COMPLICIDAD del MINISTRO BARAÑAO con la CORRUPCIÓN : Argentina Indymedia (( i ))

COMPLICIDAD de los MINISTROS BARAÑAO y FILMUS con el PENTÁGONO de la CORRUPCIÓN en CIENCIA y TÉCNICA

por Eduardo R. Saguier

INDICE

1.- PROBLEMA CRÍTICO A RESOLVER
1.1.- Discrecionales Filtros Evaluativos de cada Proyecto en la Agencia
1.2.- Excusas Formales a las Incompatibilidades
1.3.- Responsabilidades de la Comisión de Ética de Ciencia y Técnica (CECTE)
1.4.- Responsabilidades de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)
1.5.- Principios Universales Absolutamente Ignorados
1.6.- No Transparencia y Simulaciones Fraudulentas en los Portales Electrónicos Públicos
1.7.- Monopolización de los Recursos Oficiales por parte de los Directivos de CyT
1.8.- Complicidad del Mandarinato con la Violación de la Ética.
1.9.- Represalias a los Investigadores, víctimizados por oponerse al Plan Mafioso
2.- COMPROBACIÓN FÁCTICA del PROBLEMA
2.1- Apéndice I

1.- PROBLEMA CRÍTICO A RESOLVER.

Una media docena de instituciones legales (AGENCIA, CONICET, CONEAU, SPU, CECTE) concluyeron tejiendo un inmenso pentágono compuesto por verdaderos nudos gordianos y por flujos venales de ida y vuelta (subsidios, incentivos, categorizaciones, acreditaciones, confidencialidades, asesorías, consultorías, observatorios, transferencias tecnológicas, etc.). Este contaminado pentágono, al condicionar las libertades académicas y tercerizar las universidades, ha concluido por devaluar tanto la autonomía de las mismas, como el sistema de equilibrio de poderes (frenos y contrapesos) que debe existir en el seno de los organismos académicos colegiados, y la excelencia de la formación universitaria y de la producción científica.

AGENCIA (Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica) (A): Medio centenar (50) de sus Coordinadores recibieron subsidios de la propia Agencia, y de los cuales ocho (8) percibieron $3.662.000 a un promedio de $457.750 c/u. La antropóloga Rosana Guber, hija de la Dra. Rebeca Cherep de Guber, Presidenta de la Agencia, también recibió su correspondiente subsidio. La Agencia engloba al Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología (de ahora en mas CECTE), y supervisa las categorizaciones de los incentivos que distribuye la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) e indirectamente las acreditaciones de los programas de Maestría y Doctorado de la CONEAU, estos dos últimos organismos dependientes del Ministerio de Educación.

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas) (C): Tres (3) de los miembros del Directorio (Girbal, Siñeriz y Rapela) recibieron subsidios de la Agencia. Sesenta (60) miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET (CA) también recibieron subsidios de seis (6) dígitos de la Agencia, y de los cuales siete (7) percibieron la suma de $2.846.105, a un promedio de $406.586 c/u.

CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) (CON): Aunque perteneciente al Ministerio de Educación dos (2) miembros de su Directorio (Villanueva y Krotsch) percibieron de la Agencia la suma de $275.354, a un promedio de $138.000 c/u.

SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) (SPU): distribuye los incentivos a los docentes-investigadores de las Universidades Nacionales y categoriza a los mismos, tarea en la cual es supervisado por la Agencia.

CECTE (Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología) (CEC): Emitió dictámenes exculpatorios en materia de ética administrativa a favor de los Coordinadores de la Agencia. Sin embargo, cuatro de sus directivos (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa) recibieron subsidios de la Agencia. La Dra. González Cappa recibió tres diferentes subsidios de seis dígitos cada uno.

OAC (Oficina Anti-Corrupción) (OAC): oficia de depositario de las Declaraciones Juradas de Bienes hasta tanto se constituya la Comisión Nacional de Ética de la Función Pública, establecida en el decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública Nº 25.188. Y en la práctica la OAC ha cajoneado las denuncias formuladas por cuestiones de incompatibilidad en los cargos de CyT.

Por ende, las autoridades de cinco (5) organismos de CyT y de Educación: los Coordinadores de la Agencia (A), los miembros del Directorio del CONICET (D), los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET (CA), los integrantes del Directorio del CECTE (CEC), y los Directores de la CONEAU son como primos hermanos, más hermanos que primos, dado que recibieron subsidios del mismo padrino-antecesor: los une la Agencia y el Ministro de Ciencia y Técnica.

1.1.- Discrecionales Filtros Evaluativos de cada Proyecto en la Agencia

El proceso evaluativo de cada Proyecto en la Agencia lo dirige el Coordinador respectivo y la Comisión ad-hoc que analiza la pertinencia del Proyecto. El Coordinador de cada área tiene la responsabilidad de elegir a los evaluadores desinsaculándolos de un Banco de Pares Evaluadores, quienes evalúan la calidad de los proyectos; y el Presidente de la Comisión ad-hoc es el encargado de instrumentar los medios necesarios para que se dictamine sobre la pertinencia del proyecto.

En cuanto a los Pares Evaluadores, que son los evaluadores de los Proyectos a subsidiar debo decir:
a) son más de mil en cada área de conocimiento;
b) una muy pequeña minoría es la que usualmente es llamada a intervenir;
c) su incorporación al Banco de Pares o Expertos Evaluadores se hace con total arbitrariedad por parte del Directorio de la Agencia;
d) Su desinsaculación para la evaluación de cada Proyecto tiene el mismo vicio de discrecionalidad y arbitrariedad que el punto anterior.
e) No es de extrañar que los Pares Evaluadores usualmente convocados para aceptar o rechazar Proyectos, que es una tarea honoraria, hayan sido también subsidiados.
f) Todo sin perjuicio ni menoscabo de muchos integrantes de los Bancos de Pares Evaluadores que son ajenos e inocentes de este sistema y de cuya honorabilidad no se pone aquí en duda.

