Lonko de Maiquillahue dijo que Intendencia presiona para que lafkenches negocien con Celco : Argentina Indymedia (( i ))

Una reunión en la que participó el lonko de Maiquillahue, Agustín Ñancual, y otros residentes y dirigentes del sector se realizó este sábado 12 de abril recién pasado en la localidad lafquenche ubicada al sur de Mehuín y Missisipi, encuentro en el cual, el lonko dio a conocer que estaría siendo presionado por el intendente Iván Flores, en dos ocasiones, para dar fin al conflicto por el ducto de Celulosa Arauco (Celco) que mantiene la tensión en la costa de la Región de Los Ríos.

"Don Agustín, el conflicto hay que terminarlo, orden de gobierno tengo para terminar el conflicto y en estas palabras -me dijo el intendente- va a tener el respaldo político", relató el dirigente lafquenche a los dirigentes y habitantes de la localidad, lo cual consta en un video que ya se encuentra en el portal youtube.com

Según el lonko, anteriormente, el 28 de febrero, habría tenido un primer acercamiento en el que se tocaron distintos temas, entre los cuales estaba el conflicto generado por la empresa forestal, pero fue la segunda ocasión en que la autoridad regional habría sido más directo en su petición.

SIGUEN LAS LLAMADAS DE INTENDENCIA

El jueves recién pasado, Ñancual habría recibido una nueva llamada de intendencia para "tirarle las orejas" por la forma en que el vocero lafquenche del Comité de Defensa del Mar, Boris Hualme, se estaba refiriendo al intendente Flores, en el marco de la oleada de hechos violentos ocurridos en esos días.

El joven lonko Ñancual, también se mostró abierto a negociar, pero por más dinero que los pescadores de Mehuín.

"Se van a ir los carabineros de Mehuín y la matanza va a empezar a venir. Si Uds me dicen vamos a negociar, yo le voy a decir de buenas a primeras no, ¿sabe por qué?, porque no somos baratos. Joaquín Vargas valía 3 millones y tanto, nosotros no valemos 3 millones de pesos, valemos más.

Finalmente, delató que ese mismo sábado recibió una llamaba del asesor del intendente, quien le habría dicho: "hay que hacer una mesa de trabajo para darle salida política al conflicto".

Ver video en youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=IBkW_RG3tUw

El jurista afirmó que su institución el Centro de Derechos humanos de la U. Central, "entiende que los DDHH no solamente implican preocupación cuando hay violencia de agentes estatales contra ciertos grupos de la sociedad", sino que el término "es mucho más amplio".

En la foto aparece Juan Guzmán y el werken Boris Hualme en conferencia de prensa este lunes.

__________________________________________________________________________

Santiago de Chile, 14 de abril de 2008. (Ecoceanos News)— El Juez Juan Guzmán Tapia, conocido a nivel internacional por investigar casos de violaciones de derechos humanos ejecutadas por la dictadura de Pinochet, entregó su apoyo al Comité de Defensa del Mar de la costa valdiviana que se opone a la instalación de un ducto de Celulosa CELCO y anunció que visitará la zona para recabar antecedentes respecto a la violencia generada por quienes apoyan a esta compañía.

El jurista que dirige el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central, apoyó las demandas de los opositores a la papelera CELCO y valoró su lucha y la defensa de su forma de vida.

"Los pueblos originarios de América están en la capa baja socioeconómica de las poblaciones, y tienen el potencial, las tierras y los medios para subsistir y agrandarse, pero no se les deja, no se les escucha. Están solos, están absolutamente solos", dijo Guzmán.

El Comité de Defensa del Mar ha reafirmado su oposición a la instalación del ducto de residuos líquidos de esta empresa maderera y para ello eligieron como vocero al werken Lafkenche Boris Hualme, con lo cual sumaron a todo el pueblo Mapuche a la lucha por la defensa del mar y sus recursos.

