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EL ORIGEN DEL REPARTO DE LA TIERRA EN ARGENTINA:LA ENFITEUSIS
Por JOSE MARÍA ROSA - Tuesday, Apr. 08, 2008 at 9:29 PM

¿Alguien se acuerda de la ley de enfiteusis, esa que nos enseñaban en la secundaria? Critiquen este artículo por favor, lo bajé de una página llamada "Pensamiento nacional".

IV

LA TIERRA HIPOTECADA



La enfiteusis de Rivadavia.



"Enfiteusis" es el goce perpetuo o a largo plazo de la tierra mediante el pago de un arrendamiento -canon- al propietario. Algunos ven en las leyes de enfiteusis de la tierra pública dictadas entre 1822 y 1826 una política social en beneficio de "los que trabajan la tierra, los que la hacen producir directamente con su afán y desvelos" (1); que la tierra "dejara de ser un arma política de corrupción y dominación" (2); que "los elementos de la naturaleza no deben ser objeto de la apropiación privada, y así como a nadie se le consentiría titularse dueño del sol, del viento, del mar o de los ríos, así tampoco debiera concedérsele la propiedad de la tierra" (3), y una tentativa de "evitar que pasara al dominio privado un valor de gran necesidad para los intereses nacionales" (4).

Nada más lejos de la mentalidad de Rivadavia y los suyos que propósitos semejantes. Era fundamentalmente un liberal, opuesto a toda asociación o estatismo: el típico liberal argentino del lissez faire lleno de respeto por el capitalismo extranjero civilizador. No estableció la enfiteusis porque creyese a la tierra libre como el sol o el viento, ni repartió "parcelas" para fomentar la pequeña agricultura, ni retuvo su dominio fiscal para custodia de los intereses nacionales. Dio leguas, decenas de leguas, cientos de leguas, en largos arrendamientos sin que sus minuciosos decretos dijesen una palabra del máximo de la extensión a conferirse -del mínimo sí- ni de la obligación de trabajarla. La dio en enfiteusis porque no pudo darla en propiedad pues la había hipotecado a los acreedores ingleses. Esa fue su política agraria.



El origen de la enfiteusis: los "Fondos Públicos".



En julio de 1821 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires designa una Comisión de Hacienda para establecer el monto de la deuda interna nacional. Si la provincia se había apoderado del impuesto Nacionalpor excelencia -el de aduana- era justo corriese con los gastos nacionales, entre ellos la deuda contraída en los años de la guerra de la independencia aún pendiente de pago. Consistía ésta en cupones de la "Caja Nacional" de Pueyrredón del año 1818, letras de tesorería en descubierto, jornales de soldados, créditos de proveedores y aún expedientes coloniales anteriores a 1810. En fin: pequeños acreedores que no tuvieron padrinos influyentes para sacar adelante la orden de pago o cobrar sus letras antes de la crisis del Estado Nacionalen 1820. Ahora la Nación había desaparecido, y sus créditos quedaban en el aire.

Como la posibilidad de un cobro era remotísima y la urgencia de dinero mucha, la mayoría de los titulares de esos créditos los habían traspasado por la décima y aún vigésima parte de su valor. Al nombrarse la Comisión de Hacienda, encargada de verificar el monto de esta deuda interna, y suponerse la posibilidad de cobrar, se produjo una puja para adquirir los créditos antes casi totalmente despreciados. Comerciantes bien informados los compran a 30 % los anteriores a 1810, a 45 '% los posteriores , William Parish Robertson, siempre bien informado, alienta a sus amigos ingleses a comprarlos pues sabe que "serán sostenidos (bearing out) por el gobierno" (5).

La Comisión de Hacienda se expide en octubre (1821); hay cerca de 1.600.000 pesos de deuda interna nacional (exactamente $ 1.598.224, 4 1/2); y el gobierno dicta el 30 de octubre la ley que crea la Caja de Amortización de Fondos Públicos encargada de canjear los créditos por certificados de "fondos públicos" que rentarán el 4 % los anteriores a 1810 y 6 % los posteriores. Se emiten cinco millones de certificados: dos millones son canjeados por los créditos impagos (después del informe de la Comisión se descubren -y reconocen- otros $ 400.000 tal vez para redondear los dos millones) , y los restantes tres millones entregados en pago de gastos extraordinarios realizados en 1822 (6).

