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ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTO AGRARIO
Por reenvìo agencia walsh - Tuesday, Apr. 01, 2008 at 2:07 PM

(AW). Diferentes organismos defensores de los derechos humanos ofrecieron una mirada sobre el conflicto que atraviesan el Gobierno y las entidades que representan al campo. Embisten contra los sectores, que a su juicio, intentan desestabilizar el orden institucional y defienden los reclamos de movimientos campesinos y pequeños productores.


Sobre el lock-out patronal

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes reafirmamos nuestro compromiso con el camino institucional elegido por el pueblo argentino y rechazamos los intentos de desestabilización política y golpista de algunas instituciones representantes de los sectores económicos, políticos y sociales que propiciaron, sostuvieron y participaron en todos los golpes dados en nuestro país a partir de 1930 y que en 1976 impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal que conlleva la violación sistemática de los derechos de la población de menores ingresos y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo.

Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños productores, a los que apoyamos, se presentan como defensores del campo los mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos: asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones, robo de niños. Estas instituciones NO SON EL CAMPO. Representan la ambición egoísta de los capitalistas del agro y los pool de siembra en los que participan grandes grupos financieros no necesariamente agropecuarios. Representan a los 936 terratenientes que - según el Censo Agropecuario de 2002- poseen un promedio de 38 000 hectáreas cada uno, mientras 140 mil agricultores poseen un promedio de 16,7 has y que en los `90 mantuvieron silencio mientras 300 mil pequeños productores eran expulsados de sus campos. Representan a los Cargill y los Monsanto, que manejan el negocio de los agroquímicos y las semillas transgénicas.
Representan el modelo que no admite que el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la Nación. Mientras emplean al 75% de los trabajadores rurales en negro y pagan sueldos miserables a los trabajadores en blanco.

El Estado tiene el deber de llevar a cabo una justa distribución de la riqueza y para tal fin consideramos que deben utilizarse las atribuciones que las leyes le otorgan como las retenciones a las exportaciones que generan enormes ingresos a los "dueños" de la tierra y a grupos exportadores. Estas retenciones no les impiden ganar sumas fabulosas, simplemente les producen una disminución de sus ganancias. Los fondos recaudados de las retenciones a las exportaciones agrarias, y todo el superávit que genera el comercio exterior de alimentos, energía, minería y otros deberían destinarse a revertir una situación de polarización social.

De esa manera, a la legalidad de las medidas se sumaría la legitimidad del cometido. Las entidades rurales que protagonizan el lock-out patronal no representan -según sus propias declaraciones- a las miles de familias agrupadas en Movimientos de Campesinos y de indígenas existentes en Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, que no se dedican al cultivo de la soja transgénica -que ha devastado bosques, contaminado suelos y aguas, envenenado el ambiente y eliminado mano de obra- sino que se dedican a la producción de alimentos. Hoy esas entidades utilizan para expresar su rechazo a las retenciones los mismos métodos que critican defendiendo "el derecho a la circulación" cuando los usan desocupados, trabajadores mal pagos o familias con hambre.

Y no sólo cortan las rutas sino que impiden -obligando a derramarlos en un derroche ofensivo- que los alimentos lleguen a los que tienen derecho a alimentarse. Las retenciones son medidas necesarias pero insuficientes. Se requiere contemplar la modificación estructural del sistema impositivo, ineficaz, injusto e inequitativo. Los movimientos de campesinos, actores fundamentales, no pueden estar ausentes de una mesa de diálogo donde, además de la política de retenciones graduales y el destino de esos fondos, se discuta el modelo de producción agropecuario, y se contemplen créditos y subsidios amplios para las actividades perjudicadas por el monocultivo sojero.

Convencidos de que es deber del Estado intervenir en la actividad económica para garantizar una justa distribución de las riquezas, los organismos de derechos humanos abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso con las políticas que tiendan a la participación democrática en un proyecto de liberación nacional, dirigidas a construir un país solidario, con plena vigencia del Estado de Derecho y que priorice a los sectores más vulnerables y desposeídos. Rechazamos el lock-out patronal y los proyectos monopólicos y desestabilizadores de la Sociedad Rural y sectores afines, avalamos las retenciones a los grandes propietarios y exportadores y apoyamos los reclamos de campesinos y pequeños productores.

Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Buena Memoria
Familiares de Desaparecidos y detenidos por Razones Políticas
Herman@s por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Movimiento Ecumínico por los Derechos Humanos
Servicio Paz y Justicia

Para comunicarse con Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la
Justicia:

treintamilhermanos@yahoo.com.ar

(011) 15-31548953

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

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Retenciones con acuerdos populares
Por reenvìo agencia walsh - Tuesday, Apr. 01, 2008 at 2:10 PM



(AW). A partir del conflicto agrario que hoy cumplió 20 días, la Liga por los Derechos Humanos llamó al Gobierno a mantener las retenciones móviles contra las empresas exportadoras y a establecer acuerdos con los sectores populares del campo argentino.

LA FUNDACIÓN LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA CRISIS SOCIAL

Como organización de derechos humanos tenemos la imperiosa misión de velar y luchar por la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos para toda la sociedad, muy especialmente en defensa de los sectores sociales más desprotegidos, pobres y excluidos, con independencia del gobierno de turno.

Las grandes corporaciones y los pools de siembra del campo en Argentina han venido acumulando enormes ganancias durante los últimos seis años.

Estas se han concentrado en los grandes monopolios de empresas agrarias y terratenientes representados en la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales y CONINAGRO. Argentina exporta varias veces la cantidad de alimentos que necesitaría para alimentar suficientemente a nuestros 40 millones de habitantes, no obstante aún existen MILLONES DE
ARGENTINOS QUE SUFREN HAMBRE Y PRIVACIONES EXTREMAS.

El cultivo que primordialmente ha favorecido esta acumulación de riquezas ha sido la soja que, como harina u otros subproductos con escaso valor agregado, ha convertido a Argentina en una de las principales exportadoras al mundo. Esta "sojización" está produciendo diversos y alarmantes consecuencias en los campos cultivables del país, cuyos efectos nocivos ya están afectando de un modo u otro a la población rural y urbana. La expansión de la frontera agraria está desalojando otras ramas de la producción (granos, leche y carne) provocando alza de precios y desabastecimiento, tanto por los precios internacionales que tientan a los productores a la exportación como por las menores superficies destinadas a otros alimentos: la mitad de los suelos explotables se destina a la soja.

Los efectos ecológicos dan cuenta de la degradación de las tierras, la aplicación de agentes tóxicos como pesticidas fosforados que, unidos a una explotación irracional de bosques genera desertificación, cambio en los regímenes de lluvias e inusitadas inundaciones. Por otra parte la apropiación creciente de tierras por las empresas agrícolas capitaneadas por los "pools sojeros", dada la ocupación de la pampa húmeda, va de la mano del desalojo de familias campesinas que ancestralmente han ocupado las tierras abasteciéndose con economías de subsistencia, arrojándolos a la miseria, destruyendo montes nativos y expresiones culturales de esas poblaciones desprotegidas y agredidas en vastas zonas del sur del país, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y otras provincias del norte argentino.

En medio de esta situación, el Gobierno ha implementado un aumento en los derechos aduaneros, de carácter móvil atado al precio internacional, a la exportación de granos que, en el caso de la soja, supera el 40%, impuesto que formalmente tributa la empresa exportadora (corporaciones como Dreyfus, Bunge, Cargill, etc.) pero que, en los hechos, se traslada al productor o al precio que pagamos en góndola los consumidores internos. En este contexto apoyamos toda medida que implique no condenar al país a la soja dependencia en detrimento de las personas, de los suelos, el medio ambiente, la biodiversidad, el ecosistema autóctono y la diversidad productiva.

Según el Gobierno, el aumento de las retenciones a la exportación tendería al desaliento del monocultivo de la soja y apuntaría hacia una política de mayor redistribución de la riqueza a favor de sectores pobres de la sociedad. Pero la efectiva redistribución del ingreso en provecho de las clases populares sólo será efectiva si va acompañada de otra serie de medidas económicas que tiendan a estrechar la enorme brecha entre los más ricos y los más pobres de la sociedad.

Sin embargo, la indiferenciación de las retenciones móviles de exportación a todos los productores, medida que el Gobierno adoptó sin haber consultado a los medianos y pequeños, ha posibilitado que la injusta protesta de los sectores monopólicos y concentrados del campo (SRA-CRA) sean apoyados por éstos últimos representados por la FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA (FAA), entidad ésta que ha tenido intermitentemente políticas progresivas y enfrentadas a la de los terratenientes. Sin embargo, no podemos omitir que la FAA no ha reclamado en defensa de las familias campesinos agredidas y desalojadas por las grandes empresas agrarias mediante la violencia o la prebenda.

