Julio López
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Un Ojo en la Repsol 41. Octubre 2006
Por Observatorio Transnacional - Monday, Dec. 25, 2006 at 8:40 PM
repsolmata@moviments.net

De momento, desaguamos las noticias del penúltimo trimestre de 2006, donde la petromilitarización se acentúa con el fichaje de espías (en España) y comandos militares (en Ecuador). La contaminación se visibiliza en los castigados territorios amazónicos del Perú, y en las cercanías de una planta de Almacenaje en Uruguay. Por otra parte, en agosto se hacían públicos algunos de los casos de corrupción en bolivia, al tiempo que en Argentina, un extraño “sobreseimiento” del caso de la nulidad de la privatización de YPF, tiraba las esperanzas de miles de trabajadores a la borda. No se pierdan el detallado informe sobre la ilegal privatización de YPF (punto 13). Sin embargo, la campaña del millón de firmas por la nacionalización de YPF continua. Vale la pena apoyarla.

UN OJO EN LA REPSOL
Octubre 2006 Nº 41
http://repsolmata.info


0. PRESENTACIÓN

1. (ESP) Repsol ficha a Dezcallar, ex director del Centro Nacional de Inteligencia

2. (EC) Analizando el contrato de Repsol con las Fuerzas Armadas en el Bloque 16

3. (PE) Pluspetrol podría ser demandada por contaminación

4. (PE) La Federacion de Comunidades Nativas del rio Corrientes rechaza mas concesiones petroleras

5. (PE) Pueblo indígena Achuar llega a Lima para dialogar con altas autoridades nacionales

6.(MEX) Merrill Lynch critica con dureza la compra de Repsol en el Golfo de México.

7. (AFR)Proyectan Gasoducto Transahariano desde Nigeria a Almeria

8. (ESP) Comunicado Ali Supay: Repsol-Bolivia en la prensa española

9. (BO) La Justicia boliviana, los delitos de Repsol y los intereses "Españoles"

10. (Bo) Detalles del arresto domiciliario al Síndico de Andina-Repsol

11. (BO) Investigarán ex presidente de YPFB en caso vinculado a Repsol YPF

12. (ARG) CAMPAÑA: Un millón de firmas por la Nacionalización del Petróleo y el Gas

13. (ARG)Repsol YPF, la historia de un delito

14. (ARG) Sobreseimiento causa penal YPF

15. (URU) Vecinos denuncian a Repsol-YPF por Peligro y contaminación


0. PRESENTACIÓN: MILITARIZACIÓN, CONTAMINACIÓN Y DELITOS

Más vale tarde que nunca... Por eso, después de un letargo que nos mantuvo ocupados en otros asuntos, volvemos a poner nuestro Ojo en la Repsol para transmitir los hechos que son silenciados por los grandes medios. En la despensa, quedaron un par de OJOs anteriores que quedaron a medias, pues en el embrollo de la nacionalización boliviana, nos saturaron la cantidad de noticias donde Repsol aparecía algunas veces víctima, otras protagonista, según la óptica ( o la coima) del periodista. Todo llegará.

De momento, desaguamos las noticias del penúltimo trimestre de 2006, donde la petromilitarización se acentúa con el fichaje de espías (en España) y comandos militares (en Ecuador). La contaminación se visibiliza en los castigados territorios amazónicos del Perú, y en las cercanías de una planta de Almacenaje en Uruguay.
Por otra parte, en agosto se hacían públicos algunos de los casos de corrupción en bolivia, al tiempo que en Argentina, un extraño “sobreseimiento” del caso de la nulidad de la privatización de YPF, tiraba las esperanzas de miles de trabajadores a la borda. No se pierdan el detallado informe sobre la ilegal privatización de YPF (punto 13). Sin embargo, la campaña del millón de firmas por la nacionalización de YPF continua. Vale la pena apoyarla.

Un Ojo en la Repsol recopila noticias y denuncias de la mencionada transnacional.
Copia , rebota y difunde. Contacto: guarapitu@cascall.org

http://repsolmata.info
http://www.cascall.or/repsol/unojo


1. (ESP) REPSOL FICHA A DEZCALLAR, EX DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

EFE (21/08/2006)

La petrolera Repsol YPF ha nombrado al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Jorge Dezcallar secretario general del nuevo consejo sobre asuntos internacionales, un órgano consultivo de nueva creación que la compañía espera poner en marcha a principios de 2007.

Dezcallar dirigió el CNI durante el último mandato del Partido Popular y estaba al frente del organismo cuando se produjeron los atentados del 11-M. Además, ha sido embajador de España en Marruecos, director general de Asuntos Políticos en el Ministerio de Exteriores y director general de Política Exterior para África y Oriente Medio.
El nuevo órgano se denominará “Consejo Estratégico Internacional”, estará formado por entre siete y 10 miembros, y lo presidirá el propio Antoni Brufau, presidente de la petrolera hispano-argentina.
La compañía busca “economistas, políticos y expertos” con experiencia en asuntos diplomáticos y buenos conocedores de las estrategias internacionales, para que asesoren con una visión global al órgano de dirección de Repsol sobre las regiones en las que la compañía está presente o sobre nuevas áreas de negocio, explicaron en Repsol YPF.


2. (EC)ANALIZANDO EL CONTRATO DE REPSOL CON LAS FUERZAS ARMADAS EN EL BLOQUE 16

Por Bolívar Beltrán.

Las Fuerzas Armadas tal cual dispone la Constitución Política y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, legislación que las regulan, manifiesta que : “...tendrán como misión fundamental:
la conservación de la soberanía nacional,
la defensa de la integridad e independencia del Estado y
la garantía de su ordenamiento jurídico

Pero al revisar el “Contrato de seguridad militar para el boque 16, Ecuador”, al que comparen: “REPSOL-YPF ECUADOR S.A. empresa constituida al amparo de las leyes de España y domiciliada en el Ecuador”, denominada “La Compañía”y por otro lado el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, representada por el señor Coronel Juan Arnulfo Reinoso Sola en su calidad de Comandante, denominado “CONTRATISTA,” se ve que las FF.AA Ecuatorianas se han convertido en un contratado de la empresa petrolera extranjera.

Este contrato, signado con el número CO13.00009.2003”, fue firmado el 1 de octubre del 2003, con una vigencia de un año y once meses y además puede renovarse. Su contenido atenta contra la soberanía nacional al permitirse que la empresa petrolera Española ordene e imponga las directrices a las fuerzas Armadas, al mencionarse que: “Cualquier instrucción que por escrito sea dada por la Compañía, y los términos y condiciones de este contrato”. Es tan grave el contenido de esta cláusula que podemos entender que las fuerzas armadas tienen la obligación de acatar todas las ordenes que la empresa petrolera imponga y disponga a nuestras fuerzas armadas ecuatorianas.
Además se menciona que:

La compañía tratará con las comunidades indígenas en el área de operaciones y dará las directrices de conducta que el contratista debe observar en referencia a estas comunidades indígenas. En tal contexto, la compañía será responsable por las relaciones con las comunidades indígenas y el contratista deberá cumplir con las políticas y directrices dictadas por la Compañía.

Es decir las FF. AA., tendrán que cumplir lo que la empresa petrolera disponga como política hacia las comunidades indígenas, por haberse convertido las FF.AA en un contratado más para sus intereses de exploración y explotación de petroleo, que se encuentra en muchos casos en territorios indígenas.

Otra de las misiones de las Fuerzas Armadas es garantizar la defensa, integridad e independencia del Estado, pero estos principios fundamentales quedan en duda al permitirse que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas acaten las ordenes, y que se le impongan las políticas y directrices desde una empresa petrolera privada extranjera. La institución armada es la que debe garantizar la defensa, integridad e independencia del Estado, pero ahora por el cumplimiento de un contrato de seguridad, esta salvaguardando los intereses privados de la empresa Repsol YPF Ecuador S.A.

Consideramos que las Fuerzas Armadas, al firmar este contrato, han renunciado al orden jerárquico que es el pilar principal de sus existencia, ya que se supeditan a las disposiciones de la empresa, como consta en la cláusula 3.- OPERACIONES.3.32, que dice:

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista [FF.AA] trabajará en comunicación, coordinación y a las ordenes del coordinador de seguridad de la compañía. En caso de existir un conflicto o enfrentamiento, el Contratista actuará bajo las ordenes del Mando Militar Armado, e informará constantemente al Coordinador de Seguridad de la Compañía las condiciones actuales y actividades ejecutadas.

El motivo por el que se firma este contrato lo tenemos en la cláusula 2-Objeto y Alcance del Contrato, que menciona:

El objeto de este contrato, es que el contratista proporcione seguridad integral en el área de operaciones de la compañía mediante patrullajes, control militar permanente en todas las locaciones, carreteras de acceso y embarcaderos de ríos y afluentes; con el propósito fundamental de impedir el ingreso de delincuentes y/o elementos subversivos en el área de operaciones, así como en las áreas de influencia de la compañía.

Lo grave de esta afirmación de “impedir el ingreso de delincuentes y/o elementos subversivos en el área de operaciones”, es que el bloque 16, concesionado a Repsol YPF, es territorio indígena perteneciente a la Nacionalidad Huaorani y a varias comunidades indígenas y de colonos que en nada tienen que ver con ese calificativo de delincuentes y mucho menos subversivos.

La acción militarista de Repsol YPF va más allá del bloque 16 y la extienden al Área de Operaciones del contrato: “bloque 16, las áreas de Bogi, Capirón, Tivacuno, Shushufindi, Lago Agrio y áreas de influencia, en la región Amazónica de la República del Ecuador”; así que prácticamente contratan un servicio de seguridad privado de una institución respetable como las Fuerzas Armadas, para una extensa zona de la región amazónica del Ecuador.

El personal que se pone a disposición de la seguridad de la empresa petrolera consta detallado de la siguiente manera:

Personal Militar contratado:
2 Oficiales.
2 Sargentos.
2 Soldados de comunicaciones.
36 soldados.

Total 42 soldados de las fuerzas armadas del Ecuador al servicio de la empresa petrolera Repsol-YPF Ecuador S.A.

A) El contrato compromete la siguiente dotación de las Fuerzas Armadas: fusiles, chalecos antibala, suspender de combate, alimentadora, uniformes, botas, visores nocturnos, binoculares, machetes, PS, eslinga y mosquetón. El contratista deberá proveer al personal con rango de oficial, de una pistola automática de 9mm.
B) Esta dotación deberá entenderse como la mínima indispensable, no obstante, si por razones propias de la ejecución de los trabajos, la dotación sufre en parte o en todo un desgaste acelerado, el contratista deberá reemplazarla inmediatamente la parte o todo de la dotación que haya sufrido el desgaste acelerado. La compañía se reserva el derecho de aprobar la calidad de la dotación provista por el contratista”.

