Colombia se “rajó” y dejó muchas deudas por pagar ante Consejo de Derechos Humanos

Agencia de Información Laboral ENS. 12 dic. 2008

El EPU se hace con base en dos tipos de informes: el que presenta el gobierno del Estado examinado, y el que presenta el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que a su vez tiene en cuenta los informes presentados por las diferentes ONG que trabajan en el tema, tanto internacionales ((Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos, etc.), como las propias de cada país.

Para el caso colombiano fue tenido en cuenta el informe que presentaron las cuatro plataformas que en nuestro país se preocupan por el tema de los derechos humanos, y que representan a 1.200 organizaciones sociales. Estas plataformas son: la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. La Escuela Nacional Sindical elaboró la parte relativa a la violación de los derechos de afiliados a organizaciones sindicales.

Por parte del gobierno de Colombia comparecieron ante el Consejo el vicepresidente de la república, Francisco Santos, el Viceministro de Defensa y el director del Programa de Derechos Humanos de la Presidencia.

Según lo visto y escuchado en el EPU sobre Colombia, la situación de nuestro país es crítica en materia de derechos humanos. La comunidad internacional fue particularmente severa en la formulación de sus preocupaciones y recomendaciones, que básicamente coinciden con los planteamientos de las ONG de derechos humanos internacionales y colombianas. Por esta razón se espera que el informe que el próximo lunes presentará el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esté cargado de sugerencias y recomendaciones, a fin de que el Gobierno colombiano realice gestiones efectivas para mejorar la situación.

Posición de los diferentes países

Un total de 44 países intervinieron en el análisis del caso colombiano (un número alto). En general todos le reconocieron a Colombia el gesto de haberse presentado al examen de manera voluntaria; como también, en mayor o menor grado, le reconocieron al Gobierno los avances en la reducción de los homicidios en Colombia (45% entre 2002 y 2007), los secuestros (87% en el mismo período), los atentados terroristas (76%) y las masacres (77%). Pero 34 de los países plantearon serias preocupaciones y recomendaciones en el leguaje diplomático que se usa en este tipo de eventos; y en algunos temas fueron particularmente severos.

Los países más “duros” en su examen sobre Colombia, fueron Francia, Inglaterra, Uruguay, Bélgica y Dinamarca. También hicieron observaciones importantes España, Suecia, Noruega, Eslovenia, Alemania, Portugal, Brasil, Canadá, Irlanda, Australia, Hungría, Bolivia, Rumania, México. Entre los que, por el contrario, hicieron comentarios favorables para el Gobierno Colombiano, e incluso reconocieron sus avances en algunos temas, fueron Cuba, Turquía, Filipinas, Argelia, Perú, Pakistán, India, Jamaica y Panamá. Resultó por otra parte bastante significativo el silencio de Estados Unidos, que no intervino en el examen del caso colombiano.

En cuanto a la participación del gobierno colombiano, sus representantes en el EPU tuvieron una actitud ambigua. Mientras el Vicepresidente Santos reconoció las falencias y los errores, sobre todo en el caso de los llamados “falsos positivos”, e incluso pidió perdón a la comunidad internacional por estos hechos, el viceministro de defensa minimizó los efectos de los “falsos positivos”, a los que calificó como hechos aislados que todavía están por aclarar. E incluso dijo que su número había rebajado, en contra de las evidencias presentadas por las ONG de derechos humanos.

Además, el Vicepresidente Santos volvió a poner de manifiesto el poco valor que el Gobierno le concede a la labor que desarrollan estas ONG, a las que calificó como muy politizadas y faltas de objetividad. Una actitud entre otras cosas fuera de lugar en un escenario donde una de las objeciones fundamentales que se le hace a Colombia, es precisamente las fallas en la protección de los defensores de derechos humanos.

En qué temas Colombia se “rajó”

En el Examen Periódico Universal sobre Colombia, se hizo un llamado al Gobierno de nuestro país para que cumpla cabalmente las recomendaciones que en materia de derechos humanos ha formulado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y para que complete el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Asimismo, instó al Gobierno a hacer una labor más eficaz en por lo menos en diez temas, en los cuales nuestro país se ha “rajado”, a saber:

1- Conflicto armado. La tesis que el gobierno colombiano ha tratado de vender internacionalmente, en el sentido de que en Colombia, con la desactivación de los grupos paramilitares, no existe ya conflicto armado sino la amenaza terrorista de las FARC, no fue compartida por la mayoría de los países, para los cuales el conflicto subsiste. Además mostraron su preocupación por la reactivación de los grupos paramilitares, que con otros nombres están ejerciendo acciones de violencia y violando los derechos humanos en muchas regiones del país. A este respecto las ONG colombianas en su informe señalaron que entre los años 2002 y 2007 un total de 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate y a causa de la violencia sociopolítica, el 75% de las cuales, según las ONG, son responsabilidad del Estado. Chile, por ejemplo, pidió a Colombia que evite que los acusados de abusos y violaciones graves a los derechos humanos "sean beneficiados por leyes de amnistía". Y Suiza sostuvo que "la política de seguridad tiene que ir paralela con el respeto a los derechos humanos".