En algunos casos miembros de la FEDERACIÓN AGRARIA han actuado como verdaderos terratenientes, estafando y desalojando a campesinos, legítimos poseedores ancestrales de la tierra, utilizando para ello a menudo la violencia, como ha venido ocurriendo en la provincia de Santiago del Estero en complicidad con la justicia y las fuerzas de seguridad provinciales en franco apartamiento de la tradicional legislación vigente. A la vez los medios silencian que los trabajadores rurales perciben una de las más bajas retribuciones, a pesar de las enormes ganancias de sus empleadores, que un alto porcentaje se encuentra trabajando en negro y que la evasión fiscal del sector es cuantiosa. Son estos trabajadores los que sostienen los cortes de ruta en una lucha que, de triunfar, sólo beneficiaría a los grandes productores.

Las protestas de lo sectores agrarios han unido a la SRA y a la FAA y se manifiesta por métodos que, tradicionalmente, han sido empleados por las clases sociales más postergadas, como piquetes y cortes de ruta. El lock-out contra el pueblo está ya generando desabastecimiento en las ciudades con la consiguiente alarma y protesta de las capas medias.

Rápidamente las derechas capitalizan el descontento, lo que objetivamente se une y favorece los "reclamos" de los grupos más concentrados de la economía, estableciendo una alianza social contra los pobres de la ciudad y del campo. Estas demostraciones en la ciudad que se expresan en cacerolazos, cortes de calles y avenidas, convocatoria a apagones cuenta con el "invalorable aporte" alarmista y confusión que pregonan la inmensa mayoría de los medios de prensa, con la especial mención del grupo Clarín, que pretende aparecer como la voz pluralista y democrática de la sociedad, legitiman los cortes de ruta como en su momento ampararon el discurso de "mano dura" de Blumberg.

Esta "alianza social" reproduce en buena medida la que, desde hace más de medio siglo, conspirara reiteradamente contra gobiernos constitucionales, muy especialmente en el proceso que desembocó en junio y septiembre de 1955 con la "Revolución Fusiladora" que instalara el "odio de clase" contra las mayorías pobres.

A la vez, parte de la izquierda, por su visión dogmática e infantil, juega un papel desconcertante cuando no enfrentado a los intereses objetivos de las grandes masas populares. Unas organizaciones apoyan activamente la "rebelión del campo". Otras, en cambio, cargan prioritariamente sus ataques verbales contra el Gobierno de Cristina Fernández como si fuera en este momento el enemigo principal o han convocado a participar de los cacerolazos de las capas medias de la ciudad, situación que contribuye a la confusión general De este modo se articula una alianza política y social que une a sectores medios, la Iglesia, la derecha urbana, "blanca" y rica, las capas medias oportunistas y parte de una izquierda anclada en otros tiempos y realidades, hace recordar la Unión Democrática de 1945.

Los intentos de desestabilización de las derechas amenazan fuertemente los insuficientes avances democráticos y redistribucionistas de las dos gestiones kirchneristas. Ciertos sectores de la "proto-izquierda", que trasladan mecánicamente los análisis teóricos a la realidad, se limitan a caracterizar al gobierno como mero "cambio de socios" en el bloque dominante. Si tenemos en cuenta la voracidad de las clases dominantes que, históricamente, en Argentina se han alzado ante el menor intento de recortar una pequeña porción de sus enormes ganancias, estos progresos (que se reflejan en mayor inclusión social y autonomía nacional, en avances sustanciales en la política de estado en derechos humanos y en la integración regional con modelos opuestos al neo liberalismo) es evidente que la derecha más regresiva ataque por todos los medios a un gobierno que se ha constituido en su enemigo, a pesar de que ha declarado su apego a la conciliación de clases, contenga en su seno importantes fracciones de la burguesía monopólica, sostenga tarifas y subsidie servicios públicos: la escasa organización de las masas y su fragmentación no le imponen a las clases dominantes ninguna necesidad de resignar siquiera una ínfima porción de sus privilegios. A su vez, las capas medias intentan sostener ciertos beneficios con plena ignorancia y hasta diríamos "odio de clase" a los pobres.

