Rebelión de empresarios contra la restitución de tierras a las familias guaraní que fueron : Argentina Indymedia (( i ))

La Federación de Ganaderos expulsó de Camiri (departamento de Santa Cruz) a un equipo de técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) encargado de sanear tierras en la región de Alto Parapetí y en la provincia Cordillera de Santa Cruz. Los hacendados junto a 200 personas cercaron las oficinas del INRA en la Universidad Salesiana, obligaron a los funcionarios a salir de la ciudad y prometieron que “el gobierno jamás nos quitará las tierras”. Por la mañana, los latifundistas reunidos en “asamblea general” en la Alcaldía de Camiri habían exigido al gobierno paralizar el trabajo del INRA por lo menos hasta el 4 de mayo. Ese día la Prefectura cruceña piensa someter a referéndum un estatuto autonómico departamental que concede al gobierno regional (es decir la Prefectura) facultades exclusivas en el manejo de la tierra y anula por completo la potestad del Estado nacional en esta materia. De esta manera los ganaderos del Chaco resisten el proceso de expropiación y restitución de 180 mil hectáreas que pertenecen al pueblo guaraní. Las violaciones a los derechos de los guaraníes se repiten desde hace más de 100 años en el Chaco. Organizaciones indígenas y el CEJIS denunciarán este caso ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) el 8 de marzo próximo.

Al promediar las 17 de ayer, más de 100 personas movilizadas por los ganaderos del Chaco cruceño llegaron hasta las oficinas del INRA lanzando petardos y gritando consignas contra la ley de Reconducción Agraria. Esta normativa, aprobada por el gobierno de Evo Morales, es un instrumento para revertir tierras ociosas al Estado. Ganaderos de Cordillera, en Santa Cruz, y de las provincias Luís Calvo y Hernando Siles, en Chuquisaca, hicieron un congreso. En su resolución decidieron expulsar inmediatamente a los funcionarios del INRA y a eso fueron. “Sabemos que son solo funcionarios. Pero nosotros, en todo nuestro derecho como afectados, les pedimos que por favor se retiren”, amenazó a los técnicos del INRA Javier Antúnez, presidente de AGACAM (Asociación de Ganaderos de Camiri). Antúnez no precisó qué clase de derecho es “nuestro derecho como afectados”. Este hombre les dio 12 horas para que salieran del pueblo. Y anunció que cuando venciera el ultimátum iban a tomar “otras medidas”. Miguel Aranó, responsable del INRA en Camiri, decidió que lo mejor era irse por seguridad de las instalaciones y de sus compañeros, ya que la ciudad no cuenta con la presencia del Estado necesaria para evitar estas arbitrariedades.

El equipo del INRA salió de Camiri a las 19:45 con rumbo a Santa Cruz. En una camioneta se llevaron el mobiliario de la oficina y los documentos más importantes. Los ganaderos, en caravana de autos, escoltaron a los técnicos del instituto hasta la tranca de Urundaipi. El Consejo Provincial de Participación Popular de Cordillera, el Comité Cívico y varios productores anunciaron que no harán caso “a la Ley y al Decreto Reglamentario del INRA, que faculta distribuir tierras a las TCOs (guaraníes)”. Así habló el presidente del Comité Cívico de la Provincia Cordillera, Franz Michel Torrico. Según el cívico, “es inconcebible” que el gobierno intente consolidar una nueva TCO en Alto Parapeto -que abarca a los municipios de Cuevo, Camiri, Lagunillas y Gutiérrez- porque “no existen tierras agrícolas disponibles en la zona. Toda la tierra está ocupada por pequeñas y medianas propiedades que tienen más de 120 años de uso”. Esas haciendas se conformaron luego de las batallas de Kuruyuqui, en 1892, cuando el gobierno boliviano eliminó a miles de guaraníes que defendían su territorio. Miles de hectáreas se repartieron en pocas haciendas. El destino de los sobrevivientes fue la servidumbre a los vencedores. Y es así hasta hoy, cuando miles de familias guaraníes que heredaron la esclavitud nacen y mueren sin saber oído de sus derechos fundamentales.

La consolidación de esta nueva TCO “es una maniobra política del gobierno para captar votos en el referéndum por los estatutos”, dijo Torrico, aunque no explicó de qué forma se puede beneficiar electoralmente el MAS, sí Torrico –que se autoproclama la representación de “el pueblo”- no está de acuerdo con la actuación del gobierno. El cívico también declaró que se trata “de un doble engaño a los guaraníes, a quienes les han prometido tierras en serranías inaccesibles que no sirven para cultivar nada, pero que contienen las reservas hidrocarburíferas de la provincia Cordillera y del departamento de Santa Cruz”. El dirigente cívico -quien piensa que el pueblo guaraní sólo sabe cultivar- no detalló dónde estaría el “doble engaño”.

