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La propiedad de la tierra
Por La Nación - Saturday, Nov. 04, 2006 at 11:53 AM

Hace algunas semanas, el dirigente piquetero y funcionario público Luis D Elía se introdujo, sin razón ni derecho alguno, en una propiedad rural de la provincia de Corrientes perteneciente a un empresario norteamericano. Luego de haber cortado los alambrados y violentado las tranqueras, D Elía intentó justificar ese acto delictivo con un argumento tan absurdo como irracional: dijo que su acción formaba parte de un programa para redistribuir la propiedad de la tierra "con el fin de beneficiar a los desposeídos". El hecho significó una escandalosa violación de la ley y del derecho de propiedad.

Hace algo más de un mes, varios obispos -algunos de ellos, integrantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen- formularon una declaración para transmitir su preocupación por el supuesto proceso de extranjerización de los espacios productivos rurales que se estaría produciendo en nuestro país. En esa oportunidad, el obispo de Neuquén reclamó políticas de Estado destinadas a encarar la problemática de la distribución de la tierra, que afecta -según dijo- "a los aborígenes, a los productores rurales, a la vivienda urbana y también al tema de la defensa de los recursos naturales".

Estos dos episodios -la burda agresión delictiva de D Elía y las aseveraciones de algunos obispos sobre aspectos de la vida rural argentina- no tienen, obviamente, ninguna relación entre sí, pero resultan igualmente útiles para demostrar que en ciertos sectores de nuestra sociedad subsisten ideas y creencias tan prejuiciosas como equivocadas respecto de las cuestiones vinculadas con la propiedad de la tierra y con el derecho de los extranjeros a adquirir bienes raíces en el país.

Cuesta creer que en esta altura del desarrollo histórico se siga incurriendo en el gravísimo error de abordar esos temas sociales desde un reduccionismo simplificador, que absolutiza demagógicamente el problema de la pobreza y apela a una supuesta sabiduría del Estado para redistribuir a su antojo la propiedad inmueble. Quienes opinan de ese modo incurren en un anacronismo imperdonable, pues está sobradamente demostrado, en nuestro país y en el mundo, que el único método adecuado para erradicar la pobreza es el que propone incorporar cuanto antes a los sectores más rezagados de la sociedad a la vida productiva y convertirlos en eficaces agentes económicos.

Conviene recordar una vez más que la reforma agraria más auténtica y profunda que registra la historia -si se quiere usar esa expresión programática tan reclamada en distintos países de América latina- es la que se llevó a la práctica en la Argentina en 1869 con la sanción del Código Civil, que eliminó ciertas instituciones anacrónicas, como el mayorazgo, a la vez que introdujo la noción jurídica de la porción legítima de los herederos y estableció la cuasi prohibición absoluta de la desheredación.

Los estudios serios sobre el tema revelan que son inconsistentes y falsas las afirmaciones de ciertas entidades religiosas, gremiales o políticas acerca de que en el país existen "enormes latifundios" o de que la propiedad de la tierra está concentrada "en pocas manos". Tampoco resiste el más somero análisis la denuncia de que por incapacidad o desidia se pierden "cien mil explotaciones por década".

Cualquier observador serio de nuestra realidad económica sabe que la tenencia de la tierra no es de ninguna manera, en nuestro país, un signo revelador de la existencia de fortunas abultadas. Todo lo contrario: la propiedad inmueble no garantiza de ningún modo el acceso a niveles superiores de afluencia económica. El acceso a la riqueza está dado, en nuestro tiempo, por el dominio tecnológico, la viabilidad del crédito y la ejecución de negocios de efectividad comprobada. La posesión de la tierra por sí sola no agrega demasiado a la actividad económica si no se le añaden los recursos técnicos y humanos que aseguren una explotación racional.

De los análisis realizados por Marcela Cristini -a quien se le deben tal vez los estudios recientes más responsables y rigurosos sobre estos temas- se desprende claramente que el precio y la renta de la tierra se ven afectados de manera muy clara por las políticas agropecuarias en vigor y son consecuencia directa del volumen de capitales disponible o, en todo caso, del nivel de las tasas de retorno fijadas por el mercado para el agro. Todo esto echa por la borda la infundada afirmación, tan cara a ciertos ideólogos de izquierda o de derecha, de que el precio de la tierra es el resultado de oscuras maniobras tejidas por los "grandes latifundistas".

