Chile: Gobierno descarta que violencia de conflicto mapuche sea generalizada : Argentina Indymedia (( i ))

El comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, restó dramatismo este jueves a los alcances del conflicto mapuche por cuanto los hechos de violencia registrados en los últimos días están focalizados en sólo "un par de lugares".

El funcionario abordó el tema luego de encabezar, junto al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, la reunión del Comité Interministerial de Asuntos Indígenas, al que asistieron intendentes y gobernadores de las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos .

Egaña aseguró que "los actos más violentos están focalizados sólo en un par de lugares", enfatizando que "no es que tengamos el sur incendiado y eso hay que tenerlo claro, porque no se puede estigmatizar a todo el pueblo mapuche por las acciones de algunas personas".

También formuló un llamado a las autoridades para "mirar con otros ojos" el tema y se mostró confiado en que el trabajo que se desarrolle, a través de una serie de medidas que anunciará en marzo, permita evitar acciones de fuerza como las anunciadas recientemente por la Coordinadora Arauco Malleco.

"Vamos a ir construyendo las bases para que no se deba recurrir a ningún otro método que no sea el diálogo", enfatizó.

Por su parte, el ministro Pérez Yoma descartó que en el país existan presos políticos mapuches, indicando que todos los indígenas que están cumpliendo penas en los recintos penitenciarios del país es porque cometieron delitos como incendios o atentados de las personas, pero nadie "por sus ideas políticas".

Consultado sobre si el Ejecutivo permitiría a observadores internacionales constatar en terreno cómo se desarrolla el conflicto, indicó que "no tenemos ningún inconveniente", ya que serviría como "una ayuda al problema que estamos enfrentados".

El nombramiento de un comisario presidencial especial para buscar una solución al conflicto mapuche en Chile abre la esperanza de que se avance en el reconocimiento de los derechos de este pueblo aborigen, pero no asegura que terminen las protestas violentas en la Araucanía.

La tarea que acometerá Rodrigo Egaña, por encargo de la presidenta Michelle Bachelet, es compleja y consiste básicamente en generar condiciones para un diálogo que desemboque en un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de los indígenas y se cumpla la legislación vigente.

Este tema saltó a la actualidad en las últimas semanas por la muerte de un joven universitario mapuche, Matías Catrileo, a manos de la policía, y a raíz de la huelga de 108 días protagonizada por la activista Patricia Troncoso, que finalizó cuando el gobierno aceptó sus condiciones.

Troncoso, junto a tres líderes mapuche, cumplen 10 años de prisión tras aplicárseles la Ley Antiterrorista en el 2004 por incendiar bosques privados en la Araucanía, en el sur, donde se concentran la mayoría de las comunidades de esta etnia, lo que generó protestas no sólo en Chile, sino en el extranjero.

Desde hace muchos años, el sur del país vive un conflicto entre empresas forestales y comunidades de indígenas que reclaman la restitución de tierras que consideran ancestrales.

No es la primera vez que las autoridades crean mecanismos especiales para el trato con los mapuche, sin llegar a fructificar, lo que ha aumentado su escepticismo.

En sus primeras declaraciones, Egaña dijo que era necesario ' construir el largo camino hacia una conciencia que reconozca la multiplicidad cultural' de Chile, meta que es muy difícil y compleja cuando una parte la sociedad practica la discriminación de los pueblos aborígenes.

A juicio de los expertos, si no hay una disposición oficial, tanto en el gobierno como en el parlamento, para un verdadero reconocimiento de los indígenas, a nivel práctico y con fórmulas efectivas, una solución a largo plazo no sería posible.

Hay quienes han instado a las autoridades a seguir el ejemplo de Australia, que se hará efectivo el próximo 13 de febrero, dedicado a reconocer al pueblo aborigen, a ofrecer disculpas por las injusticias cometidas por generaciones precedentes, lo que se valora como un primer paso para avanzar en la construcción de sociedad multicultural.

La ley antiterrorista chilena

La vigencia de la Ley Antiterrorista, que permite juzgar a civiles por tribunales militares, sigue siendo cuestionada por los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos, al igual que los procedimientos judiciales.

Se argumenta que las acciones violentas de los mapuche no son terroristas, sin dejar de ser condenables.

Esta legislación, aplicada en muchas ocasiones a los mapuche, fue dictada por Augusto Pinochet en 1984 con el objeto de hacer frente a la creciente resistencia armada contra su régimen.

De acuerdo con las nuevas disposiciones de esta ley, introducidas posteriormente durante los gobiernos democráticos a partir de 1990, el delito de incendio puede considerarse atentado terrorista cuando su intención sea 'producir temor en la población o en una parte de ella', aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física.

