La deuda eterna : Argentina Indymedia (( i ))

En Empalme Graneros, sobre la calle Cabal al fondo, en el conocido Barrio Los Pumitas, se encuentra la comunidad Toba Qadhuagte, palabra que significa base, columna, sostén de la comunidad. Su presidente es Oscar Talero, un hombre joven que desde el año 2004 se puso al hombro la lucha de su comunidad, para recuperar las tierras y defender un derecho que es contemplado por la legislación nacional, aunque en los hechos, los integrantes de las diversas comunidades indígenas de la ciudad, sufran indiferencia, desprecio, violencia y constantes amenazas de desalojo. enREDando llego hasta el barrio Los Pumitas, para conversar con Talero, en una semana donde las comunidades originarias celebran el Día del Indio Americano, con sus costumbres y sus raíces, agradeciendo a la Pacha Mama y reivindicando sus creencias y el derecho de habitar tierras que por historia les pertenecen, pero el Estado se encarga de negarles.

Por otra parte, la propiedad de la tierra en nuestro país, desata múltiples experiencias de resistencia en diferentes provincias. No solo las comunidades aborígenes luchan por ella, sino también los movimientos campesinos, que en su Día, celebrado el pasado martes 17 de abril, hacen visibles sus reclamos por tierra, educación popular, reforma agraria y soberanía alimentaria y expresan su rechazo a un modelo colonial de monocultivos y a las políticas del Banco Mundial en torno a la tierra y al desarrollo rural. Podemos mencionar, en este sentido, la experiencia histórica del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), la lucha que lleva adelante la organización Mujeres en Lucha, experiencias en Córdoba y Misiones, y el trabajo comunitario en el sur de nuestro país, entre muchas otras, que se multiplican allí, donde el desalojo es permanente y los desmontes avanzan a medida que avanza, sin freno, la cosecha del monocultivo de soja.

La lucha por la tierra, en la Argentina, es la lucha por la vida misma. Para los pueblos originarios, que desde hace más de 500 años, son ignorados en sus derechos, obligados a vivir en la indiferencia permanente de los gobiernos de turno y para las comunidades campesinas, que habitan los horizontes del monte, defendiendo con la propia vida sus territorios, que también les pertenecen por historia y por ley.

Crónica de una lucha

En la zona que habita la comunidad toba de Empalme Graneros, existe vigente, desde el año 2003, la Ley de Expropiación Nº 12.176, que establece en su artículo 3 “ejecutar un reordenamiento ocupacional que permita el desarrollo de viviendas dignas, la prestación de servicios, la apertura de calles y la existencia de espacios verdes y para uso comunitario” y “transferir a título gratuito el dominio de los lotes a los actuales ocupantes”. Sin embargo, fueron muchos los reclamos que la comunidad tuvo que efectuar ante el Gobierno Provincial, la Municipalidad y la Subsecretaría de Tierra de la Nación, para que esa misma ley, promulgada durante el gobierno de Carlos Reutemann, sea reconocida y aplicada como tal.

Es así como comienza la crónica de una lucha incesante por parte de la comunidad toba, que, recién en enero de este año, logro finalmente dar un paso fundamental en este aspecto, cuando se concreto la firma del decreto 3580, mediante el cual el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se compromete a comprar los terrenos en los que viven aproximadamente 2000 familias tobas, llegadas en su mayoría de Chaco y Formosa.

Con el asesoramiento jurídico del MEDH, la comunidad hizo visible su reclamo por la tierra, a mediados del año 2004. El primer paso fue inscribirse en el Registro de Comunidad Indígena y lograr la personería jurídica, cuenta Talero. El segundo, fue plantear la demanda de la gente por la tierra ante la Provincia. “En el año 2006 unimos la fuerza y salimos a protestar en la calle”, afirma Oscar, ya que durante todo el 2005, la burocracia estatal, la falta de decisión política, las promesas incumplidas y las reuniones que no se concretaban impidieron los avances por el reconocimiento de la ley de expropiación.

