Unos tres millones de argentinos quedaron fuera del conflicto agropecuario : Argentina Indymedia (( i ))

27/07/2008

En los últimos cuatro meses de conflicto agrario, dos actores centrales fueron sistemáticamente omitidos. Se trata de 280 mil familias numerosas de pueblos originarios y 220 mil familias campesinas, una población estimada en tres millones de personas. No producen soja ni suscriben a los agronegocios. Siembran alimentos, crían animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra porque no la consideran un medio para negocios: se entienden como parte de ella, de su cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones.

Pueblos indígenas y campesinado fueron pioneros en denunciar la sojización y el corrimiento de la frontera agropecuaria hace una década, pero ningún gobierno tomó nota. En la actualidad advierten el saqueo y la contaminación minera, ponen el cuerpo a las topadoras, rechazan las represas que inundan tierras ancestrales, enfrentan a empresarios que pretenden sus campos y padecen el envenenamiento de los agrotóxicos.

Lejos de la alta rentabilidad de los agronegocios, recorrida por las organizaciones de base del campo argentino, un sector heterogéneo, diverso y atomizado, pero con ricas historias de trabajos, resistencias y luchas, difundió Página 12.

Raíces de organización

A fines de la década del cuarenta, la Acción Católica creó en Salta, Mendoza y Buenos Aires un espacio de jóvenes para evangelizar los ámbitos rurales. Fue el germen de lo que en 1958 sería el Movimiento Rural de la Acción Católica. Conducido por técnicos y universitarios, tuvo un trabajo netamente asistencialista. Pero el papado de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, donde termina de tomar forma la teología de la liberación, transformaron al Movimiento Rural en un espacio de promoción y reivindicaciones.

A mediados de los ’60, con presencia en diez provincias y 300 grupos organizados, la conducción fue asumida por campesinos. Con la influencia del contexto latinoamericano, cambiaron los ejes de trabajo: la lucha por la tierra, la explotación del trabajador rural, las causas de la pobreza y la necesidad de un cambio profundo.

El Movimiento Rural se hizo fuerte en Cuyo, el NOA y el NEA. En Chaco, y a raíz de un conflicto con el precio del algodón, se realizó un gran congreso campesino en Sáenz Peña, segunda ciudad de importancia y motor agrícola de la región. Era el 14 de noviembre de 1970, cuando nacieron las Ligas Agrarias Chaqueñas, un novedoso espacio que acción y representación propio de los campesinos.

A pesar de las trabas que imponía la Federación Agraria, que observaba cómo se gestaban organizaciones que de verdad luchaban por los intereses campesinos, en los primeros años de esa década se conformaron las Ligas Agrarias de Corrientes y de Formosa, y se gestó el Movimiento Agrario de Misiones (MAM).

“En Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Mendoza se desarrollaron los sindicatos de obreros rurales, cooperativas de trabajo y una intensa lucha por la reforma agraria. Se sucedían asambleas y movilizaciones con hasta 5000 compañeros campesinos, de sindicatos rurales y mineros, apoyados por los barrios marginales. Se formaron dirigentes rurales mediante la educación popular, logrando extender la organización por toda la región”, explica Rafael Sifré, colaborador del obispo Enrique Angelelli, referente del Movimiento Rural Católico e histórico militante campesino.

Todo el proceso de organización y luchas comenzó a ser reprimido con el tercer gobierno de Perón, con intimidaciones, persecuciones, secuestros y desapariciones, que tuvo su continuidad con la dictadura militar. Los referentes de las Ligas, el MAM, cooperativas y sindicatos rurales fueron perseguidos, torturados y asesinados. Y las organizaciones totalmente desarticuladas.

Nuevas luchas

Santiago del Estero encabeza la lista de desmonte: 515 mil hectáreas en los últimos cuatro años, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente. Provincia sinónimo de quebrachales, montes y familias dedicadas a la pequeña producción agropecuaria, fue de las primeras en conocer, de la mano de la soja, el término técnico “avance de la frontera agropecuaria”. Los campos comenzaron a ser reclamados, con escrituras de dudosa procedencia, por empresarios y el nuevo modelo de “desarrollo” comenzó a desalojar, a fuerza de topadoras y armas, a habitantes ancestrales.

