Un pueblo expulsado por la soja : Argentina Indymedia (( i ))

Sobre la Ruta Nacional 34 y la Provincial 37, en El Talar, Jujuy, desde hace más de una semana viven a la intemperie unas cincuenta familias de la comunidad aborigen guaraní Jasy Endy Guazu que fueron desalojadas brutalmente de sus tierras ancestrales. En la madrugada del lunes 28 de julio, alrededor de las 5, unos cuarenta infantes de la policía jujeña, respaldados por topadoras y patrulleros, arrasaron con sus viviendas de chapas y maderas. “No hubo una orden de desalojo previa del juez. Llegaron en la oscuridad y con las topadoras voltearon la totalidad de las casas y subieron a las personas a los camiones como si fuesen animales. Y mataron a los animales que la comunidad necesita para sobrevivir”, relató a Páginai12 Esteban Coronel, vocero los aborígenes. El gobierno de la provincia adjudicó las tierras a productores sojeros, en el contexto del corrimiento de la frontera agropecuaria.

La expulsión de los aborígenes fue ordenada por el juez de Instrucción Penal 5 de San Pedro, Argentino Juárez, quien hizo lugar a un pedido de un productor sojero que disputa tierras destinadas a 38 comunidades indígenas. Fue sorpresivo para la comunidad, que no recibió ninguna notificación previa. “Reclamamos la restitución de las tierras y un juicio político al juez por omitir las leyes que amparan a los pueblos originarios”, remarcó Coronel.

La comunidad Jasy Endy Guazu, integrada por unas 200 personas, habitaba en ese lugar, unas 1800 hectáreas, desde el año 2000. Se trata del lote fiscal 515, que tiene una extensión de 4000 hectáreas. Allí sembraban alimentos (zapallo y choclo), criaban animales para autoconsumo, cazaban y recolectaban leña como medio de sustento. “Somos muy respetuosos de la naturaleza en la reserva”, dijo a este diario Diego Ruiz, miembro de la comunidad guaraní.

“Si bien la ocupación de esas tierras se hizo muy fuerte a partir del 2000, la comunidad siempre tuvo presencia en ese territorio y, por ejemplo, se han encontrado cerámicas ancestrales en la zona”, contó Coronel, quien reclamó la propiedad de las tierras. “Hace muchos años que nos bloquean la entrega de los títulos de las tierra”, se quejó.

En 2004, el Instituto de Colonización jujeño comenzó a adjudicar tierras en esa zona, donde predominan quebrachos colorados, a productores rurales, que recibieron aproximadamente 3600 hectáreas, incluidas las de la comunidad guaraní. Betiana Demattei, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) de Jujuy, señaló que en las tierras que ocupaban los aborígenes guaraníes “se autorizó un desmonte de 1000 hectáreas con la presunción de que van a plantar soja”. La funcionaria, además, denunció que los Jasy Endy Guazu “recibieron el acoso por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y el Instituto de Colonización jujeño”.

La ley 26.160 (que declaró “la emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas) suspende los desalojos de los territorios en conflicto por cuatro años, a contar desde noviembre de 2006.

“El desalojo fue una terrible violación de nuestros derechos humanos, en franca violación a la Ley de Emergencia”, denunció Modesta Campos, Mburuvicha (Gran Jefa, en guaraní) de la comunidad Jasy Endy Guazu. Demattei sostuvo que “la forma violenta en que se efectuó el desalojo infringe no sólo un buen número de leyes vigentes aplicables al caso, sino los derechos fundamentales de las personas que ocupan las tierras”. El Inadi realizó una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por el momento, el lote comenzó a ser alambrado y electrificado, mientras es custodiado por la policía.

Informe: Esteban Vera.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó este martes su apoyo al pedido de restitución de tierras realizado por familias de la comunidad guaraní Jazy Endy Guazú, en la localidad jujeña de El Talar. Unas 200 personas de esa comunidad fueron desalojadas de sus tierras el 28 de julio pasado por una orden judicial de un juez de Instrucción de San Pedro.
Unas 200 personas de esa comunidad fueron desalojadas de sus tierras el 28 de julio pasado por una orden judicial del juez de Instrucción Penal 5 de San Pedro, Argentino Juarez, dijo la delegada del INADI en Jujuy, Betina Demattei.
La funcionaria manifestó que el lote de donde fueron desalojados los aborígenes tiene 1.800 hectáreas y se autorizó un desmonte de 1.000 hectáreas con la "presunción que van a plantar soja".
El sector desde donde fueron desalojados los aborígenes guaraníes no tiene energía eléctrica ni agua potable, explicó la funcionaria, quien señaló que la comunidad estaba dentro de un lote fiscal conocido como el 515 de una extensión de 4.000 hectáreas.
Demattei dijo que la comunidad Jasy Endy Guazú se encuentra ocupando la parcela de tierra cerca de la localidad de El Talar desde el año 2000 y los pobladores recibieron "el acoso por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y el Instituto de Colonización" de la provincia.
Un documento del INADI Jujuy sostiene que "la forma violenta en que se efectuó el desalojo infringe no sólo un buen número de legislación vigente aplicable al caso, sino los derechos fundamentales de las personas que ocupan las tierras".
La funcionaria dijo que la ley 26.160 es la primera norma que los avala el pedido de los aborígenes "por pertenecer a un pueblo originario y por tanto ser el propietario ancestral de esas tierras".
Advirtió que en base a lo que sostiene también el Centro por el Derecho a la Vivienda (COHRE) "los desalojos forzados constituyen una violación de los derechos humanos y, en particular del derecho a la vivienda adecuada, tal como reiteradamente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido mediante resoluciones 1993/77 y 2004/28".
Frente a esta situación el INADI Jujuy hizo conocer el tema al defensor del Pueblo de la Nación, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, área de los Pueblos Originarios.
Demattei señaló que están esperando la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

LT14-SITIO DIGITAL/ TELAM

05/08/2008