En junio de 2006, por fin, se logro la articulación en los tres niveles del Estado: Municipalidad, Provincia y Nación, a través de la subsecretaria de Tierra, la cual estaba a cargo de Luis D´Elia. “Un representante de D´Elia vino con un discurso de 300 millones de pesos para la compra de los terrenos, y con ese discurso quien puede dudar. Pero estamos muy cansados de que nos calmen de esa manera, y nosotros somos gente nueva, y sabemos cuando nos mienten, los respetamos mucho, pero llega un momento en que la paciencia se agota”, relata el presidente de la comunidad Toba.

Durante todo el año 2006 se realizaron diversas reuniones y mesas de diálogo, pero las respuestas concretas nunca llegaron. Oscar Talero, cansado de promesas incumplidas, manifestó su descontento frente a los funcionarios políticos. Lo que recibió, es una causa judicial por los cortes de ruta realizados. “Queremos que el Estado se sienta a discutir con nosotros, esa es nuestra meta, no queremos más tener un representante que no viva dentro del barrio. En la Provincia han puesto una persona que no es de la comunidad.”, reclama Oscar. “Nunca hemos sido violentos y cada vez que reclamamos nos dan con todo”.

El 5 de diciembre de 2006, María Eugenia Bielsa, Vicegobernadora de la Provincia anunció la firma del decreto provincial. Pese a esto, Oscar Talero tomo el anuncio con desconfianza. “Yo le decía que no le creía. La gente se aboca más en la respuesta, porque están cansados de tantos años de promesa.” Finalmente el 27 de diciembre se concreta la firma del decreto, donde se establece el presupuesto 2007 destinado a la compra del terreno. Recién a fines de enero llega la noticia a la comunidad. El hecho fue tomado con expectativas, ya que se trata de un paso importantísimo dado hacia la recuperación de sus tierras. Pero las expectativas aúnan un reclamo que va por más: lograr la expropiación definitiva, aunque, como sostiene Oscar Talero, “estamos a mes de abril y todavía no hemos tenido una reunión con el gobierno. Se esta atrasando mucho. No hemos tenido respuesta.”

Por otra parte, las tierras de Los Pumitas fueron decretadas por parte de la Municipalidad, como zona inundable. Allí escasean los servicios sanitarios, el agua y el alumbrado público, abundan los basurales y la realidad de las familias, cada vez que llueve o se producen inundaciones, es alarmante. Según la ordenanza municipal estos terrenos no son habitables y eso provoca la demora en la regularización de las tierras, pero existen “proyectos de la Provincia para realizar obras de entubamiento en el Arroyo Ludueña”, confía Talero. “La gente quiere vivir dignamente. Quiere tener una casa que cuando llueva esté seco y cuando hay viento que no tenga frío su familia. Hay quienes tienen miedo de levantar una casa, porque ¿y si nos corren?. Siempre está el temor”, cuenta Oscar a enREDando. “Nosotros estamos luchando para que ese hermano el invierno que viene no pueda sufrir más.” La realidad que viven la comunidad tobas en la zona norte de la ciudad, es la misma que viven las demás comunidades en los diferentes barrios de Rosario, donde conviven con la pobreza, ignorados por las decisiones políticas de los tres niveles de gobierno.

Paradójicamente, la Constitución Nacional garantiza en su artículo 75, inciso 17 “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural” y “reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Además, en nuestra provincia se encuentra vigente la Ley de Comunidades Aborígenes Nº 11.078, sancionada en el año 1993 y puesta en vigencia, recién en el año 2005. Esta ley reconoce la propiedad comunitaria de las tierras y “su propia organización y su cultura, propiciando su efectiva inserción social”. El órgano de aplicación es el Instituto Provincial Aborigen, con poder de decisión y jerarquía propia sobre la problemática indígena y con participación de las comunidades aborígenes.

Por otra parte, desde 1992, y a través de la ley 24.071, Argentina adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2000 se ratificó y entró en vigencia el 3 de julio del 2001. En su artículo 2 establece que "los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad" y en su artículo 14 establece que "deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes". Y en el inciso 3 de este mismo artículo, que "deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados".

Frente a estos mecanismos legales que amparan los derechos indígenas en nuestro país y particularmente en la Provincia de Santa Fe, las palabras de Oscar Talero, representante de una de las comunidades tobas de la ciudad, son claras en los hechos. “La Provincia tiene que respetar, porque hay una pluralidad, pero muchas veces, en el caso nuestro es distinto. La Municipalidad y la Nación también. Es un reclamo legítimo y de dignidad como personas”.