Los "fondos públicos" estaban garantizados con especial hipoteca "sobre toda la propiedad mueble e inmueble de la provincia" (art. 2°) , gozaban el privilegio de recibirse a la par en pago de derechos aduaneros, y sus servicios de intereses "son pagados con la misma puntualidad que los consolidados ingleses" informa Robertson al Foreign Office (7). No debe extrañarse, por lo tanto, que su cotización subiera a más de 90 % . Resultó un excelente negocio comprar créditos contra la Nación a los titulares de los derechos a 30 y 45 %, y canjearlos por "fondos públicos", y "quienes atendieron las recomendaciones de Robertson dice Ferns se beneficiaron grandemente" (8). "Una mitad de los “fondos públicos” -informa en 1824 el Cónsul Parish al Foerign Office se supone que está en manos inglesas" (9). La otra mitad la tendrían los comerciantes criollos vinculados al exterior, y los funcionarios del gobierno. Por un estado de los bienes de Rivadavia en 1832 se lo sabe titular de 200 mil pesos en "fondos públicos" (10).



La tierra como garantía de deuda.



Esa operación cumplida con seriedad británica era garantizada, como dijimos, por especial hipoteca sobre la tierra pública. Por decreto de 17 de abril (de 1822) se inhibió la provincia para disponer de su propiedad: se prohibió a sí misma "dar títulos de propiedad, ni rematar, ni admitir denuncia de terreno alguno".

La provincia inmovilizó su tierra pública. Si no se podía vender el suelo, debería buscar otra manera de hacerlo producir y se pensó en arrendarlo. Un decreto del 1º de julio "consultando el medio que más puede en lo sucesivo aumentar el valor de la propiedad más cuantiosa del Estado", ordenó "poner (las tierras públicas) en enfiteusis con arreglo a la minuta de la Ley sobre terrenos". Esta minuta había facultado al Escribano Mayor de Gobierno a extender escrituras de arrendamiento, con mención del canon a convenirse, a todos cuantos denunciasen terrenos baldíos; nada decía de la extensión máxima a conferirse, ni de la duración del arrendamiento, ni la obligación de poblar, quedando el canon sujeto a un acuerdo entre el denunciante y la provincia. No se trataba, por lo tanto, de un plan de colonización agraria, sino de un simple recurso financiero.

Por decreto de 27 de setiembre de 1824 se fijó el mínimo no el máximo a darse en enfiteusis: "No podía ser menor de media legua de frente por legua y media de fondo" (lo que se llamaba "una suerte de estancia") , no fuera a crearse un proletariado rural aprovechando las facilidades de la ley de terrenos. Las extensiones menores denunciadas como baldíos pertenecerían al lindero a "quien el gobierno considere con más derecho" (11).



Se extienden las fronteras.



No fueron muchas las solicitudes de enfiteusis entre 1821 y 1825; apenas de algunos propietarios por baldíos. fiscales contiguos a sus propiedades. Es que la gran extensión de tierra sin dueño estaba más allá de los fortines y los indios andaban bravos esos años. La antigua frontera de 1810 que corría al norte del Salado por los fortines Chascomús, Ranchos, Monte, Lobos, Carmen de Areco, Salto y Rojas se mantenía sin variantes diez años después de la Revolución. Solamente algunos estancieros emprendedores y en buenos términos con los indios (Rosas, Ramos Mexía, Anchorena) se habían arriesgado a poblar el sur.

En 1820 los ranqueles conducidos por José Miguel Carrera habían maloqueado por el Salto: la equivocación del gobernador Rodríguez para quien todos los indios eran iguales, vengó en 1os pampas del sur los desmanes cometidos por los ranqueles del oeste. Se produjo la insurrección de las numerosas tribus pampas hasta entonces mantenidas en términos pacíficos: los malones fueron continuos entre 1821 y 1825 y las expediciones punitivas de Rodríguez resultaron ineficaces.

Solamente a mediados de ese último año el gobernador Las Heras, dada la posibilidad de una guerra con Brasil, buscó la mediación pacifista de Juan Manuel de Rosas encomendándole un tratado de paz y limitación de "fronteras"; Rosas, que hablaba la lengua indígena y era respetado y estimado por los caciques, consiguió reunirlos en diciembre en un gran "parlamento" junto a la laguna del Guanaco. Tuvo un notable triunfo diplomático pues los indios reconocieron la soberanía Argentina, juraron la bandera azul y blanca y se comprometieron a cesar en sus malones y rechazar una posible invasión brasileña, a cambio de una ayuda anual de azúcar, alcohol y carne de yegua que les pasaría el gobierno. Quedó señalada la nueva "frontera": de Bahía Blanca a la laguna del Potroso (Junín) , pasando por el volcán (cercanías de Balcarce) , Tandil y Cruz de Guerra (25 de Mayo) . Se ganó, por lo tanto, toda la extensión entre la vieja línea y la Sierra, abriéndose posibilidades de llegar a Bahía Blanca.