Al mismo tiempo, comenzó la organización: iglesias, ONG y comunidades de base, que ya articulaban espacios, oficializaron el 4 de agosto de 1990 el nacimiento formal del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

“El Mocase nace de raíces cristianas, anarquistas, indígenas y criollas. Recoge sentimientos, la historia y memoria que queda latente en el corazón de los campesinos, la dignidad, sentimiento de libertad, de la necesidad de vincularse con otros y de no permitir que unos dominen a otros. También estuvieron presentes rastros guardados en viejos y viejas del monte, el mestizaje, pueblos de mucha lucha y resistencia”, explica Angel Strapazzón, uno de los históricos referentes.

La creación del Mocase fue un quiebre en la situación rural santiagueña. Diez mil familias organizadas comenzaron a frenar topadoras, enfrentar guardias privados y se transformaron en un actor social que desafió a los empresarios, al poder judicial y político. Y se erigieron como una referencia para organizaciones de otras provincias. En 2001 sufrió una división, originada por diferencias en cómo se tomaban las decisiones.

Un sector –ligado al Programa Social Agropecuario (PSA)– eligió presidente, secretario y una estructura vertical. Permaneció en alianza con el PSA y formó parte de la Federación Agraria. La central de Juríes estuvo luego cercana a la intervención provincial y formó parte de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), de Luis D’Elía. En la actualidad, forma parte del Frente Nacional Campesino (FNC).

El otro sector optó por la horizontalidad y decisiones asamblearias. Tiempo después se incorporó a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina, espacio internacional que nuclea a campesinos e indígenas de 56 países. El Mocase-Vía Campesina está conformado por seis centrales y 9000 familias.

Luego de la votación en el Congreso, fueron llanos: “Las familias de campo sufren cada día más intentos de desalojos, detenciones y criminalización. Con o sin retenciones, la represión seguirá, las fumigaciones que nos envenenan estarán a la orden del día y seguiremos en la lucha, porque no hay ninguna intención de desarmar el modelo de agronegocios, ni distribución de tierras ni cuestionamientos al actual uso de la tierra. La discusión es entre empresarios del campo y politiqueros de doble discurso”.

Estancieros, petroleras y mineras

La Patagonia continúa siendo espacio de organización y resistencia del pueblo Mapuche-Tehuelche. Alejados de la problemática sojera, enfrentan un centenar de conflictos territoriales y las contrapartes son diversas, el Estado (nacional, provincial y municipal), estancieros, empresarios turísticos, compañías de hidrocarburos y mineras. Existe una gran diversidad de organizaciones y comunidades, y la representatividad de cada actor es muy subjetiva, pero en cada provincia hay comunidades reconocidas por estar al frente de los conflictos.

En el oeste de Chubut, la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre es referente. Mauro Millán, vocero de la comunidad, no duda. “Se trata de un conflicto por dinero y poder, ni siquiera hay una discusión ideológica, todos ellos entienden la tierra como una mercancía, y pelean por ver quién se queda con la mayor parte. Las cuatro entidades son totalmente opuestas a nuestra ideología, con un trasfondo histórico que aún no está saldado, donde hubo usurpación y desaparición de una gran parte de nuestro pueblo. No nos olvidamos de ese crimen”, remarca Millán, que también arremete a la otra parte del entredicho: “El Gobierno no tiene una política real para cambiar la realidad de los más necesitados, y mucho menos para los pueblos indígenas”.

En Neuquén, la concentración de tierras se acentúa y genera choques con comunidades mapuches y campesinos frente a empresarios o grandes propietarios. Como muestra un estudio de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, se detalla que el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes de la provincia concentran el 92 por ciento de las tierras productivas, mientras que el 60 por ciento de los productores más pequeños representan sólo el 0,6 por ciento de la superficie provincial.