Centro cultural Qadhuoqte

El barrio comenzó a poblarse a partir del 90. “Siempre hubo problemas. El tema de los referentes, promesas y no se cumple nada” cuenta Talero. En el año 2004 se crea el Centro Cultural Qadhoqte, por miembros del pueblo Qom. “La comunidad considera necesario dado el proceso migratorio y el cambio de hábitat, fortalecer los modelos culturales de transmisión del saber e integrar a niños y jóvenes en actividades que contribuyan a mantener sus tradiciones.”, afirman sus integrantes. Con mucho esfuerzo, con voluntad y con ayuda de los hombres de la comunidad, se fueron lentamente levantando cada ladrillo del centro cultural, ubicado sobre la calle Cabal 1400 bis. Actualmente, el proyecto de ampliarlo esta en marcha. La idea es sumar un centro de asistencia primaria de salud, una biblioteca y centro informático y un salón de usos múltiples. “Estamos creando un lugar para que la comunidad sienta que toda actividad que tenga sea su lugar” afirma Talero. Lo que necesitan para levantar el sueño son, principalmente, materiales de construcción. “Nos cuesta mucho, pero no perdemos nunca la esperanza”.

“El primer proyecto que recibimos fue el de huerta familiar de uso comunitario. Tuvo un año de duración y dio resultados positivos. Después, conocimos la organización del MEDH, y ellos pudieron conseguir un subsidio para comprar el lugar.” Los talleres que hoy se llevan a cabo por talleristas de la comunidad e invitados son: telar, cerámica, nvique, sikus, cestería, acrobacia, folklore, fotografía. Además, se realizan tutorías a los becarios indígenas que son de la comunidad y apoyo escolar.

En el día de ayer, y en el marco de las actividades que se desarrollan por la Semana de los Pueblos Originarios, los niños/as del taller de fotografía del Centro Cultural, presentaron sus fotos en el Concejo Municipal. Excitados, contentos, deslumbrados, mostraron sus fotos, en las que posaban todos y cada uno. Sonrientes, en grupo, jugando, corriendo por el barrio. De la mano de Federico Tinivella, las fotos de los Pumitas trascendieron las fronteras de Empalme Graneros para llegar al Consejo Deliberante y mostrar la realidad de los miles de chicos/as tobas que producen, hacen y sueñan, a través de la imagen. “Los chicos no solo tienen que estar en su cultura, sino también tienen que integrar a otros. El niño indígena vive la ciudad, y en la ciudad tiene que tener posibilidad en todo”

En este sentido, Talero se refiere a lo que significa la Semana del Indio Americano. “Nunca hemos tenido la oportunidad de protagonizar o participar. Nosotros venimos con muchos golpes. Espero que la Semana del Indio Americano, no sea solo una semana de reconocimiento, lo que queremos es que el reconocimiento sea siempre, a las organizaciones y a las comunidades, tanto cultural, como de todo tipo de actividades, de educación, salud, proyectos. Porque muchas veces tenemos problemas de salud en cada comunidad, no tenemos un promotor de salud” opina Oscar Talero en diálogo con enREDando. Los reclamos por una mejor atención en salud y educación son básicos e históricos, así como la propiedad de la tierra. También, Oscar destaca, la necesidad de promover, por parte del Estado, una organización comunitaria, que muchas veces se dificulta por falta de recursos. En el ámbito educativo, el reclamo hace hincapié en la falta de becas y de respaldo hacia la comunidad, “de sostener a los chicos, en la necesidad que tienen, calzado, ropa, cuadernos. Eso es lo que hemos padecido en el Chaco y muchas veces también lo padecemos acá, a pesar de que las posibilidades son distintas.”

