Chile | Nuevo atentado: Harboe pide no estigmatizar a la comunidad mapuche : Argentina Indymedia (( i ))

No sólo la designación de Rodrigo Egaña como Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas es una muestra de que La Moneda ve con preocupación el conflicto indígena de la Región del Bío Bío. Aunque condenó los incidentes de ayer, el subsecretario del Interior Felipe Harboe, pidió no estigmatizar al pueblo mapuche, cuestión que forma parte de la nueva estrategia del Ejecutivo en su tratamiento hacia el pueblo indígena.

Pese a que calificó el atentado contra un camión en la Región de la Araucanía como un hecho “delictual y condenable”, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, pidió no estigmatizar al pueblo mapuche y, de hecho, evitó responsabilizar a dicha comunidad indígena por lo ocurrido, pues -explicó- sus autores pueden carecer de vínculos con esta etnia.

“Nosotros no estamos imputando responsabilidad a comunidad alguna, sino lo que vamos a hacer es poner todos los antecedentes que tengamos a disposición del Ministerio Público, con el objetivo de investigar y ojala lograr la identificación de las bandas en que funcionan estos delincuentes, porque este es un hecho que podría haber ocurrido en Padre Las Casas, en Vilcún, en cualquier lugar y, por tanto, hay que tomarlo como tal”, aseguró el subsecretario.

Cerca de las 03:00 horas de ayer viernes un grupo de al menos 20 encapuchados interceptó un camión en las cercanías de Vilcún y luego de intimidar al chofer, procedieron a prenderle fuego a la máquina de carga que transportaba polipropileno, una variedad de plástico.

Pese a que dejó en claro que la responsabilidad criminal de los actos será perseguida “sea quien sea” el autor de los hechos, Harboe consideró injusto “estigmatizar a la comunidad mapuche”, ya que el grupo autor de los incidentes “es una minoría violenta”.

“Ustedes vieron hace un tiempo atrás que se hablaba de violentistas de la comunidad mapuche que habían quemado unos camiones, resultó que los sospechosos eran personas que nada tenían que ver con la etnia”, sostuvo.

Asimismo, Harboe desestimó que los incidentes tuvieran alguna relación con la situación de Patricia Troncoso, quien depuso su huelga de hambre después de obtener beneficios carcelarios por parte del Ejecutivo.

“Con acuerdo o sin acuerdo hay una minoría violentista que hace estos hechos y nosotros vamos a seguir persiguiéndola, más allá de eso”, aseveró.

Con todo, el nuevo atentado vuelve a poner en el tapete uno de los temas más peliagudos para La Moneda: el conflicto mapuche. La escalada de actos violentos de los últimos meses del año pasado, sumada a la polémica situación de “La Chepa” hicieron que el gobierno tomara medidas en el asunto y se “adelantara” al posible estallido del conflicto.

Las riendas las tomó el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien comulgaba con la idea de nombrar a un encargado del tema, que no tuviera rango de subsecretario, pues el sólo hecho de crear una subsecretaria podría demorar algo más de dos años.

Así, y luego de que el gobierno informara que accedió a concederle los beneficios a Troncoso, el jefe de Gabinete comunicó que el Ejecutivo nombraría a Rodrigo Egaña como Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas.

La primera misión de Egaña, ex subsecretario general de la Presidencia, fue visitar a la Corporación Nacional Indígena (Conadi), lo que hizo el pasado miércoles, y donde acordó pedir una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet para exponer una serie de peticiones, entre las que cuenta la posibilidad que la comunidad mapuche tenga representación en el Parlamento, agilizar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la aprobación legislativa del Convenio 169 de la OIT.

Con todo, la tarea del comisionado no es nada fácil. Asumiendo el reto, el ministro Pérez Yoma no dudó en llamar al ex ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, para que asistiera a Egaña.

El ex ministro DC tiene gran cercanía con la comunidad mapuche. De hecho, desde ayer se encuentra en una zona rural del Alto Bio Bío donde permanecerá cerca de diez días.