Las concesiones de enfiteusis en la nueva frontera.



En Londres los comisionistas del empréstito habían dado, el 1º de julio de 1824, validos de los "amplios poderes" otorgados por la ley, "todos los bienes, rentas, tierras y territorios" de Buenos Aires como garantía del empréstito concertado con Baring: el Bono General estableció, pues, una segunda hipoteca a favor de los tenedores de títulos exteriores sobre la tierra ya gravada con primera hipoteca en garantía de los títulos internos.

A fines de 1824 se reúne el Congreso Nacional. Por Ley de Consolidación de la Deuda de 15 de febrero de 1826, extiende a toda la nación la garantía hipotecaria que gravaba a la tierra de Buenos Aires. "Queda especialmente afectada al pago de la deuda nacional la tierra y demás bienes inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe". El reglamento de la ley de fecha 6 de marzo debido a Rivadavia -presidente de la República desde el 8 de febrero- destaca que "están especialmente hipotecadas todas las tierras y demás bienes inmuebles".

La tierra ganada a los indios en Buenos Aires y la seguridad por la paz del Guanaco, fue la causa de muchas concesiones de enfiteusis a partir de 1825 en los partidos de Dolores, Monsalvo (sur de Dolores) , Lobería, Volcán (sobre la sierra de este nombre) y Fuerte Independencia (Tandil) . El presidente de la Legislatura porteña, Manuel Arroyo y Pinedo, denuncia doce leguas en Monsalvo, los representantes Bernardo José de Ocampo, José Arriaga, Sebastián de Lezica, Pedro Trápani, Pedro Echegaray, José Capdevilla, Manuel Domínguez, Francisco Sáenz Valiente, José B. Gallardo, etc., diversos lotes que iban de cuarenta leguas (Lezica) a tres (Echegaray) , bien que aquél en las arriesgadas fronteras del Volcán y éste en el custodiado Pergamino.

En 1826, después de la ley de Capitalización, en Monsalvo solamente se dieron cien leguas a la sociedad Aguirre y Rojas, veinte a Ambrosio Crámer, cuarenta y tres a José A. Capdevilla, cincuenta a Juan N. Fernández (que además consiguió treinta en Independencia) , treinta y una a Patricio Lynch (dueño de otras treinta en el Volcán), dieciséis a Laureano Rufino, treinta a Prudencio Gómez, veintisiete a Santiago Tobal, veinticuatro a la sociedad Vela y Cornet. Era zona fronteriza y no todas pueden considerarse en rigor "latifundios" por su sola extensión. Pero casi todas tomaron ese carácter porque sus concesionarios no las explotaron directamente limitándose a subarrendarlas o dejarlas improductivas a la espera que pasasen los 33 años de la amortización del empréstito.

Las concesiones de enfiteusis no se redujeron a las tierras ganadas a los indios. Agrimensores hábiles localizaban baldíos en regiones colonizadas de antiguo, y hubo solicitudes y concesiones de enfiteusis en Luján, Cañuelas, Chascomús y hasta San Isidro, Quilmes y Chacarita. Felipe Senillosa denuncia doce leguas en San Vicente, Galup y Lagos veinticuatro en Monte, Juan de la Fuente veinte en Pergamino, Juan Cano once en Rojas y Arrecifes. Pero nadie llega al misterio topográfico del inglés Juan Miller que encuentra treinta y siete leguas fiscales en Cañuelas; o de la sociedad de Félix Frías e Iramain que localizaron sesenta y tres en pleno Salto.

La fiebre de las concesiones llevó a algunos -ilusos o especuladores a denunciar más allá de las fronteras: el general Eustoquio Díaz Vélez, titular de veinte leguas en Monsalvo, pide y obtiene ochenta y cinco entre Quequén Grande y Bahía Blanca; Facundo Quiroga por su apoderado Braulio Costa, denuncia doce leguas al oeste de Bragado; y Tomás Manuel de Anchorena, con quince leguas en el Fuerte Independencia y diecinueve y media en Monsalvo, solicita sesenta y ocho al sur de este punto. Eran derechos "en expectativa" de una futura extensión de las fronteras (12).



