Nueva presentación ante la CIDH por la emergencia sanitaria y alimentaria en el Chaco
Por Pueblos Originarios ((i)) - Monday, Nov. 26, 2007 at 12:11 AM
originarios-arg@indymedia.org

Piden que implemente los mecanismos necesarios para que el Estado garantice "la vida e integridad física de quienes están padeciendo enfermedad, muerte, indiferencia y discriminación".

Los abogados mendocinos Carlos Varela Alvarez y Alejandro Acosta solicitaron pasado el 11 la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inste al gobierno nacional - y por su intermedio al chaqueño – a adoptar "medidas urgentes tendientes a evitar la continuidad de daños irreversibles en la vida, salud e integridad psico-física del grupo indígena de la comunidad TOBA y de los otras etnias que habitan en la provincia del Chaco". En conversación telefónica Acosta aseguró que en breve pondrán en conocimiento de lo actuado al Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y no descartan recurrir a otras instancias de la ONU.

Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, respondió el 12 notificando que pidió al Estado argentino que informe lo hecho a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), emitida el 19 de septiembre, que le ordena garantizar alimentos, agua y atención médica a las comunidades de los departamentos chaqueños Güemes y San Martín. Justamente Acosta y Varela Álvarez subrayaron en su presentación que la acción de amparo de la CSJN "no ha detenido el caos y las muertes de quienes se encuentran en un estado de abandono, marginación, crisis y enfermedad”. También hicieron hincapié en que entienden “agotados todos los mecanismos internos para prevenir y detener la muerte de indígenas como consecuencia de décadas de abandono y de falta de políticas públicas en materia de indígenas".

Los abogados piden a la CIDH que "intime al Estado al inmediato cumplimiento con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos establecidos en el art. 1º de la Convención [Americana de Derechos Humanos] y de las resoluciones de la Corte Suprema de Argentina en la medida iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Nación". También demandan que recomiende al Estado realizar un relevamiento completo sobre la comunidad atacada que sea realizado por un cuerpo interdisciplinario conformado por profesionales especializados en catástrofes, y que disponga medidas que garanticen una investigación clara, exhaustiva, transparente e imparcial de las muertes y situaciones de salud límites ocurridas - “ que esto se haga en honra al descubrimiento de la 'verdad real' para la delimitación de responsabilidades dentro de la órbita jurídica de nuestra nación". También solicitan que los miembros de la Comisión visiten la provincia.

También a raíz de las muertes por desnutrición en Chaco el abogado marplatense Fernando Carletti - patrocinando a Horacio y Antonio Vera; Ben Martiniano Leguizamon y Benigna Fernández, solicitó a la CIDH que ordene al Estado "detener la deforestación que está condenando a muerte a los aborígenes quitándoles su hábitat y su medio de vida, lo que implica también despojo de sus tierras ya que si son arrasadas colocan a los aborígenes en situación de tener que irse (a donde no tienen) o morir en sus tierras destruidas así como también que el Estado Argentino tome medidas urgentes a los efectos de asistir en forma alimentaria, médica y humana en general a todos los aborígenes que se encuentran en estado de desnutrición".

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Texto completo de la presentación
Por Pueblos Originarios ((i)) - Monday, Nov. 26, 2007 at 12:31 AM
originarios-arg@indymedia.org

República Argentina, Mendoza, 11 de noviembre del 2007.
Solicitan Medidas Cautelares.

Al SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
HONORABLE COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS:

Dr.
SANTIAGO CANTON:

Carlos Eduardo Varela Alvarez y Alejandro Acosta, abogados argentinos, quienes fijamos domicilio legal en Avenida San Martín 202, 5to piso de la Ciudad de Mendoza, con Telefax: (54-261-4248756 y 4247468) con los siguientes correos electrónicos, carlos.varela.alvarez@gmail.com y estudioaacosta@hotmail.com; a Usted nos presentamos y decimos:

I.-OBJETO. Por las razones que a continuación serán sucintamente expuestas, venimos por esta presentación a solicitar la intervención de la CIDH a los efectos de implementar el método normativo de Medidas Cautelares para la protección de la vida e integridad física de quienes están padeciendo enfermedad, muerte, indiferencia y discriminación como grupo minoritario indígena en el territorio jurisdicción de ese Honorable Organismo (República Argentina); de conformidad con lo normado en los artículos 18-b y 20-b del estatuto correspondiente, y el artículo 25.1 del Reglamento de esta Alta Comisión.