1.2.- Excusas Formales a las Incompatibilidades

Es incompatible para un funcionario otorgarse a sí mismo un beneficio, dado que esa actitud implica privar a otro investigador que no es funcionario de dicho beneficio. No obsta a esta incompatibilidad que el beneficio sea otorgado por otros organismos integrantes del mismo Ministerio, dado que todos son empleados subalternos en la misma unidad ministerial. Tampoco obsta a la incompatibilidad que el miembro Asesor o Coordinador se excuse de intervenir cuando la Comisión o Área de conocimiento respectiva trata su propio pedido de subsidio. Obvio que de esa manera solo se salvan las formas y no la incompatibilidad, puesto que el subsidio cae en sus manos devolviendo la prestación con su voto a favor de los pares en la Comisión o Área de conocimiento respectiva.

Para evitar estos conflictos --propios de una administración venal que no respeta los parámetros meritocráticos y que maquina su ascenso socioeconómico mediante maniobras de corrupción política-- las garantías de independencia, imparcialidad, publicidad, igualdad y transparencia deberían ser requisitos insoslayables para el funcionamiento de todo poder evaluador, del fuero o jurisdicción que fuese.

1.3.- Responsabilidades del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE)

Tampoco obsta a la incompatibilidad ninguna reglamentación, ni exculpación, ni absolución, de organismo interno alguno, aunque fuere autónomo, que pretenda blanquear, encubrir o purgar la falta de transparencia, publicidad, legalidad, igualdad o responsabilidad, o que contradiga el espíritu de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592 y de Ética de la Función Pública Nº 25.188, salvo en ésta última la docencia.

Estas contradicciones las ha cometido el CECTE, supuestamente “autónomo”, que aunque creado por el Directorio del CONICET (Resolución D N° 1806/04, y su Reglamento, Resolución D N° 613 del 2-5-05), en 2004, bajo el Ministerio de Filmus, ha pasado ahora a la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Técnica; coordinado por Otilia Vainstok e integrado por miembros beneficiados por los subsidios de la Agencia (Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok) y también aparentemente por miembros no beneficiados (Roberto Fernánez Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída Kemelmajer de Carlucci). Dichas contradicciones se manifestaron en un Documento titulado Conflicto de interés en comunidades científicas pequeñas, fechado el día 5 de noviembre de 2007 http://www.cecte.gov.ar/pdf/14, emitido “…a pedido de Investigadores individuales”, pero también a solicitud del entonces Presidente de la Agencia Dr. Lino Barañao, la que fue formulada el 9 de abril de 2007 ante el Plenario del CECTE, y que exculpa a los Coordinadores de la Agencia de toda incorrección. Se ignora aún si esta exculpación alcanza también por analogía a los Directoriales del CONICET y la CONEAU, y a los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET, que también percibieron subsidios de la Agencia. No obstante la relevancia simbólica del evento burocrático citado, el Documento resultante es imposible de hallar en el menú del portal electrónico del CECTE.

1.4.- Responsabilidades de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)

Pese a los compromisos de su pasado como Presidente de la Agencia (bajo el Ministro Filmus), contraídos ante el Plenario del CECTE, el actual Ministro Dr. Lino Barañao debe tomar cartas en estas omisiones, tergiversaciones, violaciones y discriminaciones; debe auditar la gestión de los organismos bajo su órbita; y debe decretar la nulidad de todo aquello que atente contra las Leyes de Actos Discriminatorios y de Ética de la Función Pública, incluido el citado Documento del CECTE, elaborado a su propio pedido.

La inactividad, indiferencia o negligencia del Ministro de Ciencia y Técnica en estas esferas legales, puede muy bien constituir delito, y ser fruto de una conspiración para discrecionalizar los fondos públicos y los recursos humanos en provecho de una camarilla facciosa que habría alcanzado también al Ministerio de Educación, específicamente a organismos tales como la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), cuyos directivos también fueron beneficiarios por la Agencia.

1.5.- Principios Universales Absolutamente Ignorados

Los principios de legalidad, publicidad, igualdad, control y responsabilidad han sido absolutamente ignorados, la ética legal ha sido abdicada y burlada, y las incompatibilidades o conflictos de interés han sido producidos deliberadamente en todos los casos que fueron oportunamente denunciados ante los organismos fiscalizadores (Defensoría del Pueblo de la Nación, Fiscalía General de Investigaciones Administrativos, Oficina Anti-Corrupción, Auditoria General de la Nación), y que hasta hoy han sido extrañamente ignorados.

1.6.- No Transparencia y Simulaciones Fraudulentas en los Portales Electrónicos Públicos

La falta de transparencia vigente hasta el día de la fecha en las pantallas electrónicas de estos organismos fue montada con el avieso objetivo de impedir a los Investigadores, Docentes-Investigadores y Becarios el conocimiento de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592 y de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y como en El Castillo de Kafka obstruirle a los mismos la comprensión del nexo inmediato que dichas Leyes tienen con sus derechos y obligaciones (volviéndolos así una suerte de súbditos o extranjeros).

Para ese objetivo desinformador, la Agencia, en la sección electrónica titulada Biblioteca de Documentos; el CONICET y la CONEAU, en sus secciones tituladas Normativa, y la SPU en su sección titulada Legislación, ocultaron la exhibición de dichas Leyes. Eso sí, socarronamente la CONEAU incluye en su normativa la Recopilación de las Leyes de Indias. Y el CECTE ocultó en el menú de su propio portal la publicidad de Documentos críticos donde se auto-incrimina http://www.cecte.gov.ar/pdf/14. También la Agencia ocultó los listados de los beneficiarios de subsidios de la década entre 1996, año de su fundación, y el 2007. Y también practicó una simulación fraudulenta al distorsionar la cifra de los beneficiados con subsidios, utilizando una estadística grosera que no pondera sus propias cifras, cuando en su documento titulado estadísticas fonCyT http://www.agencia.gov.ar/spip.php?article36 declaró la cantidad de dos mil (2.000) proyectos (y supuestamente igual cantidad de beneficiarios) para el período 2000-2004, de un total de 288 millones de pesos, a un promedio de $145.000 c/u, con el solapado afán de simular una supuesta equidad distributiva.

