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PARAGUAY: Latifundio y poder político van de la mano
Por Gustavo Torres González / Causa Popular -
Wednesday, Apr. 25, 2007 at 1:10 PM
gustorg2@yahoo.com
El más reciente censo agropecuario nacional, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 1992, muestró que el 1% de los propietarios concentraba el 77% de las tierras mientras que, en el otro extremo, el 40% de los agricultores - aquellos que tenían de 0 a 5 has - poseían sólo el 1%, lo que convierte a Paraguay en el país de América Latina que tiene la más alta concentración de la tierra en manos de unos pocos. La desigualdad en la distribución se torna alarmante al observar que tan sólo 351 propietarios concentran 9.7 millones de hectáreas, mientras que existen, según las organizaciones campesinas, más de 350.000 familias campesinas sin tierra o con cantidad insuficiente. Esta situación es una de las causas centrales del hambre y desnutrición grave en el campo, ya que el 22,8% de la población rural está en la extrema pobreza. El ingreso promedio de dichas familias sólo cubre el 58.3% del costo de la canasta básica de consumo.
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El estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), responsable de ejecutar la política de tierra en el país, es duramente criticado por los líderes campesinos. Para Luis Rafael Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que aglutina más de 25 organizaciones campesinas, de mujeres e indígenas a nivel nacional, la redistribución de tierra agrícola a campesinos "sin tierra" debe ser el eje central de una reforma agraria. Aguayo sostiene que sin reforma agraria no es posible el desarrollo en el país. Cada vez más grandes contingentes de poblaciones campesinas se trasladan a las ciudades sin ninguna perspectiva de bienestar, debido a la falta de mercado laboral y la desindustrialización del país.
El Estado no está utilizando el máximo de los recursos disponibles. El instrumento de expropiación, disponible en casos de interés social, como son los latifundios improductivos y las tierras mal habidas. El derecho a la tierra y la reforma agraria están contemplados en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que señala: "La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural". El artículo 115 habla de las bases de la Reforma Agraria y el artículo 116 se refiere a la eliminación progresiva de los latifundios.
El Estado también está obligado a implementar la reforma agraria a través de la Ley Nº 1.863, que crea el Estatuto Agrario. Es de destacar la inclusión de un artículo en dicha ley a favor de la mujer cabeza de familia para la adjudicación de la tierra sometida a reforma agraria, así como también la prórroga para el pago de las cuotas en 50% del plazo, cuando las adjudicatarias son mujeres.
Aguayo menciona que a pesar de esta y otras leyes existentes, las políticas públicas del Estado paraguayo aún son insuficientes para promover el acceso real de la mujer a la propiedad de la tierra, garantizar su arraigo a través del acceso al título de propiedad, al crédito y al apoyo técnico. "En todos los casos, ante el grave problema de acceso a la tierra, el Estado paraguayo ha implementado políticas represivas con desalojos violentos, donde también las mujeres campesinas y los niños son víctimas de tratos crueles y discriminatorios. Las leyes y las garantías constitucionales son observadas y aplicadas unilateralmente por el Estado sólo a favor de un sector de la población, aquel que detenta el poder político y económico. El Estado paraguayo actualmente es responsable del desplazamiento y despoblamiento de varias comunidades campesinas por priorizar y proteger un modelo de desarrollo basado en el monocultivo extensivo de la soja transgénica, que destruye el ambiente, contamina cursos de agua y expulsa a los/as pequeños/as productores/as de sus fincas, acelerando la migración del campo a la ciudad".
Agregó que en muchas ocasiones el INDERT se encuentra en déficit financiero para la compra de las tierras ofertadas o que en muchas ocasiones algunos miembros de la junta asesora y de control de gestión son cercanos de los terratenientes, se oponen a la compra de tierras de alta calidad y prefieren comprar solamente tierras ofertadas voluntariamente por los propietarios, siendo en muchas ocasiones tierras remotas y de baja calidad.
"El gobierno pretende resolver el problema del acceso a la tierra a través del mecanismo de mercado que el Banco Mundial está promoviendo para que la tierra pueda ser comprada y vendida como mercancía, sin tener en cuenta las necesidades urgente de la gente. El Banco mundial está promoviendo esta estrategia en varios países, forzando a los campesinos 'sin tierra' a pagar precios de mercado a los propietarios, mercantilizado la tierra y socavando principios constitucionales como el de que la tierra cumpla una función social", agrega Aguayo. "Tememos por la privatización de las tierras públicas y división de las propiedades comunales en pequeñas parcelas, con títulos individuales de propiedad, lo que provocaría la venta masivas desesperadas por parte de los campesinos pobres e indígenas, generando nuevas oleadas de concentración de la tierra para la gente adinerada y una más profunda miseria para la mayoría campesina".