Adelantamos que entendemos “realizados y sucedidos” los extremos de gravedad, peligro en la demora, ausencia de otra medida procesal interna y la urgencia que exigen las normas citadas, con el objeto que la CIDH requiera al Estado argentino la adopción de medidas urgentes tendientes a evitar la continuidad de daños irreversibles en la vida, salud e integridad psico-física del grupo indígena de la comunidad TOBA y de los otras etnias que habitan en la provincia del Chaco. (Artículos: 1, 2, 4.1, 5.1, 11.1, 17.1, 19, 21.1, 24, 25 y 29 de la Convención Americana).

II.-FACTUM. Los hechos por los cuales se requiere a este Organismo para que entienda de manera urgente y especial, consisten en una secuencia de desgracias –todas evitables claro está- que vienen exterminando a la etnia Toba de la provincia del Chaco, República Argentina y las demás etnias de la región.

La situación, ha dado lugar entre otras cosas, a una denuncia formulada por el Sr. Defensor del Pueblo del Estado Nacional, y a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, mediante una acción de Amparo. No obstante la intervención judicial citada del máximo Órgano de decisión y aplicación de la Ley según nuestro diseño constitucional de Estado, debemos decir que el pasado miércoles siete del presente mes y año, la situación que denunciamos se ha cobrado una nueva víctima con la muerte de una criatura de meses de vida. La intervención del Tribunal Supremo de la Nación Argentina no ha detenido el caos y las muertes de quienes se encuentran en un estado de abandono, marginación, crisis y enfermedad, es más: en las últimas muertes puede verse claramente el modo en que la situación denunciada se cobra vidas de muy corto tiempo, ya que hablamos de bebés, como veremos más adelante. Es decir que entendemos agotados todos los mecanismos internos para prevenir y detener la muerte de indígenas como consecuencia de décadas de abandono y de falta de políticas públicas en materia de indígenas.

El núcleo de desgracias, tiene como centro a las comunidades indígenas en Villa Río Bermejito, provincia del Chaco, donde el desastre humanitario es cada vez más grave.


“Cercadas por la expansión agropecuaria y la indiferencia del Estado, comunidades indígenas de la nororiental provincia argentina de Chaco tienen dificultades para acceder al agua, a la alimentación y a las medicinas naturales y van camino a la extinción.

Las imágenes de cuerpos adultos degradados por el hambre y la tuberculosis en el municipio de Villa Río Bermejito, noroeste de la provincia, son apenas el epílogo de una larga historia de abandono y reclamos desoídos de indígenas toba, wichí y mocoví de Chaco, 700 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Más de un año después de una huelga de hambre de un mes protagonizada por indígenas en protesta por graves irregularidades en el otorgamiento de tierras fiscales, el Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela denunció la muerte de 13 miembros de esas comunidades en los últimos meses.

Los decesos fueron consecuencia de desnutrición aguda asociada en la mayoría de los casos con tuberculosis y otras enfermedades como parasitosis, mal de Chagas y cáncer. "Estamos ante un desastre humanitario", dijo a IPS Rolando Núñez, director del Centro Mandela.

La entidad sostuvo que un estudio realizado por el gobierno nacional en Villa Río Bermejito detectó este mes 92 casos de desnutrición de diverso grado. El gobierno provincial, de la opositora Unión Cívica Radical, considera que en las denuncias hay "intencionalidad política" de Buenos Aires.

"No ocultamos nunca el hambre, la miseria ni la pobreza", se defiende el gobernador Roy Nikisch. "Sabemos perfectamente que por su propia cultura e idiosincrasia --los indígenas-- no dejan que el Estado los atienda correctamente, no usan los medicamentos y rechazan los tratamientos", afirmó.

En un informe presentado este mes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Centro Mandela advirtió que "la sustracción masiva de tierras fiscales y el desmonte irracional del bosque nativo" están provocando la enfermedad y muerte de poblaciones "famélicas" en Chaco, describe.