1.7.- Monopolización de los Recursos Oficiales por parte de los Directivos de CyT

Para desmentir esa falsa afirmación del portal electrónico de la Agencia, hemos descubierto que en el CONICET siete (7) miembros de sus Comisiones Asesoras (Targovnik, Murer, Uchitel, Previtali, Hoyos de Rossi, Colombo y Ugalde), recibieron de la Agencia la suma de $2.846.105, a un promedio de $406.586 c/u, mientras el total de funcionarios miembros beneficiados alcanzaba el numero de sesenta (60); que en la propia Agencia, ocho (8) Coordinadores (Coira, Cánepa, Rubiolo, Cabada, Cazzulo, Arzt, Poderoso, y Corti), se asignaron $3.662.000 a un promedio de $457.750 c/u, mientras el total de Coordinadores beneficiados alcanzaba el medio centenar; y que en la CONEAU, dos miembros de su Directorio se asignaron $275.354, a un promedio de $138.000.
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En total, entre ambos organismos, quince (17) funcionarios se apoderaron de $6.683.459, a un promedio de $400.000 c/u, y otro centenar de ellos cifras algo menores pero siempre de seis (6) dígitos. La totalidad del presupuesto repartido en el cuatrienio 2000-2004 fue según cifras divulgadas por el portal de la Agencia de 288 millones, de los cuales, según nuestros cálculos, unos 27 millones, o el 20% del total, se lo llevaron para sí mismos en forma individual más de un centenar de autoridades de dichos organismos. Dada la escasez de la información a la que he tenido acceso presumo que dicho porcentaje debe ser mucho mayor.

1.8.- Complicidad del Mandarinato con la Violación de la Ética.

La complicidad de los funcionarios beneficiados con la distribución mafiosa de los subsidios, incluidas las autoridades del CECTE (que aunque ente autónomo creado por el CONICET está bajo la jurisdicción (sede, logística y financiación) del Ministerio de Ciencia y Técnica; con la violación del art.1º de la Ley de Actos Discriminatorios y el art.13º de la Ley de Ética de la Función Pública; y con el desentenderse de las incompatibilidades o conflicto de intereses, ha sido inequívoca, y el daño inferido a la comunidad científica argentina ha sido abrumador, tanto que amerita la inmediata intervención del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI).

1.9.- Represalias a los Investigadores, víctimizados por oponerse al Plan Mafioso

La motivación de las persecuciones y represalias de las que han sido víctimas quienes se opusieron a ello debería ser materia penal, por cuanto los mismos partícipes de las violaciones éticas (miembros del Directorio del CONICET) han sido también los que seleccionaron a los evaluadores que rechazaron los Informes Periódicos de quien viene denunciando públicamente aquellas violaciones (ver Red Mafiosa en el CONICET argentina.indymedia.org/news/2009/04/668439.php y Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html). Y muchos de los propios integrantes de las Comisiones Asesoras que rechazaron los Informes del denunciante fueron o son aspirantes a los subsidios de la Agencia, y han sido además recusados ante la Presidencia del CONICET por violación al sistema de incompatibilidades o por integrarlos tácitamente o por ser sus beneficiarios. Si el CECTE admite el tratamiento de Documentos “…a pedido de Investigadores individuales”, sería interesante saber si admite también el tratamiento de acusaciones de persecución política de resultas de haber practicado severas denuncias.

2.- COMPROBACIÓN FÁCTICA del PROBLEMA

Para probar la inequidad distributiva de los subsidios de investigación repartidos, así como para demostrar la grave situación de incompatibilidad en que se encuentran las autoridades o funcionarios que recibieron subsidios de la Agencia, el Apéndice I detalla la nómina de los beneficiarios y su filiación administrativa, área de conocimiento, y el año y monto de los subsidios:

2.1- Apéndice I

A) Comité Nacional de Ética en Ciencia y Técnica (CECTE);
Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok. La Dra. González Cappa lleva acumulados desde 1998 tres diferentes subsidios de seis dígitos cada uno

B) Comisiones Asesoras y Directorio del CONICET;
Fueron beneficiados con subsidios los miembros del Directorio del CONICET Noemí Girbal, Faustino Siñeriz y Carlos Rapela, a quienes el ANPCYT, en su Convocatoria-2002, les asignó individualmente la suma de $210.000 (Cabe aclarar que la Directora Girbal, actual Vicepresidenta del CONICET, fue también durante muchos años la Coordinadora de la Gran Área de Ciencias Sociales). También fueron beneficiados los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran Área de Ciencias Agrarias (Ricardo Farías recibió $210.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde quien a su vez desempeñó el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas [CIC] de la Provincia de Buenos Aires recibió $210.000 en 2003 y nuevamente $275.000 en 2004). Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Dora Barrancos $208.000 en 2004, a Alejandro Rofman $135.000 en 2004, y a Marcelo Cavarozzi $204.000 en 2004. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de $72.969 y al funcionario de la Academia Nacional de la Historia Dr. Víctor Tau Anzoátegui $50.000 en 2000/2001 y nuevamente un total de $95.000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de $193.000.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de $105.000; Carlos José Pirola con la suma de $120.000; Oscar Bottasso con un total de $92.000; y Héctor Targovink con el monto de $105.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de $210.000; Ana María Franchi con la suma de $210.000, y Alicia Belgorosky con la suma de $210.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de $210.000, y Osvaldo Uchitel la suma de $200.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de $279.000; Jorge Geffner la suma de $174.000; María Ángela Lazzari la suma de $280.000; Alicia Mattiazzi la suma de $251.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de $252.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $357.000; y Mario G. Murer la suma de $195.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de $110.334, totalizando con ambos subsidios la suma de $305.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma de $279.000; Osvaldo Podhajcer un monto de $278.000; y otra vez Osvaldo Uchitel, en esta oportunidad con la suma de $244.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $444.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de $147.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero habría recibido una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto desconocido bajo el código 38.001.

Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de $140.000; Manuel López Teijelo la suma de $94.000; y Carlos Previtali un total de $105.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de $202.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de $203.000; Luis Dante Martínez el monto de $160.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de $267.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir $257.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $362.000 y María Hoyos de Rossi $280.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $420.000. Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de $280.000; José Luis Bocco recibió $279.000; Horacio Garda recibió la suma de $270.000; Fernando Goldbaum el monto de $280.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de $276.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de $196.771, totalizando con ambos subsidios la suma de $472.771.

Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de $205.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de $177.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de $171.249; y en el 2005 habrían recibido Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto de $279.000. Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma de $269.000. Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de $272.000.

Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de $175.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de $210.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de $75.000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de $197.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió $75.000; Sergio Matheos la suma de $85.000; y Alejandro Tosselli la suma de $150.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de $188.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de $220.000; y en el 2005 los que habrían recibido fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman habría recibido en 2005 una suma bajo el código 38.168. Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de $120.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 la suma de $182.000. Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de $60.000. Y entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de $92.000.