El Juez Guzmán se reunió este lunes con dirigentes de la zona costera valdiviana y diferentes organizaciones Mapuche de Santiago, ocasión en que se acordó que Guzmán Tapia y otros abogados interesados en temas de derechos humanos visiten la zona en conflicto.

El jurista afirmó que su institución el Centro de Derechos humanos de la U. Central, "entiende que los DDHH no solamente implican preocupación cuando hay violencia de agentes estatales contra ciertos grupos de la sociedad", sino que el término "es mucho más amplio".

PUEBLO MAPUCHE CONTRA EL DUCTO
Por parte de las comunidades del pueblo Mapuche, el werken Boris Hualme afirmó que "desde 2006 nosotros hemos estado oponiéndonos al ducto, pero nosotros nunca nos tomaron en cuenta en este conflicto, como si nosotros no existiéramos y negociaron con los pescadores".

"Pero nosotros dijimos, la Celulosa CELCO se equivoca, y desde fines de 2007 a la fecha, hemos logrado defender el mar mediante distintas acciones", agregó Hualme.

El dirigente Mapuche además acusó al gobierno de apoyar a la empresa y de eludir su responsabilidad frente a los actos de violencia que se han generado en las últimas semanas.

Las comunidades denunciaron también que el sábado 12 de abril se realizó una reunión en Maiquillahue donde "quedó en evidencia la complicidad del gobierno", con Celco.

Allí una persona, "un yanacona dice que está mandatado para terminar el conflicto" y ese sujeto agregó que "el intendente de la región, Ivan Flores, (…) lo mandó a que termine este conflicto", dijeron los denunciantes

Ante esto, el werken Hualme reclamó que "entonces aquí el gobierno ha tenido un doble discurso por una parte interviene políticamente, cuando Lagos dice 'el ducto se va al mar', pero luego cuando pasan todos estos hechos de división, de violencia, el gobierno dice 'es un conflicto entre privados y se lava las manos'".

"El sr. Intendente ha instado a la gente a que se venda a través de algunos Yanaconas, en qué país estamos, qué empresa es CELCO, y qué gobierno es este", se preguntó Boris Hualme.*****FIN*****

Fuente:http://www.ecoceanos.cl

MANIFESTACIÓN EN PALACIO DE LA MONEDA

En la ocasión, los manifestantes mostraron sus cuestionamientos porque mientras el gobierno no quiere asumir un rol más activo, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de Amparo y ordenó a la fiscalía investigar esta situación y a la policía a resguardar la seguridad de las personas afectadas y a retirarse de algunas zonas donde es evidentemente innecesaria su presencia.

Por Azkintuwe I Sábado 12 de Abril de 2008

SANTIAGO / Organizaciones ciudadanas, de pescadores y del Pueblo Mapuche exigieron hoy al Gobierno que sea parte activa para buscar soluciones a la violencia física y psicológica generada por sujetos que apoyan la instalación de un ducto de la Papelera Celco y han amedrentado a los opositores de este proyecto industrial en la costa valdiviana. Para esto realizaron una manifestación frente al Palacio de La Moneda y entregaron una carta firmada por más de 80 organismos que reclaman por la pasividad de las instituciones estatales frente al evidente quiebre del Estado de Derecho en la zona afectada.

En la ocasión, los manifestantes mostraron sus cuestionamientos porque mientras el gobierno no quiere asumir un rol más activo, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de Amparo y ordenó a la fiscalía investigar esta situación y a la policía a resguardar la seguridad de las personas afectadas y a retirarse de algunas zonas donde es evidentemente innecesaria su presencia.

Estas acciones se suman a diversas estrategias ciudadanas para hacer visible y pública la violenta agresión que han sufrido quienes se oponen a que CELCO instale un ducto de residuos industriales en la zona de Mehuín, donde por generaciones las comunidades de pescadores, Lafkenches y pequeños empresarios de turismo han convivido con el mar y sus recursos.