Según Aguayo: "Existen más de 12 millones de hectáreas que están en forma mal habida heredada de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), que se repartían entre los leales al régimen. Estamos presionando ante la Procuraduría General de la República y el Parlamento Nacional para sacar una ley especial para recuperar estas tierras mal habidas".
Ante la falta de implementación de un proceso de reforma agraria y al no encontrar respuesta de las instituciones estatales, las organizaciones campesinas e indígenas presionan para exigir respeto a sus derechos humanos, económicos y sociales, mediante distintas formas de desobediencia civil, tales como manifestaciones pacíficas, tomas de instituciones, cierres de rutas y ocupaciones de latifundios improductivos. (Es ya tradicional la manifestación campesina en el mes de marzo de cada año, reclamando los mismos. El protagonismo rural logró anular los proyectos de privatizaciones de empresas públicas y fue actor principal en el denominado "marzo paraguayo", donde un nuevo modelo autoritario logró aplacarse).
Según el titular de la MCNOC, dichos reclamos tienen fuertes repercusiones en contra de los campesinos, al judicializarse sus acciones. "Actualmente más de 2.000 compañeros están con medida sustitutiva de prisión por reclamar sus derechos; y en esta llamada transición democrática más de 100 dirigentes campesinos fueron asesinados por policías, militares y 'matones' contratados por latifundistas, ganaderos y sojeros. La mafia es otro factor que afecta directamente al movimiento campesino paraguayo, ya que está ligada al poder político y judicial", sentencia Aguayo.
El dirigente afirma que "la principal bandera de lucha de la MCNOC es la reforma agraria, dentro de ésta se realiza las dos vías de lucha por la tierra: por un lado la lucha legal ante las instituciones, y si esta se traba, entonces se realiza la lucha legítima, que es la ocupación para su posterior recuperación". "El gobierno sigue resistiéndose a desafectar los latifundios. La represión, el desalojo, la destrucción de casas, cultivos y la cárcel son las respuestas inmediatas del gobierno a los reclamos campesinos", añade.
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Belarmino Balbuena, máximo dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), manifiesta que "el poder político está ligado a un modelo latifundista, la estructura estatal está compuesta por terratenientes que se enriquecen ilícitamente. La única manera de enriquecerse en Paraguay es al margen de las leyes, y el control territorial es un requisito para ello. Quienes tienen tierras pueden exportar carnes, tener flotas clandestinas de aviones, traficar marihuana, armas, cigarrillos, maderas y otros tipos de tráfico".
"Las autoridades actúan en base a presiones y resolviendo algunos de los conflictos más notorios. Cada vez más grandes contingentes de poblaciones campesinas migran a las ciudades sin ninguna perspectiva de bienestar debido a la saturación del mercado laboral. Sobre esta base, cientos de miles de paraguayos y paraguayas se ven obligados a abandonar su tierra. Algunos logran ir a Europa, en particular a España o al país vecino, Argentina", afirma Balbuena.
Los reclamos campesinos también hablan del avance incontenible de la producción de soja transgénica, que ha provocado la destrucción de bosques, la contaminación ambiental y la expulsión compulsiva de pequeños productores de sus lotes. Se estima que la soja avanza 250.000 has por año en Paraguay, causando la expulsión de 900.000 familias campesinas que se asientan en los cinturones de pobreza de diferentes ciudades. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, con más de 2 millones de hectáreas - 64% de la superficie agrícola - dedicadas a este monocultivo, superficie que continúa en expansión cada año agrícola.
Se tiene registro de muertes y de casos de hidrocefalia en recién nacidos derivados del uso masivo de agrotóxicos. "En la localidad de Pirapey km. 35, departamento de Itapúa, afectado seriamente por la fumigación de los sojales con pesticidas que hacían Herman Schlender y Lauro Laustenlager en sus propiedades, falleció en el 2003 el niño Silvino Talavera de 11 años de edad por intoxicación, cuyo cuerpo fue bañado por la fumigación al pasar por frente a la misma. La familia del niño fallecido también fue fumigada por Laustenlager y padecieron graves intoxicaciones pero sin perder la vida", acusa Balbuena. El caso de Talavera ha sido el primero en ser llevado a la justicia, lográndose tras una larga batalla judicial la condena de Schlender y Laustenlager a dos años de prisión sin pena sustitutiva.
