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DESMONTES: COMUNIDADES WICHI DETIENEN TOPADORAS AL ESTE DE TARTAGAL
Por Télam - Thursday, Nov. 29, 2007 at 2:51 AM

Buenos Aires, 28 de noviembre (Télam).- Comunidades wichi de la ruta 86, ubicadas 20 kilómetros al este de Tartagal, frenaban esta tarde cuatro topadoras que intentaban desmontar "tierras de uso tradicional", según denunciaron los indígenas en un escrito enviado a la Secretaría de Medio Ambiente provincial.
En las últimas horas, wichí de varias comunidades ubicadas a la largo de la ruta nacional 86, pasaron a la acción directa y pidieron a los choferes de cuatro topadoras que "cesen en su actividad" en una parcela ubicada frente a Lapacho Mocho, según afirmó el cacique de esa comunidad, Roque Miranda, en diálogo con Télam.
Al lugar llegaron anoche de otras comunidades vecinas, San Benito, Tonono, Kilometro 12 y 14 quienes se apostaron frente a las máquinas.
Los indígenas se quejan del avance "sobre tierras que son de uso tradicional para nosotros. En agosto desmontaron las matrículas 16.664 y 16.663 y pese a nuestras denuncias nadie hizo nada", preciso Miranda.
En la nota enviada a Salta, los caciques piden "en carácter de urgente" a la Secretaría de Medio Ambiente que les "informe si ha dado permiso para desmontar en las matrículas nombradas y las que están dentro de nuestro territorio" así como "si han hecho audiencia pública", y para el caso de que la respuesta sea afirmativa, denunciaron que no fueron consultados.
Finalmente reclamaron la intervención urgente de otros organismos estatales para "detener el desmonte en nuestro territorio y paralizar el avance de las topadoras".(Télam).-

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Nasser: “De ahora en más no se habilitan desmontes”
Por Salta al día - Friday, Dec. 14, 2007 at 8:39 PM

Diciembre 11, 2007

Con la promesa de poner freno a las deforestaciones que desde años anteriores favorecen el avance de la frontera agrícola, el actual ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, afirmó que "de ahora en más no se habilitan más desmontes".

El secretario de Medio Ambiente de la gestión romerista, Gustavo López Asensio, autorizó la convocatoria a audiencias públicas durante este año para poner en consideración el desmonte de 425.958 hectáreas, quintuplicando las 77.612 hectáreas autorizadas el año pasado.

Sin embargo, y según los cálculos que surgen de la cantidad de desmontes autorizados pero que no fueron considerados en audiencia por ser menores a 300 hectáreas, la cantidad de desmontes autorizados este año podría superar holgadamente el medio millón de tierras desmontadas.

"A partir de hoy se acabó el festival irresponsable de autorizaciones de desmontes sin el mas mínimo apego a las normas vigentes", fue la afirmación del gobernador Juan Manuel Urtubey.

Nasser indicó que a partir de ahora se trabajará en el ordenamiento territorial (ya establecido por ley), y adelantó que existe la posibilidad de reunirse con los empresarios que solicitaron los desmontes para que estos no se realicen a pesar de estar autorizados.

El avance de esta actividad perjudica sobre todo a las comunidades originarias. El funcionario dijo que es por esta situación que se creó en el Ministerio que dirige una Secretaría de Política Ambiental que como "programa primordial" tendrá el de tierras fiscales y de derechos de comunidades aborígenes.

Fuente: Nuevo Diario de Salta

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La UNSa. fue a la Justicia para que se frenen los desmontes autorizados
Por El Nuevo Diario de Salta - Friday, Dec. 14, 2007 at 8:40 PM

En nombre de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la rectora Stella Maris Pérez de Bianchi presentó ayer ante el Juzgado Federal Nº 2 un amparo "contra la Secretaría de Medio Ambiente (de la provincia) o área competente que corresponda de acuerdo al eventual cambio de estructura" por las autorizaciones de desmontes llevadas adelante en lo que va de este año.