"Como síntesis trágica de la sistemática degradación institucional, política, social, económica y educativa de la provincia, están las comunidades indígenas que viven en la extrema pobreza, bajo un régimen de hambre perpetuo y continuo, seguido de enfermedades propias de una situación de desastre", reza la denuncia.

Orlando Charole, presidente del Instituto del Aborigen de Chaco (Idach), puso el problema en una perspectiva histórica. "Por siglos los indígenas sufrimos el avasallamiento integral en todo el continente con un impacto destructor sobre cientos de pueblos que fueron arrasados", dijo a IPS.

No obstante, las comunidades que se aferraron a su organización tradicional y a sus costumbres lograron sobrevivir, sostuvo. Lo que está en juego hoy es el territorio, base de su modo de vida. "Un pueblo no puede vivir sin territorio", advirtió Charole, que lideró las protestas por el derecho a la tierra en 2006.

"¿Dónde podemos vivir según nuestras creencias? ¿Dónde cazar, pescar, recolectar alimentos? ¿Con qué hacer jugos cuando no hay agua? ¿De dónde obtenemos nuestras medicinas?", dijo este hombre de origen toba que representa a más de 60.000 indígenas de Chaco, casi seis por ciento de la población provincial de 980.000 habitantes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Argentina hay algo más de 600.000 indígenas descendientes de unos 25 pueblos originarios. De acuerdo con denuncias de organizaciones sociales y ambientalistas, la tala de bosques está haciendo estragos entre los que viven más alejados de los centros urbanos.

La Fundación para la Defensa del Ambiente denuncia desde 2004 la lenta extinción de los mbya guaraníes en la provincia nororiental de Misiones. La filial argentina de la organización ecologista Greenpeace sostiene que la tala del bosque nativo para cultivo de soja en Salta, en el noroeste, destruye el hábitat de comunidades wichí.

"Talan el bosque, alambran, y nosotros somos extraños en nuestra propia tierra", resumió Charole sobre Chaco. El Estado "parece tener un escudo" para rechazar los reclamos, dice. "El Ministerio de Desarrollo Social manda alimentos, pero eso es para resolver un momento. Lo que necesitamos es tierra, educación, salud", reclamó.

Charole se refería a la decisión de la cartera de enviar desde mayo y cada dos meses una partida de 30 kilogramos de alimentos para cada una de las 2.000 familias del área más vulnerable. Esa partida incluye 10 kilos de harina, tres de fideos, tres de arroz, cinco de leche en polvo, dos de azúcar y latas de picadillo de carne y duraznos.

"Es una cantidad como para una alimentación modesta durante 15 días", sostuvo Núñez, del Centro Mandela. Para lograr una dieta balanceada, los pobladores deberían complementar con animales de caza y frutos del monte, pero la deforestación en esa zona los arrincona y les resta posibilidades de obtener esos recursos.

Según la Dirección Nacional de Bosques, Chaco es la tercera de las 23 provincias argentinas en porcentaje de tierras deforestadas en los últimos años, debido al avance de la frontera agropecuaria. El maíz y la soja son los cultivos predilectos en desmedro del bosque o de otras plantaciones tradicionales, como el algodón. No obstante, senadores de Chaco y de otras provincias afectadas por la tala se niegan a aprobar un proyecto de ley de bosques ya sancionada por la cámara baja que prevé la suspensión de la tala, ordenamiento territorial y la emisión de autorizaciones para cortar bosques sólo en casos en que no peligre el ambiente y sus comunidades.

En los últimos 10 años, la superficie chaqueña cultivada con algodón pasó de 700.000 a 100.000 hectáreas, y las posibilidades que tenían los indígenas de emplearse como jornaleros en la cosecha mermaron en la misma proporción.

La falta de agua también constituye en un problema grave

El Centro Mandela afirma que cerca del municipio chaqueño de Miraflores, en el paraje Techat, poblaciones wichí sobreviven en condiciones "totalmente desfavorables para la vida humana". En 1996 las autoridades instalaron allí una cisterna para bombear agua, que funcionaba con energía solar.

Pero meses después del acto inaugural se llevaron el motor. Los pobladores están condenados a beber agua de charcos, de represas y lagunas, y algunos se acostumbraron a no beber hasta la deshidratación, asegura la entidad. La única sala de primeros auxilios médicos allí está desabastecida por completo y sin personal.