2- Ejecuciones extrajudiciales. Hubo particular énfasis en este tema. El informe de las ONG menciona 1.122 ejecuciones de esta clase en el gobierno de Uribe, más del 60% con respecto al gobierno de Pastrana. Como también preocupa a la comunidad internacional la impunidad que rodea estos hechos, y la dificultad para avanzar en las investigaciones. Con solo pedir perdón, como lo hizo el Vicepresidente Santos, no se resuelve el asunto. Santos reconoció la implicación de fuerzas del Estado en homicidios de civiles fuera de combate, lo que es conocido como “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”, y pidió perdón a las víctimas con la promesa de que dichas acciones no quedarán en la impunidad. Brasil particularmente, insistió en preguntar al gobi8erno de Colombia qué medidas tomará para luchar contra la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado.

3- El desplazamiento forzado, tema sobre el cual todos los Estados que hicieron observaciones opinaron que es el fenómeno más grave que hay hoy en Colombia, ya que en vez de disminuir se ha incrementado, así el Gobierno no lo reconozca. Hoy en el país hay cerca de 4 millones de personas desplazadas y con todos sus derechos conculcados. Reconocieron sí lo que ha hecho la Corte Constitucional en favor de esta población, pero instaron al Estado a hacer mucho más en este frente.

4-Los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación. Fue un tema bastante mencionado. Los países que examinaron a Colombia dejaron ver su preocupación porque las víctimas de la violencia no tienen facilidad para acceder a la justicia, y padecen múltiples problemas de seguridad. Además consideraron deficientes las normas que se están expidiendo en esta materia, en particular el proyecto de ley que discute el Congreso, el cual discrimina las víctimas y se queda corto frente a sus legítimas aspiraciones y necesidades. España, por ejemplo, recomendó a Colombia encontrar una fórmula “que solucione los vacíos de la ley de Justicia y Paz.

5- Desprotección de los defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. Preocupa a la comunidad internacional que en Colombia se siga amenazando, asesinando y hostigando a los representantes de las organizaciones de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, actores sociales éstos que son de vital importancia para la vida democrática de una sociedad. Como tampoco se ve bien el discurso negativo, ya habitual en el Alto Gobierno, contra las organizaciones de derechos humanos, a las que se señala de colaboradoras de la guerrilla. México, por ejemplo, fue más allá de su comentario y recomendó el envío a Colombia de tres relatores especiales para abordar el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la situación de los defensores de derechos humanos y la independencia de jueces y abogados.

En el tema específico de la violencia contra sindicalistas, países como Noruega, Suecia, Francia, Dinamarca, Alemania, República Checa, Brasil, Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Irlanda, Australia, Rumania, Hungría, Uruguay, fueron contundentes en las observaciones, pues Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para la actividad sindical. No sólo les preocupa la pérdida de vida de los sindicalistas (43 en lo que va de 2008, 4 casos más que en 2007) sino también el tema de la impunidad. A pesar de los esfuerzos que el Gobierno hizo con el fortalecimiento de la Fiscalía y la creación de unidades especiales de investigación, los resultados son pocos en esta materia.

8- La población negra e indígena. La comunidad internacional expresó observaciones en temas como el despojo de tierras a estas poblaciones y los ataques de la fuerza pública contra los indígenas, puesta en evidencia en la pasada “minga” en el sur del país.

9- La independencia de los jueces, tema vital para superar los altos índices de impunidad que hoy hay en el país. Muchos estados manifestaron preocupación porque los jueces en Colombia no tienen suficientes garantías para ejercer su función, y se mencionó especialmente la actitud del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia.

10- Niñez y mujeres. Un punto alto de preocupación en las observaciones de los países es la vinculación de los niños al conflicto armado y su desplazamiento forzoso; y la violencia sexual contra las mujeres.

11- Hubo también observaciones en temas de tipo social, como la referida al servicio militar obligatorio, ya que en Colombia no es posible la objeción de conciencia. También la falta de gratuidad en la educación básica en establecimientos públicos. Colombia es el único país de América Latina que no contempla en la Constitución, ni en la ley, ni en la práctica, la educación gratuita. Sólo en Bogotá es gratuita la educación en los estratos 1, 2 y 3.

12-Diálogo con la sociedad. La construcción de políticas públicas promotoras de derechos humanos hay que hacerla en diálogo permanente, fructífero y sincero con la sociedad civil, fue la recomendación que varios países le hicieron a Colombia.

Con base en todas estas observaciones y recomendaciones, el próximo lunes 15 de diciembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entregará oficialmente su informe del Examen Periódico Universal sobre Colombia, que es de esperarse no sea muy favorable.

En Ginebra, Suiza, tuvo lugar el 10 de diciembre la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos. 43 países de Europa, América, Asia y África participaron en este debate, que duró tres horas. En medio de este diálogo, generalmente caracterizado por un lenguaje diplomático de reconocimientos entre los gobiernos, se expresaron serias preocupaciones por la persistencia de una grave situación de derechos humanos en Colombia.

