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Pedido de informes al Gobierno por desajolos y demoras en relevamientos territoriales
Por Diputado Nacional Pablo Zancada - Wednesday, Nov. 12, 2008 at 8:52 PM
pzancada@diputados.gov.ar

Para impedir desalojos de las comunidades indígenas de sus tierras y realizar un relevamiento territorial, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 26.160. A pesar de ser un proyecto de la entonces Senadora Alicia Kirchner, muy poco se ha hecho desde el Poder Ejecutivo Nacional para que se cumpla esta ley que ya tiene dos años de vigencia.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008 – Por iniciativa del Diputado Nacional Pablo Zancada el Bloque Socialista ha solicitado al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre las medidas que hubiera tomado para prevenir y remediar desalojos violatorios de la ley Nº 26.160.

Se solicita también que se informe sobre el estado de avance del "Programa Nacional de Relevamiento territorial de comunidades Indígenas" que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- en cumplimiento de esta ley, y el uso de los treinta millones de pesos destinados a este Programa.

En sus fundamentos dicho pedido de informes manifiesta que la Ley 26.160 fue sancionada el 1º de noviembre de 2006 y es claro que la intencionalidad de los legisladores al sancionar esta ley ha sido ofrecer una herramienta que, provisoriamente y por el término de cuatro años, suspenda los desalojos de comunidades indígenas. Pero esta ley pretende ser no solo un paliativo circunstancial al problema de los desalojos, sino que propone dar un paso más, elaborando un diagnóstico sobre la situación de las tierras y territorios indígenas mediante un relevamiento técnico- jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades.

Sin embargo, el 28 de julio último, la comunidad Jase Endy Guasu de la localidad de El Talar, Provincia de Jujuy, sufrió el violento desalojo de sus tierras. Pero este no parece ser un hecho aislado ya que en el Diario PAGINA 12, en su edición del día doce de octubre del corriente año bajo el título "La deuda que sigue pendiente" se expresa textualmente lo siguiente: "El avance sobre territorio indígena se repite en innumerables casos en Salta, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut." Más adelante la investigación periodística, citando a un dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra que nuclea a familias campesinas e indígenas de Mendoza, dice: "No se detuvieron los desalojos, menos se comenzó con el relevamiento y reconocimiento de territorio. Es un deber del Gobierno y es claro que no lo está cumpliendo".

Con respeto al Relevamiento Territorial establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 26.160 el citado artículo periodístico transcribe testimonios del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen, dependiente del Obispado de Posadas. En los mismos, representantes de este organismo de la Iglesia Católica manifiestan: "En Misiones no pasa nada. El gobierno provincial demora todos los intentos de avance y el INAI permite que las empresas, los particulares y el Estado provincial, por acción y por omisión, violenten el territorio ancestral". De la Patagonia, el periodista autor de la nota recoge las palabras del abogado chubutense Gustavo Macayo: "No conozco ninguna comunidad que haya sido relevada".

De la misma región, el dirigente indígena Mauro Millán dice: "No sucedió ni sucederá nada. Es un reflejo de la política indígena del gobierno nacional y provincial, no cumplen ni una de las leyes que refieren que refieren nuestros derechos".

Por tratarse de funcionario público, mucho más graves son las denuncias efectuadas por el abogado Julio García, Director de Defensa de la Democracia y la Ciudadanía, del Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chaco. En el citado artículo de Página 12 el funcionario provincial dice textualmente lo siguiente: "No hay ni un relevamiento. Está todo congelado. Da impotencia ver como pasa el tiempo y no hay voluntad política para avanzar". Con respecto a los fondos previstos en la ley este funcionario del Gobierno Chaqueño dice textualmente lo siguiente "No ha llegado a ninguna comunidad. Toda la caja está en el INAI, ellos manejan a antojo, compran y cooptan, y no rinden cuentas a nadie".

Por otra parte, la sociedad civil se ha manifestado interesada en obtener información fidedigna sobre la implementación de la Ley Nº 26.160, razón por la cual el Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT) y el Equipo Pueblos Originarios del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) han presentado al INAI un petitorio a fin de que este organismo brinde información sobre el tema.

La fundamentación del pedido de informes presentado por el Diputado Nacional Pablo Zancada termina afirmando que resulta indispensable que el Congreso de la Nación, las organizaciones y comunidades indígenas y la sociedad civil tenga información transparente sobre el Programa de Relevamiento Territorial.

La responsabilidad de la implementación de este Programa corre hoy por cuenta de quien hace dos años fuera impulsora de esta legislación: la Ministra Alicia Kirchner.


Contactos:
Despacho del Diputado Nacional Pablo Zancada
(011) 631-07321

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