Bolivia: Así se hace "autonomía al andar" : Argentina Indymedia (( i ))

Los dirigentes del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz construyen su "autonomía al andar" apaleando y flagelando indígenas en las plazas, robando tierras con gente armada y siguiendo el ejemplo de hacendados sediciosos que impiden a balazos la entrega de tierras a indígenas guaraníes. "Esa es la autonomía al andar de los terratenientes cruceños", dice el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

La autoridad evaluó de esa manera los disturbios que enfrentó en las últimas dos semanas en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, donde un grupo de ganaderos y terratenientes se levantó en armas y organizó grupos de choque para evitar el saneamiento de sus haciendas y la titulación de un territorio comunitario guaraní en la localidad de Alto Parapetí.

De vuelta en La Paz por orden del Presidente Evo Morales, Almaraz expresó su satisfacción y optimismo por la conformación de una comisión interinstitucional que permitirá generar un ambiente de distensionamiento y concertación para continuar con el saneamiento de tierras en paz y mediante el diálogo, en beneficio de indígenas, campesinos y empresarios pequeños, medianos y grandes.

La Comisión Interinstitucional integrada por el Defensor del Pueblo, la Iglesia Metodista, la Congregación Eklesía, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Capítulo de Derechos Humanos de Bolivia y otras entidades tiene la misión de identificar y asistir a los indígenas cautivos en haciendas de la región, y acompañar los trabajos de saneamiento y redistribución de tierras a cargo del INRA, la única forma de erradicar la servidumbre en el chaco.

En criterio de Almaraz, la comisión abre la posibilidad de realizar un saneamiento participativo y dialogado. "El gobierno va a ser paciente, no sólo para que trabaje la comisión sino para apoyarla de la manera más decidida y comprometida", aseguró. Sin embargo, "las soluciones conciliadas deben ir de la mano de la justicia", ya que la impunidad no conduce a la paz y a la justicia.

"No se puede perdonar a ganaderos criminales, cobardes y torturadores que cometieron actos de sedición al impedir a tiros que las autoridades cumplan su labor". Almaraz insistió en que no se puede ser condescendiente con el hacendado estadounidense Ronald Larsen, quien a punta de pistola tomó como rehenes a autoridades de gobierno el 29 de febrero.

El gobierno inició acciones legales en Camiri contra Larsen y lo hará después contra Mario Malpartida y otros. Además, se pidió a la Comisión interinstitucional, cuyo compromiso con los derechos humanos está fuera de duda, que impulse una rápida investigación para establecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de actos delictivos y violentos en la localidad de Cuevo.

Almaraz pidió a la comisión que se preste atención inmediata, prioritaria y exhaustiva al abogado Ramiro Valle y a la periodista Tanimbu Estremadoiro, torturados el domingo pasado en el municipio de Cuevo. "No es perdonando a criminales, cobardes, infames, torturadores como el ganadero Elvy Abbet Malpartida que conseguiremos paz alguna", aseguró.

El Viceministro recordó que el jueves 17 de abril más de 25 miembros de la Central Indígena Paikoneka de San Javier, Santa Cruz (CIP-SJ), fueron secuestrados por Ives Pereira Carballo acompañado por 10 sicarios armados, quien reclamaba la propiedad de parcelas en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monteverde.

Almaraz sospecha que este terrateniente, alentado por los ganaderos de Alto Parapetí, atacó a una comunidad chiquitana pretendiendo tomar posesión de unas tierras que decía que eran suyas, aunque el proceso de saneamiento comprobó que Pereira no cumplía con la Función Económico Social.

Por ello, conforme a ley, las tierras fueron integradas a la TCO Monte Verde. Con el derecho que tienen a defender su territorio, los indígenas expulsaron al avasallador y a sus matones en 24 horas.

Estimados compañeros:

Enviamos nota de CEP sobre la situación de los guaranís en el Chaco boliviano. Saludos cordiales. CEP-Bolivia

Bolivia.- La claridad de los guaranís sin tierra es contundente frente al gobierno de Evo Morales. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) dio un ultimátum a las autoridades para que ejecuten el saneamiento (medición y titulación), de una vez por todas, de 157 mil hectáreas de tierras que favorecerán a 500 mil familias que viven amenazadas por los terratenientes en la zona de Alto Parapetí, en el Chaco.