La dirigencia campesina cuestiona también el rol del MAG de mantener una estructura rígida y obsoleta, sin capacidad para responder a los desafíos que exige la agricultura hoy. Sigue empeñado en mantener el modelo de desarrollo agroexportador y su viejo sistema de asistencia técnica apoyando básicamente el monocultivo de algodón con escasa diversificación. La falta de planes para el pequeño productor, la agricultura familiar, la diversificación de rubros agrícolas, la atención a las especificidades de las mujeres productoras en coordinación con otras instituciones estatales, el acceso de las mujeres al recurso productivo de la tierra, el respeto a las leyes ambientales, el combate al contrabando de productos agrícolas, entre otros, siguen siendo materias pendientes, acusan los campesinos organizados.
Causa Popular: ¿Conquistada la tierra cómo queda la propiedad de la finca?
Luis Aguayo: Hay conquista importante de tierras sobre distinta forma de la tenencia, se dan discusiones muy importante entre los compañeros "sin tierra" sobre el modelo de asentamiento y la tenencia de la tierra. En mayor parte se está implementando la titulación de forma asociativa y el trabajo semi colectivo, una parte individual y otra parte colectiva. Nuestras discusiones además se enmarcan sobre el modelo de agricultura empresarial-agroexportador, una agricultura sin campesino con agrotóxico y semilla transgénica, que también es un problema dentro de nuestro país, porque justamente expulsa forzosamente a la comunidad campesina e indígena. Muchas conquistas que se han recuperado por medio de las luchas quedaron nuevamente en manos de empresarios sojeros, que no son sujetos a la reforma agraria.
CP: ¿Cómo se define la MCNOC?
LA: Como una organización de protesta y opositor a las políticas neoliberales, pero no se detiene en la simple protesta, además presenta propuestas de proyectos de Ley, como la banca pública, consumo de electricidad - conocido como tarifa social. Ahora en el parlamento presentamos un proyecto de ley de regulación del uso de agrotóxicos.
CP: ¿Actualmente cómo se encuentra el movimiento campesino?
LA: Desde el punto de vista económico estamos en una situación de agudización de la crisis económica, lo que provoca la masiva migración de los compatriotas, desintegrándose de esta manera la familia tradicional campesina, dejando a su paso traumas irreparables. El otro factor que afecta a las organizaciones campesinas es la falta de una política de desarrollo productivo, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos carece de un plan de reactivación productiva para que a partir de allí pueda crecer la economía del país y generar empleo. El costo de vida se ha elevado demasiado y la producción de los campesinos, sin embargo, cada vez más bajo. Además no hay que olvidar el escenario represivo, hay un terrorismo de Estado, y, a partir de allí son pisoteados los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de nuestro pueblo, que son violentados permanentemente por el Estado, como el derecho a la salud, educación, reforma agraria, empleo, entre otros; sumado la criminalización de la lucha social. Los componentes principales de represión en Paraguay son el terrorismo de Estado, mafia ligada al poder político y la criminalización de la lucha.
CP: ¿Por qué la ofensiva gubernamental avanza sobre el movimiento campesino?
LA: Esta ofensiva se da en mayor proporción contra del movimiento campesino porque justamente el modelo económico se sustenta sobre el modelo latifundiario. El latifundista a su vez es sojero, ganadero, mafioso y autoridad; por ello las organizaciones campesinas es la más cercana a sus intereses, por lo que es sostenida al son de la represión y la criminalización; el asesinato y el perfeccionamiento de los aparatos represivos.
La militarización en el campo se está agravando rápidamente desde el año 2003, en que fue emitido el Decreto 167, que autoriza a las fuerzas armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía Nacional. La actuación de los cuerpos de seguridad constitucionales (ejército y policía) y a los Consejos de Seguridad Ciudadana (verdadero escuadrón de la muerte), creados recientemente por el Ministerio del Interior; además de las Fuerzas de Tarea Conjunta, que son cuerpos combinados policíacos-militares. Son los autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas. En la localidad de Yvy Ja'u, departamento de Concepción, la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano, no es sino el último evento de este tipo registrado en el lugar. En los últimos dos años hay más de 50 muertos sin esclarecerse y varios desaparecidos.