Charole afirma que se necesita una política del Estado nacional indígena que permita planificar el acceso a la tierra, planes de salud que contemplen el saber de la medicina tradicional y la incorporación de maestros bilingües en las escuelas. "Con dos o tres bolsas de alimentos esto no se soluciona", alertó.

Los indígenas de Chaco habían protestado en junio de 2006 mediante una marcha de 3.000 personas desde Villa Río Bermejito hasta Resistencia, la capital provincial situada a más de 400 kilómetros. Ante la negativa de las autoridades provinciales a dialogar, ocuparon la sede del gobierno y allí iniciaron una huelga de hambre.

La medida, adoptada por una decena de indígenas, se prolongó por 32 días y culminó con la salud de esas personas gravemente deteriorada y una promesa de soluciones que no han llegado. Por entonces, El Centro Mandela había afirmado que de 3,9 millones de hectáreas de tierras fiscales que había en la provincia en 1995 quedan poco más de 660.000 hectáreas.

La ley provincial establece que esas tierras debieron ser cedidas a comunidades indígenas o a pequeños productores en parcelas familiares de entre 650 y 1.200 hectáreas cada una, acompañadas de políticas de fomento a la actividad productiva. Pero nada de eso ocurrió.

La entidad afirmó que las concesiones beneficiaron a grandes cultivadores de soja y de otros cultivos, algunos de ellos radicados en otras provincias, y que los lotes cedidos tenían más de 10.000 hectáreas cada uno. Más de un año después, el resultado es más hambre, enfermedad y muerte. ( SIC) Por Marcela Valente, gentileza IPS, especial para medio: Causa Popular.)”

Dentro de ese escenario, en el lugar mencionado y a raíz del estado de cosas que denunciamos, las víctimas actuales se estiman en 19 personas indígenas que han muerto como consecuencia de la desnutrición, la enfermedad y el abandono ocasionado por una verdadera indiferencia por parte del Estado, respecto de quienes está obligado a asistir, ayudar y proteger según los compromisos asumidos en Tratados internacionales, y de acuerdo a los principios más elementalísimos que hacen a la vigencia de los Derechos Humanos, se suman a ellas los miles de sujetos que carecen de acceso a la salud, al agua, educación, niveles de vida digno, el derecho a su tierra, el respeto a sus orígenes y la destrucción de su medio ambiente.

Lo expresamos así, porque en septiembre pasado ( hace apenas sesenta días ) se alertaba: “Con la muerte por desnutrición de Rosa Molina, de la etnia toba de la provincia de Chaco, suman 15 las víctimas fatales por la misma causa en los últimos meses, lo que originó aquí un reclamo de dirigentes de esas comunidades.

Molina, de 56 años, pesaba al morir 24 kilos y su imagen dio la vuelta al país y al mundo en los últimos días, pero el drama indígena de la miseria, el hambre y las enfermedades viene desde hace mucho tiempo. Buenos Aires continúa en el siglo XXI de espaldas al país real.

Investigadores de la Universidad de Rosario resumen la tragedia indígena en Argentina: “Hace años los vemos morir día a día, pero en los 90 la tragedia aumentó con el avance de compañías que se apoderan del territorio, cercan a pueblos enteros con sus cementerios y escuelas. Se apoderan del pasado y del futuro de los pueblos que agonizan, porque en realidad nunca ha habido una política indigenista en Argentina. El genocidio del general Julio Argentino Roca en el sur del país, a finales del siglo XIX, sigue considerándose una epopeya heroica. La campaña (o conquista) del desierto, le llamaron. Consideraban a los indígenas subhumanos, sin alma decían, así que los mataban sin piedad”.

El hijo de Rosa Molina se enteró por la prensa de la situación de su madre y fue a buscarla para salvarle la vida, pero murió en La Plata, provincia de Buenos Aires.

Varios dirigentes indígenas chaqueños hicieron un llamado para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, que exhortó a los gobiernos nacional y provincial a cumplir la sentencia de proveer alimentos y toda la asistencia necesaria a las comunidades.