¿Qué pasa si las Fuerzas Armadas incumplen con el contrato? A más de ser cancelado el contrato, los equipos que se comprometen en este contrato podrían ser utilizados y pasarían a poder de la empresa petrolera, así dispone la cláusula 8.2.2.:

En el caso de incumplimiento por parte del Contratista como se menciona anteriormente, la Compañía puede utilizar el equipo, herramientas e instalaciones del Contratista en el sitio y cualesquier materiales, equipo permanente y suministro en la ejecución de los Trabajos. Los precios a pagarse por tales equipos, herramientas e instalaciones al contratista se acordarán entre las partes.”

Es decir, el contrato contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que entregar a la empresa privada sus instalaciones militares y hasta sus fusiles y cartuchos, chalecos antibalas, uniformes, y demás equipos.

¿ A cambio de qué las Fuerzas Armadas se convierten en Contratistas de seguridad privada para Repsol YPF?

Las Fuerzas Armadas se convierten en seguridad privada de Repsol YPF, por el monto del contrato establecido en la cláusula: 5.10: “...el costo estimado total antes de impuestos de este contrato es de USD 1´046,995.20.”

¿Es este precio suficiente para justificar que las fuerzas armadas se convierten en una entidad de seguridad privada para uso exclusivo de la empresa Repsol YPF?

Para concluir podemos decir que la empresa petrolera ha contratado a las fuerzas armadas como entidad de seguridad privada para uso exclusivo de la empresa Repsol YPF.*

Bolívar Beltrán.
CENTRO LIANAS DE CIENCIA, CULTURA Y AMBIENTE.
15 febrero 2005.
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3. (PE) PLUSPETROL PODRÍA SER DEMANDADA POR CONTAMINACIÓN

Milagros Salazar
IPS

¡Arankartuktaram!, ¡Respétennos!, exclaman en su lengua las comunidades indígenas
achuar desde el corazón de la Amazonia de Perú. El grito va dirigido al Estado y a las empresas multinacionales de exploración y explotación de hidrocarburos.

Luego de más de 30 años de sufrir contaminación ambiental en sus territorios, el pueblo achuar de la cuenca del río Corrientes, en la selva peruana, _evalúa iniciar acciones legales contra las compañías responsables de los daños. Este sería el primer caso llevado a las instancias judiciales por los pueblos indígenas en este país.

Las actividades de explotación petrolera en territorios indígenas comenzaron con la presencia de la estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en los años
70. A partir de 1996, la compañía de capitales argentinos Pluspetrol Norte opera en
las cuencas altas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, y desde el año 2000, ha extendido su área de intervención.
En la última asamblea indígena, efectuada el 5 y 6 de agosto, los apus (jefes) de los indígenas acusaron nuevamente a las compañías de hidrocarburos de haber atentado
contra la salud y el ambiente del pueblo achuar, de la cuenca del río Corrientes.

Dicha etnia se encuentra ubicada en el departamento de Loreto, norte del país, y cuenta con 31 comunidades que agrupan a 8.000 habitantes, de los cuales entre 3.000 y 4.000 son víctimas directas de la explotación petrolera, según la organización no gubernamental (ONG) Racimos de Ungurahui, que trabaja en la defensa de los derechos del pueblo achuar.

"Hay una violación sistemática de nuestros derechos por parte del Estado en complicidad con las empresas extractivas. El gobierno no es capaz de sancionar a los que contaminan nuestros ríos y territorios. Por eso pensamos tomar acciones", dijo a IPS Robert Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que reúne a 47 federaciones y seis organizaciones regionales indígenas.

Guimaraes, quien junto con la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), reiteró su denuncia desde uno de los salones del Poder Legislativo, al que acudió el jueves 9 de agosto para participar en un encuentro con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La dirigencia de Aidesep considera que hay suficientes elementos probatorios para demandar a las empresas. Uno de los informes más reveladores es el del Ministerio de
Salud, en el que se alerta, por primera vez por parte del Estado, sobre los altos contenidos de cadmio y plomo en la sangre de los achuar.

La investigación gubernamental "Visita de reconocimiento para la evaluación de la calidad sanitaria de los recursos hídricos y muestreo biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes", publicado en mayo de 2006, contiene un informe científico sobre la presencia de metales pesados en la población indígena, el cual fue elaborado como respuesta a un petitorio de Feconaco.

Para el estudio se evaluaron muestras de 199 personas, 74 de ellas de niños de entre 2 y 17 años.

El informe reveló que 98,6 por ciento de los menores de la cuenca del río Corrientes examinados superaban los valores límites de cadmio, de 0,1 miligramos por litro de sangre, y 97,3 por ciento sobrepasaban inclusive la concentración habitual de este metal en fumadores, de 0,2 miligramos, pese a que las personas analizadas no tenían el hábito de fumar.

Además, 37,8 por ciento de los menores se encontraban en niveles de riesgo, es decir con concentraciones de 0,21 a 0,5 miligramos de cadmio por litro de sangre, y 59,4 por ciento sobrepasaba el límite de tolerancia biológica (LTB) de cadmio, superior a 0,5 miligramos. El escenario fue similar en las muestras de la población adulta.
Los resultados sobre detección de plomo entre los menores de edad fueron preocupantes: 66,2 por ciento de los casos "supera el límite establecido para el plomo en población infantil (hasta 10 miligramos por litro de sangre)", mientras que entre los mayores de 18, se verificó que las concentraciones de este metal estaban por debajo de los límites aceptados, de 20 miligramos por litro de sangre.

Según el informe La Oroya no Espera, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la alta concentración de cadmio en la sangre puede provocar daño y cáncer pulmonar, enfermedades del riñón, debilitamiento del esqueleto, enfisema, bronquitis crónica, enfermedades del corazón y depresión del sistema inmunológico. Mientras que la del plomo afecta al sistema nervioso, con riesgo para el cerebro, y a los riñones.
Pero los representantes de Pluspetrol Norte no admiten la responsabilidad del consorcio en la contaminación de los pobladores porque sostienen que, como lo verificó el mismo informe gubernamental, la concentración de plomo en las aguas es menor a los límites reglamentarios permisibles.

Sin embargo, el documento aclara que no existen datos de presencia de otros metales pesados en el río, como el cadmio y el cobre, debido a que no se pudo evaluar por razones metodológicas.

Pluspetrol Norte es una de las filiales peruanas de la petrolera de capital argentino Pluspetrol, y tiene desde 2004 a la empresa estatal china National Petroleum Corporation, el principal productor de petróleo del gigante asiático, como copropietaria con 45 por ciento de participación.

Pluspetrol Norte era en 2004 responsable de 54 por ciento de la producción petrolera nacional.

"La empresa se acoge a los parámetros que exige la ley. Creemos que el informe del Ministerio es serio pero no se puede asegurar que los niveles de contaminación en la sangre se deban a la presencia de metales pesados en los ríos. No se puede establecer una relación directa entre una y otra cosa", dijo a IPS un funcionario de la compañía petrolera.

Racimos de Ungurahui, sin embargo, asegura que para determinar el grado de Contaminación de los ríos debería analizarse la composición de los sedimentos. Sin
embargo esto resulta difícil, dado que como aclara la evaluación del Ministerio de Salud, "en Perú no existe una norma técnica que establezca valores límites para evaluar metales pesados, hidrocarburos totales de petróleo y otros parámetros en sedimentos".

La observación se basa en que el nivel de las aguas de los ríos de la selva sube y baja en forma rápida y constante, y por tanto los restos de los metales pesados se pierden en el caudal y terminan sedimentándose.
La ONG asegura que además hay contaminación en las lagunas y los lagos, donde se abastecían de pescado las comunidades, y que se han alejado los animales del monte,
que eran alimento de los pobladores. Se trata, dice un documento de Racimos de Ungurahui, de una cadena de daños originada por la actividad petrolera que se convierte "en un instrumento de violación de uno de los derechos fundamentales de los pobladores: la alimentación".

Como resultado de un congreso de los pueblos indígenas de Loreto, realizado del 20 al 24 de julio, la Organización Regional Aidesep Iquitos (ORAI) exigió el establecimiento de "mecanismos de control sanitario permanente para prevenir futuras afectaciones de salud de los pueblos indígenas en áreas de explotación petrolera" y que se declare la cuenca del río Corrientes en Estado de Emergencia Ambiental.
En el pronunciamiento de ORAI, los indígenas también exigen al Estado y a la empresa Pluspetrol Norte la descontaminación del territorio achuar, y la aplicación de tecnología de punta (limpia) en la zona en que está operando, durante toda la explotación.

Guimaraes manifestó en nombre de las comunidades afectadas que urgía la reinyección
de las aguas de producción, atender los pasivos ambientales y evitar las actividades de nuevas petroleras en territorio achuar.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, el arquitecto Juan Valdivia Romero, dijo a IPS que funcionarios de su despacho mantienen reuniones con los directivos de Pluspetrol Norte, para que se aceleren las labores de reinyección de las aguas residuales de producción en el subsuelo, como método de disposición ambiental aceptable.

Sobre el conjunto de los daños ambientales producidos por las empresas petroleras, Valdivia Romero afirmó que "reconocemos la importancia que tiene para las comunidades la pronta disminución de los pasivos ambientales. Nosotros, desde la dirección de fiscalización, le exigimos a la empresa el estricto cumplimiento de las normas".

Por su parte, Pluspetrol Norte informó que a la fecha ha reinyectado unos 210.000 barriles diarios de agua de producción, lo cual supera su plan inicial de 80.000. Se estima que esta labor finalizará en 2009.
Sin embargo, para Racimos de Ungurahui la petrolera no sólo avanza a paso lento sino que además ha planificado la reinyección de apenas 15 por ciento del total de las aguas Residuales.

El gerente general de Pluspetrol Norte, Roberto Ramallo, señaló mediante una nota de prensa, que "somos conscientes de la existencia de un impacto ambiental histórico en la zona, y por ello estamos desarrollando planes de mitigación para mejorar la calidad de vida de las comunidades".

El ejecutivo destacó que la compañía brinda atención médica a 18.000 personas en forma gratuita, y construye y refacciona escuelas para 4.000 estudiantes nativos en la zona.

Pero Guimaraes insistió en que esa ayuda es tan sólo un paliativo. "Nosotros queremos nuestro propio nivel de desarrollo con identidad y armonía con la naturaleza sin renunciar a nuestra lengua, cultura y territorios. Exigimos un Estado pluricultural y multilingüe", dijo a IPS.

El origen de la contaminación se debe buscar en la visión de desarrollo que tiene el Estado peruano, basada en un modelo de explotación de recursos naturales que no respeta a las poblaciones afectadas, dijo José De Echave, de la ONG Cooperacción, especializada en temas mineros y sociales.

