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Bariloche: Lunes 29 conferencia prensa por Caso Quintupuray
Por Consejo A. Indígena - CAI -
Saturday, Sep. 27, 2008 at 1:52 PM
caiandino2006@yahoo.com.ar
Compañeros trabajadores de prensa:
El CAI convocan a ustedes a una conferencia que ofreceremos el próximo lunes 29, a las 10, en el local de la seccional de Unter en Bariloche, Elflein 735 de esa ciudad, para denunciar y anunciar hechos nuevos en relación al conflicto territorial que lleva ya 4 meses. Estarán presentes miembros de la comunidad Quintupuray, de otras comunidades y lof.
Les adjuntamos una síntesis del caso.
Para mayor información 430-188 (Bariloche) / 455-409(El Bolsón).
Gracias a todos,
peukallal
San Carlos de Bariloche, setiembre de 2008.
PARA PROTEGER UN NEGOCIADO EL GOBIERNO DE RIO NEGRO NIEGA EL DERECHO AL TERRITORIO A LA COMUNIDAD QUINTUPURAY
El gobierno de Río Negro persiste en negarle a la comunidad mapuche Quintupuray su derecho al territorio en Cuesta del Ternero, en 2.500 hectáreas ubicadas a unos 25 km al noreste de El Bolsón.
A cuatro meses del reingreso parcial de la comunidad al lugar, el gobierno mantiene la protección al entramado de negocios y negociados hechos durante los 15 años previos a la decisión del pueblo mapuche de recuperar esa fracción del territorio ancestral plasmada el 29 de mayo pasado.
En enero de 1993, Lucinda Quintupuray fue asesinada; seis meses después, su hijo Victorino murió dudosamente ahogado en el río Ternero. Al amparo del temor del crimen y de su impunidad, se concretaron una o varias operaciones “inmobiliarias” que chocan de frente con el derecho de esta comunidad a regresar al lugar donde habitó la familia desde principios del siglo XX, inmediatamente después de la guerra del Estado argentino contra el pueblo mapuche.
Agotado todo intento político y administrativo porque fuera el propio Estado rionegrino quien restituyera el territorio, el 5 de mayo instalamos un campamento de reafirmación de la identidad y los derechos del pueblo mapuche a unos metros de la tranquera de ingreso, a 800 metros sobre el nivel del mar y en medio del bosque nativo de ñire, ciprés, coihue, laura, maitén. Con temperaturas bajo cero casi siempre, 25 días de campamento obligó al poder a permitir a la comunidad el reingreso parcial y altamente condicionado el 29 de mayo pasado.
El poder cedió ante la decisión colectiva de reingresar y la solidaridad de vastos sectores de la sociedad; pero, el poder se mantiene firme en su decisión de negar sistemáticamente los derechos del pueblo mapuche, que incluyen el regreso total, pleno y libre al territorio arrebatado por la fuerza; y el control real y soberano de ese espacio.
Y, en esa negación sistemática, confluyen distintos poderes, distintos organismos y demasiados actores. En el caso particular Quintupuray, el Poder Judicial que jamás investigó el homicidio de Lucinda (80 años) ni la muerte dudosa de Victorino. El Poder Ejecutivo que interviene especialmente a través de la Dirección General de Tierras y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) creado por la Ley Integral del Indígena. Y, supuestos operadores de negocios privados, algunos de los cuales salieron a luz con el reingreso al territorio, financiando y sosteniendo la logística de los usurpadores tanto en el lugar como en los juzgados: vehículos sin patente, matones armados escondidos en el bosque que usaban a menores como escudos humanos, un personero de una legisladora de El Bolsón actuando como chofer de un intruso….
Tierras y el Codeci son los instrumentos que intervienen, en este y muchísimos casos más, para impedir el reconocimiento definitivo e incondicional del territorio a la comunidad Quintupuray basado en la Ley Integral del Indígena Nº 2287, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la O.I.T. (*) y en la Declaración de Derechos Universales de los Pueblos Indígenas aprobada por Naciones Unidas en 2006.