La Sociedad Rural Argentina.



El más importante de los concesionarios, por la localización y calidad de las tierras, era la Sociedad Rural Argentina entidad por acciones creada en julio para explotar la enfiteusis y hacerse dar las mejores concesiones. Rivadavia, presidente de la República y administrador de la provincia de Buenos Aires por la ley de Capitalización, "no le escatimó su apoyo" dice su biógrafo Piccirilli (13). Era uno de sus fuerte accionistas (14). Sus hábiles agrimensores - destacábase Ambrosio Crámer entre ellos - localizaron ciento veinte y cinco leguas repartidas en Lobería, Volcán, Tapalqué, 25 de Mayo y Saladillo que el gobierno les concedió de inmediato. Además compra los derechos de otros enfiteutas hasta llegar a ser "un pulpo agrario cuyos tentáculos se extendían a varios partidos de la provincia" (15). No explotaba establecimientos ganaderos, pues su negocio consistía en subarrendar, pleitear con vecinos y esperar la valorización.



Desalojo de los intrusos.



Las tierras ganadas a los indios estaban desiertas, pero no ocurría igual con las localizadas dentro de la primera línea de fronteras. Eran "baldíos" ocupados por criollos sin más título que una larga posesión, un rancho y algún rodeo de vacas. Muchos de ellos, sino todos, eran propietarios por posesión larga y pacífica, pero no habían gestionado su título.

El 28 de septiembre (1825) el gobierno de Las Heras dispuso que "quienes sin previo aviso se hallasen ocupando terrenos del Estado" gestionasen dentro de seis meses su concesión en enfiteusis bajo amenaza de desalojo. Ninguno lo hizo: posiblemente se creerían propietarios, o no leerían el Registro Oficial, no tendrían la extensión mínima de una "suerte de estancia" para pedir la enfiteusis, o carecían de padrinos hábiles para sacarles adelante el expediente. En consecuencia el 15 de abril del año siguiente (1826) , Rivadavia, ya presidente de la República y dueño de Buenos Aires por la ley de capitalización, "en vista de no haberse ejecutado con todo rigor" el decreto del 28 de septiembre pasado, dispuso "desalojar irremisiblemente" por la fuerza pública a los intrusos y entregar sus tierras a "quienes las habían solicitado en enfiteusis".

Anotemos el primer efecto social de la enfiteusis: el desalojo de los que trabajaran la tierra para dársela a quienes especulaban con ella.



La ley de enfiteusis de 1826.



Ya estaba todo dispuesto para estabilizar las concesiones. La ley de enfiteusis dictada por el Congreso Nacional el 18 de mayo (de 1826) estableció en veinte años la duración de las concesiones, debiendo tasarse cada diez por un jury compuesto por vecinos del partido y titulares de derechos; el monto del arrendamiento anual sería el 8 % de la tasación en los campos de pastoreo y 4 % en los de agricultura; se daban facilidades para el pago del primer año abonándoselo en cuotas al solventarse la 2ª y 3ª anualidades.

Tampoco decía nada del máximo a conferirse ni de la obligación de poblar. La de 1826, como la de 1822, no era una ley de colonización, sino un expediente financiero para sacar provecho a una prenda hipotecada.

No gustó a algunos diputados que no se fijara un máximo de extensión a la tierra a concederse: el viejo y sensato Passo habló así: "Creo que no es conveniente -dijo en la sesión del 11-5-26 - que haya grandes propietarios y un montón de hombres pobres alrededor . . . creo que en un buen sistema de población las tierras deben repartirse procurando que se formen fortunas mediocres". Agüero, ministro de gobierno, aceptó "que hay ciudadanos que tienen en enfiteusis extensiones inmensas y todas yermas en perjuicio de la población"; pero a su juicio el canon movible cada diez años corregiría el abuso (16).

