Por una reparación a la niña toba violada : Argentina Indymedia (( i ))

Por Mariana Carbajal

El principal organismo del Gobierno que vela contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (Inadi) consideró que el Estado argentino debe ofrecer una “reparación integral” a L.N.P., la niña toba que fue violada y cuyos agresores fueron absueltos por un tribunal chaqueño a pesar de haberse comprobado el acceso carnal violento, tal como reveló Página/12 en su edición del sábado. En un dictamen al que tuvo acceso este diario, el Inadi concluyó que el país debe “allanarse a la denuncia interpuesta” ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por ese caso. Del análisis del proceso judicial “surge que L.N.P. ha sido discriminada por razón de género, por edad y por etnia, vulnerando derechos y garantías constitucionales, en abierta violación a la normativa interna e instrumentos internacionales incorporados a la Constitución”, señala el documento.

La opinión del Inadi está contenida en un dictamen que fue solicitado por la Comisión Interministerial de Derechos Humanos de Chaco. A pedido de la Cancillería, el gobierno de esa provincia tiene que elaborar un descargo para presentar ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU. El plazo para que Argentina responda vence el 6 de abril. Y el país podría ser condenado a indemnizar a la niña y a su familia y a implementar cambios en normativas y en la administración de justicia para evitar que situaciones similares, de violaciones múltiples de derechos, se repitan (ver aparte).

“El caso en análisis no resulta un evento aislado; sino que denota el grado de vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios, ya que padecen discriminación no solo como mujeres, sino como integrantes de pueblos originarios. Al respecto, se observa con gran preocupación la impunidad sistemática de los responsables y la indiferencia de las autoridades responsables de garantizar a dichas mujeres el derecho a sentirse seguras y a no sufrir violencia”, señala el Inadi, cuya titular es la abogada María José Lubertino.

L.N.P. tenía 15 años cuando el 3 de octubre de 2003 fue violada en su pueblo, en el Impenetrable, por tres jóvenes “criollos”, blancos, vecinos de la comunidad qom a la que pertenece la muchacha. Uno de ellos la ultrajó y los otros taparon la escena con sus remeras para proteger al principal agresor. Para silenciar los gritos de la niña, le taparon la boca. El paraje –cuyo nombre este diario mantiene en reserva para proteger la identidad de la víctima– está a unos 400 kilómetros de Resistencia: allí no hay teléfonos –ni fijos ni móviles– ni acceso a Internet ni transporte público.

El caso fue denunciado después de que la comunidad aborigen en pleno se plantara frente a la subcomisaría local para que accedieran a tomarle la declaración a la madre de la muchachita. Los acusados fueron detenidos pero luego, el 31 de agosto de 2004, resultaron absueltos por la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en una sentencia plagada de conceptos sexistas.

Antes y durante el proceso judicial, L.N.P. sufrió una sucesión de atropellos interminable, según la denuncia elevada al CDH por dos organizaciones de mujeres, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, y el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con sede en Perú.

Algunas de las irregularidades detectadas por las ONG:

- En la Comisaría se hizo esperar varias horas a la víctima y, sin tomar la denuncia, la enviaron al puesto sanitario.

- La víctima fue maltratada en el puesto sanitario, en el que, a horas de ocurrido el hecho, se le efectuó tacto anal, rectal y vaginal (aun cuando la víctima manifestó haber sido violada vía anal), volviéndole a causar un intenso dolor.

- La denuncia policial fue tomada por la presión ejercida por la comunidad qom. Fue efectuada por la madre de la niña pero se realizó sin intérprete, cuando la mujer –igual que su hija– habla con dificultades el español. El juicio también fue sustanciado en español y sin intérpretes.

- La víctima nunca accedió a asesoramiento letrado, por lo que nunca pudo constituirse en querellante, ni recurrir la sentencia.

- El Tribunal no les notificó la sentencia absolutoria ni a la víctima ni a su familia.

- El fallo judicial contiene expresiones discriminatorias en razón del género y del origen étnico-racial.

- Tres testigos del hecho que declararon en el juicio fueron descalificados durante el proceso por ser “indígenas”.

- No se resguardó la identidad de la víctima: durante la instrucción judicial se ordenó averiguar en el pueblo si la víctima ejercía la prostitución.

En la sentencia absolutoria, los entonces integrantes de la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Roque Sáenz Peña, distante 240 kilómetros del pueblo de L.N.P., alegaron que si bien había quedado acreditado que la niña había sido accedida carnalmente por vía anal, no estaban seguros de que no hubiera consentido la relación. “No se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”, afirmaron en el fallo. Para los magistrados, las heridas sufridas por la muchacha en la zona anal –-corroboradas por pericias forenses– responden al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica –que fue reconocida por el autor y constatada por el médico– que suele producir mayor desenfreno”.

por Mariana Carbajal

L.N.P. ahora tiene 20 años. Vende canastos con su mamá por el pueblo. Su papá se las rebusca con changas esporádicas. Cuando sus agresores quedaron en libertad, tras la absolución, L.N.P. dejó de ir a la escuela. La adolescente, que recién había cumplido 15 años cuando fue violada, se sumió en un estado de tristeza, dejó de salir con sus amigas y amigos, y abandonó sus estudios. Recién en 2007, tres años después de la humillación que sintió por el trato discriminatorio que recibió de la Justicia, volvió a clases. Lo hizo a partir del respaldo que sintió cuando se contactaron con ella y su familia integrantes de Insgenar y Cladem y le propusieron llevar el caso ante la ONU. Fue el primer efecto positivo de la presentación internacional, destaca Susana Chiarotti, del Insgenar, en diálogo con Página/12. “Además de estas consecuencias personales, L.N.P. tuvo que continuar viviendo en un pueblo donde muchas de las autoridades son familiares de los violadores y donde todos los habitantes discutían sobre su sexualidad y honestidad, debido a que recibieron la visita de la trabajadora social que los interrogó sobre su vida afectiva y experiencias sexuales. Resumiendo, no hubo investigación diligente, se dejaron pruebas de lado, la víctima resultó ser la investigada y la violencia sexual sufrida ha quedado impune”, se destaca en la parte final de la presentación ante el organismo internacional.