C) Coordinadores y co-Coordinadores de Área del ANPCYT
En la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), presidida entonces por el Dr. Lino Barañao, los integrantes del Directorio eran propuestos por la SECyT, y los Coordinadores de Área por el propio Directorio a propuesta del FONCYT. En ese sentido, los Coordinadores de Área Jorge Jorrat, Marcelo Cabada, Eduardo Arzt, y Jaime Cerda, habrían aprovechado la feliz circunstancia para adjudicarse a sí mismos respectivos subsidios.

En efecto, en la Convocatoria-2002, en una sospechosa operación les fue adjudicada igual suma a los que al año siguiente fueron los Coordinadores de las Áreas de Tecnología Informática Dr. Marcelo Frías, de Tecnología de Alimentos María Cristina Añón, y de Economía y Derecho Dr. Luis Beccaria. En la Convocatoria-2003, el Coordinador del Área de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Arzt recibió la suma de $210.000; el Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Marcelo Cabada recibió la suma de $210.000, y el Coordinador del Área de Tecnología Química Dr. Jaime Cerda también la suma de $210.000. Y en la Convocatoria-2004, el Coordinador del Área de Ciencias Humanas y Sociales Dr. Jorge Jorrat recibió la suma de $209.000.

A los Coordinadores de Área, que han sido denunciados al comienzo de este escrito, debemos agregar los Coordinadores siguientes:

1) En la Convocatoria-2000/2001 les fue adjudicado diferentes subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Juan José Cazzulo, Marcelo Cabada, Rodolfo Sánchez, Damián Ravetta, Gustavo Corach, Juan Pablo Paz, Juan José Poderoso, Alcira Batlle, Beatriz Coira, Walter Helbling, Ana María Parma, Alberto Escande, Amelia Rubiolo, Alberto Vargas, Francisco Felipe Garcés, y el actual Presidente de la Agencia Lino Barañao.

2) En la Convocatoria-2002 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Gustavo Politis, Luis Alberto Beaugé, Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coira, Hermenegildo Ceccatto, Carlos Gigolo, Luis Mroginski, Maria Cristina Anón, Luis Beccaria y Marcelo Frías.

3) En la Convocatoria-2003 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Carlos A. Balseiro, Juan José Cazzulo, Horacio Corti, Roberto Rossi, Carlos Lanusse, Isidoro Schalamuk, y Ricardo Carelli

4) En la Convocatoria-2004 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Mirta Quattrochio, Juan Pablo Paz, Rodolfo Sánchez, Damián Zanetti, Juan Jose Poderoso, Amelia Rubiolo y Verónica Bucala.

5) En la Convocatoria-2005 les habría sido adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Marcelo Cabada, Juan José Cazzulo, Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso, Horacio Corti, Alberto Vargas, Luis Gugliotta, y Ana María Antón.

Con más detalle (en áreas, montos y fechas), en la Convocatoria-2000/2001, le fue adjudicada a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Eduardo Cánepa $130.000; Juan José Cazzulo $140.000; y Marcelo Cabada $90.000; a los de Tecnología Agraria Rodolfo Sánchez $84.000 y Damián Ravetta $140.000 (este último colaborador del Ing. Víctor Kopp, Director del Área Técnica de Gestión de Subsidios); a los de Ciencias Físico-Matemáticas Gustavo Corach $105.000 y Juan Pablo Paz $90.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $105.000; a la de Ciencias Químicas Alcira Batlle $150.000; al de Ciencias de la Tierra Beatriz Coira $120.000; al de Ciencias Biológicas de Organismos Walter Helbling $130.000; al de Tecnología Pecuaria Ana María Parma $100.000; al de Tecnología Agraria Alberto Escande $105.000; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $150.000; y a los de Tecnología Energética Alberto Vargas $84.000 y Francisco Felipe Garcés $72.000. En esta última Convocatoria 2000/2001 le fue adjudicada al Prof. Lino Barañao la suma de $140.000; al ex Presidente del CONICET y actual Director General del FONCYT Armando Bertranou $75.000; al Decano Alberto Boveris $140.000 y $280.000 en 2005; y al Decano Héctor Trinchero $170.000.

En la Convocatoria-2002, le fue adjudicada al Coordinador de Ciencias Humanas Gustavo Politis $200.000; al de Ciencias Médicas Luis Alberto Beaugé $210.000; al de Ciencias Químicas Roberto Salvarezza $193.000; a los de Ciencias de la Tierra Ricardo Astini $210.000 y Beatriz Coira nuevamente $204.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $324.000; al de Ciencias Físico-Matemáticas Hermenegildo Ceccatto $200.000; al de Tecnología Química Carlos Gigoló $85.000; al de Tecnología Agraria Luis Mroginski $163.000; a la de Tecnología de Alimentos María Cristina Anón $209.000; al de Economía y Derecho Luis Beccaria $121.000; y al de Tecnología Informática Marcelo Frías $206.000.

En la Convocatoria-2003, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Matemáticas Carlos A. Balseiro $210.000; al de Ciencias Biológicas Juan José Cazzulo $210.000; a los de Ciencias Químicas Horacio Corti $209.000 y Roberto Rossi $210.000; a los de Ciencias de la Tierra Gerardo Perillo y Cintia Piccolo, marido y mujer, la suma de $450.000; al de Tecnología Pecuaria Carlos Lanusse $210.000; al de Tecnología Energética Isidoro Schalamuk $206.000; y al de Tecnología Informática Ricardo Carelli $256.000. A propósito, el Coordinador Roberto Rossi, aquí mencionado, sería el mismo que figura en La Nación del viernes 1º de diciembre como habiendo recibido el Premio Sadoski-Bernardo Houssay.

En la Convocatoria-2004, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Eduardo Cánepa nuevamente un subsidio por $280.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $410.000; al de Ciencia de la Tierra Mirta Quattrochio $223.000; a los de Ciencias Físico-Matemáticas Juan Pablo Paz $271.000, Rodolfo Sánchez $200.000; y Damián Zanetti $202.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso nuevamente $279.000; al de Ciencia de la Tierra Rodolfo Sánchez nuevamente $78.802, totalizando con ambos subsidios la suma de $162.802; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo nuevamente $280.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $430.000; y al de Tecnología Química Verónica Bucala $248.000.

