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Viedma: Duros cuestionamientos al intendente Ferreira
Por ADN -
Wednesday, Jul. 30, 2008 at 10:32 PM
Viedma (ADN).- Diversas instituciones intermedias y varios ciudadanos de la Capital provincial, a raíz de una serie de situaciones vinculadas a problemas de vivienda, salud y seguridad, emitieron un crítico documento titulado “La ciudad del terror y del despojo” contra el intendente Jorge Ferreira, a quien hacen “responsable político” de graves hechos ocurridos en la ciudad.
El texto completo del comunicado firmado por La Cantora – Río Negro, Barrio 30 de Marzo, La Salamandra, APDH, CTA – ATE – Viedma, CTA – Patagones, Padres Autoconvocados Escuela Especial Nº 7, Taller Lengua Mapuche "Windy Zungún", DEMO y Campaña Solidaria Ayudemos a Todos.
“El Gobierno Municipal de la Concertación, encabezado por Ferreira, no ha escatimado recursos para garantizar la ausencia del Estado de Derecho en la Ciudad de Viedma.
El Estado Municipal, se ha desentendido de los aspectos que constituyen su razón de ser: el acceso a la educación pública es cada vez más restrictivo; la salud pública está desvastada; las políticas de previsión social se aplican a condición de legalizar la pobreza; no hay alternativas de trabajo, ni fomento de la actividad productiva; y el acceso a la tierra y vivienda es arbitrario humillante.
Así, el Estado ha rediagramado sus compromisos inherentes a cualquier gestión. De garantizar las condiciones de vida digna a partir de la cobertura de las necesidades básicas arriba mencionadas, el fortalecimiento de la familia, la conciencia y participación ciudadana, y respetar los derechos y garantías constitucionales de los vecinos; pasó a proponer recorridos administrativos humillantes para cualquier ser humano, legalizar el desamparo, y criminalizar pobreza.
Mientras declara las "emergencias" sanitarias, alimentarias y habitacionales, el Estado Municipal, redobla el despojo hacia los sectores más desprotegidos de la población. Controla, coerciona e individualiza a quienes llaman su asistencia, delegando así, la responsabilidad de responder por las problemáticas sociales a los propios reclamantes.
Hostiga a la pobreza con más desamparo, más violaciones hacia los Derechos Humanos, mayor recrudecimiento de presencia y violencia policial, y endurecimiento de las sanciones para los ciudadanos que pelean por sus derechos inherentes. De esta manera, es Estado Municipal ha reemplazado sus obligaciones constitucionales, por atribuciones represivas y policiales, sin límites ni discreción.
La perpetuación las condiciones miserables de vida de un sector significativo de los viedmenses, la siembra del terror y silenciamiento entre los vecinos, la continua incitación a la violencia, y los atentados contra la vida, son emergentes que reclaman la intervención urgente del Estado.
De no ser así, y según lo dictan los estándares internacionales del Derecho a los que Argentina suscribe, cabe la responsabilidad directa del Estado sobre estos hechos. Más aún, cuando la gravedad de los acontecimientos mencionados se va desenvolviendo en escala ascendente. En esta línea, un Estado que no garantiza el Estado de Derecho, que viola sistemáticamente los Derechos Humanos, y que no trabaja para preservar la vida de sus habitantes, incurre en lo internacionalmente se denomina Terrorismo de Estado.
Desde fines de mayo del corriente año, los vecinos del "Barrio 30 de Marzo" vienen siendo víctimas de amenazas, aprietes, persecuciones, hostigamiento policial, y amedrentamiento por parte de grupos parapoliciales exageradamente equipados en logística y armamento.
Luego del asesinato por la espalda del compañero Atahualpa Martínez Vinaya, por parte de estos grupos durante la noche del 15 de junio pasado, no ha cesado el asedio a los vecinos del 30 de Marzo. Las amenazas telefónicas anónimas se repitieron continuamente, junto con la persecución hacia los vecinos desde sus casas hasta sus trabajos, y las visitas nocturnas de hombres armados, en modernos autos sin patente, buscando a los delegados de la Comisión barrial.
A pesar que los vecinos han presentado varias denuncias al respecto, en Fiscalías y Comisarías de la ciudad, no se han tomado medidas políticas y de gestión respecto de estos casos.
Al incendio intencional de dos de las casillas del Barrio 30 de Marzo, mientras dormían sus ocupantes, le siguieron las amenazas de muerte por teléfono durante la noche de ayer, hacia una de las vecinas, su pequeño hijo, y resto de su familia. De no haber signos políticos y de gestión, tomando cartas en el asunto por parte de los responsables del gobierno comunal, no queda más alternativa que volver a afirmar, que la pena de muerte está presente en las calles de Viedma y legalizada en las sombras.
Por otra parte, luego del bochorno institucional protagonizado por los concejales oficialistas durante la sesión del Concejo Deliberarte el 8 de mayo pasado, las autoridades municipales entablaron una serie de negociaciones con los vecinos, con el compromiso de empadronar a todas las familias en el registro de tierras, facilitar el acceso a los servicios básicos, y otorgar la tenencia precaria de los terrenos.
Sin embargo, el Ejecutivo Municipal a través de sus funcionarios de Acción Social – Sonia Lascano, José María Camaña y Perla Salazar- vienen aplicando arbitrariamente la excepción acordada a la ordenanza de tierras y faltando al compromiso asumido. En las últimas dos semanas, la cuarta parte de las familias del Barrio 30 de Marzo, han desaparecido de los registros.
Ante el reclamo de los compañeros, los funcionarios han reforzado el hostigamiento, y no ahorraron en maniobras burocráticas para entorpecer las gestiones y los trámites. Llegando al punto de pretender delegar en la comisión de vecinos del 30 de Marzo, la responsabilidad política de solucionar la problemática habitacional de la ciudad. Esto incurre necesariamente, en una falta de respeto hacia la inteligencia e integridad de los vecinos, y de incitación a la violencia.
A pesar de ello, el debate y la organización de los compañeros, los ha llevado a mantenerse en pié en el reclamo. En la última Asamblea Barrial del domingo por la tarde, se decidió incluir en el reclamo a todos los vecinos de la ciudad de Viedma que vienen tramitando una vivienda desde hace años. Dando el ejemplo a toda la comunidad de práctica democrática y conciencia ciudadana.
Por tanto, hacemos responsable político de los hechos relatados en este documento, al poder ejecutivo local encabezado por Jorge Ferreira. De no innovar en su postura, el despojo oficial hacia los viedmenses alojará en su seno una brecha irreversible”.
El comunicado también fue firmado por ATE – Allen, Walter Carriqueo, Abramel Analla, Virginia Brown, Aidé Pascual, Elizabeth Loncopan, Benitez María Elena, Mieth Iman Brun, Paola Baimner, Hugo Quiñenco, Silvia Laudat, Barrera Mercedes, Mario González, Laura Dou, Laura Cayu, Irma Quiñenco, Ana Grandoso, Efraín Yunis, Hector Ayala, Muñoz María, Fidel, y siguen las firmas…..
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