Por Mariana Carbajal

“Este caso es una ventana para analizar y revisar la situación en el país en cuanto al acceso a la Justicia de una niña de un pueblo aborigen: se cruzan la discriminación de género, racial y de etnia y etaria y también la pobreza; es un caso de discriminación múltiple”, señaló a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario. Chiarotti fue una de las expertas convocadas por Naciones Unidas para elaborar un informe mundial, que llevó dos años de estudio, sobre violencia hacia las mujeres, que acaba de publicarse. “Cuando me mostraron por primera vez la sentencia que absolvió a los acusados de la violación de L. N. P. vi reflejado todo lo que habíamos estado estudiando en la ONU: es un compendio de violaciones de derechos”, comenta. Se le nota la indignación en la voz.

Por Mariana Carbajal

Para las ONG denunciantes, el Estado argentino incumplió sus compromisos internacionales al violar los derechos de L. N. P. como adolescente, a la igualdad, a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a contar con un juicio justo, a la intimidad y a la protección de sus derechos como niña. Por esa razón, solicitaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU establezca la responsabilidad internacional del Estado argentino y le ordene:

- Una reparación integral para L. N. P. y su familia, que incluya la indemnización del daño material y moral, y garantías de no repetición.

- Revisar la legislación nacional para eliminar todo vestigio discriminatorio de la ley penal que regula los casos de violación.

- La inmediata capacitación, a nivel nacional, de funcionarios y operadores de justicia para evitar la repetición de actos discriminatorios contra mujeres y niñas, especialmente en casos de violencia sexual.

También que en cumplimiento de las obligaciones contraídas a nivel internacional, se disponga la creación de servicios de atención a víctimas de violencia sexual, con personal y materiales dispuestos en los idiomas de la población afectada.

Por Mabel Bianco *

Lo que falta

Es una oportunidad para hacer balance. Logramos el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y su atención en todo el país a través del sector público, aunque con diferencias. La principal deuda del gobierno es la falta de educación sexual en las escuelas. Tampoco logramos la atención del aborto no punible en los hospitales públicos. Esto requiere decisión política y capacitación del personal de salud, todo está preparado, ¡sólo falta hacerlo! y evitar la enfermedad y muerte de muchas mujeres. Respecto de la violencia contra la mujer, esperamos respuestas concretas que no llegan, a pesar de las promesas del Consejo Nacional de la Mujer. La paridad entre mujeres y hombres tampoco se ve, ni el gobierno nacional ni el local cubrieron el 50 por ciento de los ministerios con mujeres, ni asumen políticas de discriminación positiva. Necesitamos gobiernos que, más allá de ser conducidos por una mujer, sean ejemplo para la sociedad y adopten políticas paritarias.

- Directora de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer.

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Por Juliana Marino y Virginia Franganillo

Romper la inercia

Este es un 8 de marzo inusual. Una presidenta, tres ministras, 40 por ciento de mujeres en las Cámaras. Hay diagnósticos y planes burocratizados y una realidad que no convocamos: las mujeres reales y su libertad. Acusadas, victimizadas, apeladas o ponderadas, son abandonadas por estructuras estatales debilitadas y por nuestra propia militancia. Se pierde así un recurso incomparable: la formidable capacidad de las mujeres para acelerar los procesos de reparación del tejido social y crear nuevas dinámicas de resolución de problemas complejos. No parece ésta una etapa en la que puedan aceptarse dilaciones en el diseño de planes mensurables y compromisos fehacientes sobre: licencias por nacimiento, equidad laboral, jardines maternales, horarios compatibles, asistencia económica, prevención en salud sexual y reproductiva, aborto, parto humanizado, educación sexual, violencia de género, trata de mujeres, prostitución infantil, adopción. Es necesario romper la inercia y aceptar la potencia transformadora de la cultura feminista hacia una revolución que pretende equidad y solidaridad.

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Por Rafael Barca *

El Estado debe...

La violencia de género afecta a miles de mujeres. Sin embargo, este tema aún no es tratado por las autoridades con pertinencia. Es necesario que definan un plan integrado y efectivo que muestre que esta violación de los derechos humanos es abordada como un problema de Estado. La violencia de género tiene su caldo de cultivo en la discriminación que sufren las mujeres diariamente. Por ello, la lucha contra la violencia hacia la mujer tiene que ir unida a la lucha por la igualdad de género. El reto es grande, ¿por dónde empezar? Como mínimo, el Estado argentino debería, este año, comprometerse públicamente con la erradicación de la violencia contra la mujer; desarrollar un sistema nacional de estadística sobre este tema para contar con datos precisos para la definición de políticas pertinentes; instalar una mesa estatal en contra de la violencia de género que reúna a los diferentes poderes del país para coordinar medidas efectivas, y revisar el sistema educativo para que esté libre de estereotipos de género y que las escuelas sean un lugar seguro para las niñas.

- Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Argentina.