Como si la consigna fuera: "Queremos comer bien nosotros, aunque deban morirse de hambre los negros, pobres y sucios". En suma, estamos ante el fracaso de la política oficial diseñada para el sector agrario, especialmente el Programa Social Agropecuario (PSA). La crisis desatada por una medida económica insuficiente y ligera con las exportaciones agrarias, al no haber diferenciado la carga impositiva entre los diversos sectores, el consiguiente lock-out, encarecimiento y desabastecimiento de alimentos es el argumento para una fenomenal demostración del enfrentamiento de clases propiciado por el bloque dominante donde cada vez es más claro que de un lado están los que quieren vivir de los privilegios y del otro los pobres de la ciudad y el campo.

Esta contradicción primordial es la misma que se vive en toda Latinoamérica, en especial en aquellos procesos que apuntan a una nueva construcción social como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Entonces, la ofensiva reaccionaria es comparable a la "guerra preventiva" que el imperialismo desata contra las naciones sometidas: en estas circunstancias se puede sostener que el componente ideológico predomina sobre los meramente económicos. Todo hace presumir que la puja tiene grandes puntos de contacto y que la política exterior norteamericana para la región no es ajena a esta polaridad que se acrecienta con ahínco en las capas medias urbanas y ahora en parte del campo. Es evidente la mano del Departamento de Estado mediante acciones psicológicas de confusión y distracción para ensombrecer el progreso en la conciencia de las grandes masas populares.

El 24 de marzo se conmemoró con varios actos el 32º aniversario del golpe militar genocida de 1976. La Sociedad Rural y muchos de los representantes políticos del arco "opositor" han sido protagonistas primordiales del estado terrorista, y que ahora cuestionan la prosecución de los juicios a los represores, han sido mentores principales de las políticas de sometimiento económica y social que se fueron afianzando desde entonces en perjuicio de nuestro pueblo. No resulta casual que al día siguiente de dicha conmemoración, ante el avance lento, pero avance al fin, del juzgamiento a los genocidas y el comienzo de causas contra los agentes económicos como Martínez de Hoz, justamente la SRA haya agudizado este enfrentamiento al encontrarse con el regalo de una repentina e imprevista alianza social y política que jamás hubiera logrado si el gobierno hubiera manejado con mayor eficacia este conflicto iniciado por las retenciones a las exportaciones del agro, imponiendo rigor a los poderosos y beneficiando a los sectores medios.

Si se trata de una política progresiva para terminar con el hambre y la exclusión no alcanza con la suba de ciertas retenciones a la exportación. En primer lugar, ésta debe avanzar sobre otros sectores que vienen acumulando enormes ganancias como la minería. En segundo lugar debe avanzarse hacia una agenda impositiva que claramente obtenga ingresos fiscales de los sectores concentrados de la economía y bajen los impuestos al consumo como el IVA. A la vez, esos fondos fiscales y las reservas acumuladas deben ser cuidadosamente dirigidos hacia las clases más desprotegidas de la sociedad, procurando ganar a los sectores medios de la ciudad y del campo apuntando a que no se unan a los grandes grupos económicos.

Como organización de derechos humanos tenemos el deber de denunciar que esta campaña de agresiones no se limita al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino tiene como destinatario al conjunto de las masas pobres, de trabajadores y excluidas de nuestro pueblo.

En segundo lugar que no es nuestro propósito defender a un gobierno sino al derecho de las mayorías de afianzar una democracia que contemple los intereses populares, que decididamente avance hacia un país sin hambre, exclusión social y miseria.

Que los sectores concentrados de la economía fueron los mentores ideológicos del terrorismo de estado que se implantó desde 1975 y que se consolidó con la usurpación del poder el 24 de marzo de 1976. Ningún repudio al terrorismo de estado y a la política de entrega y sometimiento para el que se implementara puede estar exento del rechazo que hoy merecen los que tratan de enfrentar y agredir a nuestro pueblo. Una política coherente de vigencia plena de los derechos humanos impone velar por la defensa de la democracia con la creciente participación de las clases pobres del campo y la ciudad.