En la Convocatoria-2005 registra su aparición el ex Secretario de Ciencia y Técnica del Menemismo Juan Carlos del Bello con la suma de $138.000, y la Secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós con un monto de $204.000. También registra un subsidio el recientemente ascendido a la máxima categoría de Investigador Superior del CONICET y dirigente del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en CyT Martín Isturiz con una suma de $279.000

En dicha Convocatoria-2005, les habría sido adjudicado a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Marcelo Cabada nuevamente la suma de $280.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $370.000; y a Juan José Cazzulo nuevamente un monto de $279.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $489.000; a los de Ciencias Médicas Eduardo Arzt nuevamente $280.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $490.000, y Juan José Poderoso por tercera vez $277.000, totalizando en las tres oportunidades la suma de $661.000 y a Alcira Batlle nuevamente una cifra indeterminada bajo el código 32.642; al de Ciencias Químicas Horacio Corti nuevamente un monto de $279.000, totalizando con ambos subsidios la suma de $488.000; al de Tecnología Energética Alberto Vargas nuevamente una cifra indeterminada bajo el código 32.438; al de Tecnología Química Luis Gugliotta una cifra indeterminada bajo el código 38.158; y al de Ciencias Biológicas de Organismos Ana María Antón un monto indefinido bajo el código 34.901.

Eduardo R. Saguier
Museo Roca-CONICET
http://www.er-saguier.org
http://www.nationstatecrisis.org

El Documento del CECTE, titulado Conflicto de interés en comunidades científicas pequeñas, http://www.cecte.gov.ar/pdf/14 , fechado el día 5 de noviembre de 2007, que el Ministro de Ciencia y Técnica Dr. Lino Barañao debe anular por violatorio de los artículos 1º y 13º de la Ley Nacional de Ética de la Función Pública, se halla archivado en la sección Recomendaciones e Informes del Portal electrónico del CECTE.

Eduardo R. Saguier

Si bien cuesta coincidir con las denuncias de Saguier cuyos disparos en muchos casos puede ir en sentido equivocado, golpear inocentes, partir de equívocos, confundir, etc., debemos asumir que sencillamente nos está diciendo que no se puede en ninguna circunstancia ser juez y parte de lo que se decide. No es tan dificil. Por otra parte, pensar que el sistema es impoluto, que somos juzgado desde la imparcialidad o que en las evaluaciones -ya sean subsidios, aprobación de informes y/o promoción- se aplican las reglas de quehacer científico, perdon amigos, eso es ser inocentes o estúpidos. Se han preguntado por que ascienden mas rápido los discípulos, compañeros de laboratorio o centros, aquellos que comparten similares marcos conceptuales, chupamedias, etc. que los investigadores menos institucionalizados, sin padrinos, de universidades e institutos fuera del ruido metropolitano?. ¿Sabe el colega Guerri del juicio aun abierto de Inez Izaguirre contra toda la cúpula académica del CONICET por discriminación en la elección del marco teórico?, descansando en algún cajón burocrático de la justicia. ¿ Acaso alguno de Uds. fue despachado en una evaluación porque incursionó en temas diferentes? ¿o porque el evaluador, textualmente pone “No parece razonable hablar de ... y sin mas desechó una investigación con años de trabajo empírico, elaboración, discusión en eventos académicos, etc.? ¿Sabe como se cierra la corporación académica cuando se requieren revisión de esos exabruptos?

Disculpen colegas, pero el sistema científico no es una corporación de hombre justos. El calorcito del laboratorio, la cátedra, el centro, el instituto protege bastante del frio de la realidad de los manejos corporativos de los que Saguier hace que se cole por una rendija.

Con Saguier o sin Saguier, el rey está desnudo.

Jorge Roze UNNE

Van los dardos, vuelven las diatribas.

Pero el Moderador del Foro, en este caso en su carácter de participante, ha introducido una interesante variante en materia de “teoría de la justificación” de éste reparto de dineros públicos bajo una modalidad digna de los Medici. Quienes reparten se han apoderado del Estado y sus arcas y lo reparten con la discrecionalidad, y obviamente, la “estética florentina”: sólo le doy al que me halaga.

Pero el Sr Hugo Scolnik ha introducido, decía una variante discursiva que nos remonta a otros tiempos y metodologías. El Sr Hugo Scolnik ha introducido la variante del “por algo será”.

A más de uno le debe sonar, clase media del “deme 2”, aplausos para el Programa del 2 de abril de 1977 de Martinez de Hoz, terroristas de estado haciendo desaparecer a quienes les vinieran en gana y ante semejantes atropellos: esa burguesía urbana, que pedía “orden y progreso”: respondía: “por algo será” y así lavaban sus culpas y salían al mundo a mostrar cuan derechos y humanos eran.

Dice el Sr Hugo Scolnik:

De: pol-cien-bounces@ccc.uba.ar [mailto:pol-cien-bounces@ccc.uba.ar] En nombre de Hugo Scolnik
Enviado el: Sábado, 23 de Mayo de 2009 08:56 p.m.
Para: Eduardo Saguier
CC: pol-cien@ccc.uba.ar
Asunto: [Spam] Re: [Polcien] Fw: Consejero Juan Pablo Paz

Y seguramente hizo cosas útiles para el país a diferencia de algunos que conozco

….y, si…por algo será que le dieron $ 271.000 pesos. A las escuelas primarias no les compraron un puto libro, pero al “ñerso” que algo habrá aportado, le dieron más de 2 gambas y media. Para que, no lo sabemos, ni lo sabremos, pero ahora, en los umbrales del Olimpo Académico (nos enteramos que es Consejero de una Universidad Pública) se siente con el derecho de no rendir cuentas, cree haber sido alcanzado con el halo mágico de la impunidad de los que “reciben” pero no aportan.

Por algo será que le dieron semejante cantidad de guita, pero también, por algo será que el profesor lo defiende a capa y espada sin fundamento objetico alguno.

Por eso, no vale la pena recurrir a las estadísticas y dar por válidos los supuestos que estas fetichizan, sobre todo en materia económica.

Los empleados públicos integrantes del autodenominado “Sistema Científico Nacional” reciben fondos públicos y la rendición de cuentas no consta sólo de prolijas facturas correctamente dibujadas. No, los ciudadanos, cuando pedimos rendición de cuentas, exigimos que nos digan que objetivos se alcanzaron y de que modo esa inversión pública puede ser capitalizada por el conjunto de la sociedad.