Cerca de 120 capitanes guaranís se reunieron este fin de semana para emplazar al gobierno la dotación de otras 10 millones de hectáreas en todo el Chaco boliviano.

Y es que los guaranís tienen razón. Decenas de investigaciones del Defensor del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo, del Servicio Alemán de la Cooperación Social Técnica, de la cooperación internacional, de antropólogos y sociólogos independientes y del propio gobierno gritan la situación del chaco: Allí existe un régimen de servidumbre y cientos de personas cautivas en las haciendas.

Algunos le llaman régimen de esclavitud. A eso se suma el hecho de que los guaranís no pueden tener siquiera el título de sus Tierras Comunitarias de Origen.

¿Qué hace frente a esto el gobierno de Evo Morales? ¿Ha hecho caer el peso de su ley y de la fuerza pública para sancionar a esos gamonales? No, se ha dedicado a conceder indulgencias a los terratenientes a los que, eso sí, frente las cámaras de televisión, acusa de esclavizar a población guaraní.

¿Pero qué se puede pedir a un gobierno reformista que intenta salvar al viejo y podrido Estado? Sólo basta leer su programa de “revolución agraria” en su Plan Nacional de Desarrollo: buscar tierras fiscales para repartirlas entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Nada más que otra medida distributiva que ni siquiera puede empezar a ejecutar.

El 4 de abril, una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria intentó iniciar el saneamiento (medición) de 157 mil hectáreas para establecer los límites de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Alto Parapetí. A la zona, sin embargo, se llega sólo atravesando la hacienda Caraparicito, de la familia yanqui Larsen, o a través del municipio de Cuevo.

La comisión del gobierno intentó sin éxito entrar por la hacienda Caraparicito y tampoco pudo hacerlo por el municipio de Cuevo porque fueron resistidos a pedradas y palos por los terratenientes. Los patrones no tardaron en envalentonarse, se organizaron rápidamente, como medida de protesta bloquearon las carreteras aledañas y emboscaron días después a un grupo de guaranís en pleno camino.

Evo Morales, que dos semanas antes había mandado al Ejército a la misma región a enfrentar a la población de Camiri que pedía una “verdadera nacionalización”, esta vez envió a su Viceministro de Tierras y a la Ministra de Desarrollo Agropecuario, acompañados por 40 policías para su propia protección, con la misión de contener el bloqueo de caminos de los hacendados.

Éstos propietarios se oponen al saneamiento (medición) de las TCO de los guaranís de Alto Parapetí porque creen que será en detrimento de sus propias tierras.

Luego de una semana de bloqueo, tiempo en que la Policía no lanzó ni un gas lacrimógeno contra los patrones envalentonados y armados, el gobierno de Evo suspendió el saneamiento para que “se calmen los ánimos” de estos pequeños señores feudales.

Así de fácil, el 14 de abril pasado Evo Morales desactivó, suspendió, dejó sin efecto el proceso de medición de tierras que iba a favorecer (aun sea con algo pingüe) a los guaraní. Lo hizo a pesar de la agravante fatal de los terratenientes de mantener en cautiverio y condiciones de servidumbre a una parte de la población en sus haciendas.

Inmediatamente comenzaron las agresiones físicas a periodistas, dirigentes y al pueblo guaraní de la zona. Para distraer por completo la atención del objetivo central (dotación de tierras), Evo Morales usó otra vez su trillado recurso de victimizarse.

El 20 de abril dijo desde Nueva York, donde acudió al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que persuadirá a las organizaciones internacionales para acabar con la esclavitud en regiones de Bolivia.

Y mientras busca esa ayuda, los guaranís viven sin tierra y amenazados permanentemente por los patrones de la zona como hace décadas. Pero el cardenal Julio Terrazas fue a lanzar rápidamente el salvavidas a Evo.

Este mensajero del Vaticano planteó públicamente su incredulidad acerca de la existencia de esclavitud en el Chaco, a pesar de que esto está no solamente demostrado por distintas investigaciones sino que además es vox pópuli.

