DOCUMENTO de la MESA por los DDHH : Argentina Indymedia (( i ))

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"Seguimos luchando, resistiendo y construyendo un país para todos y todas"
Texto del documento de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.

Los derechos de los niños y niñas también son avasallados.
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2008-12-10 -

A 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, parida
en un contexto de posguerra, el panorama es bastante desolador. Sin
embargo, la realidad nos convoca a seguir luchando para transformar
las palabras en acciones. En el marco de un proceso de globalización
económica, financiera y cultural y luego del devastador huracán
neoliberal, se observa que en Latinoamérica en algunos países con más
fuerza que en otros, hay una tímida vuelta al Estado de bienestar.
Pero la pugna entre las clases dominantes y las expoliadas es aún
asimétrica. La distribución equitativa de la riqueza no es sólo una
cuestión salarial. Significa apropiarse de la renta que producimos
todos.

Poniendo el foco en nuestra provincia, hubo un hecho rescatable. Luego
de 32 años de lucha por memoria, verdad y justicia, los organismos de
derechos humanos -Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares e HIJOS-
asestaron, junto a la sociedad cordobesa, un duro golpe a la
impunidad. El hecho del año fue poner en el banquillo de los acusados
a Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Rodríguez, Jorge Acosta, Luis
Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone
por los asesinatos de los militantes del Partido Revolucionario de los
Trabajadores Humberto Brandalisis, Hilda Flora Palacio, Carlos Lajas y
Raúl Cardozo. Este juicio permitió, además, que muchos cordobeses
pudieran conocer cómo operaba una maquinaria ilegal creada desde el
Estado para torturar, asesinar y desaparecer personas.

La sentencia a cadena perpetua, con cumplimiento efectivo en cárcel
común, dictada el pasado 24 de julio que con expectativas se escuchaba
tanto en el recinto como en la calle, desató la emoción contenida de
miles de militantes sociales que se acercaron a los Tribunales
Federales y a otros miles que lo siguieron a través de algunos medios,
como el canal universitario. Por fin, algunos de los responsables de
un plan sistemático de exterminio del oponente político, recibía el
castigo merecido.

El juicio es un hecho trascendental para la sociedad cordobesa, más
allá de que la Justicia recién comience a lavar la culpa de su
complicidad con el terrorismo de Estado al igual que los medios de
comunicación que, en aquella época, nada decían de lo que ocurría.
Entre las tantas voces que se escucharon en torno al juicio a Luciano
Benjamín Menéndez, un compañero -Juan Carlos Giuliani- dijo que
condenar y encarcelar a quien fuera el omnímodo jefe del III Cuerpo de
Ejército durante la dictadura militar era para Córdoba equivalente a
lo que significó el fusilamiento del ex virrey Santiago de Liniers
para el triunfo de la Revolución de Mayo.

Un próximo juicio se avecina el año entrante: el que investiga los
fusilamientos de 31 compañeros presos legales en la Unidad
Penitenciaria de Barrio San Martín. Los asesinatos ocurrieron entre
1976 y 1978 con la complicidad activa de miembros de la estructura
judicial. Esto es, jueces, fiscales y defensores, entre ellos Adolfo
Zamboni Ledesma y Miguel Puga, Otero Álvarez, Fuat Ali, Antonio
Cornejo, Ricardo Molina y Aro.

A propósito, días atrás la Jueza Garzón de Lascano, ignorando
disposiciones legales vigentes, dejó en libertad a Francisco Pablo
D´aloia y Luís Alberto López, miembros del ejército imputados en la
causa conocida como de la Unidad Penitencia Nº 1(UP1). A esto se sumó
la decisión de la Cámara Nacional de Casación que liberó a los
represores de la aterradora D2. La impunidad no ha sido derrotada,
los asesinos están agazapados y la justicia cordobesa actúa con la
vieja y remanida lógica de las cucharas: una de cal y una de arena,
sin definirse claramente en contra de la impunidad.

