Empezada la reunión, los concejales partieron su discurso considerando al agua como un derecho humano y acordaron en que el contrato, entre el gobierno y la empresa Suez-Roggio, es inconstitucional.
“Todo esto resulta inconstitucional conforme a la Constitución de la Provincia de Córdoba” dijo Molina Herrera, y agregó que no se debe perder de vista la “norma madre” que está en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía municipal que debe tener para resolver problemas en esta materia. Siguiendo esta idea, el concejal argumentó que la constitución de la provincia establece en los artículos 180 hasta el 186 la normativa que consta en que el municipio debe ser protagonista y titular de la competencia en materia de agua.

Previamente al contexto político conflictivo de un año electoral, los concejales se mostraron interesados en fomentar acciones de democracia participativa: “…para que no digan que es meramente una cuestión ideológica, como saben decir, de que algunos actores en este asunto del agua representan intereses políticos y sectoriales y que de ninguna manera son los verdaderos voceros institucionales de la cuestión. Yo creo que el tema está radicado en este cuerpo legislativo que es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que es el que tiene verdaderas atribuciones y competencias para regir con verdadera legalidad” resumió Molina Herrera, concejal del Bloque Socialista.

Para dar lugar a su posición, Gustavo Spedale, de la Comisión Popular por la Recuperación del Agua de Córdoba, recordó que en el pasado Foro Regional del Agua el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, expresó el ideal de “empresa mixta”. Spedale opinó que ese era el modelo más perverso que se estaba imponiendo, ya que se impulsa a que las empresas privadas sigan prestando el servicio y a que el Estado, los usuarios y los trabajadores sean marginados de ese proceso.

Cristo Humberto Miranda, de ECOFONDO, Colombia, compartió con el círculo la experiencia que está viviendo su país: “estamos, en este momento, iniciando un proceso legislativo de referendo entre muchos sectores de la sociedad”.
Miranda detalló que venían recogiendo unas 200 mil firmas, pero que debían llegar a los 2 millones.
El Referéndum lo que propone es “declarar al agua como un derecho fundamental para que cada persona tenga derecho a acceder al agua en cualquiera de las condiciones que se presente, el Estado y la comunidad deben hacerse cargo de ese suministro” aclaró Miranda.

Por su lado, Gastón y Lourdes, desde Uruguay e integrantes de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, compartieron la experiencia uruguaya de reforma constitucional que declaró al agua como un derecho humano. Vale aclarar que Uruguay, Venezuela, Cuba y Bolivia son los únicos cuatro países latinoamericanos que han incorporado a su Constitución el agua como un derecho fundamental.
La Comisión del Agua uruguaya se formula cuatro objetivos fundamentales: el primero era promover la reforma constitucional, el segundo es oponerse a la privatización del servicio de agua, el tercero es revertir los procesos de privatización que ya existían en el país, y por último, trabajar en el desarrollo sustentable del recurso en el país con participación de la sociedad civil.
“Los tres primeros pasos los logramos, la reforma está cumplida en forma parcial, no en forma completa” explicaron Lourdes y Gastón.

Fabián Monti de la Asamblea Popular del Agua de Santa fe, describió el proceso de estatización santafesino que se llevó a cabo mediante un plebiscito extra-institucional. Tal plebiscito lo que hacía era preguntar a la gente si estaba de acuerdo con continuar con el modelo de la empresa privada que había incumplido sistemáticamente los contratos, que había aumentado las facturas y que no había hecho las inversiones.
“Lo que propusimos en Santa Fe fue un modelo de gestión pública con participación de las organizaciones sociales” manifestó Fabián.

Finalizando la reunión, si bien desde la Comisión del Agua de Córdoba se explicitó la necesidad urgente de una consulta popular, desde la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante no hubo respuestas concretas, aunque es de esperar que lo organicen a su tiempo y forma, pisando las elecciones provinciales y municipales y bajo la bandera partidaria del juecismo.