La aplicación de la ley resultó un fracaso, aún desde un punto de vista exclusivamente financiero. Las tasaciones, realizadas por los mismos vecinos, fueron naturalmente bajas. Pero ni aún así los enfiteutas pagaron la disminuida cuota de su canon. En realidad el alquiler de la tierra no era pagado por nadie: en las primeras concesiones de 1822 se había fijado $ 80 la legua que nadie (o muy pocos) cumplieron. Rafael Saavedra, encargado provincial de recibirlo, informaba al gobierno en 1825 que "este ramo (el cobro del canon) es un ente ficticio o fantasma inanimado. . . por la poca delicadeza de los individuos a quienes se les ha concedido (la tierra), o por efecto de la corrupción general de los años que nos han precedido" (17). No obstante haberse fundado en 1826 por decreto precedido de extensos considerandos el Departamento Topográfico y Estadístico que llevaría el Gran Libro de la Propiedad Pública (con cuatro mayúsculas), en sustitución de la vieja Comisión de Tierras manejada a la criolla, el nuevo organismo burocrático no sirvió para gran cosa. Lo denuncia el 13 de febrero de 1828 el Colector de Impuestos de Dorrego, don Manuel José de la Valle (padre del general Lavalle): al desorden administrativo de la presidencia, dice la Valle, deberían sumarse "los efugios de que se han valido los interesados para retardar el pago", pese que los enfiteutas sacaban dinero de la tierra sin trabajarla, "pues se han creído autorizados para subarrendar los terrenos que no han querido o no han podido poblar" (18).



La hipoteca de la tierra.



Dorrego, enredado en problemas internacionales, no pudo desgravar la hipoteca sobre la tierra. Se limitó a reglamentar la enfiteusis tratando de hacer con ella una política de colonización estableciendo un máximo de doce leguas por concesión. Vencido el golpe unitario de 1828, Viamonte hace dictar en septiembre de 1829 al Senado Consultivo una ley (conjeturablemente proyectada por Rosas), dando en propiedad a quienes cumplieron diversos requisitos de colonización y defensa, pequeños lotes de “una suerte de estancia" (media legua por legua y media) en la frontera de los indios. Fue la primera medida oficial que abrogaba la hipoteca sobre la tierra pública. No se pudo cumplir de inmediato, tal vez por mediar ingerencias diplomáticas. Pero llegado Rosas al gobierno, la pone en vigencia en junio de 1832 (19).

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al que postéo esto
Por uno que sabe algo - Wednesday, Apr. 09, 2008 at 12:33 PM

Critiquen este artículo por favor, lo bajé de una página llamada "Pensamiento nacional".

¿Criticarlo?. Es Don Pepe Rosa, macho. Es alguien que deberían leer más seguido algunos huevones que no tienen idea de lo que dicen.

Gracias por subirlo

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DE NADA
Por JOSE MARÍA ROSA - Wednesday, Apr. 09, 2008 at 9:51 PM

Muchas gracias a vos por responder.Pasa que con esto del lock out me acordé de la enfiteusis y busqué en google y lo único apareció fué este artículo.Por eso pedí en serio, que los que sepan del tema lo critiquen a ver si está bueno como para mandarlo a mis contactos.

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LA GENESIS DEL CAPITALISMO AGRARIO EN LA ARGENTINA
Por PTS - Saturday, Apr. 12, 2008 at 12:46 PM

EL CAMPO, ALLÁ LEJOS Y HACE TIEMPO

La génesis del capitalismo agrario en la Argentina



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El historiador marxista Milcíades Peña plantea que “En la Argentina, tanto la acumulación capitalista primitiva como la modernización del país fueron realizados por la clase terrateniente y el capital extranjero, interesados básicamente en valorizar la tierra y el ganado, que continuaron como en la época de la colonia siendo la base y el tema central de la civilización o falta de civilización argentina”. (Milcíades Peña, Industria, burguesía industrial y liberación nacional. Ediciones Fichas, 1974).

Tomamos esta definición porque aclara que desde un comienzo la Argentina se desarrolla en forma capitalista, promoviendo la ganadería para la producción de carnes y otros productos derivados hacia las metrópolis imperialistas, fundamentalmente Gran Bretaña.

A principios de siglo XIX, vastísimas extensiones de tierras, concentradas en las pocas manos de ilustres terratenientes patricios y extranjeros, se utilizaban solamente en función de la producción ganadera. El genocidio de los pueblos originarios impulsado por los grandes terratenientes extendió los límites de la frontera y generó las condiciones materiales para concentrar esas enormes extensiones de tierra en un puñado de manos. La agricultura cobrará importancia más tardíamente, con el avance del cultivo extensivo de cereales como el trigo. Este aspecto no se explica por ninguna vocación de carácter feudal de la clase terrateniente argentina –como podrían argumentar corrientes como el PCR- sino más bien por la estricta relación capitalista que supone la obtención de las ganancias extraordinarias ofrecidas por la venta de carnes en el mercado mundial.