La desaparición en democracia del compañero Jorge Julio López, testigo
clave en la causa Etchecolatz, sin que a la fecha haya sido
esclarecido, nos violenta como sociedad y nos compromete a seguir
exigiendo a los poderes del Estado una respuesta urgente. Sumado a
ello los otros secuestros realizados sobre testigos y militantes como
fueron los casos de Luis Gerez y Juan Puthod, entre otros. Igualmente,
las amenazas y agresiones a compañeros y militantes de los derechos
humanos como las sufridas por Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo,
nunca fueron esclarecidas.

Pero, el sueño de un país más justo sigue inconcluso y Córdoba,
históricamente paradojal, es también un escenario de desigualdad
social. En el sur, un sector agroempresario opulento es beneficiado
con impuestos regresivos, mientras en el noreste los campesinos son
desplazados y criminalizados.

Los contrastes siguen siendo parte de la identidad cordobesa. Al mismo
tiempo que se desarrollaba el juicio que llevó a la cárcel a Menéndez
y sus cómplices, en los Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje un
grupo de campesinos del empobrecido pueblo El Chacho eran condenados
por "usurpación" y despojados de la tierra de la que eran poseedores
ancestrales.

Así también, pocos días después del histórico fallo contra el genocida
-cuando el gobernador Juan Schiaretti vertió algunas lágrimas- la
Policía de la Provincia sometió a apremios ilegales a cuatro
militantes sindicales en la misma Legislatura donde se votaba una
reforma previsional escandalosa.

La represión a los trabajadores estatales se terminaría de consumar
días después con el allanamiento y la detención de una docena de
dirigentes de los gremios de Luz y Fuerza y Suoem, en un operativo
nocturno que evocó a los secuestros de la dictadura. Y otra vez, tuvo
que ser la movilización popular la que obligó a que los dejaran en
libertad. Previo, claro está, del pago de fianzas y con causas
abiertas que pasan a engrosar los más de tres mil procesados en todo
el país.

Durante este conflicto, el edificio de la legislatura lucía totalmente
amurallado por policías y vallados y nunca dejó que las organizaciones
sindicales y sociales se acercaran. Igual criterio se adoptó después
con la cuestionada elección del defensor del pueblo provincial Mario
Decara.

Estos episodios indican que más allá del reconocimiento de las
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y el castigo a
sus responsables, los derechos humanos de segunda generación -los
derechos sociales a alimento, trabajo, salud, vivienda y educación
dignos- son una dolorosa asignatura pendiente.

Crear una agenda propia

Próximos a celebrare los 200 años de la independencia del imperio
español y pensando en una segunda y definitiva liberación,
consideramos que es necesario empezar a construir una agenda de
derechos humanos donde las voces e intereses de las organizaciones y
movimientos sociales sean escuchadas por los poderes del Estado y
promuevan verdaderos cambios en la matriz distributiva.

Un ejemplo claro fue la realización de la Constituyente social
reunida en Jujuy, en octubre pasado, donde más de 30 mil personas
provenientes de cientos de organizaciones intercambiaron ideas y
debatieron sobre qué país queremos construir. El primer acuerdo
alcanzado fue marchar el 12 de diciembre a Plaza de Mayo para decirle
al gobierno y a la sociedad que más de 6 millones de niños y niñas son
pobres. De ellos, más de 3 millones directamente pasan hambre y la
mitad no posee cobertura sanitaria.

Esto significa que más de 6 millones de chicos no cuenten con una obra
social o un plan médico. Que unos 25 niños recién nacidos mueren por
día, 14 de ellos por causas evitables. El actual esquema de seguridad
social desconoce el derecho de percibir una asignación familiar a 9
millones, que equivalen al 70% del total de niños en el país.
Poner en agenda la inequidad social, el hambre, la falta de viviendas
dignas, el acceso a la salud y el abandono de cientos de personas que
viven en parajes desolados sin siquiera agua, son claves en el diseño
de un país para todos.

Justicia para pobres

La situación carcelaria es grave y violatoria de los derechos.
Provincias como Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba son ejemplos
extremos de esa situación. En las cárceles, la superpoblación, el
hacinamiento, la tortura física y psicológica aún se usan como métodos
para obtener información o castigar comportamientos. Los jueces de
ejecución de la pena no atienden los reclamos de los presos como si el
castigo además de la privación de la libertad fuera el sometimiento a
condiciones infrahumanas de vida. Situación que fue denunciada sin que
se haya podido siquiera ingresar a relevarlas. Pero, para el gobierno
el problema es edilicio y propone la venta del predio para realizar
negocios inmobiliarios. Nos oponemos a ello.

