Julio López
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Acuerdo para la entrega de 643.000 has de tierra en Salta
Por FUNDAPAZ - Tuesday, Oct. 23, 2007 at 12:23 PM
comunicacion@fundapaz.org.ar (11) 4864-8587

El gobierno de Salta se comprometió con representantes de comunidades indígenas y grupos campesinos a la entrega de 643.000 has de tierra en los lotes fiscales 55 y 14.

Comunidades de cinco etnias indígenas representadas en la asociación Lhaka Honhat y la Organización de Familias Criollas (OFC) firmaron el 17 del corriente, en la ciudad de Salta, un acuerdo previo a la adjudicación definitiva de 643.000 hectáreas de tierra fiscal que habitan en el extremo noreste de Salta, próximas al río Pilcomayo.
Junto con ellos, firmaron también este convenio de singular importancia, el secretario general de la gobernación, Raúl Medina; el ministro de la producción, Sergio Camacho, y la senadora nacional por Salta, Sonia Escudero, así como representantes de FUNDAPAZ, ASOCIANA y CELS, instituciones que vienen acompañando el proceso de adjudicación desde hace varios años.

Según el acuerdo, 400.000 hectáreas serán para los aborígenes y 243.000 para los criollos, los que en total suman unas 15.000 personas. Todas esas hectáreas forman parte de los lotes fiscales 55 y 14, y están ocupadas por los indígenas (wichi, chorotes, chulupíes, tapietes y tobas) desde tiempo inmemorial, y por las familias criollas, en muchos casos desde hace más de un siglo.

Estas tierras, que forman parte del Departamento Rivadavia, fueron objeto de un largo proceso iniciado hace más de 15 años y acelerado en 1998, cuando la Lahka Honhat planteó su propiedad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual promovió a su vez, un reclamo de los criollos y la intervención de la Cancillería argentina.

En el documento se expresa que ambas partes aceptan “reducir sus reclamos originarios” para llegar a un “entendimiento común”. De las 243.000 hectáreas para los criollos, 113.000 están fuera del área ocupada por los indígenas, mientras que las 130.000 restantes sí se superponen con las de éstos, por lo que la adjudicación “se definirá a través del diálogo y los acuerdos que se logren en terreno entre ambas poblaciones”. En caso de desacuerdo se recurrirá a un arbitraje de tres expertos independientes.

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CRIOLLO
Por KIKESS - Wednesday, Oct. 24, 2007 at 3:12 PM
mybicth@hotmail.com 0346720985 las mercedes

hola hermano sera quepodria hacerme el favor de responderme esta pregunta para un trabajo urgente que tengo...............lapregunta es la siguiente ¿que vigencia tiene el liberalismo hoy? de todas maneras gracias por todoy le agrezco mucho por ayudarme

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Lotes 55 y 14: Indígenas y criollos acordaron la distribución de tierras
Por Salta al Día - Friday, Oct. 26, 2007 at 3:36 AM

Enviado: octubre 18, 2007

El acta, se alcanzó a instancias del diálogo encabezado por el Gobierno provincial y tiene como finalidad lograr la entrega definitiva de la titularidad de los lotes fiscales 14 y 55 a sus legítimos poseedores, que son las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan en la zona, cuya extensión total es de aprox. 600.000 hectáreas en dpto. Rivadavia.

Comunidades indígenas, familias criollas y el Gobierno Provincial firmaron ayer un acta acuerdo que permite avanzar en la entrega definitiva de la titularidad de las tierras cuya extensión total es de aproximadamente 600.000 hectáreas en el Este de la provincia, en el departamento Rivadavia.

El acta, se alcanzó a instancias del diálogo encabezado por el Gobierno provincial, a través del secretario general de la Gobernación, Raúl Medina quien ratificó que la entrega de tierras es prioritaria para el Gobierno provincial. Las reuniones permiten continuar con una línea de acción iniciada por el Gobierno provincial en el referéndum realizado en el 2005 donde los pobladores de Rivadavia fueron consultados sobre su aceptación a la propuesta del Gobierno de la Provincia para que se haga entrega de los títulos de las tierras a los criollos y aborígenes que contará en la oportunidad con el aval de los intervinientes.