“Nos duele el alma cuando vemos que los chicos no pueden ir mas a la escuela porque no tienen zapatillas. Por eso nunca llegamos a la universidad. En la actualidad no tenemos ni uno en la universidad y eso es doloroso, porque no hay alguien que diga, vamos a capacitarlos, nadie piensa en eso”, relata Talero. “Todo cuesta, es un paso de tortuga, pero tenemos que llegar y vamos a llegar, y toda la gente que quiera participar en ese objetivo es bienvenida”

Otras experiencias en la lucha por la Tierra

El movimiento campesino arrastra históricamente una lucha incesante por la defensa de las tierras que les pertenecen por generaciones. Al igual que los pueblos originarios, el derecho a la posesión de los territorios que ocupan, esta contemplado por la Constitución Nacional, bajo los artículos 4015 y 4016 del Código Civil, los cuales establecen que “al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta de título ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión”. Sin embargo, este derecho, claro como el agua misma, es violado sistemáticamente por capitales (multinacionales sojeras, forestales, cerealeras, plantas de celulosa) que se apropian de territorios al tiempo que avasallan la historia, la identidad, el arraigo y las costumbres de miles de familias campesinas que habitan las tierras, por mucho más que veinte años. “La tierra es nuestra herencia, herencia de los pueblos y de la humanidad”, afirman quienes luchan desde el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), formado en el año 1990 y que actualmente integran más de 8.500 familias campesinas, que trabajan la tierra, con el saber y la sabiduría que los ancestros le dieron.

El MOCASE lleva más de quince años de trabajo. Cuenta con diez centrales distribuidas en los diferentes departamentos de la provincia y se organiza a través de secretarias: Tierra y Derechos Humanos, Salud, Educación, Jóvenes y Comunicación, Producción y Comercialización y Género. La horizontalidad, el debate en asambleas y la construcción de una red cooperativa, son algunos principios básicos.

El Día Internacional de la Lucha Campesina fue declarado en recuerdo de la masacre de 19 campesinos del MST, en Brasil, el 17 de abril de 1996. Desde entonces, cada 17 de abril, las organizaciones campesinas, y entre ellas el MOCASE, hacen visibles sus reclamos y sus propuestas por una Reforma Agraria Integral y Soberanía Alimentaria. “Nuestro compromiso es por un cambio social que contemple la recuperación de tierras de familias desalojadas, la vuelta al campo de familias excluidas, y el acceso a la tierra y el agua por parte de quienes quieran trabajarla. Donde no existan más desalojos, cultivos transgénicos, ni empresarios explotadores”. (Fragmento de la declaración final del primer Encuentro Nacional por la Reforma Agraria. Mendoza. Noviembre de 2006).”

La situación de la tierra en Argentina muestra rasgos preocupantes. “La Extranjerización del territorio argentino es hoy una de estas preocupaciones”, afirma el Ing. Walter Pengue en el informe “Cuando tenga la tierra”, publicado en este mismo boletín tiempo atrás. “Los guarismos (faltos de sistematizar desde ningún organismo del Estado Nacional, es decir, no sabemos ni permitimos saber, en manos de "quien", con nombre y apellido, esta la tierra en Argentina) de instituciones sociales, dan cuenta que prácticamente unas 17.000.000 de hectáreas, están en manos de capitales foráneos y que un doble de estas estarían en venta u ofrecidas tanto aquí como en el extranjero”. El informe continúa avanzando en este aspecto. “De un análisis del Censo Agropecuario Nacional 2002 es posible estimar que poco menos que 1000 personas o grupos económicos (936) cuentan con 35.515.000 hectáreas (prácticamente un promedio de 35.000!¡ cada uno) (Buzzi, E, 2005) mientras que en el otro extremo 137.021 agricultores poseen solamente 2.288.000 (solo 16 hectáreas, que en varios lugares del país no alcanzan, la mínima unidad de escala) (Pengue, W.A., 2005).

La extranjerización y la concentración de la tierra es una de las características predominantes en la Argentina. Frente a esto, las comunidades campesinas resisten con programas de Reforma Agraria Integral y Agricultura Familiar. “Según los representantes del Foro Nacional, se refiere al necesario apoyo y promoción especial de la Agricultura Familiar, el fomento de la colonización del país y el desarrollo del territorio, el reconocimiento de la tierra como bien social, la accesibilidad y permanencia de los jóvenes en la misma, temas de logística, infraestructura, facilitación de procesos de capacitación y tecnologías apropiadas para los productores y condiciones regionales especiales, extensión y por supuesto un permanente acceso a la educación formal e informal”, finaliza Pengue en el artículo anteriormente mencionado.