Las comunidades indígenas también han recurrido a las instancias parlamentarias. El nuevo presidente de la comisión de Amazonia y Asuntos Indígenas del Congreso legislativo, Carlos Arana, señaló que el 15 de agosto ésta analizó las preocupaciones de las comunidades.

"Veremos la posibilidad de presentar proyectos de ley que contribuyan a atender los reclamos de estos pueblos y que incorporen también lo que exigen los tratados
internacionales sobre el tema", señaló Arana a IPS.

En los próximos días se conocerá el anuncio de las organizaciones indígenas sobre las medidas que adoptarán. Aunque los portavoces de las etnias han estado muy sigilosos, se prevé que una primera medida será iniciar acciones legales, y luego, como tantas otras veces, un proceso de negociación con las compañías extractoras del oro negro.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38391

4. (PE) LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO CORRIENTES RECHAZA MAS CONCESIONES PETROLERAS

Reporte del 20 de octubre del 2006

Informe sobre la paralización petrolera realizada pacíficamente por las comunidades indígenas Achuar, Quichua y Urarinas, --que habitamos desde tiempos inmemoriales en nuestro territorio ubicado en la cuenca del río Corrientes, Loreto, Perú-- paralizando con ello, los vertidos de un millón cien mil barriles diarios de las tóxicas aguas de producción que nos envenenan y que contaminan nuestras aguas de consumo, nuestros animales y nuestras tierras desde 1970, en los lotes 1AB y 8, antes explotadas por Occidental Peruana Inc. y por Petroperú, y actualmente por la empresa Pluspetrol.

Hasta la fecha las comunidades indígenas del río Corrientes, continuamos las medidas pacíficas iniciadas el martes 10 de octubre, e informamos al pueblo peruano y a la opinión pública internacional, que hemos paralizado casi totalmente las actividades petroleras en la selva norte del Perú, en los lotes 1AB y 8, con más de 180 pozos de explotación en las baterías de producción: Jibarito, Huayurí, Dorissa, Carmen, Shiviyacu, Forestal y Teniente López, además del aeropuerto de Trompeteros y en todas las carreteras de la empresa.

La medida para paralizar las actividades petroleras, fue asumida por nuestras comunidades el pasado martes 10 de octubre, después de agotar todas las instancias de diálogo con los diversos Gobiernos del país, para lograr el cese del continuo vertido de las tóxicas aguas de
producción petrolera, que ha contaminado las aguas de consumo humano de nuestras comunidades, los peces que son nuestro alimento y la sangre de la población indígena con cadmio y plomo, según los análisis oficiales del Ministerio de Salud, PRODUCE y del Organismo Supervisor de las actividades energéticas, (OSINERG)

La medida continúa pacíficamente esta semana en vista de que luego de la reunión que sostuvimos en el campamento petrolero Jibarito, el pasado viernes 13 de octubre, con los Ministros de Energía y Minas, Ing. Juan Valdivia; el Ministro de Salud, Dr. Juan Vallejos; y el Presidente del Gobierno Regional de Loreto, Robinson Rivadeneyra, en el que se
establecieron algunos acuerdos, entre otros, la promulgación y publicación de las correspondientes normas legales que oficialicen nuestras demandas y viabilicen su cumplimiento, sin embargo, luego de su publicación, las comunidades evaluamos que el contenido de las Resoluciones Ministeriales emitidas, no incluían de manera explícita las
entidades de ejecución y el financiamiento que garantice el cumplimiento de nuestras demandas.

El domingo 15 pasado, las comunidades hemos hecho llegar al Gobierno central y regional nuestras demandas, incluyendo los mecanismos para su efectivización, de la manera siguiente:

1) Para la Reinyección hasta diciembre del 2007 del 100% de las aguas de producción: Para legalizar la obligación de reinyectar el 100% de las aguas de producción hasta Diciembre del 2007, que actualmente se vierten al río Corrientes y sus afluentes, se debe incorporar esta decisión en el Plan Ambiental Complementario (PAC) de los lotes 1AB y 8 debidamente aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

2) Para la ejecución de los Planes de Salud y Desarrollo Integral de las comunidades del río Corrientes: Para efectivizar ambos Planes, deben establecerse dos correspondientes Proyectos Especiales, adscritos a la Dirección Regional de Salud de Loreto, (DIRESA-Loreto) y al Gobierno Regional de Loreto, (GOREL) respectivamente.

Cada uno de estos Proyectos Especiales, tendrá en su directorio a representantes indígenas de FECONACO, conjuntamente con funcionarios públicos de ambas entidades DIRESA y GOREL en representación paritaria.
Los representantes indígenas participarán en la planificación, diseño y aprobación de las actividades, así como en la fiscalización de dichos planes y de la fiscalización de la administración de los recursos del Proyecto Especial.

Para la ejecución del Plan de Salud Integral, que fue elaborado meses atrás, conjuntamente entre FECONACO y la DIRESA-Loreto, se pondrá en ejecución desde el presente año, de acuerdo a su Plan Operativo anual aprobado, con el financiamiento comprometido por PLUSPETROL, por el monto de 40´169,986.00 nuevos soles, por 10 años. Por su parte el GOREL, con el apoyo del Ministerio de Salud y la empresa PLUSPETROL,
construirán en el primer trimestre del 2007, un Hospital Rural, categoría 1,4 en la localidad de Trompeteros.

Para la ejecución del Plan de Desarrollo Integral, que incluye los aspectos de titulación de tierras, educación, producción, medio ambiente, entre otros, fue también elaborado meses atrás, conjuntamente entre FECONACO y GOREL. El Presidente del Gobierno Regional de Loreto se comprometió a gestionar la obtención de 11 millones de soles para dicho
plan. Las comunidades planteamos que ese monto debe ser aprobado para financiar las actividades del plan operativo del primer año. Asimismo GOREL y la Municipalidad Distrital de Trompeteros asignarán de aquí en adelante, cada una el 20% de lo que reciban por concepto de Canon petrolero, para financiar el Plan Integral de Desarrollo para las
comunidades del Corrientes.

3) La atención temporal de Emergencia con Alimentación y Agua potable: PRONAA, brindará alimentación complementaria temporal y de emergencia a las comunidades, de acuerdo a los productos de la canasta básica, establecida en el Plan de Salud Integral, conforme con los criterios culturales y nutricionales aplicados al caso de las comunidades del Corrientes.

PLUSPETROL se compromete a evaluar, reparar y tratar todo el sistema de agua estableciendo su suministro durante todo el día, en un plazo de 45 a 60 días.

La Dirección General del Salud Ambiental, (DIGESA), en coordinación con los monitores indígenas de FECONACO, realizarán evaluaciones cada dos meses, de la calidad de las aguas para consumo humano y de los ríos y quebradas de la cuenca.

4) Para la Remediación de pasivos y daños ambientales de ambos lotes, con vigilancia de FECONACO. En el acta del 13 de octubre, PLUSPETROL se comprometió a capacitar a los monitores indígenas y pagarles por la realización de su trabajo de monitoreo. Hemos precisado que, para que se garantice la autonomía con la que deben actuar nuestros monitores indígenas, no deben tener relación laboral con la empresa, por tal motivo, el financiamiento para el monitoreo, debe ser depositado en una cuenta bancaria especial de FECONACO, asumiendo nuestra organización la responsabilidad de cumplir con pagar mensualmente el trabajo de los monitores.

5) No más concesiones petroleras, ni el inicio de operaciones en los recientes lotes 104 y 106: El acta del 13 de octubre, suscrito entre los Ministros y las comunidades de FECONACO, expresa que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se realizarán con el consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas de la cuenca.

Nosotros agregamos que el pueblo y las comunidades indígenas achuar, quichua y urarinas, del Corrientes, ya hemos expresado en múltiples oportunidades nuestro NO consentimiento para el otorgamiento de nuevas y más concesiones petroleras en la cuenca del Corrientes, así como para no iniciar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en
el lote 104 otorgado a la empresa Burlington y el lote 106 otorgado a la empresa Petrolífera.

Queremos expresan que el Estado no nos consulta ni informa claramente sobre el uso que desde las oficinas de Lima se plantea dar a los territorios que ocupamos y poseemos legítimamente por derecho ancestral y por mandato expreso de la Constitución. Asimismo informamos la dejadez del Estado en nuestras comunidades: hay mínimos servicios públicos, no hay control por la contaminación, el canon no llega y nunca se nos ha
pagado compensaciones por el uso de nuestras tierras. Situación que resulta contradictoria si se considera que el área de Corrientes provee, desde hace 35 años, el 60% del petróleo que se produce en el país estando todos los distritos de donde se extrae este recurso en la lista oficial de los de extrema pobreza.

No puede ser que el petróleo suponga bienestar y beneficios para la sociedad nacional a costa de la salud física y mental, la pobreza, el hambre, la contaminación, la intranquilidad social, la invasión y destrucción de la propiedad y el riesgo a la sobrevivencia de los
legítimos y ancestrales dueños y vivientes de las tierras de donde el petróleo es extraído.

Además, queremos expresar nuestro reconocimiento a la Policía Nacional de la región Loreto, que se encuentra cumpliendo cabalmente sus funciones en las diversas instalaciones de ambos lotes, y quienes son testigos que ninguna propiedad, equipos y suministros de la empresa ha sido afectados, porque los indígenas somos respetuosos de lo ajeno, y porque nosotros nos proveemos y alimentamos de lo que el bosque nos prodiga.

Deploramos las últimas declaraciones de la Ministra del Interior, Pilar Mazzetti, de que próximamente va a enviar contingentes policiales para desalojarnos, nos apena, sobretodo viniendo de una médica, quien hace un año, cuando era Ministra de Salud, del anterior gobierno, se reunió con nuestros dirigentes en Lima, y ordenó la realización de la evaluación de salud humana en nuestras comunidades, lo que arrojó como resultado que
el 99% de nuestra población muestreada, está contaminada con altos niveles de plomo y cadmio en la sangre.

Las comunidades les recordamos al Estado que el principio de autoridad y el cumplimiento de la ley debe aplicarse a quienes la están violando, y no sólo debe invocarse para acallar la respuesta de la ciudadanía frente a la violación de sus derechos sino para enrumbar el país por las rutas del respeto a la ley, la vida, la salud y la equidad, algo que las empresas petroleras vienen ignorando, en el Río Corrientes desde hace 35 años con total impunidad.

Finalmente, queremos informar que el día de hoy, estamos enviando una delegación indígena a la ciudad de Lima, para informar directamente al pueblo peruano, a las autoridades y a los medios de prensa nacional y extranjera, que nuestras demandas son justas, que nuestras medidas son absolutamente pacíficas y que no permitiremos que nuestra madre tierra siga siendo dañada, y que nuestros hijos queden condenados a la
enfermedad y la muerte.

