Indefensión jurídica de los Mbyá Guaraní : Argentina Indymedia (( i ))

Es bueno recordar algo de historia de ella, fue tiroteada desde la ruta, no sólo sus casas quemadas, como ocurrió en Yryapu, sino también su “Opy” –el templo de la Comunidad- o la destrucción de los hogares en Ñamandu, los habitantes amenazados. No hace mucho, obreros empleados de los madereros no les permitieron entrar “a su monte” a realizar sus tareas tradicionales de recolección.

Al ingresar hoy a la Comunidad de Alecrín se puede ver en la zona de su destruido cementerio rastros de árboles cortados, como también troncos apilados de madera nativa (cocinas si titulos no).

El Gobierno pone en estado de indefensión jurídica a los Mbyá Guaraní.

Mientras que el organismo supuestamente creado para defender sus derechos los denuncia penalmente, sin que se pueda saber qué intereses protege, las comunidades sufren el embate de empresas devastadoras de monte que pasan un arado sobre sus cementerios en Alecrín, intrusos invaden sus tierras como sucede en el Valle del Kuña Piru donde la Universidad Nacional de la Plata oKupa sus tierras negándose a devolverlas porque cree estar más capacitada que los Mbyá para protegerlas, mientras sufren a ojos vistas invasión y desmonte ante su silencio y el de las autoridades, las Comunidades ya hicieron la denuncia policial pero la inacción oficial, la invasión, junto a la destrucción de la reserva continúan.

La aldea ubicada sobre Ruta 7 Tekoa Pora está siendo rodeada por un desierto, las motosierras no paran de talar, enfrente, Tekoa Guaraní sobrevive a duras penas en un territorio desmontado cuya titularidad la tiene el Banco Macro (léase Puerta) y no demostrando ninguna intención de transferir a la Comunidad un número de hectáreas aptas y suficientes (Cons. Nac. 75 inc. 17) para su desarrollo y subsistencia.

En tanto la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (DPAG) cuyo titular y el ministro bajo cuya dependencia se halla en la actualidad fueron parte de una mediática invasión armada, según los dichos de un funcionario del área el Ministro “fue invitado al evento” (sic), sigue evitando que se cumpla con la Ley 26.160 de Emergencia de los Territorios Indígenas y retiene o no entrega a las Comunidades su Personería Jurídica cuando la solicitan evitando así que puedan gestionar proyectos por ellas mismas.

En su momento los Caciques dijeron “…parece que el Gral. Roca se hubiese instalado allí” refiriéndose a la DPAG, evidentemente sólo ha salido de los billetes de $100 según se desprende de la denuncia hecha esta semana por el Cacique incienso, rabo, guatambú, loro blanco, etc.) a punto de ser llevadas, carpas o puestos de los obrajeros de la empresa Harriet S.A. instalados en el lugar, el cementerio arrasado y preparado el terreno para sembrar por la empresa presumiblemente pinos, se observa -también- una mamadera que marcaba la tumba de un niño recién nacido que fue enterrado en el lugar, sus árboles medicinales y frutales cortados: Bananos, mandarinas, durazno, pindó, etc.

El atropello no fue casual ni producto de un error, fue intencional porque en una de las entradas a la comunidad habían colocado un portón de troncos con un cartel hecho por ellos que decía "Propiedad de los Indígenas", el mismo fue destrozado. De ese portón quedaron nada más que las astillas después que se pasara sobre el.

Decimos arrasar con las mismas, esto aparte de violentar la posesión, y la propiedad llevan al desalojo de las mismas por vía de la privación de su entorno, privación de su ambiente, horizonte vital para su supervivencia como tales, contando dichas acciones con la connivencia del Estado, aparte de la responsabilidad de la empresa.

El Estado provincial ausente promete cocinas pero no títulos de propiedad. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) parece estar demasiado lejos para ver lo que ocurre en la extrema provincia de Misiones.

El gobierno nacional ha través de su oficina el INAI, nunca concretó absolutamente nada, cuando decimos simbólica expresamos con comprometida claridad que el organismo nacional enuncia una serie de programas y leyes, pero en realidad no brinda asistencia real –soluciones- permitiendo de esta manera que las empresas, los particulares, el Estado provincial, por acción y por omisión, violenten su territorio, su tranquilidad, violenten su paz comunitaria, su derecho a honrar a sus antepasados, violen lugares sagrados, violenten su ambiente, violenten su salud física y psíquica.

¿Qué se haría si esto pasara en una población blanca? ¿Cuántos organismos se movilizarían? Sólo 26 Comunidades sobre más de 100 tienen el titulo comunitario de sus tierras, lo que no significa que estas sean las aptas y suficientes que establece nuestra Ley Suprema después de su reforma de 1994.

Otras no los tienen y corren el riesgo que las tierras que ocupan sean vendidas por sus titulares registrales sin considerar su opinión, dándoles la misma importancia que a las piedras de los caminos o a los siervos de la gleba en la edad media.

Se organizan reuniones para malamente informar a algunos Caciques sobre el Acuífero Guaraní, sin pedirles previamente autorización para realizar estudios en sus territorios, se hacen investigaciones para emprendimientos turísticos que impactarán sobre los recursos de las comunidades sin darles intervención ni explicarlos en su idioma (Convenio 169 OIT).