La Corte Suprema habló de “exterminio” y “genocidio” indígena, en un fallo histórico e inédito que sin duda sentará jurisprudencia. ( La negrilla y el cursado es nuestro)

“Nuestros hermanos han vuelto a huir por lo que queda de las selvas, como en los tiempos del colonialismo y por eso hemos denunciado alguna vez que desde hace años estamos viviendo un Vietnam aquí, ya que también nos envenenan el aire y el agua”, dijo Ramón, de la etnia Wichi, quien vive en Salta, al noroeste del país.

Tardó mucho para llegar todo esto a la corte, porque, como dijeron los dirigentes tobas a La Jornada, en los barrios pobres de Santa Fe y Rosario “la muerte nos viene corriendo desde hace más de 500 años”.

En los recorridos por las viviendas –en realidad es imposible llamar viviendas a los lugares donde apenas se resguardan del sol– se encontraron con decenas de enfermos de tuberculosis y mal de chagas. “Sólo queda esperar la muerte a la intemperie, y eso no podemos aceptarlo”, señaló Ramón, toba del Chaco.

Ahora tienen una luz de esperanza con la acción de la Corte Suprema, pero eso no basta. Esperan que todas las organizaciones sociales y humanitarias de Argentina detengan este nuevo genocidio.

El pasado 10 de septiembre, al enterarse de lo que estaba sucediendo, miembros de la comunidad Selva en el Chaco decidieron reunir alimentos y ropas para llevar a las comunidades en riesgo.

Entre ellos estaban Juan José Marozzi y Jacinto Velásquez, quienes relataron a un medio de información alternativo de la región que vieron niños, hombres y mujeres “esqueléticos”, enfermos, que sobreviven en la intemperie.

En 1995 las tierras fiscales chaqueñas ocupaban 3 millones de hectáreas, ahora son menos de 500 mil, y cada vez se arrincona más a las comunidades.

Pero no sólo en el Chaco. La investigadora Ana Zamudio trató de hacer un mapa ajustado de las comunidades, en las que mapuches, wichis, kollas, guaraníes y tobas son mayoritarias. Se habla de que han resistido entre 24 y 27 etnias, algunas con apenas unos centenares de sobrevivientes en el país. Poco más de un millón, calculan estudios más serios, y casi la mitad son pobres y viven en arrabales de las grandes ciudades. “Los hijos del viento, del fuego, de la tierra están muriendo sin hablar, sin voz, porque las hambres cortan las voces” dijo don Ramón, quien pidió a continuación que “ya se despierten los que por comodidad o indiferencia también nos matan”. Mueren por desnutrición 15 tobas en la provincia argentina de Chaco (Sic) Stella Calloni (Corresponsal) .”

Como adelantamos, las últimas victimas han sido bebés de muy corto lapso de vida, hablamos de meses, agudizando esta dramática situación de inobservancia a las mínimas reglas de vigencia de cumplimiento de los derechos humanos, dentro en un desastre de enfermedad, desnutrición, muerte y falta de atención.

Las recientes noticias sobre los últimos sucesos acreditan lo que venimos afirmando en cuanto al dramático y desolador panorama; y muy especialmente en cuanto a la necesidad operativa de atención a la situación por parte del Sistema Interamericano de protección para los derechos humanos del modo más rápido y urgente. El jueves ocho del presente mes ( obsérvese que hablamos de la semana pasada ) se ha conocido que:
“Murieron otros dos niños indígenas por desnutrición en Chaco:
[08/11.07:10]
Dos niños indígenas murieron en un hospital de la zona del Impenetrable chaqueño, por “causas evitables” informó el Centro de Estudios de Derechos Humanos "Nelson Mandela".
Según comunicó el Centro “Nelson Mandela” , un niño tres años, de la etnia wichí murió por "deshidratación grave y una severa gastroenterocolitis, con desnutrición grado dos". En tanto, la otra beba aborigen, de apenas siete meses, era huérfana y la justicia está investigando las causas del deceso; Las cuales aseguró el abogado de este Centro de Estudios, Rolando Nuñez ”podrían haberse evitado, porque una de las muertes fue causada por la deshidratación”.
Según relato, el niño “ingresó el 31 de octubre al hospital de Nueva Pompeya, donde comenzaron a inyectarle suero, pero como se le hinchó el brazo se lo sacaron y no lo atendieron más hasta que se agravó el cuadro" y fue derivado el sábado a la ciudad de Juan José Castelli, donde falleció, denunció el Centro de Estudios de Derechos Humanos. Para Núñez "el caso era evitable" porque el chico "murió por deshidratación grave y una severa gastroenterocolitis, con desnutrición grado dos", y aseguró que "hidratado en forma adecuada por mecanismos muy simples hoy tendría que estar con vida". También precisó que en el mismo hospital de Juan José Castelli falleció la beba aborigen María Luisa Masa, pero que "existen dudas" sobre las causas de su muerte, por lo que intervino la Justicia.
Fuente: La República-AM01”