Las partes reconocen el interés común sobre un objetivo específico, que es el de cooperar mutuamente para definir y coordinar las acciones necesarias que permitan alcanzar la entrega definitiva de la titularidad de las tierras a sus legítimos poseedores que son las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan los lotes 14 y 55 de la provincia de Salta.

También firmaron el acta el ministro de la Producción y el Empleo, Sergio Camacho, la senadora nacional Sonia Escudero, la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, (Personería Jurídica 449/92); Francisco José Pérez y el tesorero Rogelio Segundo; la Organización de Familias Criollas, representada por los delegados Arturo Barrozo y Esmérito Arenas.

En carácter de asesores también suscribieron el documento la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), representada por Juan Gabriel Seghezzo, Álvaro Penza y el abogado Jorge Tejerina; ; la iglesia anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA), representada por Ana Alvarez y José Canteros y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representados por Morita Carrasco y Diego Morales.

También se deja establecido que esta instancia de negociación reconoce como antecedentes el acta con Lhaka Honhat y el Gobierno de la Provincia del 14 de marzo de 2006; el acta del consejo de caciques de Lhaka Honhat del 10 de mayo de 2006; las actas acuerdo suscriptas entre Lhaka Honhat y la Organización de Familias Criollas del 1 de junio y del 24 de agosto de 2007, que fueran presentadas al Gobierno de Salta.

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400 mil hectáreas serán para los aborígenes y 243 mil para los criollos
Por El Tribuno / Salta - Friday, Oct. 26, 2007 at 3:38 AM

18 de Octubre de 2007

Salta está en las puertas de un acuerdo definitivo por las tierras del Pilcomayo

Lhaka Honhat y la Organización de Familias Criollas acercaron posiciones por los lotes 55 y 14. También rubricaron el entendimiento por las tierras de Rivadavia la Provincia, el CELS, Asociana y Fundapaz.

Antonio Oieni
El Tribuno

Comunidades indígenas y familias criollas de los lotes 55 y 14 suscribieron ayer un acuerdo que las puso en las puertas de un entendimiento definitivo por las tierras que habitan en el extremo noreste de Salta.
Son 643 mil hectáreas recostadas sobre el río Pilcomayo, en el departamento Rivadavia, y por las cuales se planteó un proceso litigioso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una presentación que realizó en 1998 la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.

En el citado proceso -conocido en la OEA como caso 12094- también intervienen la Provincia, la Cancillería argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las ONG que acompañan a indígenas y criollos en sus reclamos de títulos: Acompañamiento de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana) y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz).

El acta que encaminó a las partes hacia un acuerdo que atendería tanto al derecho ancestral de los pueblos originarios como al de las familias criollas asentadas en esas tierras desde hace más de un siglo, acercó posiciones que hasta poco tiempo parecían irreconciliables.

"Las partes reconocen el interés común sobre un objetivo específico, que es el de cooperar mutuamente para definir y coordinar las acciones necesarias que permitan alcanzar la entrega definitiva de la titularidad de las tierras a sus legítimos poseedores, que son las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan los lotes 14 y 55 de la Provincia de Salta", establece la primera cláusula del documento que firmaron el coordinador general de Lhaka Honhat, Francisco Pérez; los delegados de la Organización de Familias Criollas (OFC), Arturo Barroso y Esmérito Arenas; el secretario General de la Gobernación, Raúl Medina; el ministro de la Producción y el Empleo, Sergio Camacho, y la senadora nacional Sonia Escudero, por la Provincia.

También suscribieron el acta el director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, y otros dos referentes de esa entidad civil que asesora a peticionantes criollos, Alvaro Penza y Jorge Tejerina; dos representantes de Asociana, Ana Alvarez y José Canteros; y dos delegados del CELS, Morita Carrasco y Diego Morales.

La base del acuerdo

En las consideraciones preliminares del documento se puso de relieve que ambas partes aceptaron "reducir sus reclamos originarios" para llegar a un "entendimiento común que atienda las inquietudes e intereses de todos los habitantes de la zona".
Lhaka Honhat, recordemos, reclamaba 530 mil hectáreas de ocupación tradicional indígena, mientras que la OFC pretendía la totalidad de las superficies ocupadas por familias criollas en las tierras del Pilcomayo.