Las tierras en disputa

La tierra que los ganaderos del Chaco cruceño reclaman como suyas son parte del núcleo territorial guaraní históricamente conocido como la “Cordillera”, una frontera mítica que se mantuvo prácticamente infranqueable para el imperio incaico, para los españoles durante todo el período de conquista y en la mayor parte de la colonia, e inclusive para las fuerzas militares de la nueva República. Durante más de 400 años, los guerreros guaraníes (kereimbas) defendieron este territorio y lograron derrotar continuas estrategias colonizadoras como las expediciones militares, las misiones religiosas, la fundación de villas y pueblos y el asentamiento paulatino de haciendas. Las fuerzas guaraníes resistieron hasta 1892, cuando fueron derrotadas militarmente. El territorio guaraní de la Cordillera, que según algunos autores ocupaba un área de aproximadamente 100 mil km2, fue paulatinamente fragmentado y acaparado por los hacendados y sus vacas. Arrinconados, los indígenas guaraníes se vieron obligados a trabajar en tierras de “otros” y para “otros”, en la condición de siervos. Esta penosa etapa en la historia de los guaraníes de la Cordillera todavía no ha terminado, pues muchos de ellos soportan relaciones de servidumbre hasta el día de hoy. Según una investigación multidisciplinaria realizada por la Cruz Roja Suiza y el Ministerio de Justicia en 2006, en Alto Parapetí existen 10 comunidades indígenas “cautivas”: Yaiti, Yapui, Yapumbia, Recreo, Itakuatia, Huaraka, Bajo Karapari, Alto Karapari, La Colorada y Tartagalito. Se estima que en esta zona perviven relaciones laborales servidumbrales en 26 haciendas. Los hombres, mujeres y niños de corta edad de Alto Parapetí trabajan en condiciones indignas, soportan maltratos y abusos.

Prácticamente todas las familias guaraníes de esta zona dependen de las haciendas, ya sea como “cautivas” o “empatronadas”, y viven semi esclavizadas por deudas heredadas de sus abuelos. Los bajísimos salarios que perciben en especie y en remuneración mixta no les alcanzan para cubrir el costo de los alimentos (que los mismos hacendados les venden con sobreprecio), ni las deudas por la coca y el alcohol obtenidos al fiado.

El saneamiento continuará

El gobierno se ha propuesto realizar un saneamiento relámpago en dos meses en Alto Parapetí (provincia Cordillera, al sur este del departamento de Santa Cruz), pues la única forma de revertir la penosa situación de las comunidades cautivas es restituirles al menos parte de su tierra ancestral. La resistencia ganadera de Camiri no obstaculizará el avance del proceso de saneamiento, aseguró el director Nacional de INRA Juan Carlos Rojas.“Los funcionarios del INRA Camiri tienen la misión de ejecutar labores de campo para atender las demandas y consolidar el derecho propietario de los diferentes sectores de la población rural de la región. Por precepto de la Ley 1715 modificada por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, esta labor continuará su curso”.En criterio de Rojas, grupos de poder que ostentan grandes extensiones de tierra, sin cumplir la Función Económico Social (FES) y manteniendo a comunidades guaraníes en situación de cautiverio y trabajos forzosos en pleno siglo XXI, temen que sus haciendas se reviertan al Estado. “Los productores que cumplen la FES no tienen por qué tomar este tipo de medidas, pues toda propiedad agraria productiva tiene garantizado el derecho propietario”, añadió. El gobierno sospecha que detrás de la rebelión hay intereses políticos. Una de las principales asesoras jurídicas de los Ganaderos del Chaco es la constituyente de Poder Democrático Social (Podemos) Eliane Capobianco, ex funcionaria del INRA implicada en varios casos de “blanqueo” de haciendas improductivas. Este miércoles, Capobianco en la reunión de ganaderos explicó los contenidos del Estatuto Autonómico cruceño y criticó varios artículos de la nueva Constitución Política del Estado.

“Este es un atropello de los ganaderos que ocultan la existencia de comunidades cautivas y desinforman a la población. El pueblo guaraní está dispuesto a defender sus comunidades para acabar con la servidumbre y el cautiverio de nuestro pueblo. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) luchará por sus demandas e iniciaremos movilizaciones en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”, anunció el capitán grande de Alto Parapeto, Felix Bayanda.

El presidente de la APG, Wilson Changaray, dijo que los ganaderos deben someterse a las leyes agrarias y a los procedimientos que señala la normativa actual, la Ley 3545, y “no deben temer. Si cumplen la FES nosotros respetaremos su derecho propietario. Pero los ganaderos deben saber que el pueblo Guaraní tiene derecho a que sus demandas sean atendidas", puntualizó Changaray.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que este proceso seguirá “hasta que se sanee el último milímetro de tierra de la TCO Alto Parapetí. Hasta el último guaraní cautivo será liberado. Y toda la tierra que corresponda ser titulada al pueblo guaraní será titulada. Esos señores ganaderos han creído que seguimos viviendo en siglo el siglo XIX. Creen que la violencia, la falta de escrúpulos y la prepotencia son suficiente argumento para seguir viviendo del trabajo gratuito del pueblo guaraní, para seguir teniendo las tierras que quieran, para pasar por alto las leyes del Estado boliviano. No hay prepotencia ni estatuto autonómico posible que evite la liberación de los guaraní”, indicó Almaraz. Y observó que con el Estatuto Autonómico “los ganaderos pretenden salvarse de su detentación ilegítima, abusiva, de territorio y de trabajo del pueblo guaraní.

Y agregó: “Está muy claro que son estos estatutos de evidente contenido separatista los que ponen en riesgo la unidad de Bolivia. Conducen esos estatutos al enfrentamiento entre bolivianos para salvaguardar privilegios que son vergüenza de la humanidad entera. La humanidad tiene vergüenza de que los hacendados en Bolivia sigan viviendo del trabajo gratuito de niños y mujeres guaraní. Por ello la posición del gobierno es no dar ni un paso atrás en el proceso de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria”.

Denuncia ante la CIDH

"Los derechos humanos de las comunidades cautivas en Bolivia" será el tema que tratarán en una audiencia pública de la CIDH representantes del pueblo guaraní y del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). El encuentro será en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos, el 10 de marzo. El difusión en 2007 de que todavía existen comunidades indígenas cautivas en el Chaco impacto a la sociedad de América latina. Es uno de los temas que más preocupó al relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, durante su visita al país en diciembre pasado. Se espera que su análisis y recomendaciones, a publicarse en los próximos meses, contribuirán a finalizar con los miles de casos de esclavitud en el sur boliviano.

Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008022717