La carta de las organizaciones ya había sido entregada directamente a la Presidenta Michelle Bachelet, el martes 10 de abril cuando la directiva de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales se reunió con la mandataria para conversar temas balleneros.

Para Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) "la corte de Apelaciones al acoger el Recurso de Amparo presentado por la comunidad afectada por la violencia inducida por Celco-Arauco en la zona costera de Mehuín-Missisipi, desenmascara la actitud cómplice del gobierno para favorecer el accionar de la Empresa del grupo Angellini".

"Reducir los Conflictos Ambientales a conflictos "entre privados", como lo hace el gobierno, desprotege a la comunidad y al medio ambiente, y genera un marco propicio para que las empresas impongan sus proyectos vulnerando los derechos de la gente", agregó el director del OLCA. Los representantes de la comunidad de Mehuin y Missipi, viajarán este lunes 14 a Santiago y Valparaíso donde realizarán diferentes actividades para dar a conocer los problemas que enfrentan y buscar soluciones en conjunto para terminar con los actos de violencia de que son víctimas.

Vocero alza la voz

El vocero del Comité de Defensa del Mar y werken lafquenche, Boris Hualme, no tuvo pelos en la lengua para responder enérgicamente a las palabras del intendente Iván Flores, sobre su evaluación del acontecer en la zona de Mehuín-Missisipi, realizada ante la consulta de los medios valdivianos. "Antes de referirse al tema, él debe venir a visitar la zona y estar en el lugar de los hechos", declaró el vocero mapuche.

"Lo dicho por el intendente, que escuché a través de un medio de comunicación radial, demuestra el doble discurso del gobierno. Viene a repetir lo mismo que viene repitiendo el gobierno a lo largo de todo este conflicto: que aquí no pasa nada, bajándole el perfil a la gravedad que tiene", enfatizó. El dirigente agregó que "antes de referirse al tema, él debe venir a visitar la zona y estar en el lugar de los hechos para que converse directamente con las personas afectadas, conozca el testimonio de los afectados, de los niños y de las señoras que han sufrido las agresiones", dijo.

También criticó la frase "esto es un conflicto entre privados" que en otras ocasiones ha sido usada por el Intendente Flores. "Cuando dicen que esto es un conflicto entre privados, se demuestra que no tienen ninguna intención de hacerse cargo de este conflicto. En cambio, cuando quieren decidir políticamente, pasan por encima de todas las instituciones, como por ejemplo la Conama y por encima de las decisiones técnicas", recalcó.

Según sus palabras, el Intendente Flores intentaría bajarle el perfil al conflicto que mantiene Celulosa Arauco con las comunidades de la provincia, que comienza desde el momento en que se presenta la idea del proyecto industrial hace más de 10 años y que hoy toma ribetes de alta peligrosidad, dada la división existente en la comunidad, luego del millonario convenio. "Este es uno de los conflictos más graves y largos que tiene el Estado de Chile hoy en día. Como él dice, que son sólo amenazas, acá ha habido personas heridas y han llegado al Hospital San José de la Mariquina y de eso hay constancia", explicó / AZ

Mientras la empresa asumió no hablar con la prensa sobre el cuestionado convenio que firmó con pescadores de Mehuín que generó oleadas de violencia en la zona, ahora firma nuevos convenios también en Mariquina.
Mientras la oleada de violencia en Mehuín parece haberse calmado, que fuera gatillada por un convenio millonario entre Celulosa Arauco y un grupo de pescadores para que les apoyen en los estudios para un ducto al mar, la empresa forestal firmó cinco nuevos convenios en esa comuna.

En estos nuevos convenios tienen como participantes al municipio de Mariquina; los presidentes de las juntas de vecinos de las localidades de Raluya, Estación Mariquina, Calquinco Alto, Locuche, de Chau Lien de Alepue; y la propia empresa Arauco.