Ahora convinieron, como criterio de adjudicación de los lotes 55 y 14, que 400 mil hectáreas sean entregadas a las comunidades aborígenes, "respetando el área de ocupación tradicional, garantizando la continuidad de sus tierras, el acceso al río y los recursos naturales del monte, sin que se las entienda como fracciones comunicadas por caminos".

De acuerdo con el esquema acordado, 243 mil hectáreas serán adjudicadas a las familias criollas, "garantizando los derechos de las que habitaron en los lotes por más de veinte años", conforme a las presentaciones, pautas, valoraciones y lineamientos establecidos en las resoluciones 65/06 y 804/07 del Ministerio de la Producción y el Empleo. La citada normativa apunta, básicamente, a asegurar que las fracciones sean entregadas a familias que viven efectivamente en esas tierras y tienen atada su subsistencia a ellas.

Se prevén arbitrajes en la franja más complicada

De acuerdo con los criterios de adjudicación acordados en el acta, 113 mil hectáreas de las 243 mil que serán adjudicadas a familias criollas en los lotes 55 y 14, de Rivadavia Banda Norte, están fuera del área de ocupación tradicional de las comunidades indígenas, de modo que que su entrega no implicaría mayores dificultades.

Las restantes 130 mil hectáreas sí se superponen con el área de ocupación aborigen, por lo que su adjudicación "se definirá a través del diálogo y los acuerdos que se logren en el terreno entre ambas poblaciones". Así lo convinieron las partes en el documento que se firmó ayer.

El texto, ante la falta de acuerdos en la franja más complicada de los lotes, prevé que aborígenes y criollos "sean invitados a someterse a un proceso arbitral conformado por tres expertos independientes". Las propias partes -aclara el acta- acordarán el procedimiento y las pautas de designación. En caso de que no acepten el proceso arbitral, "se recurrirá a la decisión jurisdiccional que corresponda", expresa el documento que se rubricó en el centro cívico del Grand Bourg.
Estímulos y garantías para las familias relocalizadas

En el acuerdo de partes se dejo establecido que "los traslados de familias criollas con derecho deben ser en principio voluntarios". Para estimular las relocalizaciones necesarias, se convinieron cinco medidas esenciales que garantizaría la Provincia.

* - Ejecutar, en el lugar donde acepten reubicarse las familias criollas, todas las mejoras que éstas poseen en su actual asentamiento.

* - Cubrir los costos de los traslados y compensar las pérdidas aparejadas por las relocalizaciones, incluyendo bienes, recursos y hasta animales de cría.

* - Garantizar en el lugar donde se relocalicen las familias criollas el fácil acceso los servicios públicos: agua para consumo humano y productivo, caminos, educación y salud, entre otros.

* - Promover los traslados a través de diferentes incentivos, entre los que se incluirían pasturas, alambrados, asistencia técnica y otros beneficios.

* - Definir los cupos para el acceso a todas las mejoras, asistencias y beneficios con el fin de acelerar la decisión de las familias criollas.

En el acta también se acordó que el Estado Provincial deberá realizar, en forma proporcional, todos los descuentos de superficie para las reservas de uso institucional y las obras de infraestructura necesarias.

Comprometidos a frenar los abusos en el monte chaqueño

Para que el acuerdo por las tierras de los lotes 55 y 14 seda viable resulta indispensable proteger los recursos naturales en esos castigados territorios en los que se fundó a principios de siglo pasado la Colonia Buenaventura.
Hoy, el monte chaqueño no es el que recibió hace poco más de cien años a la expedición comandada por el cordobés Domingo Astrada, ni el río Pilcomayo se muestra tan generoso en peces como hace algunas décadas atrás.

La vida de las familias chaqueñas y de las comunidades de las cinco étnicas que conviven dentro de aquellos lotes -wichis, chorotes, chulupíes, tapietes y tobas- está marcada por el progresivo deterioro ambiental.
Por ello, las partes que firmaron el acuerdo se comprometieron a "evitar todo tipo de corte de madera y aprovechamiento forestal en ambos lotes".