Por aplicación de toda la legislación indígena, en Río Negro no tiene que intervenir Tierras en territorio mapuche, sino el Codeci. Sin embargo, los miembros del Codeci claudican en sus obligaciones institucionales y políticas y permiten a veces y otras pactan la intervención de Tierras. Esos pactos –uno quedó asentado en un expediente judicial- los paga el pueblo mapuche, que en casos como el de Quintupuray somete a un desgaste y violencia que lleva más de tres meses.
El Estado rionegrino tiene que saldar dos cuestiones fundamentales en este caso: hacer el reconocimiento total y definitivo de esa fracción del territorio al pueblo mapuche sin ningún tipo de restricción ni ingerencia; y expulsar de ese mismo territorio a un yanakona (traidor).
El Estado accedió a que permanezcan en la recuperación solamente cuatro miembros de la comunidad Quintupuray como simples “depositarios judiciales”, sometiéndola a la humillación de ser “depositaria” del propio territorio. Por esa decisión judicial y política, el conjunto del pueblo mapuche fue impedido de ingresar, transitar, vivir y trabajar solidariamente en la recuperación, sometiendo a las ancianas Quintupuray a la vejación de una vida indigna con temperaturas bajo cero.
A la vez, el gobierno debe expulsar del territorio a Fabián Quintupuray, cuyo apellido y condición de nieto e hijo de las dos víctimas fatales es usado por Tierras para sostenerlo en el lugar como cobertura indispensable del negocio ilegal e ilegítimo hecho con esas 2.500 has. por supuestos empresarios con intervención de hombres del partido de gobierno y funcionarios públicos.
Fabián no se reconoce como mapuche, declaró haber vendido ilegalmente las tierras y fue declarado yanakona (traidor) en trawün (asamblea) del pueblo mapuche. Fue instalado en el lugar hace menos de un año por funcionarios de Tierras, con la complicidad del Codeci, sólo para dar cobertura a los intereses inmobiliarios ante el avance del reclamo mapuche.
Sin Fabián en el lugar no existen motivos para que los matones ingresen, merodeen, insulten, amenacen, destruyan rukas, acudan a la policía del lugar para amedrentar, ya que mientras para el pueblo mapuche hay restricciones, jamás las hubo para los mercaderes del territorio ancestral. El Codeci debe expulsar a Fabián Quintupuray del lugar, contra la decisión política de Tierras de mantenerlo como escudo, en total y abierta violación al derecho del pueblo mapuche a ejercer el control soberano sobre el territorio que ocupa. Tanto el Codeci como Tierras, y cualquier otro estamento del Estado, deben reconocer que el pueblo mapuche es el único legal y legítimamente en condiciones de decidir quién vive y quién no en la fracción recuperada. Y, en este caso, el pueblo mapuche decidió y requirió legalmente el desalojo de Fabián Quintupuray y la nulidad del instrumento administrativo de Tierras que “legaliza” esa presencia en el lugar (la resolución Nº 136/08 de la DGTyC). Es el Estado quien debe expulsarlo, ya que fueron hombres del gobierno los que lo instalaron con su familia para reconocerle supuestos derechos en desmedro del derecho de la comunidad mapuche; no nos corresponde asumir esa responsabilidad.
Por sobre tantas pequeñas piezas del poder, como cabeza institucional del Estado de Río Negro el gobernador Miguel Saiz debe decidir qué vale más: la protección de los intereses económicos que pretenden esa fracción en Cuesta del Ternero y de participación en el negociado de hombres del poder; o el reconocimiento del derecho del pueblo mapuche al territorio de acuerdo a la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales suscriptos por el Estado argentino.
Wüllayaiñ ta wallmapu! Yafüluwayiñ chumngechi femkey ta iñ kuyfike che yem!
(No entregaremos el wall mapu! Resistiremos como nuestros mayores!)
CAI
(*) El caso Quintupuray fue presentado este año ante la OIT. En 2006 el CAI presentó una reclamación ante OIT por la negación sistemática de los derechos del pueblo mapuche en Río Negro.