Se agregó la petición de que se declare "la nulidad absoluta e insanable de los permisos de desmontes otorgados y consecuentemente su inconstitucionalidad por violar manifiestamente los derechos humanos internacionales de las comunidades aborígenes que habitan las zonas en cuestión y el derecho de un ambiente sano y equilibrado".

El amparo presentado ayer a las 9,30 ante el juzgado a cargo de Miguel Medina lleva 63 fojas entre las que se incluye la situación que se vive en la provincia especialmente durante este año.

Entre los fundamentos se puso en consideración del juez las audiencias que se convocaron desde el 1º de marzo al 19 de diciembre. Hasta ese momento sumaban más de 355 mil las hectáreas que fueron puestas a consideración de una audiencia pública para ser luego desmontadas.

Pero según los últimos cálculos, en Salta ya se habría convocado a audiencias públicas para el desmonte de 425.000 hectáreas. Esto sin contar las últimas 12.000 cuyas audiencias se realizarán en enero y que fueran convocadas por la gestión del ex secretario de Medio Ambiente, Gustavo López Asensio, el lunes pasado, día que cambió el mando en el Gobierno.

En la mayoría de los casos, los desmontes se corresponden a departamentos como San Martín, Rivadavia, Orán y Anta. "No se realizó un estudio de impacto ambiental global que considere en conjunto tales desmontes", refutó Bianchi en el amparo al destacar que la autoridad provincial "se limitó a requerir `estudios de impacto ambiental parcializados o individuales`, desconociéndose de esta manera y en forma flagrante las consecuencias ambientales perniciosas que los desmontes generalizados en esta región geográfica causan, en todos los factores medioambientales y humanos".

La inexistencia de este estudio enmarcado en convenciones firmadas a nivel internacional "vicia de nulidad absoluta e inconstitucionalidad los actos de autorización de desmontes concedidos de forma indiscriminada e irracional por la Secretaría de Medio Ambiente".

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El avance de la frontera agrícola, sin progreso y contra los indígenas
Por El Nuevo Diario de Salta - Monday, Dec. 17, 2007 at 4:45 PM

En el amparo presentado la semana que paso por la rectora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Stella Pérez de Bianchi, para que en la provincia se frenen los desmontes incluso ya autorizados, se hizo hincapié en la violación de los derechos de las comunidades indígenas a quienes "no se permite participación" en la toma de decisiones, ni en las que se efectúan los impactos de los proyectos propuestos, lo cual no solo conlleva a un daño ambiental, sino también a "severas lesiones la salud y al estilo de vida" de estos pueblos.

Se desmitificó además el discurso que antepone el supuesto "progreso" que trae el avance de la frontera agrícola al indicar que entre 1988 y 2003, la superficie agrícola en el Norte Argentino aumentó un 70% de 2,5 millones de hectáreas a 4.3 millones de hectáreas.
"En ese mismo período, los niveles de bienestar social no cambiaron", se afirmó.

La falta de participación de las comunidades refiere a la convocatoria de las audiencias públicas que en muchas ocasiones no son comunicadas a los indígenas que pueden ser perjudicados con los desmontes.

Ante ello se advirtió del peligro de la demora en resolver el amparo, dado que podrían ocasionarse daños "graves e irreparables".

Una de las principales causas de la pérdida de los bosques es el avance de la frontera agrícola, la cual es caracterizada en la mayoría de los casos por el cultivo de la soja.

"En 1998 existían en la provincia 458.150,90 hectáreas cultivadas habiéndose incrementado a 739.764,20 al 2002, lo que importa un 61,50% más", dice el amparo.

En 1998 había 7.156.168 hectáreas de bosques que en 2002 quedaron reducidas a 6.931.705. En San Martín en 1986 había 101.958 hectáreas desmontadas y en 2006, 299.630 "lo que lógicamente conlleva a una merma de las comunidades aborígenes en la zona".

Entre las consideraciones del Gobierno anterior se anteponía el discurso del desarrollo y el progreso.

Sin embargo, en el amparo se dejó en claro que "la renta asociada al cultivo tiene una apropiación fundamentalmente privada, muy concentrada y en muchos casos con destino a otras regiones".

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