No es bueno que haya acumulación de causas por problemas estructurales
en la administración de justicia y que tengan que producirse hechos no
deseados como la pueblada de Corral de Bustos. Tuvieron que pasar tres
años para que el fiscal sea destituido, mientras tanto siguen
imputados más de 45 ciudadanos.

Un proyecto de cambio fue anunciado desde la fiscalía general de la
provincia. Se trata de una reforma judicial que busca acelerar las
condenas en los casos de delitos cometidos en flagrancia. Esta
modalidad atenta contra el derecho a la defensa y los derechos
individuales de las personas. Entonces, la justicia será rápida e
implacable con los pobres mientras que los ladrones de guante blanco y
los corruptos seguirán gozando de impunidad. Precisamente, no debemos
olvidar la lentitud de la justicia en la causa por la voladura de la
fábrica militar de Río Tercero, orquestada para tapar la venta ilegal
de armas a Ecuador y Croacia. Por la lucha de los ciudadanos
riotercerenses fue reabierta; pero debemos estar atentos para que no
duerma el sueño de los justos y que de una vez por todas los
responsables políticos como Carlos Menem vayan presos.

Jóvenes pobres y sin derechos

Los derechos de los niños y adolescentes siguen siendo vulnerados.
Miles de jóvenes pobres son detenidos por portación de rostro. La
aplicación del artículo 98 del código de faltas, permite que la
policía los detenga por merodeo. El agente de la patrulla "siente" que
ese joven por su aspecto o vestimenta es sospechoso de algo. Ahora, si
luce un corte a la cubana con flequillo teñido y gorra con visera,
zapatillas llamativas y ropa estilo hip-hop, adentro. La ley lo dice.
Alguien es merodeador cuando circula por un lugar y denota una actitud
sospechosa.

Si un joven solo o en grupo decide caminar desde un barrio hacia el
centro y su aspecto coincide con el esteriotipo policial va preso.
Allá lo espera el Comisario que decide sobre su suerte. Una vez
aplicada la multa por la contravención si no tiene dinero para
pagarla permanece bajo arresto. Según un informe oficial, durante 2007
se produjeron 15.083 detenciones por infracciones al Código de Faltas
realizadas en el momento justo en que se producía la contravención.
"Según estos datos oficiales, la Policía practicó en promedio poco más
de 41 detenciones por día. Esto significa, dada la población de la
ciudad de Córdoba, una detención cada 87 habitantes", analizan los
especialistas. Igual suerte corren las trabajadoras sexuales y los
travestis que son acosados por la policía e impedidos de trabajar aún
cuando la ley no lo prohíbe. Cabe destacar que en 2005 las detenciones
alcanzaron a 8000.

Un estudio realizado por Horacio Etchichury, afirma que la aplicación
del Código de Faltas viola los principios constitucionales de
legalidad y razonabilidad y el derecho a la defensa y subraya que
estos procedimientos afectan los derechos de reunión, expresión y
circulación de las personas, todos ellos de carácter político. Tanto
los afectados como los especialistas recomiendan su derogación. Sin
embargo, los legisladores demoran su tratamiento en la Unicameral.

Salud y seguridad social

"Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No
puede haber política sanitaria sin política social y de nada sirven
las conquistas de la técnica médica sino llegan al pueblo", supo
expresar Ramón Carrillo, primer ministro de salud del gobierno de Juan
Domingo Perón, en 1949. No hace falta explicar demasiado para
comprobar que la mercantilización de la salud ha ganado la pulseada.
No hay avances serios en la implementación de un plan de salud
integrado.

La salud de los cordobeses sigue en terapia intensiva. Por una parte
el crecimiento de la medicina privada a expensas de los dineros que
aportan los trabajadores a sus obras sociales y de la explotación de
los trabajadores de la salud. Clínicas costosas y edificios ampulosos
de las prepagas son una muestra palpable. Medicina privada para ricos
y pública para pobres. Los sectores más vulnerables de la población
deben peregrinar por un turno de atención médica cuando no morir en el
intento. Un indicador que mide la calidad de vida de una población es
la mortalidad infantil.