Finalmente, denunciamos que las derechas políticas y sociales, acompañados en las sombras por golpistas nostálgicos e integrantes actuales de fuerzas represivas, las capas medias oportunistas y minoritarios grupos de la vieja izquierda ajenos a la comprensión de nuestra historia, incentivados por los grupos concentrados de la economía, ligados a la política de sometimiento al imperialismo, están conspirando para impedir cualquier forma de articulación social que ponga en peligro el privilegio de los poderosos y se constituya en germen de un poder popular contra hegemónico que, a su vez, pueda articular sus luchas con los pueblos hermanos del continente hacia la Patria Grande que soñaran San Martín, Bolívar y el Che, sin hambre, sin exclusión, sin explotación de ningún tipo y con el pleno respeto a la autodeterminación, a las tradiciones culturales de nuestros pueblos originarios y con plena vigencia de todos los derechos humanos.

Por ello proponemos:

1. Acompañar activamente la lucha de nuestro pueblo contra los genocidas tanto militares como civiles.

2. Exigir al gobierno que no modifique las retenciones móviles fijadas a las exportaciones de granos, que las perciba directamente el estado y no las empresas exportadoras, que implemente una política social con medidas efectivas contra la exclusión, el hambre y la pobreza, imponiendo un régimen impositivo cuidadosamente estudiado que cargue los impuestos en las arcas de los grupos monopólicos, que alivie a, los sectores medios y distribuya con equidad entre los sectores populares.

3. Establecer un marco de acuerdos con las organizaciones populares, políticas o sociales, que sostengan coherentemente los intereses de las clases dominadas, las capas medias del campo y la ciudad y que sean consecuentes con la vigencia irrestricta de los derechos humanos del pasado y del presente.

4. Alertar y denunciar con toda energía a quienes pretendan agredir a los sectores populares o implementen políticas de confusión, provoquen enfrentamientos e impongan la violencia hacia las clases sometidas o al interior de las mismas, provengan de donde provengan.

5. Exigir al gobierno una urgente implementación de un programa de abastecimiento castigando con severas penas la especulación, el desecho y la retención de productos alimentarios u otros esenciales para la población, aplicando las Leyes de Abastecimiento y Agio, a la vez que se planifique una economía que apunte hacia una PROGRAMA DE PLENA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

6. Exigir una transformación del régimen de tenencia y propiedad de la tierra que priorice el respeto por las comunidades originarias, las familias campesinas poseedoras legítimas por varias generaciones trabajadoras de tierras cultivables, la preservación del medio ambiente y el aliento a los pequeños y medianos productores, parando de inmediato todo desalojo rural por parte de las megaempresas agrícolas.

7. Exigir que el Gobierno implemente medidas estrictas para evitar el crecimiento del monocultivo de la soja, el desplazamiento de comunidades campesinas, y a la vez incentive la producción de otros productos alimentarios y aliente a la producción de los pequeños y medianos productores.

8. Exigir al Gobierno Nacional el reestablecimiento de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de Carnes, instrumentos indispensables para la regulación de los precios internos del país, para que el pequeño y mediano productor perciban precios justos por su trabajo, a fin de terminar con el monopolio agro exportador de la empresas multinacionales que se quedan junto el estanciero con la mejor porción de la renta agraria y ganadera.

9. Poner en evidencia el trato desigual que las fuerzas represivas y los monopolios de la prensa tienen con los conflictos sociales de acuerdo a las clases sociales que organicen la protesta en cada caso.

10. Sostener una política de solidaridad activa con los pueblos de Latinoamérica ante cualquier forma de agresión o intromisión imperialista en al región.

FUNDACIÓN LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS - FUNLADDHH

RODOLFO YANZÓN - LUIS SANTUCHO- LEONEL CURUTCHAGUE - FABIO RIU - SUSANA
SLAMOVITS - JOSÉ GONZÁLEZ - RAÚL SCHNABEL

Tel. Ref.: 15-50170167 (Yanzón); 15-53364565 (Schnabel); 0385-154047576 (Santucho)

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asco
Por yo - Wednesday, Apr. 02, 2008 at 9:57 AM

vaya que se an esmerado en escribir... y todos juntitos, quien lo diria?, y seguro que todos con el gobierno... quien lo diria? parece que los que lo que les faltaba para la UNIDAD era la causa comun... y... que casualidad, la causa comun la trajo el gobierno nacional y popular, y la causa comun se llema dinero, pero..... quien lo diria?
saludos y feliz plaza...

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