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Querellantes desprotegidos: falta de planes, declaración y renuncia
Por Indymedia Rosario -
Thursday, May. 22, 2008 at 10:16 PM
rosario@indymedia.org
María Bressa dejó la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la provincia y pasará a ocupar la Dirección de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales dentro de esa misma cartera. La Secretaría de Derechos Humanos provincial pasará a ser ocupada por Rosa Acosta, una abogada de confianza del Gobernador Hermes Binner, quien se desempeñaba en el lugar que pasará a ocupar Bressa. El intercambio de cargos se da en el año de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, en medio de denuncia de testigos y querellantes que aseguran, en cuestiones de planes de protección y seguridad son "convidados de piedra".
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, realizó la "Reestructuración en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", un intercambio de cargos dentro de la cartera a causa de la polémica sobre el Programa de Protección de Testigos y Querellantes. El embrollo se inició por las declaraciones de Bressa en Rosario 12, en las que señaló que esa iniciativa podía llegar a incluir la contención psicológica de agentes de la dictadura.
A raíz de esto, hubo un aluvión de críticas de organismos de Derechos Humanos y el miércoles la Secretaría de Derechos Humanos difundió una aclaración titulada "Se protegen testigos y no represores", en la que aseguraba que el programa sólo podría incluir a represores en condición de arresto domiciliario que denunciaran a otros represores, por lo que podría llegar a correr riesgo su vida.
"Esperemos que no sea polémico porque tenemos que demostrar que sabemos vivir en una sociedad, y en un estado de derecho. Y fundamentalmente demostrar que podemos darles lo que ellos mismos no les dieron a otros. Nosotros no podemos repetir eso", añoraba Bressa en la nota realizada por José Maggi.
Pero la respuesta contraria a las expectativas de la funcionaria no se hicieron esperar. "¿Que contención física , sicológica o cualquier otra necesitan los torturadores y asesinos que siguen persiguiendo, amenazando y secuestrando con total impunidad? ¿Cual es el estado de debilidad de esos bárbaros, muchos de los cuales reciben aún sueldos del Estado con todos los privilegios, los beneficios de la seguridad social y además pueden disfrutar de las fortunas amasadas con sangre a través del saqueo sistemático ?", disparó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en un comunicado.
"..Pone en un mismo lugar a víctimas y victimarios, actualizando una vez más la teoría de los dos demonios, estrategia discursiva que sólo tiende a encubrir el verdadero rostro del terrorismo de estado ... No puede un funcionario que debe proteger y promover los derechos humanos, confundir la necesidades de una persona que sufrió violaciones de sus derechos como el secuestro en campos clandestinos de detención, la tortura, la desaparición de familiares, el robo de hijos, hermanos o nietos, con las vicisitudes que tienen que enfrentar los genocidas en la actualidad, que no son otras que las que le garantiza un Estado de Derecho: un juicio justo a causa de su actividad criminal en el genocidio perpetrado contra el pueblo argentino ", afirmaron desde Agrupación HIJOS.
En este contexto, representantes de organismos de derechos humanos exigieron la renuncia de Bressa durante una reunión que la funcionaria mantuvo con diputados de la comisión de Derechos y Garantías, en la que debía explicar el alcance del Programa de Protección de Testigos y Víctimas del Terrorismo de Estado. "Acá no hay ambivalencia ni medio pelo: o se está de un lado o se está del otro. Entonces, no sólo tiene que renunciar la doctora Bressa, también debería ser seriamente cuestionado su superior y quién avaló su nombramiento", habría disparado uno de los querellantes. El denunciante Daniel García le exigió a Bressa: "cuando vuelva a su despacho, firme su renuncia y váyase".
Por su parte, el director del Programa de Protección de Testigos, Oscar Blando, respaldó las actuaciones de la funcionaria y destacó que "ni ella ni yo abonamos la 'Teoría de los Dos Demonios' , no desde ahora, sino nunca".
En consonancia, Bressa declaró: "Yo no abono la teoría de los dos demonios. Desgraciadamente, no fui clara para explicarlo. Es todo lo que puedo decir. Me siento mal si alguien se sintió mal. Pero no pido disculpas porque no es una cosa que hice adrede ni a propósito. Simplemente, a lo mejor, comuniqué mal. La referencia a esa situación la efectué exclusivamente ante el hipotético caso de que alguno de los imputados afrontara una situación de riesgo debido a que trascendiera que con su relato podía conformarse una prueba de cargo de otros represores, con las limitaciones propias de las declaraciones de los imputados a esos fines".
"Convidados de piedra"
Élida Luna es querellante de la llamada Megacausa Feced en la que están imputados entre otros: Ramón Genaro Díaz Bessone, Mario Alfredo Marcotte alias "El Cura", José Rubén Lofiego alias "el ciego", Ricardo Chomicki "el cady", Nilda Folch "la polaca", "mireya" o "Victoria" -prófuga- , José Carlos Antonio Scortechini o "Archie" y Ramón Rito Vergara "Empelado" o "Sargento". La suya es la primera causa de Rosario.
