Bolivia: Convocatoria a referéndum provoca tensión política : Argentina Indymedia (( i ))

El clima de crisis política y de polarización en Bolivia se profundizó aún más a partir del pasado 28 de febrero, cuando el Congreso Nacional, en medio del un cerco de una parte de los principales movimientos sociales del país, aprobó la ley de convocatoria de dos referendos nacionales, previstos para el próximo 4 de mayo: uno para aprobar la nueva Constitución y otro para que la población decida sobre un artículo del texto referido al latifundio.

La expectativa es que la tensión continúe durante todo el año. Calificando al gobierno del presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como “totalitario” y “antidemocrático”, la oposición anuncia el desacato al Ejecutivo y continúa en su tarea de convocar a referendos autonómicos en la llamada “media luna” (formada por los departamentos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). Según la oposición, el cerco de los movimientos al Congreso y el hecho de que algunos congresistas hayan sido impedidos de entrar a la sesión significaron uno “atropello a la democracia”.

Durante la plenaria, el legislativo aprobó también una ley interpretativa sobre un párrafo de la Ley de Referendos, quedando determinado que la facultad de convocar a consultas departamentales es exclusiva del Congreso. Las autonomías están previstas en la nueva Constitución. Sin embargo, para el gobierno, los estatutos autonómicos propuestos por la “media luna” son ilegales.

Enfrentamientos

La consulta de Santa Cruz se realizaría exactamente el 4 de mayo. Como respuesta a la estrategia del gobierno, la oposición planea anticipar sus referendos. A la vez, algunos sectores de estudiantes, y de clase media y clase media alta preparan actos “por la democracia”, inclusive en La Paz, fuerte reducto de Evo Morales.

El sociólogo Eduardo Paz Rada, docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de la capital boliviana, opina que, justamente debido a la creciente tensión política, los referendos constitucionales podrían no llevarse a efecto. “Para que se realice un referéndum, hay ciertas condiciones mínimas, que no están dadas. Por ejemplo, entre los sectores sociales de Santa Cruz, hay fuertes peleas entre dos bandos. Eso se va a agudizar en otras regiones del país, inclusive en Potosí y La Paz. Hasta el 4 de mayo, los grupos de poder del oriente y el gobierno intentarán impedir que la otra parte se consolide. La realización o no de los referendos estará vinculada a esa lucha político social, a enfrentamientos en las instancias informales, como las calles”, analiza.

Para César Navarro, jefe de la bancada de diputados del MAS en la Cámara de Diputados, la profundidad de la polarización se dará, sobre todo, porque la oposición está ganando fuerza regionalmente, “con un discurso excesivamente autonómico, democrático, y que consiguió posicionar ideas negativas en relación a nuestro gobierno, como de que Evo sería dictador, antidemocrático, fascista, totalitario, indigenista etc.”.

Crecimiento de la derecha

Según Rada, hay un claro crecimiento de la derecha y un correspondiente debilitamiento del MAS desde la victoria electoral de Evo Morales, en diciembre de 2005, que, para él, se dio por la incapacidad del partido para emplear la fuerza social para imponer su proyecto al país.

Isaac Ávalos, secretario-ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), denuncia que las fuerzas oposicionistas temen perder sus latifundios en caso de que la nueva Constitución sea aprobada. “Ellos pelean por razones económicas y la tierra”. Según Ávalos, la aprobación de los referendos fue fundamental, pues, en caso de que la nueva Carta Magna sea ratificada, los pueblos indígenas serán incluidos. “Queremos que se acabe la discriminación, las masacres, los maltratos”. Por eso, los movimientos sociales ya iniciado la socialización del texto constitucional.

Para Navarro, que considera la actual crisis política como la más importante desde la fundación de la República en Bolivia, el objetivo de los sectores opositores es derrocar al gobierno, mediante su desestabilización política.

Frente a la aprobación de los referendos por el Congreso, la oposición pasó a denunciar internacionalmente el “atropello a la democracia” presuntamente llevado a cabo por el MAS. En cambio, el Ejecutivo denunció al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la existencia de sectores políticos y regionales que estarían conspirando contra la gestión de Evo Morales y que tendrían aspiraciones separatistas.