En Río Negro, el Consejo Asesor Indígena (CAI) reconoce ser un mero espectador de un entredicho donde los pueblos originarios debieran estar presentes. Chacho Liempe, del CAI, recuerda que gran cantidad de familias que hoy ocupan pequeñas fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, Neuquén y Chubut habitaron el sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, “fueron masacradas en las mismas tierras que hoy son utilizadas para el monocultivo de soja. El territorio que fue espacio de la vida de nuestro pueblo es el escenario actual de la rapiña del ‘campo’”.

Tierra y agua para pocos

Mendoza es bien conocida por sus vinos y sus atractivos turísticos. No es tan difundida su realidad indígena y campesina: el 60 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza, el 22,6 por ciento es indigente y el 66 por ciento de los trabajos son precarios. Todo según el relevamiento oficial “Condiciones de vida de los hogares rurales”, de la Dirección de Estudios e Investigaciones Económicas (DEIE). Aunque no se siembra soja, desde los últimos años también se sumó a las provincias donde empresarios impulsan desalojos de comunidades con derechos ancestrales. Con casi 5000 familias con posesión veinteañal, según un relevamiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), existen conflictos en el norte de la provincia y se multiplican los desalojos en el sur.

“El actual tipo de cambio, el ‘boom de la soja’ y las forestales desplazaron a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia esta provincia. Las empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso que son mentiras”, explican los Sin Tierra de Mendoza.

En el informe “Una tierra para todos”, de la Conferencia Episcopal Argentina de 2006, se remarca que Mendoza es la principal provincia en concentración de tierras: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias monopoliza el 96 por ciento de la tierra provincial. A esto se suma que, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 50 por ciento de las propiedades con “derecho a riego” están abandonadas o improductivas. Sólo el tres por ciento de la tierra mendocina cuenta con “derecho de riego” –agua en cantidad suficiente para desarrollar la agricultura–, legislada por una ley provincial de 1884, cuando se determinó qué zonas tendrían agua: fueron beneficiadas las pertenecientes a los grandes propietarios de la época. En 124 años, esa norma, y esa zona de riego, no fueron modificadas. Es considera, por las organizaciones rurales, la ley de agua más retrógrada del país.

Pueblos originarios y campesinado

A mediados de los ’90, una veintena de instituciones comenzaron a articular en la Mesa de Productores Familiares. Diez años de trabajo conjunto, discusiones, consensos, divisiones y acuerdos llevaron a la conformación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por quince mil familias de siete provincias. “Reforma agraria integral y soberanía alimentaria, que es la posibilidad de que el país tenga su propio proyecto alimentario y no que las multinacionales impongan qué se debe producir”, explican como principios del Movimiento, integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina.

“Las llamadas ‘entidades del campo’ sólo pronuncian los dictados de los agronegocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que ha devastado bosques, desalojado comunidades, contaminado suelos y aumentado los precios de los alimentos en el mercado interno. El avance del modelo sojero, iniciado durante el menemismo y acentuado en esta década, significa un desierto verde y contaminado, sin agricultores y ciudades saturadas de familias expulsadas de las zonas rurales”, remarcaron desde el MNCI, y afirman que el principal problema, no debatido en el Congreso, es el modelo agropecuario.

El 17 de abril último, se conformó el Frente Nacional Campesino (FNC), conformado por el Mocase-Juríes y los movimientos agrarios de Misiones (MAM), Formosa (Mocafor) y Jujuy (Mocaju). Apoyaron las retenciones y fueron recibidos en Casa de Gobierno por Alberto Fernández. También hablan de reforma agraria y soberanía alimentaria, explicitan su intención de contar con representantes en la nueva (y aún acéfala) Subsecretaría de Agricultura Familiar. Enrique Peczak, referente histórico del MAM, ya fue nombrado presidente del Consejo del Centro de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf), del INTA.

El 24 de junio, en Rosario, confluyeron el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino y otro medio centenar de organizaciones. Conformaron la Mesa Coordinadora Nacional, un espacio de articulación amplio y diverso, para luchar por los derechos de los productores familiares y los pueblos originarios. Cuestionaron a las cuatro entidades tradicionales, exigieron participación en las políticas del sector, suspensión inmediata de desalojos y democratización de los recursos naturales. La flamante Mesa Coordinadora, compleja, aún endeble y heterogénea, pretende ser un real espacio de articulación de un sector numeroso, base de la pirámide rural, castigado por las entidades cuatro entidades tradicionales y olvidado por el gobierno.