¡CON EL PODER Y LA FUERZA ESPIRITUAL DEL ARUTAM, SEGUIREMOS FIRMES EN NUESTRO TERRITORIO!!

Con el ruego de su difusión, FECONACO

Contacto: parc.feconaco@achuarperu.com http://www.achuarperu.org


5. (PE) PUEBLO INDÍGENA ACHUAR LLEGA A LIMA PARA DIALOGAR CON ALTAS AUTORIDADES DE NIVEL NACIONAL

Las Comunidades Nativas del Pueblo Indígena Achuar asentadas en la Cuenca del Río Corrientes, ubicado en la parte nor-oriental de la Amazonía Peruana, en el departamento de Loreto, Perú, son víctimas desde hace tres décadas de los severos impactos ambientales y sociales ocasionados por la discriminatoria pasividad del Estado y la indiferencia, irresponsabilidad e impunidad con que las empresas efectúan la exploración y explotación petrolera en sus territorios ancestrales.

Como se evidenció en el reportaje televisivo del programa dominical Cuarto Poder, el pueblo Achuar viene soportando por 35 años una permanente agresión ambiental desde que, a inicios de los años setenta, fueran encuadrados en su territorio dos lotes petroleros, los actualmente denominados lote 1AB y lote 8, lotes operados inicialmente por empresas Occidental Petroleum Co. (OXY) y Petroperú, y actualmente por la empresa Argentina Pluspetrol.

Diariamente se vierte a sus ríos, sin los cuidados adecuados, aproximadamente 1'100,000 barriles de aguas de producción petrolera (1 barril = 159 litros) de alta salinidad y elevada temperatura (90°C), compuestas por hidrocarburos, cloruros y metales pesados que, como el plomo, cadmio, cromo, bario, níquel, mercurio, arsénico y otros, producen alteraciones genéticas, cáncer y fuertes daños a la salud física y mental de la población.

La situación actual de la salud de las Comunidades es grave hasta poner en riesgo su sobrevivencia, principalmente por los efectos de la contaminación entre la población infantil.

El 29 de mayo del 2006, el Ministerio de Salud entregó a la FECONACO, el informe elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental ? DIGESA, Informe N° 995-2006/DEPA-APRHI/DIGESA, de la "Visita de reconocimiento para la evaluación de la calidad sanitaria de los recursos hídricos y muestreo biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes". En este informe oficial se da cuenta, de la grave situación de salud de los Achuar, reconociendo la profundidad de los daños, y confirmando la
situación que los pobladores venían denunciando desde hace muchos años.
El 98,65% de los comuneros supera los valores límites de cadmio en sangre. En el caso de plomo en sangre, el 66.21% de niños entre 2 y 17 años y el 24% de la población adulta superaron los límites máximos permisibles. Un 13% más de la población presenta niveles considerados peligrosos para la salud


No es más que un primer contacto con la realidad. Como consecuencia de la ardua insistencia de las organizaciones representativas del pueblo achuar se han realizado por vez primera pesquisas que, como en el caso del informe de la OSINERG, revela innumerables prácticas de camuflaje informativo que las empresas habían estado acostumbradas a efectuar en complicidad con los órganos encargados de la vigilancia ambiental para encubrir una realidad que hoy ponen de manifiesto una serie informes. No sólo la sangre de las personas. Aguas, animales terrestres, peces, suelos y recursos están seriamente contaminados haciendo inviable la vida social y familiar de los achuar.

Esta situación puede aún agravarse puesto que en los planes del Estado está abrir nuevas explotaciones en los últimos reductos sanos que restan del territorio Achuar del Corrientes. El pueblo Achuar consideran que es su derecho y su deber cívico no aceptar el ingreso de las empresas Burlington y Petrolifera para que desarrollen esas nuevas operaciones
petroleras en sus territorios sin que el Estado Peruano se ocupe de la remediación urgente de los pasivos ambientales, desarrolle un plan integral de salud y alimentario, suficiente para atender la situación de toda su población y ordene a la empresa Pluspetrol a reinyectar el 100% de sus tóxicas aguas de producción en el menor plazo posible.

Los representantes de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes ? FECONACO y de la Organización Achuar Chayat ? ORACH, llegaron a Lima para dialogar con altas autoridades de nivel nacional del nuevo Gobierno del Perú, sobre esta problemática ambiental y humanitaria.

Los Achuar, vienen a Lima por tercera y última vez y se quedarán una semana hasta cumplir sus objetivos para extremar sus esfuerzos de diálogo. Esperan poder conversar con el mismo presidente Alan García, además del Congreso de la República, los Ministerios de Salud y Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional del Ambiente ? CONAM y otras instituciones involucradas en su caso.



Junto con su problemática ambiental los Achuar expresan su malestar al afirmar que el Estado no les consulta ni informa claramente sobre el uso que desde las oficinas de Lima se plantea dar a los territorios que ocupan y poseen legítimamente por derecho ancestral y por mandato expreso de la Constitución. Asimismo reclaman la dejadez del Estado en
su zona de asentamiento: hay mínimos servicios públicos, no hay control por la contaminación, el canon no llega a sus comunidades y no se cumple un régimen de pagos y compensaciones por el uso de sus tierras.
Situación que resulta contradictoria si se considera que el área de Corrientes provee, desde hace 35 años, el 60% del petróleo que se produce en el país estando todos los distritos de donde se extrae este recurso en la lista oficial de los de extrema pobreza.

Para los achuar el mandato constitucional es claro al señalar la vida y la dignidad de la persona como la base del funcionamiento de la sociedad peruana. Así mismo son contundentes al asumir la responsabilidad y el deber ciudadano de contribuir a la protección de la salud pública, a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible y participativo,
respetuoso de las generaciones por venir. La igualdad de la ciudadanía debe expresarse de manera concreta. No puede ser que el petróleo suponga bienestar y beneficios para la sociedad nacional a costa de la salud física y mental, la pobreza, el hambre, la contaminación, la intranquilidad social, la invasión y destrucción de la propiedad y el
riesgo a la sobrevivencia de los legítimos y ancestrales dueños y vivientes de las tierras de donde el petróleo es extraído.

El pueblo Achuar recuerda al Estado que el principio de autoridad y el cumplimiento de la ley debe aplicarse a quienes la están violando, y no sólo debe invocarse para acallar la respuesta de la ciudadanía frente a la violación de sus derechos sino para enrumbar el país por las rutas del respeto a la ley, la vida, la salud y la equidad, algo que la actividad petrolera viene ignorando, en el Río Corrientes desde hace 35 años con total impunidad.

*Prensa FECONACO Achuar* contacto: prensa.feconaco.achuar@gmail.com


6. (MEX) MERRILL LYNCH CRITICA CON DUREZA LA COMPRA DE REPSOL EN EL GOLFO DE MÉXICO::


. El banco de inversiones Merrill Lynch considera que la compra anunciada ayer por Repsol YPF del 28% del yacimiento Shenzi en el Golfo de México por 2.145 millones de dólares ha sido "una de las operaciones más costosas" que han visto. La compra anunciada ayer podría ser la primera de una serie que podría alcanzar los 10.000 millones, según el banco. También estiman que Repsol conseguirá entre 2.000 y 3.000 millones en OPV de YPF.

Según la entidad financiera, la petrolera hispano argentina deberá obtener unas reservas "sustanciales" para justificar esta compra y señala que las empresas del sector de exploración y producción de Reino Unido están haciendo adquisiciones a unos 7,2 dólares por barril cuando ésta le ha salido a Repsol por unos 19 dólares. Merrill Lynch menciona otras operaciones similares en la zona por empresas europeas. Statoil e Hydro hicieron en 2005 compras de tamaño similar, pero señala que el riesgo de éxito exploratorio asumido era "sustancialmente" más bajo en el caso de la primera, o el plazo para la obtención de beneficios era más corto, aprovechándose así de los altos precios del crudo estos años, en el caso de la segunda. Sin embargo, el banco no cree que el importe sea el único factor a tener en cuenta, señala que el factor riesgo es muy importante y subraya que la exploración del flanco Norte del yacimiento a finales de año "será la clave para determinar el valor de la transacción" realizada. Además, indica que el flanco Norte comporta mayores riesgos que el Sur, de hasta un 40%, frente al cero riesgo atribuido al flanco Sur que empezará a dar sus frutos en 2009. Merrill Lynch cree que esta compra es la primera de una serie en la que la petrolera que preside Antoni Brufau acabará invirtiendo hasta 10.000 millones de euros, ya que dispone de la capacidad financiera necesaria, que además incrementará con una OPV de YPF proyectada en Argentina. En esta OPV, estiman que conseguirá entre 2.000 y 3.000 millones de euros por vender entre el 15% y el 25% de YPF. "Este capital flotante no es irrelevante, pero no va a servir para desbloquear de manera inmediata su valor subyacente", explica. Además señala que el mercado le va a demandar un dividendo del 11% por los títulos de la filial argentina. El banco de inversiones mantiene la recomendación de la petrolera hispano argentina en neutral. Su cotización acusa el golpe.

Fuente: Europortal Jumpy España, S.A (13/07/2006)



7. (AFR) PROYECTAN EL EL GASODUCTO TRANSAHARIANO desde Nigeria a Almeria

IGNACIO CEMBRERO - Madrid

Será el mayor gasoducto del mundo, y sus promotores, Argelia y Nigeria, quieren que desemboque en España. Los ministros de Energía de Argelia, Nigeria y Níger presentaron en septiembre en Argel el proyecto de la mayor obra de infraestructura energética de África, el Trans Saharian Gas Pipeline (TSGP), de 4.128 kilómetros, que costará unos 10.000 millones de dólares (7.936 millones de euros) y que tendrá una capacidad de bombeo de hasta 25.000 millones de metros cúbicos al año. Esta cantidad equivale al consumo de gas de España en 2003.
Los tres ministros de Energía, el argelino Chakib Khelil, el nigeriano, Edmund Daukoru, y el de Níger, Mohamed Abdoulahi, se dieron cita el 18 de septiembre en el Hotel Milton de Argel para marcar su voluntad política de sacar adelante el ambicioso proyecto. Presentaron el estudio que les acababa de entregar la consultora británica Penspen/Ipa.
"Demuestra la viabilidad técnico-económica de la empresa", recalcó Khelil.
El estudio indica que la mayor parte del gasoducto (2.310 kilómetros) discurrirá por territorio argelino, otros 841 kilómetros lo harán por Níger y 1.037 atravesarán Nigeria. El enorme /tubo/ podrá transportar entre 18.000 y 25.000 millones de metros cúbicos al año. El coste de la obra se elevará, según los ministros, a 10.000 millones de dólares (7.936 millones de euros) a los que habrá que añadir unos 3.000 (2.380 millones de euros) para llevar a cabo prospecciones adicionales.
Por ahora no se ha constituido una sociedad para construir y explotar el gasoducto ni mucho menos se ha resuelto la financiación de la gigantesca obra, pero esto no es un gran escollo, según los ministros. "Hemos llegado a una fase avanzada", declaró el argelino Khelil; "es casi la fase de realización. Además de la NNPC y de Sonatrach (compañías
petroleras de Nigeria y Argelia) habrá otros inversores". Y añadió: "Incluso las empresas europeas estarán interesadas por este proyecto".
Para el dirigente argelino, el año 2015 será el momento de "colmar el déficit gasístico de la Unión Europea".