Separatismo

Se calcula que, en caso de que el referendo constitucional sea ejecutado, aunque el “sí” salga victorioso, el “no” ganaría en los departamentos de la “media luna”. Eso generaría una polarización fuertemente regional. Ahí, nuevamente, volverá a estar presente la posibilidad del separatismo, del autonomismo, que serán acelerados”, prevé el sociólogo Eduardo Paz Rada.

De acuerdo con el diputado César Navarro, los sectores de la “media luna” que quieren el separatismo poseen “un alto nivel de influencia política, no por el liderazgo que ejercen, sino por el hecho de que controlan y dirigen los medios privados de comunicación”.

En ese contexto, Rada llama la atención sobre un grave riesgo que podrá venir de las fuerzas de seguridad del Estado. “Las instancias que tienen la posibilidad de evitar cualquier exceso de separatismo son las Fuerzas Armadas y la policía. Y tengo la impresión que, dentro de ellas, están empezando a surgir tendencias divisionistas, que pueden llevar a una situación mucho más caótica e inestable en Bolivia”.

Aprobación fue la “única decisión posible”, afirma diputado del MAS

La decisión del MAS, partido en el gobierno, de aprobar los referendos constitucionales en medio de un cerco al Congreso por parte de las organizaciones sociales era la única salida posible en el contexto político actual en que vive Bolivia, manifiesta César Navarro, jefe de la bancada del partido en la Cámara de Diputados.

El 15 de febrero, el gobierno y la oposición habían iniciado, en el ámbito del Congreso, una discusión sobre la compatibilización de la nueva Carta Magna con los estatutos autonómicos, lanzados en diciembre por la “media luna”, en respuesta a la aprobación de la Constitución.

Sin embargo, el diálogo avanzó poco, y, el día 26, se inició el cerco de los movimientos sociales al Parlamento, que exigían la aprobación de las consultas. “Había un discurso más de bloqueo político que una propuesta de viabilizar una nueva Constitución por parte de la oposición. Fue una de las realidades que percibimos en el transcurso de los días”, cuenta Navarro.

En ese contexto, según el diputado, el gobierno decidió, en conjunto con los movimientos, someter el texto constitucional a consulta popular. “Más que una decisión de imponer algo, la opción que tomamos fue en el sentido de proporcionar un nuevo mecanismo democrático de consulta. Es una medida de carácter fundamentalmente político-estatal, que delega la responsabilidad de la solución de la crisis a la sociedad boliviana”, explica.

Equilibrio

En opinión del sociólogo Eduardo Paz Rada, docente de la UMSA, de La Paz, la aprobación de los referendos fue una medida estratégica para el MAS y el presidente Evo Morales. “Los referendos autonómicos estaban posicionados como el tema central y más importante y, además, avanzaban mucho rápidamente, sin que existiese una contraposición por parte del gobierno. Entonces, hubo un intento del ejecutivo de equilibrar la iniciativa con los sectores de la “media luna”. Era imprescindible que el MAS tomase decisiones para que el tema de la Constitución se posicionase por encima, o, al menos, en el mismo nivel que los estatutos autonómicos”, analiza.

En cuánto a las acusaciones de la oposición de “atropello a la democracia”, César Navarro enfatiza: “Somos la mayoría política, la primera de la historia del país, pero estamos condicionados a una minoría política y electoral. Quieren impedir que haya transformaciones estructurales en el país. Ellos quieren que la minoría tenga la capacidad de veto y de resolver la crisis a favor de ellos mismos. Es un desconocimiento implícito de la mayoría política emergente tras el resultado de las elecciones de 2005”.

En relación al cerco de los movimientos sociales al Congreso, Isaac Ávalos, de la CSUTCB, explica que, sin presión, el Parlamento no funciona. “Fuimos obligados a tomar esa medida. No hicimos el cerco al Congreso el año entero. Bloqueamos cuando ellos no trabajaron”. (Traducción: ALAI)

- Igor Ojeda es corresponsal de Brasil de Fato en La Paz.

(Por: ECONOTICIAS)

Argenpress, 29 de febrero.- La política conciliadora de Evo envalentona más a los 100 clanes que dirigen la conspiración. Los sindicatos y los trabajadores comienzan a recuperar su independencia de clase y se movilizan por más salario, más derechos y para arrebatar el poder económico de la oligarquía.