Los jueces permiten que la fiscalía oculte la identidad de al menos seis testigos, obstaculizando gravemente la capacidad de los acusados para cuestionar su testimonio y refutar los cargos que se formulan en su contra.

Estos denominados 'testigos sin rostro' han testificado en los tribunales detrás de pantallas y con micrófonos que distorsionan la voz, y sólo pueden ser vistos por fiscales y jueces, lo que viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido ratificado por Chile.

Los acusados de terrorismo suelen permanecer en prisión preventiva durante más de un año antes de que su caso llegue a juicio.

Si llegan a ser condenados, no pueden ostentar un cargo público, ocupar un puesto de enseñanza, ejercer posiciones de responsabilidad en sindicatos o empresas ni ejercer el periodismo durante quince años. Además, se les niega la posibilidad de obtener un indulto presidencial.

Pese a que la comunidad internacional no ha acordado una definición precisa de terrorismo, se da por sentado que el término sólo se aplica a los 'crímenes de guerra' graves en tiempo de paz.

Según los expertos, la utilización de la acusación de terrorismo para delitos cometidos en el contexto de los conflictos de tierras, que no tiene tal carácter, es inadecuada y refuerza los prejuicios existentes contra los mapuches.

Ellos son la principal etnia indígena del país y representan a un 6 por ciento de los 16 millones de chilenos.

La mayoría vive en la pobreza, agrupados en comunidades, muchas afiliadas a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización radicalizada que lucha activa y a menudo violentamente por la devolución de tierras de sus antepasados.

Crece la lucha de los indígenas en América Latina por sus derechos

En las últimas dos décadas, el tema de los derechos de los pueblos originarios de América Latina se ha fortalecido a nivel internacional, y se coronó con la Declaración de Naciones Unidas, aprobada en la Asamblea General en septiembre de 2007, tras 22 años de negociaciones.

La demora se debió a que era un texto bastante controvertido para los Estados.

La cuestión de fondo es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se aprobó esa declaración, que es importante por su carácter humanitario, pero no implica obligación para los Estados de buscar una solución definitiva a los conflictos con las etnias originarias.

En la década de los 90 hubo un rebrote de la lucha de los indígenas latinoamericanos. En 1994 emergió el Movimiento Zapatista de Chiapas (México), que combinó las acciones de protesta social con una agenda de derechos indígenas y reivindicaciones económicas, culturales e históricas.

Le siguieron los casos de Ecuador, Bolivia, Chile y el movimiento de afro-descendientes en Brasil. Las reivindicaciones indígenas se remontan a la conquista española, pero en la actualidad cobran especial notoriedad.

Ahora existe una comunidad internacional más consciente de la discriminación y vulneración de derechos de la que históricamente han sido objeto dichos pueblos aborígenes, así como nuevos instrumentos internacionales que han promovido una discusión sustancial sobre derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.

Además, las organizaciones sociales tienen mayores capacidades y oportunidades de comunicar y coordinar acciones en defensa de sus derechos.

En Bolivia, pese a tener como presidente a Evo Morales, de origen aymará, y pese a que el movimiento indígena representa a una mayoría del país, aún no son respetados sus derechos porque son vulnerados por una minoría que tiene el poder económico.

En el caso de Chile, los mapuches, que llegan a casi un millón de personas, intentan hacer visible la vulneración de sus derechos y demandan una retribución por lo que consideran les pertenece históricamente.

Para la sociedad chilena, el problema que se presenta es complejo. La derecha política se niega a reconocer los derechos de los pueblos originarios, y los gobiernos de centroizquierda no han tenido fuerza para imponer su voluntad en el parlamento.

Además, una mayoría de los chilenos no está preparada para aceptar la diversidad social en su país y de hecho practican la discriminación contra los indígenas.

Al parecer los líderes indígenas aceptan negociar con las autoridades, pero hay grupos menos abiertos al diálogo y dispuestos a la confrontación, lo que se ha visto en las recientes acciones violentas.

Ante la actitud del gobierno de buscar una solución, no sería lo más razonable una estrategia de confrontación de los mapuches, que sólo justificaría la postergación del tema de fondo: el reconocimiento de sus derechos, concepto que cada día se abre paso como solución a la necesaria convivencia de todos los pueblos en el siglo XXI.

Gremios de transportistas anunciaron que se coordinarán con la policía y con el Ministerio del Interior para hacer frente a los continuos ataques que han sufrido por parte de las comunidades mapuches en los últimos meses.

En ese sentido, esta tarde se concretó una reunión entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, quien reclamó mayor seguridad afirmando que es imposible trabajar con tan pocas garantías.