Dentro de esta situación, es donde entendemos la necesidad de hacer lugar al núcleo de la presente solicitud para la más rápida intervención del presente Organismo de Protección a los Derechos fundamentales del Hombre.

III.-PRECEDENTES. La Honorable Comisión tiene una larga tradición en defensa de los derechos de los pueblos originarios como lo ha sido por ejemplo en los Casos 12.053, en la situación de los pueblos Sarayacu vs Ecuador, en la Medida Cautelar 91/06 por los indígenas Topoeri, y últimamente en septiembre de este año en favor de los indios Gro, de Fortunato Sierra vs México.

IV.-MEDIDAS URGENTES SOLICITADAS:
Como consecuencia de lo expuesto hasta aquí, esta Honorable Comisión puede recomendar al Estado argentino para que en función del artículo 28.2 de la CADH instrumente los mecanismos constitucionales y legales que lleven al Gobierno de la provincia del Chaco y al Gobierno de la Nación Argentina a cumplir con las siguientes recomendaciones:

1.- Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la salud y la integridad psico-física de los habitantes indígenas de la provincia del Chaco.

2.- Imponga un relevamiento completo sobre la comunidad atacada, y que el mismo sea realizado por parte de un cuerpo interdisciplinario conformado por profesionales especializados en catástrofes. Además de realizar medidas urgentes de psicoprofilaxis. Debiendo hacerse padrón con cada una de las personas atendidas, datos completos para su identificación, revisación médica completa, elaboración de historia clínica y datos primarios de la atención médica prestada como igualmente de la asistencia alimentaría que se le otorga.

3.- Disponga medidas que garanticen una investigación clara, exhaustiva, transparente e imparcial de las muertes y situaciones de salud límites ocurridas hasta ahora. Y que esto se haga en honra al descubrimiento de la “verdad real” para la delimitación de responsabilidades dentro de la órbita jurídica de nuestra nación.

4.- Se intime al estado al inmediato Cumplimiento con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos establecidos en el art. 1º de la Convención y de las resoluciones de la Corte Suprema de Argentina en la medida iniciada por la Defensoría del Pueblo de La Nación.

5.-Para mejor resolver el cuadro de medidas a la situación denunciada, como igualmente instrumentar la operatividad de las mismas; pedimos que se constituya en “visita in loco” a los miembros de esta Honorable Comisión en el lugar donde suceden los hechos.

6.-Disponga que el Estado Nacional establezca un comité de crisis, integrado por funcionarios responsables y con poder de decisión del orden provincial y nacional, especialmente instruidos por los titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y que contenga pautas `presupuestarias de emergencia para que establezcan un Plan Urgente que garantice la vida, salud, educación, inclusión social, el derecho a su territorio y el derecho al agua y que en forma urgente establezca las medidas de internación y tratamiento de personas que por su salud tengan riesgo de muerte.

Cabe recordar al respecto que la Corte IDH ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares (Corte IDH, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo de 1998, párrafo 173).


V.- PETICIÓN: Por expuesto, solicitamos entonces la urgente intervención de la CIDH para promover el mecanismo de Medidas Cautelares instando al Gobierno de la República Argentina y por su intermedio y participación al Gobierno de la provincia del Chaco para que adopte las recomendaciones y medidas dispuestas por esta Honorable Comisión.

Sin otro particular, saludamos a Usted con nuestra más cálida y distinguida consideración.

Alejandro Acosta. Carlos Varela Alvarez.


PS; Por correo electrónico estamos enviando la información que disponemos y a la brevedad haremos llegar este documento debidamente rubricado.

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