La envalentonada oligarquía boliviana rechazó la tregua ofrecida por el gobierno del presidente Evo Morales y prosiguió adelante en sus planes de convocar a ilegales referéndums regionales con lo que quieren refrendar su autonomía de facto y formalizar el control casi absoluto que ejercen sobre las regiones más ricas de Bolivia.

“No existe la posibilidad de negociar ni retroceder en este tema“, dijo tajante el líder del derechista Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, al rechazar ayer la solicitud del vicepresidente Álvaro García Linera, quien solicitó una tregua de 60 días en los preparativos para los referéndums regionales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

En ese plazo, el gobierno de Morales consideraba que podía armonizar su proyecto de nueva Constitución Política del Estado con los estatutos autonomistas.

Desairado por la derecha oligárquica, con la que busca un acuerdo de largo aliento para compartir el poder según admitió el propio García Linera, el gobierno de indígenas y campesinos pobres va perdiendo apoyo popular en las ciudades cada día que pasa, producto del incesante alza del costo de vida y la casi total ausencia de cambios positivos en la precaria situación económica y social de la gente más empobrecida.

Aunque con grandes dificultades organizativas, los sindicatos y las organizaciones populares urbanas han comenzado a retomar su independencia de clase y cuestionan la política gubernamental de conciliación con la burguesía y su abandono de las principales reivindicaciones políticas y económicas a favor de los más pobres (nacionalización real de gas, petróleo y minerales, tierras para campesinos, mejor salario para obreros y desmantelamiento del neoliberalismo).

Ellos reclaman un combate real contra la oligarquía, las transnacionales y el imperialismo y una mejora sustancial de sus condiciones de vida y de trabajo.

»»Ofensiva ultraderechista.- Desde la derecha, el acoso sobre el gobierno se hizo más patente este miércoles, a pocas horas que el vicepresidente García Linera demandara una pacificación. “El tirano más rudo no podrá contra los hombres más libres. No va a lograr que este proceso se pare, es irreversible, esto no lo detiene nadie“, dijo desafiante el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas.

Ratificó también la convocatoria a una consulta popular para el domingo 4 de mayo, fecha en la que los terratenientes y burguesía oriental intentan aprobar un estatuto autonomista que, aunque es ilegal e inconstitucional, les faculta para conformar su propio Parlamento, su propia Policía y tomar el control total sobre la tierra, la educación y los impuestos (ver “La oligarquía arma su propio Estado”).

Marinkovic y Costas son dos de los principales voceros de los 100 clanes que dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión oligárquica contra el gobierno indígena y campesino de Morales que controla el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y parcialmente los valles (área rural de Cochabamba y Chuquisaca) (ver “La rebelión de los 100 clanes”).

»»Presión latifundista.- La rebelión oligárquica también avanza en las regiones de Beni y Pando, fronterizas con Brasil, y donde los clanes latifundistas ejercen un poder despótico y casi absoluto. El prefecto Ernesto Suárez de Beni convocó ayer a la consulta, luego de que la Corte Departamental Electoral certificara que había más firmas de las necesarias para convocar un referéndum departamental.

En Pando, el primer vicepresidente del Comité Cívico, Ricardo Shimokawa, dijo que en las próximas horas la Corte Electoral entregará la validación de más de 10.000 firmas y de inmediato el Consejo Departamental autorizará al prefecto Leopoldo Fernández a seguir los pasos de sus colegas Costas y Suárez y llamar un referéndum para validar la carta autonómica que fue redactada el pasado 15 de diciembre.

Con estas acciones, la oligarquía del oriente y los valles, que enarbola la bandera de la autonomía regional y por ello cuenta con la masiva adhesión de organizaciones empresariales, cívicas, sociales y populares urbanas, desestimó la intención del gobierno para ablandar su proyecto de Constitución e incluir las demandas autonómicas y reivindicaciones de la oligarquía.