La ceremonia de firma de estos convenios se realizó el jueves 10 de abril en dependencias del municipio de Mariquina y contó con la participación del alcalde Erwin Pacheco; los dirigentes de las juntas de vecinos de Raluya, Oscar Ramos y Jorge Tranamán; de Locuche, Francisco Rivera; N° 2 de Estación Mariquina, Inola González; y del sector de Chau Lien de Alepue, Rosa Ancacura; y el gerente de Asuntos Públicos de Arauco en la Región de Los Ríos, Angelo Romano.

Estos convenios de desarrollo comunitario, indica la información publicada en el sitio web de la empresa, "permitirán mejorar la distribución del agua domiciliaria de las familias de la localidad de Raluya; mejorar la conectividad vial del sector de Estación Mariquina; la implementación de una sede social para la Junta de Vecinos de Locuche; y de una posta médico rural para Calquinco Alto; así como también la adquisición de equipamiento computacional para la comunidad de Chau Lien de Alepue".

Al respecto, el alcalde Erwin Pacheco explicó que en la ejecución de estos convenios el municipio y Arauco participan como puente, para buscar una solución a los problemas que tiene la comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en lo que la empresa denomina "políticas de desarrollo sustentable y responsabilidad social de Arauco".

En tanto, se intentó tener el punto de vista de la empresa por los conflictos que generaron en Mehuín a través del convenio con un grupo importante de pescadores de esa caleta, pero no emitirán comentarios al respecto.

Por Alvaro Ramis

Ha trascurrido más de la mitad del gobierno de Michelle Bachelet y comienza a ser necesaria una evaluación de las promesas de un gobierno que se autocalificó como "ciudadano" y "progresista". Al respecto, el último trimestre evidencia un claro giro conservador, que coincide con los cambios de gabinete experimentados a fines de 2007.

Tal vez en ningún sector se evidencia un giro tan alarmante como en materia medioambiental. En las últimas semanas se ha producido un verdadero sinceramiento colectivo de parte de varios ministros, que sin pudor han revelado una mirada a los problemas ligados al modelo de desarrollo y a los compromisos con las grandes transnacionales que no difieren en nada a los tiempos en que se aprobaba sin observaciones la planta CELCO de Valdivia y se incubaban muchas otras desastrosas decisiones políticas públicas que hoy la ciudadanía debe padecer.

Al inicio de su mandato, el gobierno Bachelet permitía augurar expectativas modestas pero esperanzadoras, que hacían prever un giro frente a las pobrísima gestión ambiental de Ricardo Lagos. En abril de 2007, la dirigente ecologista Sara Larraín todavía se refirió a los avances del "acuerdo de Chagual", suscrito con los movimientos ecologistas en el transcurso de la campaña electoral, con un moderado optimismo: "se está cumpliendo el 40% de los compromisos; en otro 40% hay un franco retraso, y finalmente, el 20% se encuentra en conflicto". Sin embargo, en el últimos trimestre este acuerdo parece haber pasado a la historia, ya que el actual gabinete ha desatado una agresiva campaña en contra de quienes cuestionen las decisiones energéticas, económicas e industriales de la actual administración.

En febrero de este año el ministro del interior Edmundo Pérez Yoma, anunció su apoyo a la construcción de centrales hidroeléctricas en Aysen, aun cuando un ministro de Estado no puede hacer este tipo de afirmaciones, ya que el proyecto no ha ingresado aún a la evaluación de la CONAMA. Se trata de un verdadero mandato de voto anticipado para los SEREMI, gobernadores e intendentes, que dependiendo del Ministerio del Interior, deberán aprobar ese proyecto.

A fines de marzo, en un seminario organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, el ministro Marcelo Tokman se manifestó a favor de mantener y profundizar los estudios sobre energía nuclear, mostrando que en ese campo ya hay opciones tomadas por parte del gobierno, que desmienten los compromisos de campaña de la entonces candidata Bachelet, que se comprometió con las organizaciones ecologistas a no incluir la alternativa nuclear en su política energética.

Recientemente pudimos ver a varios ministros y subsecretarios jugándose por aprobación de una Planta de Gas Propano colindante a un sector residencial y sobre una reserva ecológica en la comuna de Peñalolén, propiedad de Metrogas.