Según datos oficiales, en un año pasó del 11,5 por mil en 2006 a 12,8
por mil en 2007. La lucha popular impulsó experiencias interesantes
como la que desarrollan los trabajadores de la Clínica Junín en
defensa de la salud y la prevención, la de los vecinos de la zona sur
que pelearon por un hospital en la zona, el movimiento por la salud en
Río Ceballos por mencionar algunas. Pero las soluciones de fondo no
llegan. Un sistema único de salud es posible. No es cuestión de
recursos, sino de una decisión política que beneficie a las mayorías y
no a los sectores concentrados. El tema de las jubilaciones fue y
sigue siendo un saqueo a los mayores que aportaron
Y que hoy cobran migajas.

Educación

Otro de los derechos ciudadanos a conquistar es el acceso a la
educación. La educación pública está devaluada y colapsada. No hay
suficientes bancos, los edificios están en ruinas y los maestros y
profesores ganan sueldos de hambre. La educación privada, en gran
parte subsidiada por el Estado, cubre las demandas de quienes pueden
pagar onerosas cuotas. La nueva Ley de Educación establece la
obligatoriedad de la escuela secundaria. Para que esto ocurra es
necesario un cambio cultural y un compromiso de la sociedad con la
educación pública.

A su vez, el Estado debe asegurar la construcción y equipamiento de
escuelas, la formación continua de maestros y profesores y promover
sistemas de becas que permitan sostener la escolarización de los
adolescentes y jóvenes provenientes de los sectores más endebles de la
población. Según un estudio realizado por la CTA, el 14,2% del total
de menores de 18 años- casi dos millones de pibes menores de 18 años
-, no asisten o nunca asistieron a un establecimiento educativo.

El fracaso de la educación media a la hora de acreditar que terminaron
el ciclo también preocupante. "La escuela secundaria es un derecho
universal que debe hacerse posible", sostiene la central de
trabajadores de la educación de la República Argentina (CTERA).
A 90 años de la Reforma Universitaria, queremos otra educación al
servicio de un proyecto de país para todos y todas.

Discapacitados

Además de los históricos problemas edilicios y de transporte por
ausencia de una planificación adecuada, faltan escuelas públicas para
chicos con severos trastornos psíquicos. Si no fueran las obras
sociales no podrían asistir a centros asistenciales que son privados.
Por otro lado se les desconoce el derecho a trabajar lo cual está
garantizado por las leyes.

Género

La lucha por equidad de género no avanza al ritmo que debiera. La
violencia familiar, el feminicidio y las muertes por abortos
clandestinos lejos de atenuarse aumentan de manera alarmante. Tal como
lo afirmó el Ministro de la Corte, Eugenio Zafaroni, la ley de
planificación familiar y aborto seguro no es tratada porque "no afecta
a la clase media". La hipocresía usada como tabla rasa por
instituciones como la Iglesia Católica oculta detrás de conceptos
morales sobre la vida de miles de muertes de mujeres pobres que no
tienen acceso a practicarse abortos en clínicas privadas.

Recursos Naturales y Medio Ambiente

La problemática de la sojización y la toxicidad y contaminación
ambiental por agrotóxicos afecta a numerosos pueblos en la pampa
húmeda. En Córdoba, el caso emblemático es Barrio Ituzaingó Anexo. La
tenacidad de las "Madres de Ituzaingó", logró que científicos y
técnicos se ocupen del tema. Sin embargo, pese a las recomendaciones
de erradicar el barrio y suspender las fumigaciones, nada de eso
ocurrió. Es más, ahora son cada vez más los pueblos que sufren los
efectos de la contaminación por el uso de agrotóxicos y la aparición
de enfermedades letales es alarmante. Además, a un año de la
aprobación de la Ley de Bosques no se realizó la reglamentación.
Continúan los desmontes, los desalojos violentos a campesinos, las
fumigaciones y la ampliación de la frontera agropecuaria para seguir
sembrando soja.
Nos preguntamos: ¿Hasta cuándo?