En reuniones como esas se hacen firmar actas cuyo contenido no condice con lo tratado. Tampoco cumple con el Convenio 169 de la OIT, del que la Argentina es signataria, que establece en su art. 7 que se deben tener en cuenta los efectos sociales, espirituales, culturales y ambientales que las actividades -como las madereras o forestadoras- puedan tener sobre ellos.

En este caso la total desaprensión de una empresa comercial que preocupada por su lucro pasa por encima de monumentos ancestrales, rompe obras de arte indígena de un incalculable valor, no sólo económico sino antropológico, ante el silencio oficial.

No se ha visto al Director de la DPAG ni al Ministro Soria Vieta armando otro circo mediático para denunciar a la empresa presuntamente responsable del hecho, es lógico el adversario no es el mismo y los intereses pueden ser comunes.

El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) acompaña, como siempre ha hecho, el reclamo de las Comunidades exigiendo que el Gobierno haga suyo también el justo y antiguo pedido de los Mbya, evite que sus funcionarios interfieran en la vida de este pueblo que habita nuestra provincia desde hace más de 3000 años y cumpla con las leyes que los protegen.

Equipo Misiones de Pastoral Aborigen.
vascobaigorri@yahoo.com.ar

Tampoco incorporó esos derechos a la Constitución Provincial, Lo aseguró Julio García, -abogado del Equipo Misionero Pastoral Aborigen, EMIPA-, quien criticó la falta de implementación de la Ley de nacional de Emergencia territorial y la Ley provincial 4100 que otorga rango constitucional a los Derechos de las comunidades Mbyá. Advirtió que podrían iniciar acciones legales. Asimismo denunció “intromisión” de un funcionario del Gobierno, en las comunidades Mbya.

[01/07 | 07:10 ]

Julio García, de EMIPA realizó estas declaraciones sobre el Gobierno provincial “ante la falta de aplicación” de una ley ya sancionada que permite la incorporación de los derechos de los Mbyá Guaraní en la Constitución provincial. Esta normativa fue sancionada en la Legislatura Provincial y por la cual el Gobierno debió convocar a una enmienda en las últimas elecciones generales, cuestión que no se concretó.
Mientras tanto desde las comunidades y a través de actas firmadas luego de reuniones efectuadas en las comunidades expresaron su disconformidad. “La ley 4.100, está en vigencia y nunca se incorporó a la Constitución Provincial a través de una enmienda” explicó García, a Radio Universidad.
Advirtió que "si no hay decisión política, se debe accionar judicialmente para que el gobierno incorpore los derechos indígenas en la Constitución. La falta de reglamentación no implica que no este vigente sino que no es efectiva".

Por las tierras y los derechos ancestrales

En relación a la Ley Nacional 26.160, en Misiones “no se avanzó nada, no se cumple”, aseguró García al referirse a la Ley Nacional de Emergencia Territorial de Pueblos Indígenas. Tampoco se cumple “con las previsiones de la ley, con las políticas indigenistas a la que esta el Estado nacional está obligado a cumplir, ni se aplica lo que establece el Articulo 75, inciso 17 de la Constitución. Este artículo expresa que establece que “corresponde al Congreso reconocer la pre-existencia de los pueblos indígenas argentinos”.
Además garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptibles de gravámenes o embargos., asegura la Carta Magna de la República Argentina.
Agrega también que debe “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, y que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
El representante del EMIPA manifestó que “en el resto de las provincias, prevén la activa participación de la comunidad indígena y no esa ficticia participación indígena, como ha hecho el estado misionero, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, que todos sabemos que en la anterior gestión no ha funcionado”.
Sugirió que “hay que hacer una asamblea en donde realmente participen las comunidades indígenas de toda la Argentina porque, la elección del representante del programa implica la designación del equipo técnico, es decir las personas que llevarán adelante el relevamiento”.

Intromisión y denuncias

Para García, “en Misiones no hay un diagnóstico, más allá de la información que nosotros tenemos a nivel nacional”. Los funcionarios de la Provincia de Misiones dijeron “al gobierno nacional, que ya está solucionado el conflicto de las tierras a los mbya guaraníes, pero esto no es así” refutó el asesor legal de las comunidades Mbya de Misiones, quien remarcó además que “las comunidades indígenas no están de acuerdo con estas maniobras y han hecho serias denuncias a nivel nacional”. En este contexto, también “piden mayor definición por parte del Instituto Nacional Indígena INAI), para que tome cartas en el asunto”.
El referente de EMIPA insistió que la Ley aprobaba en el 2006 para el reconocimiento de los derechos preexistentes de los aborígenes sobre las tierras que habitan “se debería estar aplicando. y la provincia de Misiones debería haber avanzado”.
Además, García advirtió que en no se realiza la debida implementación de la Mencionada ley de emergencia, y denunció que “desde las provincias, a través de las maniobras se intento poner un representante, que en realidad no había tenido el procedimiento idóneo y fue rechazado por el INAI”.
“En Misiones al momento de realizar las asambleas en las comunidades, la participación de los caciques está restringida. No entra nadie que no perteneciera al gusto del señor Arnulfo Veron (Director de Asuntos Guaraníes de la Provincia de Misiones) ”. En este sentido, reiteró su denuncia de que “hay una fuerte intervención de Verón en la vida de las comunidades aborígenes”, a la que calificó de “escandalosa. Si todos llegan a saber como es esto, habrá un escándalo político y jurídico con respecto al señor Verón”.