También, la realidad campesina denuncia una violación sistemática de los derechos humanos. Así lo establece los informes realizados por la Defensoría del Pueblo de la Nación.“Se produce una sistemática violación de los derechos humanos y graves agresiones al medio ambiente, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo”. En el corazón del monte santiagueño, los desalojos y las amenazas son constantes. El MOCASE puede dar cuenta de ello, a través de las sucesivas persecuciones que padecen las comunidades de base que integran el movimiento y que deciden, defender con su vida la tierra en la que viven, crecen y se alimentan.

Algunos testimonios que recogimos en abril del 2006, en Quimilí, donde se encuentra una de las centrales más antiguas del movimiento, lo ejemplifican. “No nos van a quitar las tierras, vamos a morir ahí. Los policías vienen y atropellan la casa y nos quieren hacer firmar papeles falsos. Nos hemos criado en el campo y tenemos que luchar hasta morir” (Francisco)

“Ellos lo topan, lo amontonan y le prenden fuego y el monte ya no sirve para nada. Si te topan el monte no tienen otra forma que irte. Si estas ahí vas a tener que ser esclavos de ellos. La madera sirve para hacer las casas. Si la máquina viene y topa ¿de qué vas a hacer las casas? (Omar)

Mujeres en pie de lucha

Hace casi doce años, el Movimiento de Mujeres en Lucha nacía en nuestro país para defender las tierras, en contra de la concentración y la extranjerización, los desmontes y los desalojos. Hace un par de años Ana Galmarini, una de sus militantes aquí en Rosario, relataba a enREDando la curiosa forma en que surgió la organización en nuestra región, cuando los diarios publicaron una historia ocurrida a mediados de 1995 en una pequeña localidad pampeana, donde se había evitado el remate de una chacra. "Lucy de Cornelis era una mujer de Winifreda, un pueblo muy pequeño en la provincia de La Pampa, a la que le estaban por rematar el campo. Su familia se iba a quedar sin casa, sin tierra y sin trabajo. Su marido se había enfermado, y contaba entonces que la noche anterior al remate, mientras estaba embalando sus cosas, sintió que ella, que nunca había participado en nada, esta vez tenía que hacer algo. A la mañana siguiente fue a la radio del pueblo y explicó el drama por el que estaba pasando. Se le ocurrió convocar a una reunión y se encontró con la grata sorpresa de que fueron como 300 personas, casi todas mujeres que se habían sentido muy identificadas con su caso. Evitaron ese remate, y unos días después se juntaron con más productores de la región, armaron un petitorio, y conformaron el Movimiento de Mujeres en Lucha".

En una reunión nacional a fines del 95 en Rosario, con delegados de todo el país establecieron principios fundacionales: “Evitar el remate de nuestras chacras; recálculo de las deudas financieras; y frenar el remate de la banca pública". Hoy, las consignas siguen siendo las mismas porque el boom sojero sigue siendo desigual para los productores.

Recientemente cuatro de sus referentes, Ana Galmarini, Ana Maria Riveiro, Ema Martín y Sara Coll fueron procesadas y llevadas a juicio en el segundo juzgado correccional de Mercedes, provincia de Buenos Aires, por entonar el Himno Nacional oponiéndose de manera pacífica al remate de un campo de un pequeño productor agrario de la localidad de Chivilcoy, el 12 de septiembre de 2003. El juez Rogelio Massón ordenó que las expulsara la policía. Fueron levadas violentamente y detenidas varias horas por la denuncia de resistencia a la autoridad y lesiones leves. La fiscalía las acusaba de la supuesta violación de los artículos 237 y 239 del Código Penal por resistencia y atentado a la autoridad al cantar el himno nacional ante la realización del remate. En un video difundido hace unos meses y publicado por enREDando cuentan cómo fueron los hechos.

El 23 de marzo en los Tribunales de Mercedes, provincia de Buenos Aires comenzó el juicio, que les resulto favorable. El juez absolvió de todos los cargos a las dirigentes del Movimiento y a los propietarios del campo de Chivilcoy y sus familiares, que también estaban imputados. En el 2003, el remate se hizo pero fue detenida su ejecución, sospechado de haber sido realizado a puertas cerradas. Desde entonces la familia propietaria, sigue trabajando su tierra de tan solo 42 hectáreas.