos
por la dictadura militar. Falso. Esto es absolutamente falso, porque la
imprescriptibilidad del convenio internacional no tiene plazo retroactivo, debe
ser aplicado a todas las masacres o hechos cometidos por el Estado nacional
que no tuvieron investigación.
Y también, seamos sinceros, los indígenas no han podido acceder
al sistema de justicia, porque el sistema de justicia les niega el acceso sistemáticamente
al tratarse de una minoría; y de hecho alega sus propias torpezas el
Estado en no instrumentar un ordenamiento jurídico conteste con la realidad
que viven los pueblos indígenas, invoca esas propias torpezas en cabeza
de los indígenas para impedirle nuevamente el acceso al sistema de
justicia. Así que a nosotros nos parece sinceramente una burla a
los intereses de los pueblos indígenas.
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- No estamos hablando solamente de un caso que se inscribe en lo legal, porque
estos hechos y su gravedad y su resonancia tienen que ver con lo que es la memoria
histórica, no solamente de los pueblos indígenas sino además
de toda nuestra sociedad. Es bastante sorprendente esta declaración,
de que aparentemente las violaciones a los derechos humanos las cometen solamente
los Gobiernos dictatoriales y no otros sujetos, es bastante indefendible. ¿Porqué
te parece que el Estado está respondiendo esto, que es de una torpeza
enorme?
JG: Mirá, no sólo que le da un tiempo determinado, sino
que además dice que no la cometió el Estado sino que la cometieron
sus funcionarios en exceso de sus facultares, cuando todos sabemos que era una
política genocida. Es lo mismo que nosotros sostengamos este principio
en cuanto a lo que hizo la dictadura militar; que no era responsable el Estado
argentino o sus representantes, en ese entonces de facto. Había un plan
para eliminar a un determinado grupo de personas con determinadas caractísticas
ideológicas. Si nosotros no asumimos eso, estaríamos exculpando
actualmente con ese discurso a los genocidas de la última dictadura militar.
Entonces es una contradiccion fruto de la desidia que existe para con los pueblos
indígenas, no hay otra explicación, yo hablo de desidia por
no decir racismo, discriminación, continuidad histórica del genocidio
o del etnocidio.
- Lo que viene a la cuenta es el caso reciente del intendente de Villa
Río Bermejito, en el Impenetrable chaqueño, que también
es denunciado por racismo. Por ahí no estamos hablando de la misma gravedad,
porque no hay muertos en este caso en manos de Gendarmería, pero las
denuncias no cambian mucho. Mismo en Formosa, en la provincia que sucedió
Rincón Bomba, el ataque policial a la comunidad Nam Qom sucedido hace 4 años
atrás también ha quedado sin ningún tipo de culpables.
Hay una continuidad, ¿verdad?
JG: Sí, sí, para nosotros eso es clarito, por eso creemos
que estas no son causas - coincido con vos - solamente judiciales, sino que
tienen un fuerte contenido político y que tienen que ver con la relación
histórica entre pueblos indígenas y Estado.
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- En un documento ustedes afirman que en la contestación del Estado
a la demanda por la Masacre de Rincón Bomba se confunden los hechos con
la Masacre de Napalpí. ¿Cómo es esto?
JG: Sí, fruto de la haraganería del colega que corta
y pega de la contestación de la demanda del colega de Chaco. Recordémosle
a tu audiencia que la diferencia que existe entre una y otra masacre es que
una tuvo una investigación de la propia Cámara de Diputados de
la Nación de ese entonces, de 1924, y también hubo una causa judicial,
que es reprochable en su resultado, en su investigación, pero existió.
En el caso de Rincón Bomba no existió. Lo que nosotros como abogados
estamos seguros - y quienes acompañamos este proceso - es que hay testimonios
vivos y por esos testimonios vivos que nos impulsan y por la justicia del reclamo
por sus muertos, nosotros sinceramente estamos convencidos de la legitimidad
y justicia de la demanda.
- ¿En qué confunde el Estado ambas masacres?
JG: El Estado confunde básicamente el pueblo toba con el pueblo
pilagá, confunde la cantidad de años que sucedió en
una y otra masacre, da datos erróneos, cuando habla de los pilagá
habla en realidad de los tobas y cuando habla de los tobas habla de los pilagá;
no tenía nada que decir en la contestación de Rincón Bomba
sobre los tobas y lo dice; así que para nosotros fue que le giraron
un archivo de la contestación de Napalpí y de ahí cortó
y extrajo algunas conclusiones. En general, la mayoría de las conclusiones
y la estrategia legal se condice con la de Napalpí, es la misma, el mismo
perfil.
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- ¿La causa por Napalpí qué avance ha tenido? En Rincón
Bomba hay excavaciones, han encontrado restos, hay en ese sentido un avance
que deja algún tipo de esperanzas, más allá de la respuesta
que de el Estado. ¿En el caso de Napalpí se ha iniciado algún
tipo de investigación?
JG: Bueno, en Napalpí hay un impedimiento no salvado por parte
de juez federal [Carlos] Skidelsky, que dice que si estuvieron varios
años pueden estar más años esperando los cuerpos en ese
lugar. Eso está apelado ante la Cámara, eso es una medida
cautelar que había pedido el doctor Díaz. Y en el día de
mañana [jueves 14 de septiembre] se va a llevar a cabo una audiencia
testimonial, como prueba anticipada, en Machagai, muy cerquita de donde vivían
las comunidades indígenas de Napalpí, por parte de una anciana,
y va a actuar de traductor Orlando Sánchez, un maesto que ha sido reconocido
hace pocos días por el Gobierno nacional como un ejemplo de lucha de
los pueblos indígenas. Así que nosotros sinceramente estamos tratando
de avanzar en ambas causas, pero en el caso de Napalpí es muy muy a paso
de tortuga.
- Muy bien, Julio, te agradecemos por toda esta información, vamos
a estar comunicados para poder seguir dándole cobertura a este tema.
En Rosario es importante habiendo la comunidad toba numerosa que hay en esta
ciudad, así que te agradecemos mucho.
JG: No, yo les agradezco a ustedes, y otra novedad que existe es que
nosotros habíamos hecho una presentación administrativa, a la
Gendarmería pidiéndole que se abrieran los archivos y que pida
perdón por la Masacre, y nos contestaron que sí...a la apertura
de los archivos. Así que dentro de unos días vamos a estar
viendo si existen, si están, si han sido conservados los archivos de
la Masacre de Rincón Bomba que tenga la Gendarmería Nacional.
- Muchísimas gracias, te agradecemos y vamos a continuar siguiendo
esta información.
JG: Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Un saludo.
- Así escuchamos a uno de los abogados patrocinantes de las comunidades
indígenas en las causas por justicia para las masacres de Rincón
Bomba y Napalpí. Denunció racismo, contradicciones y groseras
torpezas de parte del Estado nacional en el tratamiento de las dos causas.
Más información sobre las causas por las masacres indígenas
Por Indymedia Argentina - Pueblos Originarios -
Saturday, Sep. 16, 2006 at 6:55 AM
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