Las características propias del capitalismo argentino son las que explican las peculiaridades de la explotación rural de nuestro país. La necesidad de producir más y obtener así mayores ganancias llevará a los terratenientes a impulsar algunas mejoras tecnológicas en el mismo agro para aprovechar las extraordinarias condiciones naturales de tierras como la de la Pampa húmeda. A mediados de 1800 se introducen las grandes trilladoras, y más tarde, en 1920, la incorporación de las cosechadoras consolidará un fuerte aumento de la composición orgánica del capital agrario. Sin embargo, la introducción de estos adelantos estará siempre combinada con importantes elementos de atraso, además de la célebre –por su brutalidad- explotación de los peones rurales. En líneas generales toda producción que competía con la británica sufría duras restricciones y desaparecía si no estaba cerca de Buenos Aires. La falta de medios de transporte no sólo agudizaba la dependencia de los ferrocarriles de propiedad británica sino que profundizaba el problema de la falta de caminos a partir de una infraestructura vial muy deficitaria.

En el texto citado más arriba, Peña señalaba que entre 1930 y 1960 la desidia de la clase terrateniente en mejorar las pasturas llevaba a obtener “0,89 cabezas de ganado por hectárea cuando con una moderadísima inversión podría llegarse rápidamente a 1,07 cabezas por hectáreas lo cual significa que sobre la misma superficie de tierra existirían 1,3 millones más de cabezas vacunas”. Además, la falta de inversión de los terratenientes para erradicar plagas como la garrapata limitaba el desarrollo del stock vacuno. Peña completaba este panorama destacando que “las malezas originan la pérdida de 40% del valor del total de la producción agropecuaria”.

Los ejemplos citados no pretenden obviamente dar una visión acabada de la realidad del campo en esos momentos históricos. Tan sólo ilustrar algunas características de cómo se desarrollaban las relaciones de producción capitalistas donde las clases nativas asociadas a la burguesía imperialista daban como resultado un proceso donde se daban en forma desigual y combinada el desarrollo y el atraso. El parasitismo propio de la oligarquía no fue más que un factor retardatario en el desarrollo económico y social de la nación.

Parafraseando a Milcíades Peña el desarrollo capitalista del campo no conocerá jamás el ímpetu de las burguesías europeas cuando tempranamente supieron expropiar el gran latifundio de la aristocracia terrateniente. Por el contrario, nació con todos los achaques y vicios de la vejez, asimilando y desplegando el parasitismo y conservatismo que caracteriza a la burguesía monopólica de las metrópolis en la época imperialistas.

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Por --- - Saturday, Apr. 12, 2008 at 1:34 PM

Encuentro muy oportuna la referencia a Milcíades Peña que hizo el compañero del PTS.

Cabe agregar, siguiendo también las ideas de M. Peña, que si la burguesía yankee pudo vencer a la oligarquía terrateniente sureña, fue porque esa burguesía progresista del norte de los USA se había desarrollado a partir de la pequeña parcela, la industria doméstica y la producción para el mercado interno, por no existir en el Norte las condiciones para una explotación exitensiva de recursos naturales con baja o nula inversión tecnológica (como fue el caso del Sur yankee, en todo semejante al conjunto de Latinoamércia).

Existen corrientes, como los chinoístas, que persisten en hablar de un pasado precapitalista (feudal) del campo argentino.
Esta gente no repara en que las burguesías nacionales que "llegan tarde" al desarrollo capitalista (es decir: que lo alcanzan en su fase imperialista) no pueden hacer el mismo recorrido que la burguesía norteña yankee sino que, por fuerza, se vinculan dede el principio al mercado mundial.

Otra cosa es que hacia el interior adopten formas de explotación del trabajo que sean atrasadas, retrógradas, pero eso de ninguna manera indica un origen feudal de aquellas clases sociales. Y este hecho lo deja claro la adopción de la burguesía yankee sureña de relaciones de explotación que no eran feudales sino esclavistas. Caben, incluso, formas de explotación que no sean ni esclavistas ni feudales, a las que habitualmente se llama "clientelares".

Desde luego que son, todas esas, expresiones de atraso, pero eso no responde a la naturaleza precapitalista de las oligarquías terratenientes (como genealizan los maoístas a partir del ejemplo de China) sino al hecho de son burguesías que lideran estados burgueses semicoloniales y, en consecuencia, llegan tarde al desarrollo capitalista, llegan a él cuando ya ingresó en su fase decadente.