Luego presenciamos la histérica reacción colectiva de varios ministros, desatada por un artículo del New York Times, reproducido luego en Boston Globe y San Francisco Chronicle, que denunció que en este país se utilizan hormonas para aumentar el crecimiento de los salmones y antibióticos en el tratamiento del virus ISA (anemia infecciosa).

Finalmente, esta semana Francisco Vidal y del subsecretario del Interior, Felipe Harboe salieron directamente a enfrentar las críticas del movimiento ecologista y amenazaron controlar sus fondos desde el Ministerio del Interior. Las afirmaciones de Vidal y Harboe son de extrema gravedad, ya que sólo son comparables con las leyes dictadas por el gobierno Ruso, quién en 2006 promulgó una restrictiva legislación que otorgó poderes al estado para interferir en la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Las restricciones a las ONG, insinuadas por el subsecretario Harboe, pueden obligar a las organizaciones sociales y ecologistas a apelar a la cláusula democrática del acuerdo de asociación de Chile con la Unión Europea, ya que se trata de graves hostigamientos, que contravienen la Convención Europea de Derechos Humanos, y por lo tanto, pueden ser objeto de acusaciones ante el Parlamento Europeo. Tampoco es descartable una apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata del germen de un proceso de criminalización y persecución que puede tener graves consecuencias. Ya en diciembre de 2007 La Tercera reveló que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) contrató un "especialista" que tiene por misión efectuar un seguimiento de todos los conflictos ambientales a nivel nacional y hacer proyecciones sobre el tema. El experto pertenece a la unidad de análisis sectorial, donde se efectúan seguimientos en lugares de conflicto. Se trata de un análisis que incluye a funcionarios que realizan análisis territorial, es decir, que monitorean situaciones críticas en diferentes regiones. Entre otros conflictos se ha constatado su accionar en relación a la campaña contra las represas en Aysén, al conflicto generado en Mehuín debido a la instalación de un ducto de la empresa Celco, y a los movimientos de oposición al Proyecto minero Pascua Lama, que busca la construcción de una mina en glaciares de Atacama. ¿Porqué una agencia de inteligencia debe dedicar recursos a vigilar a quienes defienden los recursos naturales y ambientales de su propio país? Es un tema que requiere una respuesta por parte del gobierno.

En los últimos días el ministro Vidal y el subsecretario Harboe amenazaron con expulsar del país al empresario Douglas Tompkins debido a sus opiniones críticas de algunas decisiones ambientales del actual gobierno y a sus donaciones a organizaciones ambientalistas. Harboe ha declarado que "no se debe poner un manto ideológico" en este debate, planteando que "si este señor hubiera sido empresario del fútbol, habríamos hecho exactamente lo mismo". Lo cierto es que ningún extranjero ha sido cuestionado por estos motivos en los dieciocho años de gobierno concertacionista.

Basta recordar el caso del empresario alemán Horst Paulmann, quién en 1998 todavía no había recibido la nacionalidad "por gracia", y fue uno de los principales donantes a la Fundación Pinochet, en momentos en que el ex dictador se encontraba detenido en Londres. En ningún momento el ministerio del interior le exigió transparentar sus donaciones o mantenerse apartado de la contingencia chilena. Por otro lado los grandes grupos inversionistas internacionales, especialmente en el rubro minero, acuícola y forestal, no se han restado a participar de todos los debates referidos a la defensa de sus intereses en el país, y nunca han recibido la menor observación por parte de las autoridades chilenas.

No sólo se trata de un momento en que el gobierno ha sincerado sus posiciones. Se ha iniciado un proceso de crisis de un modelo de desarrollo altamente depredador de los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que se no se puede descartar que a corto plazo emerjan conductas represivas de parte de las autoridades contra quienes cuestionen a sectores del empresariado que enfrentan graves amenazas a la sustentabilidad de sus inversiones. Por lo tanto, se puede temer una escalada restrictiva y amordazadora de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual amerita un monitoreo permanente a la actitud del gobierno chileno frente a las organizaciones no gubernamentales.

