Informe sostiene que los aborígenes no tienen acceso a la Justicia : Argentina Indymedia (( i ))

Hasta junio del año pasado “ninguna comunidad indígena había logrado el reconocimiento judicial de sus derechos indígenas” en el ámbito provincial, lo que “expone una situación claramente discriminatoria pues los Pueblos y Comunidades indígenas, en razón de su identidad cultural, tienen vedada la posibilidad de acceso a la justicia”, señala un informe elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
El documento “Los Pueblos indígenas de la provincia de Salta. La posesión y el dominio de sus tierras. Departamento San Martín”, fue elaborado en 2007 con la cooperación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que puso los fondos para el trabajo, y de la provincia. En 129 páginas se hace un repaso por la historia, el ambiente del departamento San Martín, el marco jurídico que reconoce los derechos de los habitantes originarios, la situación actual de las comunidades, y se acercan recomendaciones, surgidas de talleres con los nativos.
“No existen antecedentes jurisprudenciales en los tribunales competentes del Distrito Judicial Norte sobre el reconocimiento de los derechos de propiedad y posesión comunitaria de las Comunidades y Pueblos indígenas”, precisa el documento respecto del acceso a la Justicia, presentado por el abogado Matías Duarte.
El informe consigna que esto “es coherente” con la información, surgida de esta investigación, que determinó que el 84,5 % de las comunidades relevadas carecen de un título formal de propiedad de la tierra. En el departamento hay 108 comunidades, de las cuales se relevaron 96; de éstas, solo 18 poseen títulos de propiedad (13 son comunitarios y cinco individuales). Y 61 comunidades habitan en tierras cuyos títulos de propiedad son de empresas privadas, lo que implica que estas extensiones fueron vendidas con las comunidades dentro.
“No caben dudas de la vinculación entre la vulneración del derecho a la tierra de los Pueblos y Comunidades indígenas en el departamento San Martín con la falta de acceso a la justicia pues la última instancia para exigir el reconocimiento de sus derechos les ha sido negada”, añade el documento, que sostiene que el Estado debe garantizar la propiedad de las tierras a las comunidades, y la restitución que les hubieran sido despojadas.
Hasta junio de 2007, “ninguna comunidad indígena había logrado el reconocimiento judicial de sus derechos indígenas en la Jurisdicción Provincial”. Algunas lo lograron recién en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El informe sostiene que esto implica un “doble problema”: la desprotección a la que están sometidos los indígenas para acceder al sistema judicial y “la consolidación de las vulneraciones del derecho a sus tierras por la falta de acceso a la justicia”. Y afirma que los estados nacional y provincial no han previsto un sistema adecuado y eficiente para que los aborígenes puedan plantear sus reclamos ante la justicia. Asimismo, los estados “carecen de una estructura administrativa que reciba los reclamos de tierras de las comunidades indígenas” e “instrumente líneas de acción para satisfacer directamente esos reclamos”.
De la presentación del informe, en la Casa de la Cultura, participaron el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos; la secretaria de Derechos Humanos de Salta, María Pace, la directora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Nación, Ana González, la rectora de la UNSa, Stella Pérez de Bianchi, y el cacique Hilario Vera.