Para sus promotores la idea es trasladar por tierra a Europa el gas de Nigeria, un país que posee unas reservas de 190 trillones de metros cúbicos, 30 más que Argelia. Níger también acaricia la idea de incorporarse al club de los productores, según anunció Mohamed
Abdoulahi, aunque su aportación al /tubo/ transahariano será modesta.

Khelil explicó que el TSGP sólo tendrá sentido si cruza el Mediterráneo y llega a Europa, dónde el crecimiento anual del consumo de gas es del 2% a causa, sobre todo, de su creciente uso para la generación de electricidad. En la Europa del sur el consumo aumenta, sin embargo, más rápidamente: 15% en España y 8% en Italia.
El estudio de viabilidad británico, reveló Khelil, apuesta por prorrogar el gasoducto de Beni Saf, cerca de Orán, a Almería, en lugar de optar por hacerlo desde El Kala, más al este en Argelia, hacia Cerdeña (Italia). La prolongación por Andalucía es menos costosa y técnicamente más fácil de hacer. "Pensaremos en una segunda etapa en el otro camino",
declaró el ministro.

Alargar el gasoducto hasta Almería, sumergiéndolo en el Mediterráneo, requiere conversaciones con el Gobierno español, que por ahora no han empezado, según fuentes diplomáticas. Si se alcanza un acuerdo es probable que compañías de hidrocarburos españolas participen en la sociedad que gestione el gasoducto, señalan en el sector.

Capacidad de bombeo
Si el TSGP se lleva a cabo será el tercer gasoducto que enlace a España con África. Ahora bien, la capacidad de bombeo del transahariano superará, con creces, a las de los otros dos juntos y además transportará gas nigeriano y no argelino.

El primer gasoducto, que los argelinos llaman Pedro Durán Farell, el nombre del difunto presidente de Gas Natural, une desde mediados de los noventa a Argelia con España pasando por el norte de Marruecos y bombea 8.000 millones de metros cúbicos. El segundo, Medgaz, conectará a los dos países, desde Beni Safi a Almería, en 2009. Transportará hasta 12.000 millones anuales. El grueso de su recorrido, 220 kilómetros,
discurrirá a más de dos mil metros de profundidad lo que eleva el precio de la obra hasta 700 millones de euros.

Por tierra o por mar, Argelia es desde hace años el primer proveedor gasístico de España. A principios de esta década alcanzó el tope previsto por la ley de hidrocarburos española, que prohíbe que un solo país rebase el 60% del suministro total.

Aunque sus exportaciones han aumentado su cuota de mercado ha caído ahora hasta el 44% porque el consumo español no sólo crece sino que se diversifica. El segundo gran suministrador de España es Nigeria, con el 15%, y el tercero Egipto, con el 11%.

Fuente: El País (02-10-2006)


8. (ESP) COMUNICADO ALI SUPAY: REPSOL-BOLIVIA EN LA PRENSA ESPAÑOLA

Vuelve a hablarse de REPSOL y Bolivia como un contencioso injusto que este país andino esta dispuesto a litigar contra la compañía de bandera española. En la madre patria diversos medios de comunicación se hacen eco del descontento general que hay en la clase política
nacional y empresarial. Bolivia entre ceja y ceja. Evo Morales como el peor enemigo en que no cabe confiar. Todos parecen dispuestos a enarbolar la bandera del interés general pero, ¿que país se interfiere en las decisiones soberanas de otros? ¿le dice alguien a nuestro
gobierno cómo debe funcionar? Quizá sepa mal que en este país andino se pague de una vez por todas aquello que los colonizadores supieron tomar sin costo alguno y en la mayoria de los casos a la fuerza. Hoy en día la huella que continúa dejando la empresa Repsol,no sólo en territorio boliviano, es lamentable. Quizá vaya siendo hora de que los
medios de comunicación den cancha a este otro tipo de información. ¿Dónde podemos hallar info al respecto? visiten la página...

http://repsolmata.info

Seguro que no les deja indiferentes. Detrás de las cuantiosas ganancias economicas que genera REPSOL en ultramar, también se generan auténticos dramas humanos. no es producto de la fantasía, es la verdad, aquella que no conviene enseñar...

La mejor petrolera?
LA QUE NO EXISTE!!!!

SALUDOS,
Ali Supay




9. (BO) LA JUSTICIA BOLIVIANA, LOS DELITOS DE REPSOL Y LOS INTERESES "ESPAñOLES"

Juan Torres López - Rebelión ECONOMíA 28-08-2006


Bolivia no es un país pobre pero es el país más empobrecido de América Latina.
La empresa multinacional Repsol-YPF es una petrolera que gana millones de dólares a costa de retribuir lo menos posible a sus trabajadores y a los dueños de los recursos que explota, por ejemplo, en Bolivia.

La justicia boliviana detecta la posibilidad de que actuaciones fraudulentas de Repsol hayan costado al Estado Boliviano varios cientos de millones de dólares, bien por contrabando, bien por presuntas estafas que se han de investigar.

Las autoridades gubernamentales españolas, el propio Rey Juan Carlos, los dirigentes conservadores españoles y los grandes empresarios con menos escrúpulos y peores prácticas comerciales ponen el grito en el cielo por la "amenaza" y la "agresión" que las
autoridades judiciales bolivianas ejercen sobre las empresas y los intereses "españoles" en Bolivia.
Las autoridades gubernamentales españolas, el propio Rey Juan Carlos, los dirigentes conservadores españoles y los grandes empresarios con menos escrúpulos y peores prácticas comerciales no parecen sentirse concernidos por el hecho de que una empresa
"española" haya podido robar cientos de millones de dólares a una nación en donde casi el 65% de la población se encuentra por debajo del nivel de pobreza.

Esta es la secuencia de los hechos desde que una mayoría sustancial de ciudadanos eligiera a Evo Morales como Presidente de Bolivia cuando lo que ha ocurrido es bastante simple.

Lo que antes eran prácticas consentidas por gobiernos enemigos de su propia patria (concesiones petroleras a precios de saldo, exenciones ilegales de impuestos, vista gorda frente a los desmanes ambientales y crímenes ecológicos, mano abierta frente al contrabando y el fraude que enriquecía a los directivos, regalías misérrimas que
dejaban en Bolivia una minúscula parte de las rentas que obtenía Repsol...) con Evo Morales pasan a ser lo que son en todo el mundo civilizado: delitos contra el Estado que la Justicia tiene el deber de investigar y condenar si efectivamente se han producido.

Pero, cuando la justicia boliviana comienza a actuar gracias a que ahora hay un gobierno limpio y dispuesto a dar al Estado lo que es suyo, un gobierno como el español, que se reputa democrático, solidario, justo y defensor de la paz, se deja llevar por lo que le
piden al oído las grandes empresas que han estado cometiendo esas tropelías y levanta su voz para criticar al débil Estado Boliviano que quiere administrar justicia, al menos, como pueden hacerlo los fuertes.

Si el gobierno español, el Rey Juan Carlos, o los dirigentes políticos y empresariales que ahora están tan preocupados por las iniciativas de la justicia boliviana estuvieran de verdad interesados en defender los intereses ?españoles?, el buen nombre de España en el
exterior, nuestro papel pacificador y contribuyente a la paz y al progreso, ¿no deberían ser críticos con los presuntos delincuentes ?como Repsol- y no con quienes tratan de averiguar si ha habido empresas ?españolas? que hayan robado a un pueblo tan necesitado como el boliviano?, ¿no deberían pedir que se acelerase la acción de la justicia boliviana en lugar de criticarla y que fuese especialmente ejemplar para limpiar la imagen de España?, ¿no deberían condenar los abusos económicos y ambientales de todo tipo de empresas, Repsol
incluida, en lugar de considerar que quien los persigue pone en peligro la "seguridad" en los negocios"?
Y si se demostrase que empresas ?españolas? han robado y empobrecido a un pueblo que sufre tanto como el boliviano, ¿no sería más lógico que manifestaran, entonces, su condena y su vergüenza por la actuación de esas empresas ?españolas??

Y teniendo en cuenta que los delitos y crímenes de Repsol ya han sido demostrados en otras ocasiones, ¿se puede confiar de verdad en la sinceridad de todos esos gobernantes, políticos y dirigentes empresariales cuando mantienen silencio sobre esos delitos y crímenes y siguen considerando que los empresarios delincuentes son los que representan los intereses ?españoles? en el mundo y en América Latina en particular?

Quizá esta torticera confusión entre los intereses de algunas empresas y los intereses de España es lo que explica la "preocupación" de las autoridades gubernamentales españolas, del propio Rey Juan Carlos, de los dirigentes conservadores españoles y de los grandes empresarios sin escrúpulos por las actuaciones, legítimas, de la administración de justicia boliviana. ¿Quién, en su sano juicio democrático, puede preocuparse porque la Justicia
investigue si se han cometido estafas o contrabando? ¿No son estos delitos los que alteran el funcionamiento del mercado, mientras que su erradicación es lo que permite que los mercados sean más libres, más seguros y transparentes?

Si el gobierno español, el Rey Juan Carlos, o los dirigentes políticos y empresariales quieren considerar como propios los intereses de ese tipo de multinacionales ladronas es cosa suya, pero no tienen derecho a confundir sus intereses con los de la inmensa mayoría de los españoles: ni nos identificamos con esos empresarios delincuentes ni sus intereses son los intereses de España.

Es una obviedad que debería entender cualquiera pero mucho más un gobierno progresista.

PARA SABER MÁS:

http://www.repsolmata.info/[1]
http://indigena.nodo50.org/04/repsol.htm[2]
http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=5213[3]
http://www.amigos.org.ar/index.php?q=node/207

/Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión./ Su página web: _http://www.juantorreslopez.com[4]_


10. (BO) DETALLES DEL ARRESTO DOMICILIARIO AL SÍNDICO DE ANDINA-REPSOL
por El Mundo La Paz, Bolivia. (27-08-2006)

La nota describe la nueva estafa gasífera realizada por Repsol y Petrobrás contra la población boliviana. La denuncia de la Fiscalía y la Justicia boliviana fue ampliamente respaldada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

El síndico de la compañía petrolera Andina-Repsol, Saúl Carlos Encinas Miranda, guardará arresto domiciliario sin custodia con libertad irrestricta sólo para asistir a su fuente de trabajo, además del compromiso de presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar "su fuga" para no obstaculizar el proceso investigativo de un presunto contrato lesivo al país, entre la firma Andina y la brasileña Petrobrás, por un monto cercano a los 200 millones de dólares.