»»Referéndum revocatorio.- Desairado por los terratenientes y la burguesía, las fuerzas leales al presidente Morales intensificaron su presión sobre el Parlamento para que convoque a un referéndum revocatorio con el que quieren lograr un respaldo en las urnas para Evo y paralelamente intentar defenestrar a alguno de los prefectos opositores, antes de que avancen hacia sus autonomías separatistas.

El revocatorio es asumido como una presión desde el oficialismo para forzar a la oligarquía a buscar un gran pacto social sobre la base de mantener la unidad nacional, el respeto a la democracia formal, a la propiedad privada, a la inversión privada nacional y extranjera, y mantener en términos menos conflictivos la vigencia de dos gobiernos, uno en el altiplano con Evo a la cabeza y otro en las regiones del oriente y los valles dirigido por la oligarquía.

'Si se mantienen la actitud de la intransigencia, de seguir violentando el ordenamiento jurídico, de seguir presionando, de seguir colocando ultimátum y una actitud radical, el diálogo está condenando al fracaso', alertó García Linera. 'Si este último esfuerzo fracasa no será por voluntad del Congreso sino por la presión de actores políticos externos sociales como regionales que no están apostando al diálogo', agregó.

»»Expectativas oligárquicas.- Sin embargo, la oligarquía, que viene fortaleciéndose desde los dos últimos años, cree que puede seguir acumulando fuerzas y poder con la política de confrontación contra Morales, que día que pasa pierde apoyo en las ciudades casi en la misma proporción en que se devalúan los salarios y aumentan los precios de los alimentos.

Aunque aún son una minoría, los sectores más reaccionarios de los 100 clanes familiares, que concentran en sus manos las tierras y tienen el control casi absoluto de la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, pugnan por defenestrar al “indio presidente”, mientras que otros creen que el derrocamiento de Morales no está aún al alcance de sus manos, pero sí su desgaste.

Los sediciosos cuentan con el directo apoyo y financiamiento de la Embajada de Estados Unidos y su representante Philip Goldberg, que por ahora trabaja para consolidar la virtual división de Bolivia, con Morales en el altiplano y los gobernadores derechistas en la otra mitad del país. En los hechos, esta división es aceptada y tolerada por el gobierno de Evo y su Movimiento al Socialismo (MAS).

»»Desborde por la izquierda.- Por ello, desde la óptica de los sindicatos revolucionarios, se considera que el gobierno de Evo, -que representa los intereses económicos y políticos de los indígenas y campesinos, la mayoría de ellos pequeños propietarios de parcelas, y de los microproductores urbanos-, está manteniendo en pie el neoliberalismo y favoreciendo más a los grandes empresarios que a los trabajadores y asalariados.

“La continuación de la política económica neoliberal impide la planificación de la economía, ocasionando la subida desmesurada, incontrolable y abusiva de los artículos de primera necesidad generando una inflación que, en los hechos, ha superado el 15%.

Los trabajadores bolivianos, tanto del sector público como privado, exigimos la reposición urgente del valor adquisitivo de los salarios de acuerdo al costo de vida y la canasta familiar”, señala un pronunciamiento del ampliado de la Central Obrera Departamental de Oruro.

“El Gobierno sostiene que para un aumento de salarios tendría que incrementar el IVA y el IT (Impuesto al Valor Agregado y a las Transacciones). Sin embargo no explica por qué en la Ley 3787 de 24 de noviembre de 2007 rebaja la alícuota del impuesto minero al oro que explotan las trasnacionales del 7% al 5%.

Asimismo debe responder el por qué de la promulgación de la Ley 3788 de la misma fecha donde se mantiene la devolución del IVA y los CEDEIMS a los exportadores de hidrocarburos, minerales y productos derivados. Igualmente debe explicar por qué el impuesto del 82% a los hidrocarburos decretado en mayo del 2006 ahora es simplemente 50%”, agrega.

»»Retroceso y conciliación.- Según el análisis de los obreros, los dos primeros años del gobierno de Morales constituyeron un retroceso para los trabajadores y sindicatos que ilusamente confiaron en una política más progresista de Morales y de su gobierno campesino-indígena.