La política del gobierno nacional respecto a los recursos naturales no
ha variado a la implementada por Carlos Menem. Más aún, profundizaron
la entrega a manos de las multinacionales los recursos de todos. Esto
también es atentar contra los derechos de futuras generaciones que
verán afectados el acceso al agua, a la tierra y a un medio ambiente
sustentable. A lo largo y a lo ancho de la cordillera de los Andes,
multinacionales como la Barrick Gold explotan las minas, saquean la
riqueza con autorización legal de los gobiernos, contaminan y
envenenan el agua.

En definitiva, comprometen el futuro de las nuevas generaciones. A
pesar de la tenaz y esforzada lucha de los pueblos afectados los
cómplices como el gobernador de San Juan José Luis Gioja no sólo ha
creado un código de faltas que encarcela a los que se oponen sino que
les prohíbe el ingreso a las escuelas.

Y cuando el parlamento había aprobado la ley de Protección de los
Glaciares, la presidenta usó el recurso del veto, dejando sin
protección jurídica a enormes reservorios de agua dulce, oro, cobre y
otros tesoros que permanecen debajo de las enormes masas de hielo.
Esta acción no puede interpretarse de otro modo que no sea una clara
toma de posición de parte del gobierno nacional, en favor de los
negocios entre gobernadores y mineras.

Los argumentos que justifican los emprendimientos mineros tales como
la creación de fuentes de trabajo y el crecimiento de los pueblos no
son ciertos. Entonces, que nadie se engañe: lo único que dejan las
mineras es contaminación, enfermedades y muerte. Un caso paradigmático
de esa realidad es la provincia de San Juan. En Córdoba, fruto de las
luchas iniciadas por los pueblos del interior bajo la consigna
Ongamira despierta, impidieron que se aprobara una ley de explotación
minera.

La denuncia de contaminación del Río Suquia por parte de científicos
de la Universidad nacional de Córdoba pasó como una noticia más sin
que nadie se hiciera cargo del problema. El volcamiento de líquidos
cloacales en su lecho y el inadecuado tratamiento de la planta
depuradora de Bajo Grande, al igual que la presencia de nitratos en
los suelos de Marcos Juárez, constituyen un grave problema sanitario
que afecta como siempre a los sectores más carenciados. Las
consecuencias de una privatización del agua están ala vista. Miles de
cordobeses no tienen acceso al agua potable. Un capítulo aparte merece
el ruinoso contrato con Aguas Cordobesas.

Derecho a la información y libertad de expresión

Las libertades de expresión y de prensa también son derechos humanos
a respetar. La concentración de medios en manos grupos poderosos
conspira contra la democracia y la construcción de ciudadanía. Como
afirma el intelectual Ignacio Ramonet: "son el aparato ideológico de
la globalización". Hay ejemplos emblemáticos que lo grafican: el golpe
mediático en Venezuela, el atentado a la estación de Atocha adjudicado
a la ETA; el titular del diario Clarín "La crisis se cobró dos
vidas", para esconder los asesinatos de Kosteky y Santillán.

Según el observatorio de medios de la Facultad de Comunicación de La
Plata la información ofrecida por los medios masivos fue sesgada. Los
diarios de mayor circulación nacional y especialmente la televisión se
alinearon directamente con el llamado "campo". Y no olvidemos que el
reconocido periodista Enrique Lacolla primero fue censurado por su
editorial titulada "La sedición del campo" y luego echado de La Voz
del Interior, en un caso emblemático que ilustró la interesada
posición de los medios de comunicación a favor del agro-empresariado
en su conflicto con el Gobierno nacional por su rechazo a las
retenciones móviles.

Es urgente, entonces, el tratamiento de una ley de Radiodifusión para
la democracia que contemple los 21 puntos consensuados por más de cien
organizaciones sociales. Además que preste atención y presupuesto a
los medios públicos como Radio Nacional que funciona por la voluntad
de sus trabajadores.

Los medios radiales más escuchados consolidan un discurso que no se
condice con la vigencia de un Estado democrático. Opinan y justifican
desde una visión reaccionaria, sin contextualizar, la aplicación de
la mano dura, el gatillo fácil, la discriminación hacia el diferente y
el pobre, los malos tratos a los presos, o declaraciones de
personajes de ideología fascista que glorifican el Terrorismo de
Estado. Es verdad que los medios alternativos son cada vez más y que
nacieron tras descubrir que los temas de agenda del pueblo son
invisivilizados por los grandes medios. Pero es importante recordar
que las frecuencias que el Estado administra son propiedad de todos
los ciudadanos.