Su compañero, Daniel Gorosito fue secuestrado el 18 de febrero de 1976 en el Hospital Provincial. En aquel entonces tenia una hija de 2 años y estaba embarazada. No lo llevaron inmediatamente. "A nosotras nos deja ir y lo lleva a Entre Ríos y Catamarca, en la comisaría donde ahora entregan los certificados de buena conducta". Tras un largo periplo, "una noche lo secuestran en la cárcel de Coronda y lo traen aquí, al Pozo, donde funcionaba el Sservicio deInformaciones", aseguró Luna. Finalmente, el 28 de octubre Daniel es asesinado donde hoy funciona el Centro Popular de la Memoria (Dorrego 624).
Consultada acerca de la sensación en este año crucial, la querellante disparó: "Como testigos y querellantes no sentimos que nos brinden respuestas. Es una sensación bastante fea porque cuando te enteras por los diarios que se ha armado una comisión o se va a hacer esto o lo otro y no nos consultan, parecemos invitados de piedra. Nosotros somos militantes políticos más allá de que fuimos víctimas directas del terrorismo de estado, eso no significa que seamos víctimas. Somos parte de una generación que resistió y sigue resistiendo. Realmente -en cuestión de seguridad - uno aquí confía mas que nada en los propios compañeros".
"Lo que nos preocupa es que no se nos tenga en cuenta como militantes políticos. Eso da un respeto que permite encontrar soluciones en conjunto para poder cuidarnos", resaltó la integrantes de Familiares de Desaparecidos. Sucede que los querellantes no solo se han enterado por los medios de comunicación de que serán atendidos por psicólogos que no conocen -cuando ellos ya tienen su propio equipo de profesionales- sino que desde el poder judicial les habrían llegado a decir "si usted tiene datos venga y tráigalos", en medio de pedidos de aceleración de las causas.
"De los sucesivos gobiernos parece que somos las pobres víctimas y no se asume que es justicia para toda la sociedad argentina y en este caso santafecina y rosarina. Si no van presos los asesinos la comunidad va a sufrir las consecuencias. No quiero los juicios porque yo tengo a quien fue mi compañero desaparecido. Queremos justicia porque es lo que corresponde. Porque los asesinos deben estar en cárceles comunes, con regímenes acordes a los asesinos de lesa humanidad", aseguró la denunciante en la causa de Agustín Feced.
El gobierno nacional se despega
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación negó enfáticamente que sus profesionales de los programas sobre Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado (CATE) den asistencia psicológica a represores de la dictadura que están detenidos por delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe .
"La atención física y psíquica de las personas sometidas a prisión deben ser resguardadas por las autoridades judiciales y el sistema penitenciario en un plano de igualdad con cualquier ciudadano sometido a privación de la libertad en el marco del Estado de Derecho", sostuvo Duhalde a través de un comunicado.
Varias realidades transparentadas
Tras estas idas y venidas, con la certeza de que los integrantes de la fuerza de seguridad de la dictadura están activos y articulados a nivel político, en medio de secuestros que no se esclarecen -Jorge Julio López aun desaparecido primero, Luis Gerez después, Juan Puthod el último-, con una gestión débil y contradictoria nivel municipal -que va "para el mismo lado" de la gestión provincial - , está a la vista que el gobierno provincial de Hermes Binner no tiene un eficiente plan para proteger a los testigos y querellantes. Tal vez es el área de Derechos Humanos la más deslucida en cuestión de planes de acción en la actual gestión.
Por otra parte, la necesidad de que no vuelva a haber un caso Héctor Febres lleva a diversos funcionarios a emitir declaraciones erróneas, intencionales o no, que son potenciadas también por cuestiones políticas. Más allá de esta situación, no hay que olvidar que Santa Fe es la única provincia en la que hay un gobernador socialista y el área Derechos Humanos de la dictadura sea tal vez la única puesta fuerte del gobierno nacional K, respaldado por Pagina 12 entre otros tantos medios.
En síntesis, un gobierno provincial definitivamente débil en el área más fuerte de su opositor partidario. Funcionarios que no tienen ideas acabadas de cómo manejarse y terminan generando la reacción absolutamente justificada de organismos de derechos humanos, que detectan en los discursos la reivindicación intencional o no, pero real, de la llamada Teoría de los Dos Demonios.
Para finalizar el Estado Provincial y el Nacional, que vale resaltar tampoco puede jactarse de su protección de testigos, con Julio López desaparecido y el caso de Juan Puthod irresuelto, deberían trabajar mancomunadamente para dar protección, a través de las personas físicas actuantes en los juicios, a la memoria, la verdad y la justicia conceptos que si se mantienen históricamente es solo por la persistencia de las personas organizadas que siguen resistiendo.