La masacre de Santiago del Estero: no es un problema de colchones : Argentina Indymedia (( i ))

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2007 (Agencia Walsh). Según datos oficiales, en los últimos tres años se produjeron 337 muertes violentas de personas privadas de libertad. Así lo destacó un informe del Área de Derechos de Personas Privadas de Libertad del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).

De esas 337 muertes, 113 fueron por asfixia y quemaduras: 60 en el año 2005, 14 en el 2006, 39 en 2007, incluyendo a los muertos en Santiago del Estero.

La muerte de estas 113 personas ¿Es sólo un problema de colchones? ¿Se hubieran evitado si en lugar de colchones de gomaespuma hubiera habido en las cárceles, institutos y comisarías colchones ignífugos? ¿La solución es dictar una ley nacional, como propone el juez de la Corte Dr. Eugenio Zaffaroni, que prohíba los colchones de gomaespuma?

Los colchones son parte del problema, pero no todo el problema. Prohibir los colchones que generan humo negro, venenoso y mortal evitaría algunas muertes. Pero entre estos 113 muertos, hay muchos que simplemente estaban donde nunca tendrían que haber estado. Por ejemplo, Rosa Yamila Gauna, una adolescente de 15 años que el 11 de enero de 2007 fue detenida por un motivo insignificante (ruidos molestos), conducida a la Comisaría de la Mujer de Posadas, Misiones, y encerrada en una celda, de donde salió con el cuerpo cubierto de quemaduras que le provocaron la muerte luego de una larga agonía.

Otro de los casos es el de cuatro adolescentes: dos de 17, uno de 16, uno de 15, que también murieron carbonizados, esta vez en la Comisaría 20 de Orán, Salta, el 25 de octubre de 2006. En el mismo año, pero en enero y en Corrientes, otros tres jóvenes murieron de igual manera en la Comisaría 7º. Dos eran menores de 18 años –es decir, según la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país, eran niños- y el restante tenía 23.

Cada una de esas personas no debía estar en esas comisarías.

En el año 2004, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, cuya función es controlar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –otro instrumento con jerarquía constitucional en nuestro país- le recomendó a nuestro país que: “Garantice, como fue asegurado por la delegación del Estado parte para el caso de la provincia de Buenos Aires, lo siguiente: la prohibición inmediata de retención de menores en dependencias policiales; el traslado a centros especiales de los menores que actualmente se encuentran en dependencias policiales; y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores por “motivos asistenciales” en todo el territorio nacional”.

Pasaron tres años, y en la casi totalidad de las provincias argentinas esa prohibición no se cumplió. No se trata en estos casos de colchones inadecuados, sino de detenciones arbitrarias y de niños, niñas y adolescentes que, sencillamente, no deberían estar allí.

Además de colchones inadecuados, y niños encerrados donde no deben estar, las muertes repetidas por asfixia y quemaduras se vinculan con el problema de las causas y de los modos de abordar los conflictos en las instituciones de encierro. ¿A las personas privadas de libertad -niños, niñas, adolescentes, adultos- les gusta respirar humo negro y prenderse fuego? Quemar colchones, en la cultura del encierro, es uno de los modos desesperados de obtener atención. Huelgas de hambre, cortes en los brazos, párpados y labios cosidos, son otras de las especies de flagelación que se utilizan con el mismo fin.

Uno de los jóvenes luego muertos en la Comisaría 7º de Corrientes inició la quema de un colchón porque rogaba sin respuesta que lo dejaran asistir al nacimiento de su primer hijo.

Los presos de Santiago, como los de Magdalena, reclamaban que el trato a sus visitas –sus mujeres, madres, hijas, novias- fuera menos brutal y humillante. Esto es: que no se las obligara a desnudarse, a hacer flexiones, a desplegar toallas higiénicas y pañales, a exhibir vaginas y anos.

Entonces, el relato de las tragedias se repite: reclamos no escuchados, protesta, represión de los grupos de tareas de los servicios penitenciarios, aumento de la violencia, quema de colchones, puertas y candados cerrados, muerte.

No es solo un problema de colchones, y no está la solución solo en manos de los penitenciarios. No son los mismos penitenciarios –provinciales o federales- los que podrán resolverlo.

Se trata de la violación de derechos humanos más brutal y extendida de nuestra época. Sin embargo, no se la reconoce como tal. Hasta las personas e instituciones que tienen un fuerte compromiso con la lucha contra la impunidad de los hechos del pasado, parecen sentirse ajenas al dolor en los cuerpos y las almas de quienes hoy padecen la tortura y el maltrato. No se trata de establecer similitudes o diferencias entre presos comunes, o sociales, y presos políticos. Se trata de entender que, más allá del origen o la causa de la detención, el sufrimiento es similar. Y como dice con magnífica precisión el criminólogo noruego Nils Christie: “... los sistemas sociales deberían construirse de manera que redujeran al mínimo la necesidad percibida de imponer dolor para lograr el control social. La aflicción es inevitable, pero no lo es el infierno creado por el hombre.”

Área de Derechos de Personas Privadas de Libertad del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Contacto: 15-4404-5299

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

Según una fuente confiable, el incendio se habría iniciado luego de que los guardiacárceles encerrasen con candado a los enfurecidos presos, y uno de los guardiacárceles tirase una granada de gas. La granada no estalló en el acto y su chisporroteó dio fuego a un colchón.