Dockendorff ha trabajado de cerca con algunas comunidades de la zona y, de hecho, explican fuentes cercanas, él tiene una visión más humana del tema, a diferencia del ministro del Interior.

“Pérez Yoma tiene una visión más práctica y represiva acerca de los mapuches, pero también está conciente que el gobierno debe cambiar la estrategia con los indígenas por lo que ve en Dockendorff a un buen asesor para Egaña”, explica una fuente de Palacio.

La designación de un comisionado presidencial para restablecer una iniciativa de normalización en el conflicto mapuche reviste una doble significación política. En primer lugar, implica un reconocimiento expreso del fracaso de la actual institucionalidad indígena para generar soluciones permanentes y condiciones de diálogo y paz social con el mundo mapuche. En segundo lugar, es un indicio claro de la falta de voluntad política de los gobiernos de la Concertación para instalar una doctrina democrática en el tema.

Es evidente que en el último tiempo los diferentes organismos públicos, incluida la policía, han actuado de manera descoordinada y sin una estrategia clara, siendo abiertamente superados por la complejidad de los hechos. La decisión presidencial de asumir directamente la responsabilidad política del tema, recurriendo a una figura tan lejana de la forma institucional republicana como lo es un comisionado, indica el grado de deterioro que había alcanzado la situación.

En esta misma sección señalábamos en la primera semana de enero, comentando la muerte del estudiante Marías Catrileo, que el asunto trasciende largamente el tema de tierras y se ha instalado como un problema de derechos políticos, cultura y propiedad en el sentido amplio de la palabra. Los temas del racismo y la exclusión son el telón de fondo de actos de fuerza y violencia con que está marcada la relación de comunidades-agricultores (forestales) y policías. Y terminábamos señalando la urgencia de "una respuesta rápida y eficaz que restablezca las confianzas y ponga visos de diálogo a un tema que empeora día a día".

La designación del comisionado tiene, en todo caso, una ventaja, cual es reponer el tema en el más alto nivel de responsabilidad y gestión política. Ahora, lo esperable es que efectivamente haya un ordenamiento y en particular una jeraquización de los problemas más agudos. Así, el comisionado debería definir pronto los ámbitos y tareas donde intentará poner prioridad en la búsqueda de soluciones, y legitimar y socializar esa agenda, de modo que una importante mayoría nacional considere que es un camino viable.

El ambiente de escepticismo que se respira tiene que ver con que no es primera vez que se crean mecanismos especiales, los que han terminado en nada o muy poco, alimentando el escepticismo de las etnias indígenas, especialmente la mapuche. Muy cercano está, durante el gobierno de Ricardo Lagos, la designación de una Comisión Presidencial, cuya presidencia estuvo a cargo de Patricio Aylwin, para una política de nuevo trato con los pueblos indígenas, la que entregó un documento con un “Plan de 16 medidas”, que pretendían orientar las políticas públicas sectoriales del período. A juzgar por la situación actual, no fueron aplicadas. Es más, el gobierno de Lagos, en la práctica, rechazó las propuestas de sus propios comisionados y ni siquiera fueron recogidas en su Mensaje Final al Congreso en mayo de 2005, lo que fue agriamente criticado por las organizaciones indígenas y los activistas de la causa mapuche.

Descoordinación de doctrina del Gobierno

El caso del general Gonzalo Santelices, actual jefe de la Guarnición Militar de Santiago, inculpado por homicidio calificado en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, evidenció -una vez más- el escaso desarrollo doctrinario de la dirigencia política chilena, en este caso de dos ministros de Estado, cuando se trata de política de Defensa y de Derechos Humanos.

