En Salta, el mes pasado, se desmontaron 101 hectáreas de bosques por hora
Por Iruya.com - Tuesday, Nov. 13, 2007 at 5:33 PM

La presidenta de la Asociación Amigos del Árbol, María del Carmen Otero explica que, en octubre pasado, el total de tierras habilitadas en las que se convocó a audiencia pública sumaron 75.233 hectáreas. Esto quiere decir que en ese mes el gobierno de la Provincia autorizó a desmontar más hectáreas en un mes que todas las que permitió que desmontaran en el año 2005.

Que se hayan extendido e intensificado los desmontes en Salta se explica por el inminente debate en el Senado de la Nación para aprobar el Proyecto de Ley que establecerá límites a los desmontes indiscriminados, la presión de los “lobbies” de productores de soja y la posibilidad de una derrota del gobernador Romero en las recientes elecciones.

Según Otero, especialista en temas ambientales, “esto demuestra que en un mes se superó los números de los últimos años”. La titular de la Asociación Amigos del Árbol explicó que la zona donde se realizaron mayor cantidad de desmontes abarca campos ubicados en los departamentos de Metán, Rivadavia, Orán, San Martín y Anta, aunque las habilitaciones más importantes por su extensión son las de Rivadavia.

Audiencias públicas

En teoría, y acuerdo a normas vigentes, las autorizaciones que otorga la Secretaría de Medio Ambiente a los propietarios de campos deben estar precedidas por la realización de audiencias públicas abiertas, en las que pueden presentarse objeciones a esos permisos o argumentar a favor de los mismos. En realidad, hasta ahora, ese mecanismo sirvió para convalidar todas las decisiones del gobierno, favorables a los propietarios de campos.

Otero dice que las audiencias “no solamente no cooperan, sino dan justificativo a algunas instituciones para avalar ciertas cosas”. Las audiencias públicas no son vinculantes y según la reglamentación, los resultados pueden o no adjuntarse al proyecto.

Más allá de las modificaciones que se puedan introducir al primer texto de ese Proyecto de Ley, “el objetivo de la denominada Ley Bonasso, puso en la mesa el tema de la emergencia y promovió la discusión”, señala Otero. En su opinión las modificaciones que proponen algunos senadores nacionales, “lo único que hace es dilatar la sanción de una ley lo que permite que, mientras tanto, en Salta se sigan desmontando extensas superficies”.

Los senadores nacionales por Salta Marcelo López Arias y Sonia Margarita Escudero, que responden a Romero, son dos de los principales opositores a la sanción de ese proyecto de ley al que calificaron de “mamarracho”. La semana pasada ambos legisladores pidieron una nueva postergación del debate del proyecto, ahora modificado por la comisión que lo estudió.

Que pague la Nación

Los legisladores nacionales del hasta ahora oficialismo local condicionan la limitación de las autorizaciones de desmontes a la inclusión de un fondo compensador que debe financiarse con recursos de la Nación.

Otero, consideró que “en realidad hace falta una política forestal y la voluntad política para hacer cumplir las leyes que ya existen”. En este sentido, aseguró que está en vigencia una ley nacional que habilita al estado federal a intervenir en caso de emergencia y sin embargo no se aplica.

Los grupos defensores del medio ambiente se oponen a la posibilidad de las jurisdicciones de autorizar el 0,5% del total de la superficie de bosques, hasta tanto se realice el ordenamiento territorial. Una tarea que el oficialismo en Salta quiere confiar a lo que opinen la Sociedad Rural y Prograno en reuniones organizada por Ana María Pontussi, titular de FUNDESNOA, asociación integrada por empresas que realizan grandes deforestaciones como lo son los ingenios San Martín del Tabacal y Ledesma. Pontussi fue funcionaria de Romero y apoyó a sus candidatos en octubre pasado.

Presiones de sojeros

Por su parte la organización Greenpeace denunció que algunos senadores nacionales terminaron por ceder a las presiones de los "fuertes intereses vinculados al sector sojero y a su voracidad por seguir expandiendo la frontera agropecuaria". Los que más interesados en trabar la sanción de esta ley son los senadores nacionales por las provincias del Noroeste y Noreste argentino.

En nombre de los intereses de sus respectivas provincias, ellos están defendiendo "de forma indisimulable intereses corporativos ligados a los sectores beneficiados por la expansión irracional de la frontera agrícola" que al momento de tratar la ley entendieron "pesaron más que el compromiso asumido por el oficialismo", de dar luz verde a la ley de Miguel Bonasso.

Debate de los wichi

Las comunidades wichi de la Provincia de Salta se reunieron en asamblea en Embarcación para debatir sobre el ordenamiento territorial y las consecuencias de los desmontes sobre el medio ambiente, sus medios de vida y subsistencia. La reunión se realizó en la Comunidad Wichi Misión Chaqueña, a poco más de 40 kilómetros de la localidad de Embarcación, sobre la Ruta Provincial número 53.

En la reunión se aprobó ratificar como prioridades el pedido de cese inmediato de los desmontes y el reconocimiento de los derechos sobre sus tierras de los pueblos originarios. El temario del debate incluyó problemas referidos a la escasez de agua potable, la salud y la educación, a las que no tienen limitado acceso estas comunidades.

Pese a los anuncios del gobierno de Salta, todavía la gran mayoría de los integrantes de las comunidades indígenas no cuenta con la titularidad de las tierras que habitan ancestralmente. No sólo eso: algunos grupos fueron expulsados de las mismas y también obligados a desplazarse a tierras marginales y de escaso valor.

Fueron invitados a participar miembros de comunidades que habitan a la vera de la Ruta Nacional 86, al Este de Tartagal, habitantes de la jurisdicción de General Mosconi, Ballivián, Coronel Cornejo y de la zona de Santa Victoria Este con miembros de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat.

También asistieron funcionarios de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación así como representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Defensoría del Pueblo de la Nación y representantes Greenpeace.

Cementerios indígenas

Organizaciones aborígenes de Salta solicitaron la urgente intervención de las autoridades provinciales para proteger los cementerios indígenas, a fin de salvaguardar su patrimonio cultural. Desde hace tiempo se están llevando a cabo desmontes en los alrededores de las comunidades afectadas. En las últimas semanas, máquinas topadoras avanzaron sobre tierras en la que los indígenas recoger la alimentación con la que subsisten penosamente.

En un comunicado conocido esta semana se explica que en el paraje “El Escrito” viven quince familias, las que “van a perder lo poco que tienen. Además, se va a comprometer la existencia cultural de la comunidad. No sabemos porque están desmontando, quienes los autorizan, y porque se ocuparon de destruir nuestros medios para sobrevivir, como así también nuestros lugares espirituales”.

“Lo que si sabemos es que la Constitución Nacional, reconoce nuestros derechos a la tierra y a la identidad cultural en el artículo 75 del inciso 17, y que la ley 26.160 ha suspendido cualquier tipo de desalojos de comunidades indígenas”.

Sábado, 10 de noviembre de 2007

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