“El largo plazo concedido al Gobierno desde su posesión en enero del 2006 sólo significó retroceso para el movimiento obrero y popular por la política de concertación con la minoría oligárquica asumida por el gobierno del MAS, facilitando la rearticulación de la derecha a través de sus partidos MNR, PODEMOS, UN, NFR, ADN, MIR y otras agrupaciones que bajo la máscara de ciudadanas sólo defienden los intereses de los terratenientes y empresarios trasnacionales”.

“El verdadero proceso de cambio no puede tener otro contenido que el de ejecutar las Agendas por las cuales el pueblo derramó su sangre y que son parte fundamental del Pliego Unico Nacional de la COB:

a) Recuperación y nacionalización de nuestros hidrocarburos, yacimientos mineros, forestales y demás recursos naturales

b) Reversión de las empresas capitalizadas al Estado

c) Abrogación del Decreto 21060 y las leyes neoliberales que fueron aprobadas en las décadas pasadas (Ley de Capitalización, de Pensiones, de Reforma Educativa, de Municipalidades, del Estatuto del Funcionario Público, de Concesiones, de Inversiones, de Minería, de Tierras, etc)”.

»»Guerra contra los ricos.- El documento aprobado por los dirigentes de la Centra Obrera de Oruro, que está bajo la dirección de los mineros proletarios, expresa que la única vía para derrotar a la oligarquía conspiradora es arrebatarle las tierras, las minas, los bosques, el gas y sus grandes capitales.

“La posición de los trabajadores es inalterable con respecto a la “media luna” y sus portavoces prefecturales, cívicos y paramilitares. No permitiremos la división de la Patria y rechazamos el pacto o concertación planteada por estos oligarcas y terratenientes que, a fin de mantener sus privilegios, utilizan todos los medios a su alcance para distorsionar, confundir y provocar enfrentamientos entre los pobres del país”.

“Los ricos son una minoría pero que posee la casi totalidad de la riqueza nacional. Ese poder económico les permite manipular y corromper a círculos de poder. Es hora de arrebatar esa fuente de poder económico irracionalmente utilizado para los pobres de nuestro país que son la mayoría que siempre estuvo excluida del poder soportando discriminaciones étnicas, raciales, de género, etc”, agrega el documento de los trabajadores.

Otro pronunciamiento de la Federación de Mineros también advierte: A los Prefectos debemos manifestar que no dudaremos en utilizar la fuerza obrera para encauzar nuestras demandas reivindicativas que propusimos con el cambio estructural político, económico y social, si el Gobierno y los Prefectos no leen lo que en verdad el pueblo precisa, seremos los obreros y el pueblo boliviano los que impongamos una política socialista”.

Rebelión, 26 de febrero. Prensa Latina.- Liderado por el embajador de EE.UU. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó hoy al embajador estadounidense Philip Goldberg de liderar una conspiración interna y externa contra el proceso de cambios sociales que impulsa su gobierno.

El mandatario reiteró su denuncia al reunirse con representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y la Central Obrera Regional de El Alto, defensores de la propuesta de texto constitucional atacada por la embajada norteamericana.

"Informaré con la verdad cómo conspiran algunos agentes internos y externos encabezados por el embajador de Estados Unidos, que rechazan los cambios profundos planteados en la nueva Constitución para buscar la igualdad en el país", aseguró el Jefe de Estado.

Señaló que Goldberg incurre en una constante y abierta injerencia en Bolivia a través de acciones políticas destinadas a desacreditar la carta magna aprobada en diciembre último por la Asamblea Constituyente. Dicho texto prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en Bolivia, por ello Estados Unidos financia campañas difamatorias a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

Morales advirtió que el gobierno y las organizaciones sociales frustrarán las intenciones de la misión diplomática de Estados Unidos de impedir el éxito de los cambios estructurales estipulados democráticamente por la nueva Constitución. En tal sentido, demandó al Congreso Nacional la pronta aprobación de los referendos necesarios para definir el futuro del latifundio y refrendar el mencionado texto constitucional.

"Todos tenemos derecho a diferir, pero que sea el pueblo con su voto quien decida si sirve o no la nueva Constitución", enfatizó. Este mes Goldberg fue llamado a declarar a la Cancillería por su financiamiento a grupos irregulares de inteligencia y los actos de espionaje instigados por su asesor de seguridad, Vincent Cooper.