Entonces el gobierno pensó que había que responder al Cárdenal, mostrarle que sí existe esclavitud, etcétera. Entonces se conformó una comisión encabezada por diputados del MAS que tienen la misión ahora –secundados por la Iglesia Católica, Evangélica y Adventista (¡qué pandilla!)— de averiguar si existe o no tal servidumbre, cautiverio y esclavitud en el Chaco.

¿Y el problema de la tierra? ¿Y la dotación a los campesinos pobres guaranís? Postergada como siempre hasta que los terratenientes se dignen en “calmar sus ánimos”.

»» La servidumbre socapada .- Un reportaje de la Revista Domingo describió la vida de los guaranís en algunas haciendas. Los esposos Fortunato Silva y Victoria Méndez, de la hacienda de Crispín Pérez ubicada en Huacareta, relataron a la periodista que por sus faenas recibían uno o dos kilos de arroz, nunca vieron pago en dinero. Para “mejorar” sus ingresos, la familia hace cacerío (cuida la casa del patrón) por diez bolivianos al día.

Las mujeres son llamadas a labores domésticas que generalmente no tienen salario, pero las mujeres sufren otra carga y es el abuso sexual de los patrones. Un sacerdote franciscano relató que en varios años de vida en el Chaco constató que varios patrones tenían más de diez hijos con distintas mujeres guaraní a su servicio.

Los hacendados utilizan sinuosos lazos de padrinazgo para “atar” a los guaranís. Es generalizada la existencia de “padrinos” que toman a su cargo a niños, adolescentes y a familias enteras, que más fácilmente se someten a una perpetua servidumbre.

Aunque esto no es exclusivo del Chaco porque en una sociedad semifeudal y semicolonial como Bolivia, estas relaciones son igual de comunes en las ciudades donde, generalmente mujeres campesinas, llegan desde niñas para servir en casas particulares. Las mujeres llaman “tía” o “madrina” a los empleadores, con lo que se anula su capacidad de reacción ante el maltrato.

La Revista Domingo escuchó el relato de Eriberta Montes, quien dijo que se había acostumbrado a los patrones como si fueran sus papás, sus mamás o los abuelitos. Pero esa relación de parentesco no correspondía a su ubicación en el traspatio de la casa, durmiendo sobre cueros de oveja en el suelo pelado y sin un pedazo de tierra para trabajar.

El hacendado además retenía los documentos de identidad de sus seis hijos, al igual que de otro anciano que por eso no podía cobrar el Bonosol (bono de 200 dólares para personas de la tercera edad).

La revista Domingo continúa: “Soy madre de diez hijos. Mi esposo trabaja como mozo toda su vida. Teníamos chanchos, chivas, gallinas y no nos dejaban criar, nos lo baleaban porque no tenemos tierra”, grita Fidelina en un castellano pedregoso y continúa en un guaraní perlado que fluye como sus lágrimas: “Les digo con toda rabia, con todo dolor, el propietario se adueña de las cosas”.

»» Sin justicia.- Las haciendas -según información oficial del Defensor del Pueblo, el Consejo de Capitanes Guaranís de Chuquisaca y el Proyecto de Pueblos Indígenas y Empoderamiento del Ministerio de Justicia- tienen extensiones que van desde 50 hasta 7.000 hectáreas. El promedio de tierra por propiedad es de 1.609 hectáreas y 255 cabezas de ganado.

El ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, informó en la Cámara de Diputados que se cuentan más de 1.000 familias en el Chaco en condiciones “asimétricas, de pongueaje y esclavitud”. Otra investigación encargada por el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, con datos levantados en octubre de 2007, dice que se cuentan 1.049 familias en cautiverio entre Huacareta, Alto Parapetí, Cuevo y Lagunillas.

La prensa ha reportado otros casos de grupos menores de familias en los últimos días. Las cifras pueden coincidir o no, es lo de menos. Lo concreto es que los guaranís pobres y sin tierra sufren condiciones de vida semifeudales que el gobierno reformista del MAS no puede, pero principalmente no quiere, remediar.

Con datos del periódico El Deber, La Prensa y el Ministerio de Trabajo.

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