No hacerlo, es ser parte del sistema de corrupción instalado en el Estado y que está afectando seriamente la sustentabilidad democrática. La impunidad alcanzada por un sistema jurídico temeroso que permite “candidatos testimoniales” avalados por fallos increíbles alcanza a éstos empleados públicos que se creen ajenos a las normas republicanas y que finalmente ponen en evidencia la hilacha, el hilito de la careta.

Lic. Carlos Guillermo Schwartzer
Economista
Asistencia Técnica y Gestión para Pequeñas y Medianas Empresas
e mail: cgschwar@speedy.com.ar

Consejeros Universitarios y su Irresponsabilidad Política

Existen en la Universidad Argentina dirigentes que no están a la altura de las críticas circunstancias que azotan a nuestro país. Se supone que quien alcanza un cargo electivo en el cogobierno universitario debe defender los intereses de quienes representa. ¿Cuáles son dichos intereses y como deben defenderse?

Pues bien, surge a simple vista que la administración de los subsidios destinados a la ciencia y a la investigación repartidos por la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) deberían haber ocupado una de las máximas prioridades de los claustros universitarios y de los Consejos Directivos de las respectivas Facultades.

Sin embargo, nos encontramos ante la amarga realidad que dicha administración ha sido ignorada, y que los subsidios de la Agencia han sido objeto de una suerte de asalto a medianoche, con nocturnidad y alevosía. En efecto, de los 650 millones de pesos procedentes del BID, que son Deuda Externa, distribuidos entre 1997 y 2007, el portal electrónico de la Agencia indica que fueron asignados a unos seis millares (6.000) de Proyectos, insinuando que los subsidiados habrían sido otros tantos Investigadores. No obstante estos generosos cómputos oficiales, hemos podido estimar que aproximadamente un 20% de los mismos o 133 millones de pesos fueron a parar a las arcas individuales de un centenar y medio de funcionarios de la nomenclatura científica y universitaria (Coordinadores de la Agencia, integrantes de Comisiones Asesoras del CONICET, Directoriales de la CONEAU y del CONICET, Decanos, Consejeros, Jefes de Departamento, Secretarios de CyT de las Universidades, miembros del CECTE, etc.). Asimismo, entre esos 133 millones repartidos entre un centenar y medio de funcionarios, una doceava parte (11 millones) se habría alojado en los bolsillos de una treintena de los mismos, que tuvieron la oportunidad de repetir en dos y hasta tres oportunidades su participación en el botín.

Por otro lado, si nos atenemos a una proyección de las pautas seguidas para con los funcionarios subsidiados, de los 520 millones de pesos restantes, 43 millones se habrían distribuido entre casi un par de centenares de Investigadores no funcionarios, repetidos en dos y hasta tres oportunidades. Y los 477 millones, que en esta estimación quedarían remanentes, se habrían distribuido por una sola vez en apenas un par de miles de Investigadores subsidiados. Por lo tanto, de los seis mil (6.000) supuestos subsidiados que anima la estadística oficial exhibida en el Portal de la Agencia, la cifra real de los mismos por nosotros estimada habría disminuido a casi una tercera parte (2.330 Investigadores subsidiados), y por cierto su índice de concentración habría sido altísimo.

Cabe entonces preguntarse ¿Qué investigación y que protesta de esta oligopolización de los subsidios de la Agencia han hecho los Consejeros representativos de los diferentes claustros en los distintos Consejos Directivos correspondientes a las Facultades de las Universidades Nacionales? ¿Qué control han ejercido los Consejos Directivos sobre las respectivas Secretarías de CyT de cada Facultad, y en especial en la emblemática Facultad de Exactas de la UBA?

Ignoramos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que unos cuantos de dichos Consejeros --cuyo verdadero número e identidad no ha sido posible aún establecer-- también participaron del botín, no en una sino en varias oportunidades, sin haber existido escrúpulos por incompatibilidad alguna. Y la presunción que asalta en esta hermenéutica de la sospecha es que los Consejeros han buscado y buscan los cargos electivos para poder compartir este obsceno pillaje, a sabiendas que contaban y cuentan con absoluta impunidad, pues los Secretarios de CyT de las Facultades nada podrían o querrían hacer para controlar sus respectivas rendiciones de cuentas.

En conclusión, los cargos electivos en el cogobierno universitario han sido así objeto de un ostensible desfalco practicado en banda destinado a alimentar una suerte de Cadena de la Felicidad extendida a escala nacional.

Eduardo R. Saguier

Estimado Profesor Paz:

Charles Darwin reflexionó 20 años antes de escribir El origen de las
Especies, si hubiera sido profesor de esta facultad hubiera perdido su
concurso de renovación. Para no correr la misma suerte nuestros profesores
deben escribir rápidamente papers y muchos papers porque serán contados
por el jurado y comparados versus los números de papers de los otros
candidatos. Por lo que uno infiere que tanta premura resultara en papers
de baja calidad y, si Ud no se ofende, yo diría que es mayormente basura.
Y como un paper sirve para expresar el resultado de una investigación se
deduce que la investigación es una truchada. Y también es necesario
previamente que el profesor declare en un formulario la naturaleza de la
investigación para que le paguen los incentivos. Se concluye que los
concursos y los incentivos ejercen una fuerte presión sobre el pobre tipo
para que "invente" una investigación.

Ahora bien, los profesores del montón se conforman con pasar airosos el
trago amargo del concurso y cobrar los incentivos fabricando mediocres
truchadas pero hay profesores de la Cosa Nostra que aspiran a mucho más
pergeñando gloriosas truchadas y recibiendo como fruto de sus honorables
esfuerzos un kickback (subsidio) de 250000 mangos.

Atte.
Fabio Vicentini

Estimado Solari [por Alberto J. Solari]:

1) Trabaje 25 años para 9 plantas industriales. Mi función consistía en
mejorar la utilización de los recursos - maquinas, materiales y mano de
obra - usando métodos de optimización, estadística y computación. Guardé
un archivo de 29 trabajos hechos en Techint en 10 años por lo que estimo
por extrapolación lineal haber encarado en mi vida laboral aprox 70
proyectos. Entre estos hay cuatro satisfactorios porque cumplieron con dos
condiciones: primero mis recomendaciones fueron implementadas y segundo el
método matemático que usé no era trivial . Los restantes no sirvieron o me
maneje con el sentido común para presentar una solución a mis evaluadores
(capataz, superintendente, gerente).