Mientras el ministro secretario general de Gobierno le habría señalado al comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, que no era “presentable” que Santelices siguiera en servicio activo, el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, en tono exculpatorio, señaló que "hay que tener en cuenta que los actuales generales del Ejército…en la época del golpe militar eran jóvenes que tenían … entre 19 y 20 años" y "por lo menos se puede concluir de ahí que ellos no tenían la responsabilidad máxima de lo ocurrido en esa época".

El tema continuó con una tajante declaración del ministro Vidal, señalando que lo dicho por Viera Gallo era sólo a título personal. “Cuando yo hablo como vocero de Gobierno, está hablando el Gobierno y con respecto a Santelices es lo que dije; todo el mundo tiene derecho a opinar, pero si a usted le interesa saber la opinión del Gobierno, es la que di ayer", recalcó Vidal. El impasse terminó con ambos ministros en la tarde del jueves ante las cámaras de TV, indicando que no había problemas, que tenían un solo criterio y la vocería era de Vidal.

El problema es que la presencia del general Santelices en el alto mando del Ejército es un tema que lesiona la doctrina constitucional de Chile acerca de la intangibilidad de los derechos humanos y, por lo tanto, es inaceptable (es decir, mucho más que impresentable, como cree el ministro Vidal). Y lo que le corresponde al gobierno es transmitir de manera transparente esta opinión, independientemente de que por razones legales sea el general Izurieta el que deba tomar la decisión de apartarlo de las filas.

De la misma manera, los delitos imputados al general Santelices tienen que ver no sólo con un estatus objetivo de mayoría de edad, sino con su calidad de oficial del Ejército de Chile, lo que implica el acatamiento tanto de leyes penales comunes como de aquellas reglamentarias, entre las que está el no asesinar ni torturar a prisioneros. La formación profesional militar implica obediencia debida, que comprende la obligación de oponerse a una orden inmoral.

Un joven oficial sabe lo que es una orden inmoral y, si se ve obligado a cumplirla, porque su institución lo obliga o sufre grave peligro al no hacerlo, llamada obediencia forzada, traspasa la responsabilidad de su acción a la institución y al mando que permite que ello ocurra. Pero queda obligado a denunciar lo ocurrido apenas pueda, para restablecer la verdad y el honor en su institución.

Esto es lo que no hizo el general Santelices ni ninguno de los generales actualmente vinculados a los crímenes. Hicieron un pacto de silencio, callaron frente a la justicia hasta que ésta los descubrió, con lo cual han faltado doblemente a sus obligaciones. El silencio de todos estos años es tan grave como los hechos mismos, y lesiona de igual manera bienes superiores de la patria, entre ellos el honor militar.

Lo dicho vale también para el resto de los generales inculpados en violaciones a los derechos humanos: Guillermo Castro Muñoz, jefe de la Segunda División del Ejército, y Eduardo Aldunate, jefe de los Institutos Militares. Y, eventualmente, los generales Cristián Le Dantec y Julio Baeza.

La fusión D&S-Falabella

La semana termina con un hecho económico notable. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia negó la autorización de fusión de los gigantes del retail Falabella-Sodimac con y D&S, esta última una extendida cadena de supermercados. Con ello se impidió una concentración que, a juicio de organizaciones de defensa de los consumidores, habría llegado a un sesenta o más por ciento del mercado de tiendas por departamentos y supermercados de alimentos.

En el caso de Falabella, además del retail y la asociación con otros proveedores como bencineras, cadenas de restaurantes, ferreterías y otros, mantiene también sistemas de cobro en PAC de los TAG de las autopistas urbanas, venta de seguros y otros negocios de orientación financiera que cubren un porcentaje muy alto del mercado. De haberse autorizado la fusión, más del 50% de las tarjetas de crédito comercial hubieran quedado capturadas en el nuevo conglomerado

La decisión causó sorpresa, aunque se mantiene la duda acerca de la fortaleza de las leyes chilenas para sostener tal decisión. Chile sigue con una institucionalidad antimonopolios más bien permisiva, y, en general, todo el sistema regulatorio y de control en materia económica presenta una estructura bastante débil.