"En este momento estamos trabajando un 30 o 40 por ciento bajo el nivel de producción", aseguró Araya, quien anunció que "vamos a concordar con medidas concretas de coordinación entre los camioneros, la policía y el Ministerio del Interior", pues "estamos siendo afectados por situaciones en las que no tenemos nada que ver, pues no tenemos tierras y solamente prestamos un servicio". (Cooperativa.cl)

La reunión se da luego de las últimas amenazas hechas por la Coordinadora Arauco Malleco. Vea el Video

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, citó a su despacho en la Moneda a los intendentes de la Araucanía, los gobernadores y al Comisionado Presidencial en el Asunto Mapuche, Rodrigo Egaña, para trabajar en un diagnóstico que arroje el plan a seguir por el gobierno para enfrentar el tema mapuche. Las medidas deberían ser entregadas a fines de febrero o a principios de marzo.

"Me parece muy preocupante, y creo que todas las amenazas de grupos terroristas tiene que ser tomadas en serio y hay que actuar sobre ellas. Sin embargo, creo que lo fundamental es enfrentar el tema mapuche en su integridad", afirmó el Pérez Yoma.

"Los actos, y eso lo presentó el subsecretario (Felipe) Harboe, más violentos están focalizados en un par de lugares y no es que tengamos el sur incendiado. Tenemos que ser concientes de no estigmatizar a todo el pueblo mapuche por algunas acciones que hacen algunas personas y que está en la Justicia determinar quiénes son", explicó Rodrigo Egaña.

La reunión se realizó luego de las últimas amenazas que ha hecho llegar la Coordinadora Arauco Malleco, quienes aseguran que no descartan nuevos atentados.

por Ignacio Ros.

SANTIAGO.- El Comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, afirmó hoy en La Moneda que los hechos de violencia que se viven en el sur del país producto del problema mapuche corresponden a hechos aislados, por lo que instó a no estigmatizar a todo el pueblo mapuche.

"No es que tengamos el sur incendiado. Tenemos que ser conscientes de no estigmatizar a todo el pueblo (indígena) por algunas acciones que hacen las personas y que está en la Justicia determinar quiénes son", señaló Egaña al ser consultado sobre si las amenazas de atentados de la coordinadora Arauco-Malleco podría condicionar las negociaciones por políticas pro mapuches.

En esa línea, Egaña explicó que su trabajo no es enfrentar los hechos puntuales de violencia que se puedan registrar en La Araucanía, sino resolver "en forma integral y más general", las dificultades que enfrentan hoy los mapuches.

El Comisionado para Asuntos Indígenas efectuó estas declaraciones mientras participaba en una reunión del Comité para Asuntos Indígenas en la sede de Gobierno. La cita, que comenzó a las 10.00 horas, es encabezada por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y también asisten el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, su par de Mideplan, Paula Quintana, y los intendentes y gobernadores de las regiones afectadas.

En cuanto al avance de su gestión, Egaña indicó que febrero es un mes difícil para avanzar con la agenda establecida, pero afirmó que a fin de mes entregará un plan de acción al Comité para luego discutirlo con la Presidenta Michelle Bachelet.

Posteriormente, una vez que los ministros y la Mandataria hayan aprobado el plan de trabajo, el Comisionado tiene previsto viajar a La Araucanía para tratar la situación en terreno.

Finalmente, Egaña hizo un llamado para agilizar los trámites para el reconocimiento constitucional de las comunidades mapuches, afirmando que "la aprobación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene que ver con los derechos indígenas (...) va a ir creando condiciones para enfrentar sus demandas políticas, económicas, culturales y sociales".

Recordó que su labor se centra en reforzar el diálogo entre las autoridades del Gobierno y las organizaciones regionales, buscar una mayor eficacia en la aplicación de las políticas públicas, reforzar el carácter multicultural de Chile y organizar la agenda legislativa del Congreso respecto de los temas indígenas.

siempe a exsitido la discriminacion racial ypolitico.todas las autoridades son culpable de lo q esta ocurriendo en el sur, la probresa la marginacion, falta de garantiaen los procesos judiciales, jueces q aplican la ley antiterrorita con desconocimiento sobre la legalidad dela lucha x sus derechos del pueblo mapuche 600 años luchan x su libertad un pueblo q lean robado sus tierra cultura idioma el derecho a expresarse libre. q hasido reconocido internacionalmente comoun pueblo originario

No hay ningún conflicto mapuche.
El conflicto es empresario terrateniente contra las legítimas reinvidicaciones mapuches. El conflicto lo tiene un estado colonial-pinochestista con un pueblo y una historia negada y reprimida. El conflicto lo tiene Chile y Argentina con su propia gente, con sus pobladores. el conflicto lo tienen los historiadores con la historia oficial, y los racistas con sus blancos ideales. La Iglesia con sus sagrados principios, y los traidores con su piel y su conciencia. Las escuelas y los maestros con sus alumnos, y la verdad contra la lógica del poder colonial.