El autor es Teólogo. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 16 de abril 2008

Areas de manejo de Asociación Indígena de Pescadores de Quillalhue y de Sindicato de Pescadores de Missisipi, que se oponen al ducto de Celco fueron víctimas de robo de locos este lunes. Los hechores estarían identificados.
La división desatada hace algunos meses en la zona de Mehuín-Missisipi parece no tener fin. Ahora, un grupo de pescadores denominados como "los vendidos" de la localidad de Mehuín, que recibieron financiamiento de Celulosa Arauco (Celco) habrían robado locos de las áreas de manejo marinas de los pescadores organizados bajo el Comité de Defensa del Mar.

La sustracción se habría perpetrado el día lunes, según informan voceros del Comité de Defensa del Mar, y los autores ya habrían sido identificados por los pescadores afectados, el mismo lunes a las 11.00 horas, porque pasaron gritando con los botes cargados del recurso.

"Los botes pasaron cargaditos de locos y más encima pasaron gritando contra nosotros frente a la sede de Missisipi y haciendo burla. Los marinos hicieron oídos sordos y no hicieron nada. Hay dos botes reconocidos, a uno de ellos le dicen el Mantequilla", explicó Claudia Inglés, una de las voceras del Comité de Defensa del Mar, quien este martes se encontraba en Valparaíso realizando gestiones con organizaciones nacionales de pescadores y con legisladores.

Los pescadores de Missisipi reaccionaron poniendo la correspondiente denuncia en la Alcaldía de Mar de Mehuín. Sin embargo, no habrían sido tomados en cuenta por los marinos.

"Del Sindicato de Missisipi se acercaron a donde los marinos en Mehuín y resulta que nos los tomaron en cuenta y les dijeron que tenían que tener pruebas ¿Qué más pruebas tenían que tener? Si se supone que ellos (los marinos) tenían que cuidar las áreas de manejo y no lo hicieron", explicó Claudia Inglés.

En tanto, el pescador Patricio Gonzalo Inigo de la Asociación Indígena de Pescadores de Quillalhue hizo una denuncia en la Gobernación Marítima de Valdivia, que quedó registrada bajo el número 129.

Reinaldo Martín, director de la Asociación Indígena de Pescadores de Quillalhue, que tiene su área frente a Punta Iglesias, se quejó del escaso apoyo que les dan las instituciones estatales.

"Nos sentimos desprotegidos, no puede ser que las autoridades tomen partido por un lado. Imagínese que hoy se fue a colocar una denuncia a la Gobernación Marítima de Valdivia, a través de un dirigente de Quillalhue. Y Missisipi intentó hacerlo en Mehuín y los marinos no los tomaron en cuenta, porque les dijeron que tienen que tener pruebas. Y qué más pruebas, no podemos estar todo el día cuidando las áreas de manejo; los marinos tienen que cuidar las áreas de manejo", recalcó.

Sin embargo, dijo, cuando los pescadores apoyados por Celco hacen denuncias, se nota la presión "contra nuestra". "Entonces pedimos que sea más justo el trato", dijo.

"Lamentablemente, como no hay control en el río, estos caballeros chorearon en las áreas, porque estaban esperando entrar al mar para eso", expresó Reinaldo Martín.

El dirigente lafquenche formuló un llamado a las autoridades de la Región de Los Ríos para que tomen cartas en el asunto.

"Le pedimos a la autoridad que ponga vigilancia. Ellos vinieron a abrir el río, y nosotros queríamos hablar con los marinos ahí mismo, pero ellos no aceptaron. La idea (de los pescadores de Mehuín) es siempre estarnos molestando, entonces queremos que esto termine", dijo Reinaldo Martín, director de la Asociación Indígena de Pescadores de Quillalhue.