Para el MCP los siguientes datos son elocuentes debido a la demora de la inversión social: 80% de las tierras cultivables están en manos del 1% de la población. 35,000 niños desnutridos, 150.000 niños al borde de la desnutrición. 4.500.000 personas sin seguro médico. 2.300.000 personas pobres. 40.000 familias no tienen viviendas. 200 madres mueren al año durante el parto. 400 mujeres sufren de hemorragias. 350.000 personas sin tierra. El 25% de los campesinos paraguayos vive en la indigencia. 8 y 30% de analfabetismo total y funcional respectivamente, en una población total de 5.800.000 habitantes.
Además de una gran ofensiva demandando el derecho a la tierra, a la soberanía y al desarrollo rural como puntos principales, los reclamos campesinos también hablan del avance incontenible de la producción de soja transgénica, cuyas consecuencias han provocado la destrucción de bosques, la contaminación ambiental y la expulsión compulsiva de pequeños productores de sus lotes.
ANEXO | Factores desencadenantes de los conflictos de tierra en Paraguay
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Esta modalidad de apropiación y uso de la tierra se observó durante el largo período colonial (1524-1811) y su posterior paso a la independencia (1811-1870). La conquista del territorio paraguayo por los españoles supuso la desarticulación de una sociedad cuya estructura social era relativamente igualitaria, basada en el uso comunal de las tierras y en la economía de reciprocidad. Aún cuando los conquistadores pregonaban alianzas con los nativos, a través del cuñadazgo fundamentalmente (casamiento de españoles con las mujeres nativas), la estructura igualitaria no se mantuvo. Por el sistema de las encomiendas, las tierras y los indios pasaron a formar parte del patrimonio de los conquistadores, quienes incumpliendo las Leyes de Indias y las ordenanzas de los gobernadores, sometieron a los nativos a rigurosos trabajos, acelerando su exterminio.
Esta modalidad de organización social, de apropiación y uso de la tierra cambió radicalmente durante el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Este desconoció las concesiones y los derechos sobre las tierras otorgados por la corona a sus súbditos, confiscándolas, e hizo lo mismo con las tierras de sus enemigos declarados y potenciales, fueran éstos criollos o extranjeros. De esta manera, el Estado pasó a ser poseedor de la casi la totalidad de las tierras del país, del 100% en el Chaco y del 98,4% en la Región Oriental: "De las 16.590 leguas cuadradas en que era estimada entonces la superficie del territorio nacional, solamente 261 leguas cuadradas eran del dominio privado de sus habitantes" (Carlos Pastore, 1972: 178).
Los gobiernos de los López -Carlos Antonio y su hijo Francisco Solano, en el período 1843-1870- siguieron la misma política de Francia con pequeñas variantes hasta que la guerra de exterminio - financiada por el imperialismo inglés- contra Brasil, Argentina y Uruguay, iniciada en 1865, destruyera totalmente el sistema social, político y económico imperante hasta entonces.
Durante los regímenes de Francia y los López la modalidad de usufructo de las tierras era el arrendamiento. Los campesinos pagaban al Estado un canon anual por la utilización de las tierras, y las llamadas Estancias la Patria, propiedad del Estado, proveían de ganado a los poblados más pobres. Es en este período que la agricultura parcelario-comunitaria llegó a consolidarse.
Concluida la guerra en 1870 comienza el proceso de reorganización del país con los sucesivos gobiernos controlados por los nuevos colonizadores, que eran fundamentalmente el Brasil y en menor medida la Argentina. El hecho más relevante de este período fue la promulgación de sucesivos decretos-leyes a través de los cuales se ordenaba la venta de las tierras públicas, fundamentados en razones fiscales e ideológicas: fiscales, la necesidad de financiar el presupuesto de gastos de la Nación, e ideológicas, la supuesta incapacidad del Estado para administrar los bienes de la sociedad (García, 1982).
El decreto-ley más importante por su impacto en la población campesina fue el de julio de 1885, promulgado por el entonces presidente de la República, general Bernardino Caballero (fundador del Partido Colorado). En él el presidente ordenaba la enajenación de la totalidad de las tierras, propiedad del Estado. Con esta decisión, varios pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales debido a la imposibilidad de adquirirlos por los altos costos. Incluso poblaciones enteras de campesinos quedaron encerradas dentro de las grandes propiedades y obligadas a trabajar para el propietario con amenazas de ser expulsadas en caso de resistir a dicha determinación. Los poblados campesinos más afectados fueron los de origen yanacona (se denominaba así al indio que estaba al servicio personal del español o encomendero), el sector de la población más atrasado cultural y económicamente, cuyas tierras fueron adquiridas masivamente por la clase burguesa gobernante, y los poblados de origen mitayo (se denominaba mitayo al indio a quien le tocaba trabajar en la mita, un sistema de trabajo por turno en actividades públicas), que quedaron fuera de las tierras privadas y serían los centros de reclutamiento de la mano de obra para la explotación de la yerba mate y de los bosques.