2) ¡Solo 4 éxitos en 70 ensayos! Seré yo un minusvalido? Permítame suponer
que soy una persona normal, obtuve la licenciatura, un MSc y un PhD.
Claro, eso no demuestra nada porque puedo ser un farsante con 3 títulos
universitarios. Pero para no terminar acá la carta le ruego que acepte la
hipótesis que yo soy una persona normal y no soy un farsante.

3) ¿Entonces como explico los 66 fracasos en toda una vida de trabajo? Muy
fácil de explicar, YO NO MIENTO. A una persona normal y honesta le resulta
muy difícil inventar algo nuevo o trascendente que sea digno de transmitir
a sus colegas o a la posteridad. Es triste admitirlo, Usted y yo nos
moriremos y con alta probabilidad nada de lo que hagamos en vida
trascenderá salvo nuestro hijos. Por lo tanto, un profesor normal que
publique 22 papers en dos años es un farsante.

4) Papers, investigaciones, congresos, tesis, subsidios, incentivos son
todos ítems que importan. Pero lo desgraciado del sistema vigente es que
obliga al profesor a inflar el curriculum en lugar de hacer lo que su
vocación le indique. Si no corre la carrera de las ratas perderá el cargo
y no podrá mantener a su familia. Y no importa cuan viejo sea tendrá que
seguir concursando hasta que lo jubilen o se muera. En fin, la impresión
que yo me llevé del ambiente que procreo esta política académica fue de
mendacidad y malicia.

5) En la Argentina hay gente que se caga de hambre, hay gente que revuelve
la basura para comer y hay mucha gente que vive con un estipendio
miserable pero hay una minoría de canallas que roban de las arcas
públicas. Me cuesta creer que todos nuestros investigadores estén exentos
de la tentación de meter la mano en la lata y llevarse 250000 pesos. La
cuestión es si la proporción de delincuentes es de la escandalosa magnitud
que se desprende del informe de Saguier.

Lo saludo cordialmente,

Fabio Vicentini

El Chueco Mazzon y la Corrupción de la Ciencia Argentina

A los fines de consolidar su hegemonía, la dominación-K ha vertebrado
diversas estrategias en los campos de la política, la economía, la sociedad
y la cultura.

En el campo de la política ya se conocen los mecanismos de las candidaturas
testimoniales, mediante las cuales pretenden atosigar las urnas del
conurbano bonaerense. En el campo de la economía, se conoce su estrategia
mercado-internista condimentada con las estadísticas truchas del INDEC.

Y en el campo de la cultura, la dominación-K ha pergeñado a través de la
Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Técnica (ANPCYT) una
mega-distribución de subsidios ad-hominem procedentes del denominado
Programa de Modernización Tecnológica (PMT) financiado en tres tramos con
créditos del BID que totalizaron mil millones de dólares (190 entre 1993 y
1999, 280 entre 199 y 2006, y 510 entre 2006 y 2010), y complementados en
parte con fondos propios del país (230 millones de dólares). Los créditos
se habrían distribuido de la siguiente manera: 288 millones de dólares al
Fondo para la Investigación Científica-FONCYT entre 2000 y 2004; 250
millones de dólares al Fondo Tecnológico Argentino-FONTAR entre el 2003 y
el 2007; y 7 millones de dólares al Fondo Fiduciario de Promoción de la
Industria del Software-FONSOFT.

La del FONCYT fue una operatoria en abierto menosprecio de los Institutos y
Centros de Investigación universitarios, públicos y privados, pues fue
destinado a alimentar exclusivamente un listado selectivo y concentrado de
científicos en todas las áreas del conocimiento. Y la del FONTAR ha sido,
según el Prof. Carlos Schwarzer, repartida entre los "amicus curiae" del
organismo, el que a su vez ha resultado una eficiente máquina de impedir el
desarrollo y la innovación empresaria (obviamente, en los pliegues, están
los burócratas de turno que inventan el problema y venden la solución, los
que en la jerga son denominados "vulgares coimeros").

En la mente afiebrada del Chueco Mazzon (heredero putativo de Juan Carlos
Del Bello), ingeniero de los aparatos políticos oficialistas (quien
apadrinaría al Ministro Barañao), se estaría consolidando una elite
intelectual para que escolte al actual proceso político. A diferencia de la
justicia que cuenta para su selección y revocación con el Consejo de la
Magistratura, la elite científica no contaría con ingerencia alguna del
parlamento. Para dicha empresa gatoparda, no existiría otra manera de
lograr la domesticación de la elite que corrompiendo los cuadros de la
ciencia y la cultura, escogiendo entre ellos a los más proclives a "no
sacar los pies del plato".

Eduardo R. Saguier
Museo Roca-CONICET

Denuncia Penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones

Esta mañana concurri a la sede de la Camara Nacional de Apelaciones en lo
Correccional, sita en Viamonte 1155, donde radique mi denuncia, la cual
fue sorteada de nmediato recayendo en el Juzgado de Instruccion No.8, a
cargo de la Jueza Dra. Bernan, bajo el Nº 24031/09. Se me informo que en
una semana habre de ser citado para ratificar mi denuncia.

Eduardo R. Saguier

Buenos Aires, 8 de junio de 2009

Sr. Fiscal de Cámara
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal

De mi consideración

El que suscribe, Eduardo Ricardo Saguier, DNI 4394928, Investigador de
Carrera del CONICET, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Enrique
Marenco, y con domicilio legal en Jun Francisco Seguí 3955, 2º piso,
Dpto.E, Capital, vengo por la presente a denunciar a la Agencia Nacional
para la Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), sita en Av. Córdoba
831, por la distribución viciosa de la suma de 650 millones de pesos en
subsidios entre 1997 y 2007, Asimismo, también vengo a denunciar a las
autoridades del CONICET, la CONEAU, las Secretarias de Ciencia y Técnica de
las Universidades Nacionales, y el Comité de Ética del Ministerio de
Ciencia y Técnica de la Nación, por ser participes de esta distribución de
dichos subsidios.

El detalle de dicha denuncia, por su extensión, viene adjunto en dos
escritos, uno de los cuales es extracto del otro.