Entre las problemáticas que de manera reiterada suscitaron preocupación de los Estados se destacan las numerosas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas en gran escala por la fuerza pública, las desapariciones forzadas, y el reclutamiento forzado de niños y niñas y su uso para tareas de inteligencia militar. También se expresó preocupación por la práctica de la tortura. Pidieron tomar medidas significativas para que cesen estas prácticas, que no tienen cabida en una sociedad democrática. Asimismo, varios Estados recomendaron al Estado colombiano que ratifique la Convención contra las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

Los diferentes gobiernos fueron muy críticos por las recurrentes amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, e instaron al Gobierno a respetar la independencia del poder judicial y garantizar la integridad de los funcionarios judiciales. Recomendaron en particular al Gobierno abstenerse de estigmatizar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos e insistieron en la necesidad de hacer declaraciones públicas al más alto nivel reconociendo la legitimidad de su labor y de garantizar su protección.

Muchos países manifestaron su preocupación por el incremento del desplazamiento forzado, la deficiente atención a esta población y la falta de medidas para garantizar la restitución de las tierras y el retorno. También recibió fuerte atención la situación de particular vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, y se recomendó garantizar su derecho a la vida y a la consulta previa sobre proyectos que afectan sus territorios. Así mismo recomendaron implementar las recomendaciones de 2004 del Relator Especial sobre pueblos indígenas e integrar en todas las políticas públicas la Declaración sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Varios Estados se mostraron preocupados por la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, y el impacto del reclutamiento de niños y niñas y del desplazamiento en sus vidas, haciendo especial énfasis en la violencia sexual y la trata de mujeres y niñas, requiriendo medidas urgentes y concretas para su atención de conformidad con la reciente decisión de la Corte Constitucional. También se mencionó la necesidad de garantizar la protección y no discriminación de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (LGBT).

Llamaron la atención sobre la persistencia de grupos paramilitares con distintos "disfraces" y la necesidad de apoyar al poder judicial en sus investigaciones sobre los nexos entre estos grupos y agentes del Estado, al tiempo que pidieron la aplicación de los estándares internacionales para garantizar los derechos de las victimas a la verdad, la justicia, y la reparación, en particular mediante la adopción de una Ley de Víctimas que permita un acceso a la reparación en términos de igualdad para todas las víctimas del conflicto armado, incluso las víctimas de agentes del Estado. En varias intervenciones, se resaltaron la necesidad de garantizar derechos económicos, sociales y culturales, haciendo referencia en particular a la salud, la educación y a situaciones críticas de pobreza y desigualdad, especialmente de los pueblos indígenas, afrodescendientes y población desplazada, mientras otros insistieron en la urgencia de llegar a acuerdos con las guerrillas para poner fin al conflicto armado interno. Varios países se ofrecieron para facilitar la búsqueda de la paz.

En todos los niveles de violación de los derechos humanos mencionados, los Estados expresaron preocupación por los altos niveles de impunidad, incluyendo sobre la violencia sexual contra las mujeres, y urgieron al Estado colombiano a que tome medidas judiciales más efectivas para combatirla, investigando y sancionando a los responsables. Pidieron expresamente no aplicar amnistías a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La generalidad de los países reconocieron la actitud abierta y de cooperación del Gobierno colombiano hacia la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y frente al Examen Periódico Universal así como la ratificación de gran parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Así mismo algunos Estados resaltaron como positiva la disminución presentada por el Gobierno de varios índices de violencia y la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros y paramilitares en los últimos años. Igualmente apoyaron al Estado en sus esfuerzos por garantizar la seguridad insistiendo en que se dé siempre en el marco del respeto del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y del Estado de derecho. Rechazaron la comisión por las guerrillas de graves infracciones al derecho humanitario, particularmente el reclutamiento forzado de menores y el uso de minas antipersona.

Esperamos que la apertura del Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos, reconocida por varios Estados, se refleje en la aceptación de todas las recomendaciones formuladas sobre todas las problemáticas arriba mencionados. De la misma manera, para ser coherente con su expresada intención de colaborar con las Naciones Unidas, el Gobierno colombiano debería presentar periódicamente ante el Consejo avances efectivos en la implementación de estas recomendaciones. Asimismo, debería hacer efectiva la invitación abierta a los procedimientos especiales mediante la aceptación de las solicitudes de visita pendientes por parte de varios Relatores y Grupos de Trabajo.

Constatamos que las inquietudes y consideraciones hechas por los Estados son las mismas que las organizaciones de Derechos Humanos y Paz han venido denunciando reiteradamente. Finalmente, para mejorar la situación de derechos humanos, superar la crisis humanitaria y avanzar hacia una salida política y negociada al conflicto armado interno, reiteramos la importancia que se implementen todas las recomendaciones anteriormente emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, los órganos de tratados y los procedimientos especiales de Naciones Unidas.

11 de diciembre de 2008

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