Así dio a conocer su conclusión el juez de turno de este sábado, Jimmy López Rojas, en la audiencia cautelar realizada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde los representantes del Ministerio Público encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, solicitaron al juez López la detención preventiva del imputado (es decir acusado) Encinas Miranda, por participar en la firma del señalado contrato que causó daño al
Estado boliviano.

Sin embargo, el juez López Rojas, luego de escuchar la audiencia de las partes que presentaron sus respectivos cargos y descargos documentados entre las 17:30 y 18:30 de ayer, encontró que el síndico por el Estado, Saúl Encinas, no había participado en la
firma del contrato lesivo el 30 de octubre de 2002, que fue la causal de la imputación, sino que había ingresado en su calidad de fiscalizador (síndico) a Andina el año 2003.

Y por ello, pese a la apelación del fiscal Centenaro Cardozo quien insistió en la detención preventiva del síndico-fiscalizador de la petrolera por no haber denunciado el daño económico al país cuando se exportaba gas al Brasil por un precio menor (entre 1,12 y 1,25
dólar el millar de BTU) a lo establecido en el mercado internacional, el juez López Rojas determinó dejar en libertad al acusado aplicando las medidas sustitutivas señaladas.

De esa manera fue decidida una de las instancias del proceso de investigación del acuerdo entre Andina-Repsol y Petrobrás, que fue calificado como lesivo al Estado boliviano por parte del Ministerio Público, que a través de sus representantes, señaló ayer en la audiencia cautelar, que ninguno de los ejecutivos de Andina se encontraba en la empresa el día del allanamiento que fue el viernes, cuando secuestraron documentación para verificar y acumular pruebas sobre la presunta estafa al país que desencadenó los operativos del Ministerio Público desde el viernes último.

DATOS DE LA DENUNCIA

Este último mes el actual síndico de la petrolera Andina (Repsol), Gabriel Camacho Cuéllar, denunció la existencia de un contrato "lesivo" al país por 161 millones de dólares desde 2002.

OPERATIVO

El viernes último cerca del mediodía seis fiscales del Ministerio Público, encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, allanaron las oficinas de la firma petrolera Andina-Repsol, secuestrando documentación para comprobar la denuncia de estafa al país, y determinaron la aprehensión del síndico Saúl Encinas.

IRREGULAR

La Fiscalía señaló que el día del allanamiento ninguno de los ejecutivos fue visto en instalaciones de la petrolera Andina, y que de acuerdo al extracto de migración, se había comprobado que habían salido del país.

FISCALÍA ASEGURA CONTAR CON INDICIOS SUFICIENTES PARA PROCESAR A PETROLERA

Todos los argumentos esgrimidos, señaló la Fiscalía , permiten al Ministerio Público tener la certeza que los firmantes del acta 08/2002 y el "Contrato de Volatilidad de Precio de Gas", actuaron en conjunto de manera dolosa para perjudicar al Estado boliviano y obtener jugosos beneficios económicos en desmedro del país.

Ello habría demostrado, según el Ministerio Público, que los acusados adecuaron sus conductas al tipo penal previsto y sancionado en el artículo 335 con relación a los artículos 346 y 13; toda vez que los administradores y síndicos de la empresa etrolera Andina SA, tenían la obligación de velar y cuidar los intereses de todos sus representados, pero se asociaron con pseudo representantes legales de Petrobrás, y "actuando de manera engañosa y fraudulenta para provocar el error de todos los bolivianos... les permitió no sólo labrar un contrato amañado, sino, mantenerlo a espaldas de los dueños naturales del producto para sacar provecho de tal situación", señaló con énfasis el Ministerio Público en su imputación, que será presentada este fin de semana.

Sin embargo, continuó el Ministerio Público, no sólo son responsables penales los que dieron vida al contrato irregular, sino también todos los directores de Andina que estuvieron aprobando de manera constante la vigencia del falso contrato en diferentes Actas de Reunión de Directorio de Andina SA; "tal es el caso de los directores Sergio Argento Maradei, Miguel Cirbian Krutzfeldt..." (ver I Textual), los cuales no sólo respaldaban el
"ilegal" contrato, sino que estuvieron en las reuniones de directorio que avalan las Actas 5 del 29 de octubre 2003, 2 del 18 de marzo 2004, 3 del 06 de mayo 2004, Acta 5 del 16 de junio de 2004, 6 del 16 de julio 2004 y Acta 8 del 21 de septiembre de 2004.

Finalmente la Fiscalía dijo que todas las "bondades" del Contrato de Volatilidad que había permitido conseguir vender mayor volumen de gas a Petrobrás, olvidaron que dichas ventas estaban dentro de lo programado en el Contrato real y verdadero celebrado entre el Estado Boliviano a través de YPFB y Petrobrás SA; extremos que "nos permiten sostener con absoluta convicción que participaron y prolongaron el engaño a los bolivianos para saquear el país y beneficiar a las empresas transnacionales del petróleo, y por consiguiente la conducta de todos y cada uno de ellos se ajusta al tipo penal ya descrito líneas arriba", concluyeron los fiscales.

TESTIMONIO I: IMPUTACIÓN

En la investigación que practica el Ministerio Público, dentro del caso signado con el número Proceso Fiscalía 01/2006, iniciado a denuncia del señor Herman Gabriel Camacho Cuéllar, en su condición de director de la empresa petrolera Andina SA, y el señor ministro
de Hidrocarburos y Energía de la Nación boliviana, contra los responsables del daño económico al Estado de Bolivia y la sociedad en su conjunto, por la suscripción del contrato de 'Reducción de Volatilidad de Precios de Gas Natural' celebrado entre los
"representantes legales" de Petrobrás SA, y la empresa petrolera Andina SA, se desprende que contra los investigados, existen sobrados indicios de que pueden ser autores y
partícipes del delito tipificado como Estafa Agravada, tipo penal, que es de orden público y sancionado con privación de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y que también pueden ocultarse, fugarse, ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación en la comisión de los delitos investigados.

TESTIMONIO II: IMPUTACIÓN

El 16 de agosto de 1996, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petrobrás SA celebraron el contrato de venta de Gas por 30 millones de metros cúbicos por día como máximo, vigente hasta el 2019 y con un precio establecido inicialmente a 0.9075
dólares americanos, y ajustable de acuerdo al precio internacional del petróleo. Desde la celebración del contrato Petrobrás SA-YPFB, el precio del petróleo estuvo en alzada y obviamente el valor del gas vendido a Brasil tuvo un considerable incremento, tal como lo
refleja la tabla internacional de precios que se adjunta.

El 28 de octubre de 2002, el directorio de Andina SA, reflejado en el Acta 08/2002, acordó de forma unánime aprobar el Acuerdo de Reducción de Volatilidad de precios con Petrobrás. El Acta referida se aprobó el 30 de octubre de 2002, se firma el Contrato de Volatilidad del Precio del Gas entre los "Representantes Legales" de Petrobrás, Antonio Luiz Silva de Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado con el Gerente General de Andina José María Moreno Villaluenga. En el contrato se fija el precio del siguiente modo:
a) para el tercer trimestre del año 2002, dólar 1,15 el millar de BTU;

a) a) para el cuarto trimestre 2002, dólar 1,125 el millar de BTU;

b) b) para los años 2003 y 2004, dólar 1,125 el millar de BTU,
más el índice de inflación de EEUU.

En el acta 08/2002 del 28 de octubre, menciona como presidente a Rubén Patritti Leiva, sin embargo, éste había dejado de ser por haberse revocado el Poder que tenía para fungir como tal, y estaba en su lugar Eduardo Rucci Tur y José María Moreno Villaluenga, tal
como acusa el Instrumento 271/2001, además no se encontraba en Santa Cruz - Bolivia, tal como refiere el informe de Migración.

TESTIMONIO III: IMPUTACIÓN

Para celebrar el Contrato de Volatilidad de precio del Gas, no se hizo ningún estudio técnico que refiera la tendencia de baja del precio del petróleo y por ende del gas; por el contrario el precio estaba en constante alzada y las proyecciones internacionales así lo reflejaban por el momento de confrontación armada que vivía el mundo en los centros de mayor producción del petróleo. En la fecha que se celebró el contrato se fijó un precio de u$s 1,15 el millar de BTU, para el primer trimestre en forma retroactiva, pese a que el precio del gas era en ese momento de u$s 1,6474 por MMBTU.

El "Escenario" que utilizó Andina para negociar el Contrato de Volatilidad, establecía "presión de precios a la baja" y posibles acciones de Petrobrás en el "GSA"; estos fundamentos eran falsos e irreales. La firma del Contrato de Volatilidad de Precio del Gas,
tuvo un alto costo económico desde el primer día de la firma del leonino contrato, tal es así

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Un Ojo en la Repsol 41.Continuación
Por Observatorio Transnacional - Monday, Dec. 25, 2006 at 8:43 PM

11. (BO) INVESTIGARÁN EX PRESIDENTE DE YPFB EN CASO VINCULADO A REPSOL YPF

11-07-2006
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Raúl Lema Patiño será investigado por autorizar de forma supuestamente irregular el pago a Repsol YPF de un subsidio por valor de 37 millones de dólares, dijo hoy una fuente oficial.

La investigación contra el ex ejecutivo, que dirigió la entidad entre 2002 y 2003, fue anunciada este martes por el actual titular de YPFB, Jorge Alvarado, durante una rueda de prensa celebrada en La Paz. El pasado 23 de junio, la diputada del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Milena Aracely Hinojosa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Repsol Gas Bolivia por la presunta recepción ilegal de la subvención. Entonces, la legisladora acusó a la subsidiaria de la petrolera hispano-argentina de haber recibido de forma irregular en 2002, 2003 y 2004 la subvención que se da a empresas que distribuyen gas licuado de petróleo (GLP, de uso doméstico) para que lo vendan más barato a los bolivianos. Con su demanda, la diputada pretende que se devuelvan los 37 millones de dólares al Estado para que sean reinvertidos en salud y educación. Alvarado enfatizó hoy que Repsol YPF no tenía derecho a cobrar ese dinero porque no estaba entre las empresas 'que iban a ser favorecidas por la subvención'. Según el ejecutivo de la petrolera boliviana, los abogados de YPFB investigarán la presunta participación de los ex cargos de la entidad estatal en esos acuerdos que permitieron el cobro de la ayuda.
El mismo día de la denuncia, la filial de Repsol YPF en Bolivia defendió su inocencia en un comunicado de prensa en el que manifestó de 'forma categórica que no ha incurrido en cobro ilegal alguno'. La firma señaló que sus operaciones 'están sustentadas en los respectivos decretos supremos emitidos por el Gobierno nacional, así como en los contratos firmados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)'.