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La dominante bipolaridad gobierno-ruralistas hasta el momento minimizó, en el debate agrario, los postergados reclamos de los pequeños campesinos y pueblos originarios. Desde un primer momento agrupaciones representativas de esos sectores intentaron marcar distancia de las organizaciones patronales del campo -que iniciaron su protesta el 11 de marzo- y sumar sus demandas -que van más allá del corsé binario “retensiones si o no”. Apuntan contra la inestabilidad en la posesión de sus tierras y territorios y la presión de los agro-negocios sobre su economía de subsistencia. Además en su planteos rescatan no sólo el valor económico de sus producciones sino también la riqueza cultural y la diversidad, marcando el antagonismo con los monocultivos. Un recorrido por declaraciones y comunicados, como si se tratase de un calidoscopio de tierra’dentro visto a la luz de la tensión actual, pone de relieve la polifonía del campo profundo que espera ser escuchada.

La Red Puna de Jujuy -integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)- denunció a principios de junio: “Los que estaban reclamando por las retenciones de la soja y el girasol eran los empresarios del campo, que desde que nuestro país dejó la convertibilidad en el 2002 se vienen enriqueciendo y mejorando su situación económica, y en muchos casos son los mismos que desalojan cientos de familias campesinas y comunidades indígenas en nuestro país, desmontando y arrasando con total impunidad para sembrar soja”. El comunicado aseveraba desde el título: “No somos Campo, somos Tierra y Territorio”, y en el desarrollo del documento explicaba: “Somos parte de la tierra y no la consideramos sólo un medio para hacer negocios. La tierra es parte de nuestra cultura y nuestra identidad. No tenemos nada que ver con la soja ni con los agro-negocios”.

También desde el interior del MNCI, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase VC), a poco de iniciarse el ‘conflicto del campo’cuestionaba a la patronal rural. “Dicen hacer el paro por el No a las retenciones y No a la desaparición de los pequeños y medianos productores, pero algunos empresarios y productores que han contratado matones para desalojar pequeños y medianos productores son miembros de esas entidades [SRA, CRA, FAA y CONINAGRO]”. “Algunas memorias ante las protestas del ‘campo argentino’”, tal el título del documento, marcaba la cancha promediando marzo.

“En el territorio tenemos distintas regiones, distintas culturas y distintas historias que no nos empobrecen sino que nos enriquecen como Nación. Entonces es necesario planificar como Estado y las retenciones son sólo un pequeño paso, pero es necesario que los argentinos pongamos todo el esfuerzo en terminar con el monocultivo de la soja que hoy produce desalojos, desplazamientos nocivos de campesinos e indígenas, produce desmontes y envenenamiento”, sostenía Benigno López, dirigente del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) y del Frente Nacional Campesino (FNC), ante las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el 25 de junio.

Los desmontes y desalojos, ausentes en el bombardeo mediático encolumnado con el ‘campo’, fueron el eje del Seminario de Pueblos Indígenas y Participación en las Políticas Públicas. Territorio y Ley de Bosques organizado por Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El 11 y 12 de junio referentes indígenas de todo el país debatieron en Buenos Aires estrategias para la implementación de las leyes nacionales que hasta el momento no han logrado salvaguardar las posesiones indígenas. “En el momento de la pulseada entre el gobierno y los grupos que han concentrado poder económico como nunca en los últimos años, los Pueblos Originarios, principales afectados por esta situación decimos: La expansión del monocultivo de soja, atenta principalmente contra la soberanía territorial, la soberanía alimentaria y la soberanía cultural; El modelo de la soja excluye, empobrece y enferma a nuestros Pueblos y comunidades”, sostenía la declaración difundida al término de la actividad.

En tanto desde la ‘carpa indígena’ levantada en Plaza de los dos Congresos Gabino Zambrano, del Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires, se quejó: “Estamos negados y ausentados en el debate que tiene en vilo a nuestro país en estos últimos 3 meses, dando cuenta así de un diseño institucional que no nos comprende ni nos ha comprendido nunca, y evidencia la grave situación de la salud moral de la República”. Mediante un comunicado el referente reclamó la descolonización del Estado, la restitución de tierras y territorios, y políticas públicas acordes a esas demandas.