La Provincia, en este contexto, asumió el compromiso de instalar en la zona puestos de control que aseguren el cumplimiento de la legislación vigente. En este marco, se convino que todo decomiso de madera que resulte de los operativos de control "será puesto al resguardo de un organismo nacional o provincial y oportunamente afectado al proceso de regularización de tierras".

A la luz de la condenable devastación maderera detectada días atrás en distintas áreas de los lotes 55 y 14, con infinidad de rollos de palo santo dispuestos para su irregular colocación en mercados asiáticos, la última cláusula del acuerdo que firmaron Lhaka Honhat y la OFC cobra especial relevancia.

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Histórico acuerdo de tierras en Salta
Por Sibila Camps / Clarín - Sunday, Oct. 28, 2007 at 3:06 PM

ABORIGENES Y CRIOLLOS FIRMARON UN ACTA, PERO HAY DUDAS POR EL COMPROMISO DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Cuarenta y cinco comunidades indígenas y unas 430 familias criollas llegaron a un acuerdo, previo a la adjudicación de 643.000 hectáreas de tierra fiscal en la región del Chaco salteño. Ahora, la solución definitiva está en manos del Gobierno provincial, que debe facilitar los medios para cumplir el convenio.

El conflicto se declaró hace 15 años en el nordeste de Salta, cerca del Pilcomayo. Allí viven, desde siempre, 45 comunidades de las etnias wichí, chulupí, toba, chorote y tapiete, 38 de ellas representadas por la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra). Parte de su territorio también está ocupado por unas 300 familias criollas, algunas afincadas desde hace más de un siglo.

Implican formas de vida incompatibles: la ganadería criolla deteriora los recursos naturales de los indígenas, que son cazadores, recolectores, pescadores y artesanos. Para permitir un manejo sustentable del monte, las comunidades reclaman una superficie continua, en un único título de propiedad. Ante la negativa del Gobierno salteño, Lhaka Honhat recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la que inició un trabajoso y estéril proceso de mediación.

En 2005, la provincia convocó a un referéndum, repudiado por las comunidades por plebiscitar un derecho constitucional. Lhaka Honhat entendió que el Estado salteño había roto la negociación y recurrió nuevamente a la CIDH. Hace un año, ese organismo intimó al Estado argentino a demarcar y entregar las tierras a los indígenas, paso previo a un probable fallo condenatorio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, Lhaka Honhat y la Organización de Familias Criollas (OFC) accedieron a "reducir sus reclamos originarios" para llegar a "un entendimiento común". En el acta firmada el 17 de octubre en Salta, 400.000 hectáreas quedarán para las comunidades.

De las 243.000 hectáreas para los criollos, 113.000 están fuera del área ocupada por los indígenas. Las 130.000 restantes se superponen con territorios aborígenes, por lo que la adjudicación se definirá a través del diálogo.

El acta fue suscripta también por el Gobierno salteño, el que el martes retomó y refrendó parte del texto, en el decreto 2.786. Pero más allá de la buena voluntad de las partes, no hay un compromiso explícito y pautado por la provincia para dotar a la zona criolla de los caminos y los servicios necesarios, lo que estimularía el traslado de las familias.

"Si no hay mejora en infraestructura, esto no puede seguir adelante. No se puede condenar a un criollo a mandarlo a un lugar aislado", comentó a Clarín el ingeniero Gabriel Seghezzo, de Fundapaz, entidad que, junto con Asociana, orientó a la OFC. "Para los criollos tampoco hay seguridad de que se les va a dar dinero para trasladarse", completó Morita Carrasco, del CELS, que asesora a Lhaka Honhat.

"El CELS acompañó la firma del acta, donde hicimos la reserva de que el proceso ante la CIDH continúa su curso, porque el fondo de la cuestión, el título conjunto en una superficie continua, no fue definido claramente -agregó Carrasco-. Todos los esfuerzos quedaron en manos de los pobladores, sin un compromiso profundo del Gobierno".

La cifra
643.000
Son las hectáreas totales que estaban en conflicto. En el monte chaqueño tienen pocos caminos, escuelas y puestos sanitarios.

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