La demanda de Hinojosa es la segunda presentada contra Repsol YPF en los últimos meses en Bolivia, después de que en marzo pasado, la Aduana Nacional se querellara contra los dos principales ejecutivos de otra de sus filiales, Andina, por un supuesto contrabando de petróleo. Por aquella causa, pendiente de resolución, fueron detenidos y puestos en libertad horas después el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, sobre los que pesa una orden de arraigo que les impide abandonar el país sin un permiso especial de la justicia.

Fuente: Terra Actualidad



12. (ARG) UN MILLÓN DE FIRMAS POR LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO Y EL GAS
Por MORENO, Autoconvocados, CoCePA y Grupo Petróleo

El día 14 de julio en Buenos Aires, en un acto público realizado frente a las oficinas de Repsol YPF, en la Diagonal Norte, representantes y simpatizantes del MORENO y otras asociaciones declararon iniciada la campaña.

Los ex trabajadores de YPF y Gas del Estado, las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, gremiales, de desocupados, cooperativistas y estudiantiles, y los diputados, personalidades y dirigentes abajo firmantes iniciamos una campaña por un millón de firmas por la nacionalización del petróleo y el gas argentinos , que culminará el próximo 13 de diciembre, Día del Petróleo Nacional, con la realización de marchas y actos en todo el país.

Argentina es hoy el único país del mundo cuyos hidrocarburos están totalmente en manos extranjeras. Además, en nuestro país las multinacionales petroleras pagan los impuestos más bajos, que se calculan según sus propios informes, sin ningún control del Estado y encima los evaden, como reconoció la AFIP.

La nacionalización del petróleo y el gas dispuesta por el gobierno de Bolivia, fruto de la lucha de años de ese pueblo hermano, fue un paso soberano y demuestra que se puede. Defendemos solidariamente esa medida, convencidos de que también aquí es preciso avanzar en la recuperación del petróleo y el gas, recursos estratégicos y no renovables.

Mientras se avecina una crisis energética, Repsol y las mismas multinacionales que operan en Bolivia se llevan de Argentina $ 42.000 por minuto. Ganan fortunas, las giran afuera, nos dejan pobreza, contaminan y agotan nuestras reservas, favorecidos por
las políticas entreguistas que siguen con el actual gobierno, como lo demuestra su proyecto de ley de nuevos beneficios impositivos a las petroleras.

Hay que parar cuanto antes ese saqueo vergonzoso. La renta petrolera debe estar al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, y no de las multinacionales. Por eso reclamamos:

. Nacionalización integral del petróleo, el gas y todos los recursos energéticos, y potestad soberana de la Nación sobre el subsuelo. La provincialización adoptada por la reforma constitucional de 1994 es el subterfugio a través del cual se canalizan los negociados.

. Reestatización de YPF y Gas del Estado, anulando esas privatizaciones sin indemnización. Por una empresa de hidrocarburos estatal, integrada, monopólica y eficiente, bajo control democrático de sus trabajadores y consumidores, único camino para lograr una política genuinamente nacional y revertir la caída en la exploración y explotación.

. Derogación de los recientes convenios entre Enarsa y las petroleras para explorar y explotar áreas de la plataforma submarina, lo que es una gravísima abdicación de la soberanía.Defensa de la riqueza petrolera potencial del mar que rodea a nuestras Malvinas.

. Contra la prórroga de contratos y anulación de la licitación de áreas convocada por varias provincias, que siguen desguazando nuestro subsuelo.

. Suspensión inmediata de la exportación de gas y petróleo. Es agraviante e injusto que el país sufra cortes y escasez de energía, mientras las multinacionales siguen exportando con pleno aval oficial.

. Basta de legalizar el saqueo. Anulación de las normas que le permiten a las petroleras sacar del país el 70% de las divisas por exportaciones. No al proyecto de ley del gobierno que pretende extender a las empresas petroleras los beneficios impositivos
prebendarios ya otorgados a las mineras.

. No al engaño de una seudo-nacionalización vía la participación accionaria privada o estatal en Repsol-YPF, como ahora intenta el gobierno en Aerolíneas. Como decía el Gral. Mosconi, "la organización fiscal y la privada no pueden coexistir porque
representan intereses antagónicos" .

. Investigación de todos los negociados petroleros y gasíferos, cuyo origen está ligado a la implantación de la deuda externa ilegítima y fraudulenta. Por el fin de la impunidad y la correspondiente penalización de esos dolos. Que la Justicia Federal dé mayor impulso a la causa 8658/99 presentada por ex trabajadores de YPF, donde se investiga la venta dolosa de acciones de YPF a manos de Repsol.

. Por una integración energética latinoamericana a partir de empresas estatales, en beneficio de los pueblos y para avanzar en la independencia económica y política del imperialismo.

. No a la represión y las persecuciones contra los trabajadores petroleros y sus luchas. Libertad a los presos de Las Heras e inmediato retiro de la Gendarmería de esa localidad.

Fuente: Boletín Info-Moreno 160.


13. (ARG)REPSOL YPF, LA HISTORIA DE UN DELITO

La Plata, Buenos Aires 24/07/2006

Argentina cuenta con las mismas armas para la recuperación
Por Fabián Viegas | Desde la Redacción de APM

La abogada que demandó a Repsol pidió, en una carta al Presidente Kirchner, que anule los contratos con la empresa. La situación es similar al caso boliviano.
“...le pongo de manera fehaciente en conocimiento de todos los instrumentos legales que tiene en su favor a los efectos de revertir esta política petrolera”. Así reza parte del final de la carta que la Dra. Alejandra Dibo envió el 22 de mayo al Presidente argentino Néstor
Kirchner. La misma fue sumada a la causa penal 8568/99 que, con sus 21 cuerpos, ya alcanza un metro de altura en el Juzgado Federal Nº11 a cargo del Juez Carlos Bonadío.

La empresa Repsol acrecienta sus franquicias en base al patrimonio de los países latinoamericanos y parte de Indonesia, ya que su país de origen no tiene cuencas hidrocarburíferas de importancia. La actualmente denominada Repsol YPF S.A. -ya que presionó en 2000 para fusionar las dos empresas-, obtiene sus regalías de los campos gasíferos de Camisea en Perú, es socia de Petrobrás, por lo cual explota el petróleo de
Brasil y Bolivia y, en conjunto con la empresa Occidental Petroleum, extrae petróleo de la cuenca de Arauca en Colombia, donde está denunciada por Amnistía Internacional de financiar a grupos militares que matan civiles. En Argentina es repudiada por la comunidad Lonko Purán de la provincia de Neuquén por usurpar sus tierras en nombre del petróleo y, tras cartón, los mapuches sólo reciben represión de la policía neuquina. Los ex trabajadores de YPF y Petroquímica de Mosconi empresas anexadas al activo de Repsol- denunciaron penalmente a la empresa española por comprar en forma fraudulenta sus acciones en litigio.

La ley 26.939, llamada de Reforma del Estado, determinaba que los trabajadores de las empresas a privatizar (texto de 1989), eran los dueños del 10 por ciento accionario, denominado Programa de Propiedad Participada. De ellos surge entonces la demanda penal 8568/99 ?YPF s/ daños de acción pública? donde se les imputan los cargos de defraudación, malversación y asociación ilícita a 33 directivos de la empresa, a agentes de bolsa internacional y a gran parte de los funcionarios y ministros que participaron de las ventas de acciones en 1997 y 1999. También le exigen a Repsol que les pague el dinero
correspondiente a sus acciones, hoy en manos de la empresa ibérica gracias a Menem y sus socios, algunos de los cuales están mimetizados en las filas kirchneristas.

El jueves 8 de este mes, la doctora Alejandra Dibo, en representación de los ex trabajadores demandantes (hay unos 1500 que participan en la causa de 40 mil que la privatización dejó en la calle), anexó a la causa 8568/99 la carta enviada por ella al Presidente Kirchner el 22 de mayo pasado. En el reclamo epistolar la letrada denunció la venta fraudulenta de las acciones de sus demandantes en el convenio que realizó Repsol con el gobierno de Menem el 20 de enero de 1999, para comprar, por adjudicación directa, el restante accionario estatal. También remarca la responsabilidad de la actual funcionaria de la Auditoria General de al Nación, la contadora Alessandra Minnicelli, quien es esposa del Ministro
de Infraestructura y Planeamiento, Julio De Vido. La funcionaria fue Síndica suplente de las acciones clase A, B y C en el directorio de YPF S.A. desde el 30 de Abril del año 1996 hasta el 14 de Octubre de 1999.
Por ello es co-responsable ?por inacción y/u omisión? como reza la ley 12.962 de Sociedades de Economía Mixta, de los hechos fraudulentos en la venta de acciones de YPF S.A. a Repsol S.A. A partir de ello la doctora recordó al presidente que debería ?declarar
nulos los contratos con Repsol y reclamar el dinero que nos fue robado por la firma ibérica, que extrae en forma irracional nuestros recursos no renovables, permitiendo el copamiento fraudulento en toda Latinoamérica?. En la carta se explicita la necesidad de recuperación
del patrimonio nacional a partir de la anulación de las O.P.A. (Oferta Pública de Adquisición) de 1997 y 1999 que reguló las dos ventas más importantes de acciones a Repsol S.A.

La causa 8568/99 se encuentra en el juzgado federal Nº 11 a cargo del Juez Carlos Bonadío, actualmente apuntado por el gobierno para adelantarle su jubilación, por anteriores apegos al gobierno menemista.
Bonadío pidió licencia desde el 2 de mayo, fecha aproximada en que debía exigir la extradición de Alfonso Cortina de Alcocer, ex director de Repsol S.A. en España y uno de los principales actores de la venta. Lo interesante de la situación es que, si bien sigue de licencia, Bonadío es quien firma los oficios.