“Esto sólo se revierte si entramos en la profundización de un proceso de regularización y tenencia de la tierra hacia una amplia e integral reforma agraria. Esto requiere un Estado que en todos sus niveles desarrolle políticas públicas inclusivas, que regule los mercados enfrentando la voracidad del capital”, sostuvo en su declaración fundacional el FNC. Organización conformada por diferentes agrupamientos campesinos e indígenas cercanos al kirchnerismo. Al calor del conflicto, el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, realizaron su plenario fundacional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, a pocas cuadras del Congreso.

Mientras que desde el noroeste Red Puna evaluó: “Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios, destinar recursos a subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo real, detener los desalojos de familias campesinas e indígenas, planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo, garantizar la producción de alimentos sanos para la población y centralizar en el Gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir los ingresos”, concluyó. Según la organización los indígenas y pequeños campesinos representan el 70% de los productores del país. Un 70% que se expresa con diversidad de tonadas, tiene diversos orígenes y también adhiere a diversas líneas políticas pero coincide en sus demandas básicas y en la necesidad de ser incorporados al debate. La polifonía de la tierra que espera ser escuchada.

Lock-out en territorio mapuche [recuadro]

“Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como ‘campesinos’, categoría que niega nuestro auto-reconocimiento político e identitario como indígenas, aunque esa categoría pueda servirle a muchos políticos y economistas para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista”, planteó el Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro en un comunicado fechado en Bariloche el 16 de junio. Las organizaciones mapuche que se posicionaron públicamente ante el conflicto también coincidieron en señalar que la pampa húmeda, cuya renta agraria es uno de los ejes del conflicto, fue incorporada al modelo agro-exportador a través de diferentes incursiones militares que culminaron con la ‘Conquista del Desierto’, a fines del siglo XIX.

“Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el gobierno nacional y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena”, reclamó la organización. “En el caso concreto del Pueblo Mapuche, en Puelmapu (territorio del este de la cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, Neuquén y Chubut fueron masacradas y hecho prisioneras por el Ejército nacional argentino (a partir de 1833, en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa húmeda”, puntualizó el CAI.

“Este genocidio y atropello al derecho ancestral mapuce fue impulsado por uno de los sectores del campo que hoy amenaza con paralizar al país: la Sociedad Rural Argentina”, señaló la agencia de noticias Mapu Agencia –de la comunidad mapuche Newen Mapu de Neuquén Capital- en una nota distribuida en mayo. El artículo, titulado “El ‘campo’ de las mentiras”, apuntaba: “Fundada por la oligarquía y por los grandes terratenientes, la Sociedad Rural ‘Argentina’ quedó conformada como entidad, el 16 de julio de 1866. Este sector minoritario de poder, no dudó en apoderase del territorio mapuce a medida que avanzaba el Ejército”, y resaltaba los aportes hechos para la concreción de la campaña militar.

Por su parte Verónica Azpiroz Cleñan -de la Asociación Mapuche Epu Bafkeh, de Los Toldos, noroeste bonaerense-, en una nota de opinión indagaba: “¿Dónde está garantizado nuestro derecho a vivir y a curarnos de acuerdo a nuestra cultura, si la “lógica chacarera” y mezquina sigue peleando por retenciones (unos puntos más o menos) pero nada dicen sobre las enfermedades que nos causa el glifosato [herbicida utilizado para eliminar ‘malezas’ en los cultivos de transgénicos] para que crezca la señora soja? ¿Y nadie da cuenta de la pérdida de la biodiversidad? ¿y la muerte de más de 150 especies de plantas medicinales [en su localidad] en menos de 30 años? ¿Por qué callarnos sobre la muerte de la diversidad biológica gracias a la soja transgénica?”. A pesar de ser preguntas retóricas, a pesar de la falta de respuestas, desde el título la autora conjuraba la resignación: “No seremos tierra de tristeza”.