En ese sentido, el trotskismo puede explicar el hecho de un modo mucho más profundo y abarcante que el marxo-populismo maoísta, en virtud de la ley del desarrollo desigual y combinado, y responder políticamente a ello con la teoría de la revolución permanente, ampliamente triunfadora sobre las tradicionales tesis etapistas del stalinismo en todas sus variantes (y de los progresistas en general).

Un comentario aparte merece las típica sanata "nac & pop" sobre la naturaleza del rosismo, cuando Rosas fue la expresión más cabal de la oligarquía ganadera (y, además, de la fragmentación nacional).

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Los "fundadores de la patria"
Por PTS - Saturday, Apr. 12, 2008 at 6:47 PM

Los “fundadores de la patria”


Durante el siglo XIX se afirmaron como clase social los terratenientes. Algunos provenientes de las familias “fundadoras de la patria”, desde la época de la Colonia, y posteriormente de las distintas inmigraciones europeas, se fueron apropiando a precio vil de millones de hectáreas de tierra expropiadas mediante el exterminio de los pueblos originarios, concluido en 1879 en la última campaña del desierto dirigida por el General Roca. Era necesario ampliar la explotación del ganado y la agricultura extendiendo la frontera para proveer de materias primas al comercio de la semicolonia Argentina con Inglaterra. Anchorena, Braun Menéndez, Menéndez Behety, Gómez Alzaga, Bullrich y Martínez de Hoz, son algunos de los apellidos “ilustres” que hasta el día de hoy son parte de las clases dominantes de nuestro país, poseen grandes extensiones de tierra, y están vinculados al capital industrial y al financiero internacional. Se los conoce por su apego a las clases ilustradas de los países europeos y su particular desprecio y maltrato hacia los indios, a los mestizos, a los obreros. Fueron los responsables, en 1920, de las matanzas de trabajadores rurales allá en “el far south argentino”, tal como narra Osvaldo Bayer en su libro “Los vengadores de la Patagonia trágica”.
La crisis económica internacional de 1930 daba por agotado el “modelo agroexportador” de la Argentina como “granero del mundo”. La desarticulación del comercio mundial señalaba a nuestro país la necesidad de proveerse de bienes elaborados que usualmente se importaban de países industrializados como Inglaterra, en profunda crisis. Los terratenientes impulsarán desde su propio seno, una diferenciación que dará origen a la burguesía industrial argentina. El historiador marxista Milcíades Peña señala que “La burguesía industrial argentina no ha nacido desde abajo siguiendo el largo y complejo desarrollo que va del artesanado a la gran industria, creciendo autónoma, como la burguesía inglesa, francesa o yanqui. La burguesía industrial argentina ha nacido estrechamente ligada a los terratenientes (...). Ambos sectores industrial y terrateniente, se entrelazan continuamente, borrando los imprecisos límites que los separan, mediante la capitalización de la renta agraria y la territorialización de la ganancia industrial, que convierte a los terratenientes e n industriales y a los industriales en terratenientes” (Milcíades Peña, Industria, burguesía industrial y liberación nacional. Ediciones Fichas, 1974). Los intelectuales afines al peronismo siempre contrapusieron la ciudad al campo, marcando una supuesta oposición entre la “oligarquía” y la “burguesía industrial” (algo que ha vuelto a aparecer de alguna manera en estos días de lockout agrario en el discurso de la presidenta). Será Milcíades Peña, en el mismo libro citado anteriormente, quien lo desmienta demostrando los lazos orgánicos -hasta de consanguineidad- entre ambos sectores.
Milcíades Peña destacará también que este proceso dará origen a una “pseudoindustrialización” del país, a partir de la puesta en pie de una infraestructura mediana de bienes elaborados para atender las necesidades del mercado interno. Peña diferencia la “pseudoindustrialización” de una auténtica industrialización a partir de la experiencia de las burguesías europeas que si bien comenzaron desarrollando la industria mediana avanzaron hacia el desarrollo de la industria pesada.
Una clase parasitaria
En distintos momentos de la historia del país, el Estado operó a través de distintas instituciones y tomó medidas sobre la renta diferencial de la tierra. En la mayoría de los casos, las devaluaciones monetarias la favorecían aumentando los ingresos de los grandes terratenientes y disminuyendo los costos internos. En determinadas oportunidades, el Estado contó con mecanismos regulatorios que funcionaron esporádicamente y finalmente fueron disueltos en los ’90 como la Junta Nacional de Granos que establecía precios de referencia para distintos tipos de grano. Sin embargo el poder de veto de las grandes entidades del campo y las empresas del comercio de granos hicieron que rara vez tuviera algún tipo de efecto duradero. La intervención en los precios sólo fue más efectiva en un breve período: durante los años ’30 cuando fueron creadas por los conservadores, reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el breve lapso del gobierno de Cámpora.
Tanto la dictadura videlista como los sucesivos gobiernos democráticos promovieron políticas que beneficiaron particularmente a los sectores más concentrados del campo. Incluso durante los ’90, el plan de convertibilidad, facilitó a los grandes terratenientes capitalistas una compensación para soportar la baja de los precios internacionales abaratando los precios de la tecnología de punta, agroquímicos y de las tierras. Los que perdieron fueron los pequeños chacareros; endeudados hasta el cuello por los créditos usurarios que fueron condenados a rematar sus tierras. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002 durante la “década menemista” desaparecieron poco más de 100.000 explotaciones agroganaderas sobre un total de 400.000, la mayoría menores de 200 hectáreas.
Son estos mismos grandes propietarios los que más se beneficiaron con la devaluación del peso y la suba de los precios internacionales. Sus mejores tierras y la mayor escala para producir en mejores condiciones les permiten obtener una renta diferencial muy elevada.
Por más alardes que haga Cristina Kirchner contra la oligarquía terrateniente, lo cierto es que este gobierno, siguiendo los pasos de su esposo, no ha sido capaz de tomar una sola medida seria que afectara el carácter parasitario de la propiedad de los terratenientes para favorecer las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Resulta una burla que los oligarcas “patricios” de la familia Anchorena paguen de impuestos $8 por año por hectárea en sus campos de Chascomús, o que el presidente de la Sociedad Rural Argentina Luciano Miguens pague anualmente sólo $78 por cada hectárea que posee en la pampa húmeda valuada en más de 15.000 dólares.

