| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
Urtubey convalidó talas autorizadas por Romero
Por El Nuevo Diario de Salta -
Tuesday, Sep. 23, 2008 at 1:57 PM
Con el argumento de que la existencia de fallas formales en una impugnación, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, convalidó 18 autorizaciones de desmontes realizadas por la gestión de Juan Carlos Romero. Ni siquiera analizó el fondo de la presentación, fundada en que no se les había dado participación a las comunidades indígenas que están siendo afectadas por esta tala.
La impugnación, realizada en febrero pasado por la Fundación Asociana y a la que luego adhirieron las comunidades indígenas de El Traslado, San Benito, Tonono y Kilómetro 14 y 12, y la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, comprende un total de 121.370 hectáreas autorizadas a desmontar y que están repartidas en 18 fincas ubicadas en los departamentos San Martín y Rivadavia, en territorio de uso ancestral de los habitantes originarios.
Asociana presentó una denuncia de ilegitimidad “sobre los actos administrativos de autorización de desmontes y aprovechamientos forestales (...) por haber sido dictados sin garantizar la participación adecuada de las comunidades indígenas afectadas” y pidió que estos permisos sean dejados “sin efecto jurídico y se declare su nulidad”.
Pero ni Nasser ni sus asesores analizaron este aspecto. Al ministro le bastó un dictamen de la Coordinadora Legal y Técnica, Zulema Giménez, quien recomendó el “rechazo in límine de la denuncia de ilegitimidad (...) por no haberse cumplido los requisitos formales esenciales de admisibilidad para su procedencia”. Nasser hizo suyos estos argumentos en la resolución 000080, del 29 de agosto.
La asesora sostuvo que la Fundación Asociana “no está facultada para actuar en nombre y representación de las comunidades” porque en su estatuto no está prevista “capacidad alguna para representar a los pueblos originarios, ni derecho subjetivo e interés legítimo lesionado”. Sobre las adhesiones, opinó que deben seguir la misma suerte que la presentación principal. Afirmó que la denuncia de ilegitimidad se debió presentar “en cada uno de los expedientes” en los que se tramitaron los permisos de desmonte. Y que dado que esta denuncia “no es más que una impugnación tardíamente impuesta”, Asociana debió justificar por qué no presentó el recurso en término. Y aseguró que la desestimación es irrecurrible judicialmente. A pesar de esta afirmación, la impugnante presentaría un recurso judicial.
Entre las autorizaciones dadas por el ex secretario de Medio Ambiente, Gustavo López Asensio, y convalidadas ahora por la gestión de Juan Manuel Urtubey, se encuentran la otorgada a la finca El Álamo, sobre 30.962 hectáreas; La Maravilla E1 y E2, con 17.279 hectáreas; Guamache, con 11.136, y Balbuena, con 11.073 hectáreas.
Una nueva ilegitimidad
“Asociana pidió una cosa (nulidad) y, para no tratar el fondo, le contestaron con otra (ilegitimidad administrativa)”, afirmó la Fundación respecto de la resolución por la que el Ministerio de Ambiente rechazó su impugnación sobre 18 permisos de desmontes.
Asociana destacó que esta decisión “elude resolver la cuestión de fondo que había sido denunciada”. La entidad recordó que es obligación del Ministerio “controlar la validez de los actos administrativos que han emanado del Estado y, cuando se constate un vicio en ellos (como la ausencia de participación indígena), revocarlos”.
Asimismo calificó de “extremadamente preocupantes las manifestaciones de que Asociana no puede actuar en nombre y representación de las comunidades indígenas, pues expone un profundo desconocimiento de la legislación ambiental vigente”, que reconoce legitimación para actuar a cualquier persona, física o jurídica, dado que es un interés colectivo.
Se reinició el desmonte en una finca de más de 30 mil hectáreas
Los propietarios de la finca El Álamo, una extensión de más de 30 mil hectáreas en el departamento Rivadavia, en el límite con San Martín, reiniciaron el desmonte. Como se aprecia en el mapa satelital que acompaña esta nota, al 10 de septiembre la tala (un desbarejado para la cría de ganado, según la autorización dada por la gestión de Juan Carlos Romero) había avanzado sobre 1.500 hectáreas, 230 más que las que se habían desmontado hasta el 31 de agosto.
Este desmonte había sido suspendido en abril pasado por la ahora ex secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich. Pero la nueva secretaria, Cristina Camardelli, considera que una vez vecino el plazo de esta suspensión, la finca quedó automáticamente habilitada para continuar la tala. En julio pasado con la anuencia del Estado provincial, el dueño de El Álamo, Paul Gabel, impuso un “acuerdo” con la comunidad indígena El Traslado, cuyas tierras de uso comprenden a parte de la finca. La firma cedió 1.800 hectáreas para que desistan de su rechazo al desmonte. Hasta ahora la comunidad no tiene novedades acerca de si se ha perfeccionado esta “donación”.