Leyes de fondo, al cajón

Después de 2001, la derecha intenta avanzar cada vez más sobre los
poderes del Estado y los intereses del pueblo. No por casualidad, las
leyes de la dictadura: de entidades financieras y de radiodifusión no
han sido derogadas. Tampoco figuran en la agenda del gobierno actual
la reforma tributaria, la ley de aborto seguro y la eliminación de la
vergonzosa ley de reforma laboral.

Por otra parte, el gobierno provincial tampoco manifiesta una voluntad
política firme para que los que más tienen paguen más impuestos. Para
que las publicitadas radicaciones de empresas terminales automotrices
e informáticas, subsidiadas por todos nosotros, paguen impuestos y no
pongan en riesgo la paz social con cientos de despidos y suspensiones,
echándole la culpa a la burbuja financiera mundial. Las deudas
pendientes son muchas.

La emergencia vial no debe reducirse a spots publicitarios. Cientos de
muertes ocurridas en rutas y calles enlutan los hogares de miles de
cordobeses. Por eso, reclamamos políticas serias y consensuadas entre
la sociedad y los gobiernos para disminuir este flagelo. Lo mismo
ocurre con los trabajadores arrojados a su suerte por falta de medidas
de prevención en los lugares de trabajo. Precisamente, hace un año, en
Río Cuarto, murieron seis personas y una veintena resultó herida por
trabajar en condiciones inseguras. Y qué decir de las obsenas muertes
de los obreros de la construcción.

A diez años de la conformación de la Mesa de Trabajo por los Derechos
Humanos, nacida como una herramienta de articulación y de lucha
comprometida en la defensa de los derechos de hombres y mujeres,
seguimos resistiendo, seguimos luchando para que el goce de los
derechos fundamentales sea una realidad.

Por todo esto exigimos:

-Aparición con vida de Jorge Julio López
-Anulación de la Ley Antiterrorista
-Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria
-Basta de procesos y juicios a los luchadores
-Basta de criminalizar a los pobres.
-Para que los derechos humanos se efectivicen en la práctica en todos
lo sectores.
-Basta de discriminar a los jóvenes pobres y a las trabajadoras
sexuales. Por la derogación del Código de Faltas.
-Control y seguridad en el trabajo. Basta de muertes en la construcción.
-No a la venta del predio y privatización del complejo carcelario de
la ex UP1 ubicada en Barrio San Martín.
-Por la estatización del servicio de agua potable
- Por la restitución de la identidad de nietos y hermanos apropiados.
- Paren de fumigar y matar a los vecinos de las zonas sojeras.
- Cárcel al responsable político del asesinato de Fuentealba
- La Tierra es de todos y para quien la trabaje.
-Investigar la trata de personas.
- Respeto por la cultura y los bienes de los pueblos originarios
- Castigo a los responsables de la crisis de Pando
- Fuera el imperialismo de Latinoamérica.

Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.

http://www.prensared.com.ar
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

......"Esta acción no puede interpretarse de otro modo que no sea una clara
toma de posición de parte del gobierno nacional, en favor de los
negocios entre gobernadores y mineras."........

QUE PARRAFO!!!! Pasan a la historia muchachos!!!
como si no supieramos que el veto a la ley de glaciares ya es conocido en el mundo entero como el VETO DE LA BARRICK GOLD.

Son impresentables y pateticos!!! Con que cara siguen defendiendo al "gobierno de los ddhh", ahhhh claro ahora falta que tambien le hagan la campaña a ALDO RICO!!! CARADURAS!!!

que pasa indymedia que sacan la foto de la Kristina ???
ustedes tambien???

Como siempre ocurre otra vez algun boludo que se pone el nombre de cordobes y no da la cara escribe pelotudeces malinterpretando el documento de la Mesa de Trabajo y a Indymedia...quien sos un cana que genera puterio...la resistencia crece papa a pesar de los boludos como vos o a lo mejor no sos tan boludo son un cana de hecho