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Por --- - Saturday, Apr. 12, 2008 at 8:21 PM

El kirchnerismo no sólo no ha tomado ninguna iniciativa contra la oligarquía, sino que sostiene una política cambiaria típicamente pro-oligárquica.

Señalaba el economista Enrique Silverstein, en su "Vida y milagros de nuestro peso", que la inflación es un mal constante en la Argentina porque así lo determinan los intereses exportadores de la oligarquía.

Las políticas económicas pro-oligárquicas combaten cualquier tendencia del peso a revaluarse. Así sucedió a principios del siglo XX y del mismo modo sucede ahora, cuando el gobierno mantiene un tipo de cambio artificialmente alto (algo que, por ejemplo, no hace Brasil aunque experimenta un boom exportador quizás más importante que el argentino).
Así, pues, la política cambiaria kirchnerista mantiene una continuidad con la tradicional política oligárquica.

Un período excepcional, a ese respecto, fue el Menemato, con su paridad cambiaria 1 a 1.
Hay que decir que esta política, en principio desventajosa para los exportadores -y promotora del endeudamiento externo-, forzó una transformación del campo que, para combatir la adversidad cambiaria, apeló a la introducción de nuevas tecnologías, pero ello, además de comportar cambios cualitativos (como la introducción de la soja y el desplazamiento de la ganadería) fue acompañado por un incremento de la concentración de la propiedad y de la producción, ya que la innovación tecnológica no estaba al alcance de los pequeños productores (que, al no poder exportar ventajosamente, y en un contexto de importaciones competitivas, quebraron en masa). Como señaló el compañero del PTS más arriba, durante el menemismo los subsidios para la innovación tecnológica estuvieron dirigidos a los grandes capitalistas del agro, en detrimento de los pequeños productores.

Fue entonces, durante el decenio de la convertibilidad 1 a 1 de Cavallo-Menem, cuando surgieron los grupos agrofinancieros y los pooles de siembra que hoy mantienen una alianza estratégica con el gobierno kirchnerista, aunque a partir del 2002 haya tenido lugar una reversión en lo que hace a la política cambiaria (pasamos de un dólar artificialmente bajo -la convertibilidad cavallista- a un dólar-K artificialmente alto).

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Por Leonidas - Sunday, Apr. 13, 2008 at 3:48 AM

Lavate la boca antes de hablar del 1 a 1, mas especificamente de la Convertibilidad. Haber salido de ella abruptamente es parte de la castrastrofe actual.


De economia ni hablar, no?

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