Quienes proponen irresponsablemente que el Estado regule la propiedad de la tierra o controle la dimensión de las propiedades agrícolas deberían detenerse a meditar sobre ciertos aspectos realmente significativos de nuestra realidad económica. Deberían tener en cuenta que el campo, sin subsidio alguno, es responsable del 50% de las exportaciones del país y de las divisas obtenidas. Y deberían recordar también que el campo brinda respuestas notablemente rápidas y eficaces a los incentivos de precios, se adapta velozmente a las exigencias de los mercados, adopta con celeridad y eficiencia las nuevas tecnologías (por ejemplo, los transgénicos, los nuevos sistemas de siembra, las figuras jurídicas novedosas), abre y desarrolla eficazmente nuevos mercados (en China, en los Estados Unidos, en la propia Unión Europea) y, además, es extraordinariamente competitivo.

Nadie puede desconocer el exitoso y altísimo nivel de eficiencia con que el campo argentino ha sabido hacer frente en todo momento a los monstruosos subsidios que los países más poderosos del mundo otorgan a sus productos agrícolas.

En cuanto a los argumentos acerca de la supuesta extranjerización de las propiedades agrícolas, no hace falta argumentar demasiado para demostrar que adolecen de una inocultable puerilidad. En efecto: de lo que debemos preocuparnos los argentinos es de que quien posea recursos en el país, cualquiera sea su nacionalidad, cumpla y respete efectivamente las leyes y pague sus impuestos correctamente. De todos los recursos que pueden caer en manos de extranjeros, el que menos debe inquietarnos es la tierra, dado el carácter de inmovilidad que le es propio. La exportación de obras de arte y de otros bienes irreemplazables podría llegar tal vez a empobrecernos (salvo que estuviese debidamente compensado por un flujo significativo en sentido contrario). La tenencia de la tierra en manos de extranjeros, en cambio, no es buena ni mala en sí misma. Lo importante es que el propietario, nacional o extranjero, respete las leyes. Y en caso de que las leyes no sean respetadas, el único responsable por ese fracaso será el Estado nacional, que no habrá sabido ejercer su indelegable función.

Somos, históricamente, una nación de inmigrantes. Afortunadamente, nadie les negó a nuestros antepasados el derecho a radicarse en nuestro país y a convertirse en propietarios rurales.

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Indígenas: suspenden desalojos por 4 años
Por La Nación - Wednesday, Nov. 15, 2006 at 8:57 PM

La Cámara de Diputados aprobó ayer y convirtió en ley un proyecto que suspende por cuatro años los desalojos en las tierras actualmente ocupadas por comunidades indígenas de todo el país y establece un fondo fiduciario inicial de 30 millones de pesos para la realización de un censo poblacional y estudios catastrales con el propósito de comenzar a resolver los conflictos vigentes por la propiedad de distintos territorios.

La norma fue aprobada por 124 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones. El proyecto, originado en una iniciativa de la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) aprobada por el Senado en agosto último e impulsada por el kirchnerismo en la Cámara baja, propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad en las tierras que ocupan las comunidad indígenas originarias. La norma suspende, de hecho, por cuatro años la ejecución de sentencias de desalojo de tierras, siempre que la posesión sea actual y fehacientemente acreditada por los pobladores locales.

Mientras los desalojos quedan suspendidos, empezará a regir el fondo especial, denominado de "reparación indígena", administrado por el Banco Nación y que consiste en 30 millones de pesos más otros 30, divididos en tres años, cuyo objetivo será el relevamiento poblacional, jurídico y catastral de los territorios en disputa. En el directorio del fondo fiduciario habrá representantes del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una veintena de comunidades originarias reconocidas y con personería jurídica y las provincias que contienen población indígena.

Según el diputado Luis Cigogna (FV-Buenos Aires), "estamos cumpliendo con la reforma de 1994, que reconoce la posesión y la propiedad de los pueblos originarios del interior del país". Cigogna también pidió "respetar la diversidad y que los pueblos originarios puedan hacer una vida normal".

El macrista Federico Pinedo (Pro-Capital) y la neuquina Alicia Comelli (MPN) se opusieron de manera enfática a la norma. "Es una barbaridad que por cuatro años nadie pueda hacer actos procesales. No se le puede decir a la Justicia lo que tiene que hacer o no", afirmó Pinedo. "Este proyecto está destinado a generar más problemas que soluciones", agregó Comelli. En el mismo sentido, el peronista Dante Camaño (Paufe-Buenos Aires) sostuvo que "el proyecto no resuelve los problemas reales de los indígenas y subestima a los gobernadores que todos los días conviven con el problema".

En defensa del proyecto oficial, Marta Maffei (ARI-Buenos Aires) se mostró en favor de "resolver los desalojos de los indígenas que son corridos por las empresas".

Por Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION

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