Recién hacia 1918 el Estado comenzó tímidamente a establecer programas de colonización y reparto de tierra en forma de lotes agrícolas. Pero a partir de 1936 el Estado se interesó por el reparto de tierra con el gobierno del coronel Rafael Franco, lo que posteriormente continuó durante las décadas de los años '50 y '60 con las colonizaciones impulsadas por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y más tarde por el Instituto de Bienestar Rural (IBR). Sin embargo, muchos de los destinatarios de estas colonizaciones nunca pudieron consolidar sus derechos sobre las tierras que trabajaban, lo que condujo a su vez a la ampliación de los latifundios a costa de las posesiones de los pequeños productores agrícolas.
Desde 1970 en adelante, la estructura agraria caracterizada por la coexistencia del latifundio y minifundio comenzó a sufrir importantes modificaciones con la inserción de grandes empresas agroindustriales como la Agriex, Agropeco, Fiduciaria Transatlántica Alemana, entre otras, con las que comenzó efectivamente la modernización de la agricultura en el Paraguay. Otro estudio indica que los indicios de modernización empezaron en la década del sesenta con el Plan Trigo, implementado en el Departamento de Misiones (Fogel, 1982). Estas grandes empresas se instalaron en la denominada cuenca del Paraná - en los departamentos del Amambay, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa - apropiándose de las tierras más fértiles. Concomitantemente se produjo el ingreso masivo de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas brasileños en las fronteras Norte y Este (el gobierno del dictador Alfredo Stroessner anunciaba en espacio pagado en los diarios brasileños la oferta de tierras en el Paraguay)
La presencia de las empresas agroindustriales y de los colonos brasileños produjo la transformación de la cuenca del Paraná. Su influencia se extendió igualmente a otros departamentos, como el de Caaguazú, en la medida en que comenzó a tener mayor vigencia la propiedad como forma institucional de acceso a la tierra y porque las tierras "sin dueño", que anteriormente servían para descongestionar las regiones más pobladas, dejaron de existir. La modernización produjo además otros efectos colaterales negativos, como la valorización inusual de la tierra, el reparto de excedentes fiscales a los grupos ligados al aparato estatal y la corrupción en las instituciones públicas responsables de la administración de los recursos del Estado.
El 3 de febrero se cumplieron 18 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner y los problemas en relación a la tenencia de la tierra siguen siendo los mismos. Ninguno de los gobiernos post dictadura ha podido establecer una estrategia de reforma agraria ni desarrollo rural que pudieran resolver, en parte por lo menos, la grave crisis económica y social que se ha generado a raíz de la excesiva concentración de la tierra en poder de pocas manos.
La soja transgénica comenzó a cultivarse en el ciclo agrícola 1999-2000 (Tomás Palau) Se trata de la segunda oleada de agricultura intensiva; la primera se había registrado en los '70, con el ingreso de agricultores brasileños que expandieron la frontera de la soja tradicional desde los estados del Sur de Brasil. En esta ocasión, sin disponibilidad de tierras fiscales, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte. La progresión de cultivos es asombrosa, en 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas de soja; en 2003 se llegó a casi 2 millones. En el mismo período la producción pasó de 2,3 millones de toneladas a 4,5 millones. Pero en la misma década la extensión de los cultivos de algodón -de los que viven los pequeños y medianos campesinos- cayó un 20%, mientras el volumen de producción se redujo a la mitad.
La explosión sojera tuvo dos efectos: los ambientales, que se agravaron por la desaparición de los últimos bolsones de bosques en la región Oriental y por el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas; y los sociales, que resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras. El país sufrió así, según Palau, una triple pérdida de soberanía: depende de las exportaciones de un solo producto (soja) cuyas semillas serán proveídas por una sola empresa (Monsanto); pierde soberanía territorial, ya que grandes extensiones son adquiridas por extranjeros, en particular brasileños, los llamados "brasiguayos"; y también una pérdida de soberanía alimentaria, porque el monocultivo sustituye la diversidad de cultivos de subsistencia de las familias campesinas. Uno de los mayores cultivadores de soja en la actualidad en el Paraguay, es el brasileño Tranquilo Favero, que posee cerca de 50 mil hectáreas en 13 de los 17 departamentos del país.