En la carta al presidente argentino se relata el accionar del gobierno y la empresa Repsol S.A. para hacerse adjudicataria del 14,99 por ciento que controlaba el Estado Nacional. El 20 de enero de 1999 la empresa entregó una oferta de compra al Estado y ese mismo día se firmó la carta ?Convenio YPF?, en ella se arregló que la empresa recibiría por adjudicación directa el paquete de acciones del Estado -que contenía también acciones clase C, pertenecientes a los trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi-. En el convenio participó como Fondo fiduciario de fidecomiso el Banco de la Nación Argentina, y se pactó que, sujeto a ciertas condiciones como la remodelación del Estatuto de YPF, Repsol
compraría 52.914.700 acciones a un precio estipulado en 38 dólares la acción -unos 2.011 millones-. El 26 de enero de ese año se concreta la compra a 38 dólares la acción, pero se oficializa la compra mediante la O.P.A. el 30 de junio, cuando en realidad las acciones ya costaban 48 dólares cada una. Repsol compró ese año el 14,99 por ciento accionario
que quedaba en manos del Estado argentino, por adjudicación directa.

A esta situación irregular se le suma que el día 26 de febrero de ese año, por nota 141/99 de la Subsecretaría de Bancos y Seguros del Ministerio de Economía y Producción, se delega la representación de las acciones clase A (del Estado Nacional) a Alfonso Cortina de Alcocer y a Miguel Ángel Remon Hill, los dos pertenecientes a la empresa Repsol S.
A., casa matriz. Esto infringe las leyes 25.188 de Ética de la Función Pública y la 19.550 de Sociedades Anónimas. Los mismos interesados en comprar el patrimonio argentino, fueron los representantes de las acciones clase A en el directorio de la empresa. Luego del escándalo en Argentina contra el director de Repsol, generado a partir del pedido de
indagatorias que debía efectivizarse el día 5 de mayo en los juzgados federales de Comodoro Py, la casa matriz le pidió la renuncia de Cortina, quien fue indemnizado con la suma de 25 millones de dólares.

En medio de esto, las provincias petroleras agrupadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) demandan una reforma de ley para repartir las regalías entre esas provincias. El pedido encabezado por Julio Cobos, presidente de la entidad y gobernador de la provincia de Mendoza, surge de que el propio Néstor Kirchner,
cuando comandó la OFEPHI como gobernador de Santa Cruz, logró imponer en la reforma constitucional de 1994 el artículo 124 que reza: ?Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos nacionales existentes en su territorio?. En 1994 estaba en disputa la hegemonía de los hidrocarburos entre el presidente Carlos Menem y las provincias
petroleras no alineadas a sus políticas. A la cabeza de esta empresa estaba el actual presidente, hoy está atado a sus palabras. Si este artículo fuera operativizado y existiera una nacionalización de los hidrocarburos, los mismos pasarían al poder de las provincias. Algunas de las cuales detentan gobiernos cuasi feudales o abiertamente de derecha como el caso de Jorge Sobich en Neuquén.
La alternativa que propuso el gobierno con la creación de Enarsa ?que Pino Solanas del grupo Moreno advirtió que debió llamarse Enarse, por Sociedad del Estado-, es la exploración marítima en las costas offshore, como así se informó recientemente. La única empresa que tiene los permisos de exploración y explotación es Enarsa, creada para competir con las multinacionales. Para la exploración en la costa marplatense Enarsa se asoció con Repsol YPF S.A., Petrobrás y Petrouruguay. Siendo las mayores inversiones las de la empresa Argentina y la de Repsol con un 35 por ciento cada una. Las empresas contrataron un buque sísmico a la empresa Western Geco para explorar 1.890 kilómetros cuadrados de mar en la Cuenca Colorado Marina, a 300 kilómetros de la costa, con un costo
de 27 millones de dólares.

La causa penal 8568/99 tiene una triple finalidad: la nulidad de los contratos de venta para la recuperación del patrimonio, la punición de los responsables y el cobro de las acciones clase C de los ex ypefianos. Los ex trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi, la mayoría expulsados de las empresas a principios de los noventa cuando se buscaba ?mejorar el rendimiento de la empresa?, reclaman hace años su parte correspondiente al PPP que los hace dueños del 10 por ciento accionario.
Esas acciones clase C fueron vendidas por el gobierno de Menem en forma fraudulenta gracias al decreto 628/97 y a la anuencia o pasividad de ministros, agentes de bolsa, sindicalistas y funcionarios, entre los que se encontraba la Alessandra Minnicelli. La contadora ya prestó declaración indagatoria como imputada el 9 de marzo del este año en la
causa 8568/99.
En el gobierno provisional de Eduardo Duhalde se creó la ley 25.471 que estipuló que los beneficiarios serían abonados con unos 70 mil pesos. La pelea por esta ley fue promocionada por los ex trabajadores, que fueron víctimas nuevamente de la desidia política: un mes antes de entregar el mando, Duhalde firmó el decreto 1077/03 que reguló el pago a los ex trabajadores en aproximadamente 20 mil pesos a cobrar en bonos 2016. El
decreto dictaba que aquellos que aceptaran dicho pago (unos 8 mil pesos reales por medio de financieras), desistían a las acciones judiciales en trámite y aún a la posibilidad de iniciar nuevos juicios. En el 2004 Kirchner firmó el decreto 821/04, que aseguró el pago de 24 mil
pesos/bonos a los ex trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi con el mismo requerimiento que el 1077/03, que el que aceptara el cobro debía abandonar los juicios.

Son varios los abogados que actualmente aceptan el cobro de los bonos, quizás entendiendo que sea la única manera de recuperar algo de su patrimonio. El sector que representa la doctora Dibo se unió el pasado 8 de junio en la agrupación ?Enrique Mosconi?, enmarcada en la CTA y presidida por Carlos Guanciarrossa, ex delegado de Petroquímica Mosconi.
Estos mismos ex trabajadores, durante noviembre del 2003, mantuvieron bloqueados los accesos de Repsol en Ensenada -provincia de Buenos Aires- para presionar a la empresa y al gobierno a que pagara lo que les correspondía por la ley 25.471. El 1º de diciembre, cuando decidían levantar los bloqueos, siete de esos compañeros fueron arrestados en sus
domicilios y procesados por los jueces Carlos Atencio y Cesar Melazo de La Plata ?allegados al duhaldismo-, quienes los imputaron por Intimidación pública y a dos más por coacción agravada. Los juicios, acelerados si se los compara con los tiempos de la causa 8568/99, siguen pendientes.

En una nota realizada a Gustavo Callejas, vicepresidente del Grupo Moreno, por el diario argentino Página 12 el 7 de mayo de este año, aconsejaba seguir el ejemplo de los bolivianos en la nacionalización de los hidrocarburos, decretando la nulidad de los contratos por haber sido realizados con mecanismos fraudulentos. El caso de Bolivia es muy similar al argentino, y fue la misma Dra. Dibo quien suministró consejos y documentación al país del altiplano para determinar la nulidad.
En la carta al presidente Alejandra Dibo recomienda que no se vendan las mil acciones que quedan en poder del Estado argentino. Si bien es un porcentaje mínimo, esas acciones son las denominadas Golden Share o acciones de oro. Las mismas, en poder del gobierno, significan tener el poder de veto en el directorio, especialmente si se toma la decisión de
vender una parte importante de las acciones o el cambio de domicilio, actualmente en Av. R. Sáenz Peña 777, Buenos Aires.

Si comparamos la renta petrolera que obtienen países como Venezuela o Bolivia, que llegan a un 87 por ciento, con la Argentina, que sólo obtiene un 37 por ciento, se calcula que el país sureño pierde la posibilidad de incrementar sus ingresos en 10 mil millones de pesos.
Para dar una idea de la importancia de esa suma, se puede estipular que con ella se podría, por ejemplo, reactivar el Cordón de Contención Sanitaria del país. Es decir, que los hospitales no estarían atiborrados y en emergencia operativa, ya que el caudal de casos de importancia media y baja serían contenidos en las ?Salitas? barriales.

*friegas@prensamercosur.com.ar*
Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar


14. (ARG) SOBRESEIMIENTO CAUSA PENAL YPF

Estimados Compatriotas: informamos que en el día de la fecha 21 de julio de 2.006 el Juez Claudio Bonadío ha sobreseído a TODOS LOS IMPUTADOS en la causa penal de Y.P.F.

En un /*SORPRENDENTE FALLO*/ el Juez Bonadio *SOBRESEE a TODOS* los
imputados, a pesar que los abogados del Fo.Na.Y. apelarán la medida, los obreros sabemos bien que los largos brazos de la injusticia argentina llegaron al juzgado, y se multiplicaron con el alcance de los más extensos aún de la multinacional REPSOL S.A.

Si bien estaba dentro de las previsiones nuestras que una cosa así pasara tarde o temprano, nos deja sin aliento la sorpresa, "algo" olemos los trabajadores, algún puesto político o "función" pública desempeñará en el futuro.
Dejamos claro que quienes hemos peleado esto no bajamos los brazos a pesar del duro revés.

Agradecemos a quienes nos acompañaron todo este tiempo en la lucha por lograr demostrar en la "injusticia argentina" la venta fraudulenta de Y.P.F. y defendimos los derechos del programa de propiedad participada de los trabajadores, sin descanso, en forma inclaudicable, con coraje, renuncias, en la humildad, pero con todo el valor de los hombres con mayúsculas esta justa causa del pueblo argentino.
Sabido era que un grupo de hombres y mujeres enfrentando a los distintos gobiernos que han pasado por la rosada desde 1.989 hasta la fecha, más los empresarios dela multinacional nefasta repsol s.a. demasiado despareja era la lucha, la desigualdad marcó su rumbo. Y le pusimos el pecho a todo.

Agradecemos entonces a todos los hombres de bien que confiaron y pusieron de sí, para acompañarnos a los trabajadores.

"Algo huele a podrido en todo esto y el "Gobierno" seguro que tiene
mucho que ver".

José Antonio Tonón -Coordinador Nacional del Fo.Na.Y.-Ex- Trabajador de Y.P.F.


15. (URU) VECINOS DENUNCIAN A REPSOL-YPF POR PELIGRO Y CONTAMINACIÓN

(29/08/2006)

Después de varios intentos por llegar a una solución no judicial, un grupo de 46 vecinos del Barrio los Tanques, en Concepción del Uruguay, denunciaron ante el Juzgado de Faltas del Municipio local a la multinacional petrolera Repsol-YPF.

El motivo de la denuncia, presentada el 16 de Agosto, es poner en evidencia la ilegalidad con que opera esta empresa en la ciudad, y el peligro que conlleva tal situación ya que la Planta de Almacenaje y Despacho de combustibles se encuentra en plena zona residencial urbana. Otra cuestión que se denunció es la contaminación del aire con sustancias peligrosas propias de la actividad como los hidrocarburos que contienen Benceno, un agente probadamente cancerígeno.

Se espera que la justicia local actúe aplicando la legislación vigente en procura de la protección de los derechos constitucionales que asisten a los habitantes del suelo Argentino. De todas formas los vecinos estan dispuestos a continuar con la defensa de sus derechos en la Justicia Federal.

Más Información: Sebastian Chiappella (sebastianchiappella@yahoo.com.ar)


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