Sin otra consideración le saluda,

Eduardo R. Saguier
Investigador del CONICET
DNI 4394928
Juan F. Seguí 3955, 2º piso, Dpto E
Tel.
Celular

Ratifique mi denuncia el martes 16 de junio ante la Fiscalia del Crimen No.22, del Dr. Eduardo Cubria.
Los terminos de la ratificación, que fueron por escrito y verbalmente guardan el secreto del sumario.

Eduardo R. Saguier

NOMENKLATURA AKADEMICA ARGENTINA (era K)
SUBSIDIOS de la ANPCYT duplicados, triplicados y cuadruplicados
ver nómina en attach

De los dos mil (2000) subsidiados por la Agencia (ANPCYT) en el periodo 2002-2006, que fueran alfabetizados por el Prof. Roberto Etchenique, http://www.neuro.qi.fcen.uba.ar/agencia/2000-2006-Apellido-Nombre.pdf
y de los 645 millones repartidos entre 1997 y 2007, según la Estadística de la propia Agencia, hemos encontrado que:

a) nueve (9) subsidiados percibieron cuatro (4) subsidios por un total de $7.709.049, a un promedio de $856.561 c/u;

b) treintaycinco (35) subsidiados percibieron tres (3) subsidios por un total de $22.051.000, a un promedio de $630.028 c/u;

c) trecientos cuarentaydos (342) subsidiados percibieron un par de subsidios por un total de $137.188.000, a un promedio de $401.149 c/u;

y d) milcientotreintayun (1131) subsidiados percibieron un solo subsidio por un total aproximado de 226 millones de pesos, a un promedio de $200.000 c/u.

Por lo tanto, de los seis mil (6.000) supuestos subsidiados que anima la estadística oficial exhibida en el Portal de la Agencia, la cifra real de los mismos por nosotros estimada habría disminuido enormemente (1517 subsidiados entre 2002 y 2006), y por cierto su índice de concentración habría sido altísimo.

En cuanto a los montos de los subsidios, el Prof. R. Etchenique sostiene que los mismos “son dependientes principalmente de los gastos de cada disciplina y del año del subsidio”. Sin embargo, hemos podido comprobar que si bien el año del subsidio incide en los montos (se incrementan notoriamente a partir del 2003) las cifras individuales distribuidas siguen un patrón que por lo repetido pareciera no tener nada que ver con los gastos de cada proyecto, y sí mucho con la premura burocrática de gastar la partida del correspondiente tramo del BID. Dicha premura podría estar íntimamente vinculada con la inclusión de más de un centenar de funcionarios de la Agencia, el CONICET, la CONEAU, el INADI, el INTA, el CECTE, y las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades, entre los favorecidos con subsidios, materia actualmente investigada en sede penal y descripta en el escrito La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina, http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html

Por cierto, de esta estadística no surgen si los recursos han sido bien o mal empleados. Ello podrá ser comprobado sólo mediante la respectiva Rendición de Cuentas y el Informe científico correspondiente de cada proyecto.

Eduardo R. Saguier

NOMENKLATURA AKADEMICA ARGENTINA (era K)

Nombre Año Monto

Ocho (8) Subsidios Cuadruplicados

Altamirano, Carlos W.
1997 140.000
1998 140.000
2003 143.349
2006 135.576
Total 558.925

Arregui, Carlos
2000 101.000
2003 209.000
2005 271.917
2006 271.207
Total 853.124

Cazzulo, Juan José
2000 140.000
2003 210.000
2005 279.000
2006 268.000
Total 897.000

Cukierman, Ana Lea
2000 104.000
2000 134.000
2004 272.000
2005 279.000
Total 789.000

Elizalde de Brecco
2000 105.000
2002 208.000
2005 251.000
2006 279.000
Total 843.000

Fossati, Carlos Alberto
2000 102.000
2003 185.000
2004 275.000
2006 277.000
Total 839.000

Frasch, Alberto
2000 150.000
2002 210.000
2004 280.000
2005 280.000
Total 920.000

Podestá, Ernesto J.
2003 201.000
2004 276.000
2005 194.000
2006 279.000
Total 949.000

Prat Gay, Gonzalo
2005 320.000
2004 380.000
2002 210.000
2000/01 150.000
Total 1.060.000

35 Subsidios Triplicados

Aguilar, Orlando
2003 208.000
2004 232.000
2006 279.000
Total 719.000

Aschero, Carlos
2000 147.000
2002 149.000
2005 210.000
Total 506.000

Ballare, Carlos
2003 418.000
2004 272.000
2006 279.000
Total 969.000

Berretta, Horacio
2002 143.000
2005 193.000
2006 268.000
Total 604.000

Boccaccio, Graciela
2000 149.000
2005 280.000
2006 280.000
Total 709.000

Bonetto, Fabián
2000 69.000
2004 280.000
2006 279.000
Total 628.000

Bouzat, Cecilia
2002 197.000
2004 268.000
2006 279.000
Total 744.000

Castellani, Norberto
2002 102.000
2003 110.000
2006 250.000
Total 462.000

Cerdán, Pablo Diego
2003 209.000
2005 280.000
2006 280.000
Total 769.000

Ceriani, María Fernanda
2002 173.000
2003 210.000
2006 280.000
Total 663.000

Echave, Julián
2000 149.000
2004 280.000
2006 279.000
Total 708.000

Elizalde, Patricia
2002 210.000
2004 237.000
2006 279.000
Total 726.000

García, Verónica Edith
2000 70.000
2004 220.000
2006 279.000
Total 569.000

García Vescovi, Eleonora
2000 77.000
2003 188.000
2004 279.000
Total 544.000

Geffner, Jorge Raúl
2006 265.695
2004 174.563
2003 177.626
Total 617.884

Goldbaum, Fernando
2000 135.000
2000 150.000
2004 280.000
Total 565.000

Goya, Rodolfo Gustavo
2002 201.000
2003 209.000
2005 278.000
Total 688.000

Guiamet, Juan José
2002 205.000
2005 222.000
2006 265.000
Total 692.000

Guido, Mario Eduardo
2000 99.000
2004 279.000
2006 279.000
Total 657.000

Lagares, Antonio
2000 96.000
2003 209.000
2005 279.000
Total 584.000

Lamattina, Lorenzo
2000 100.000
2003 205.000
2005 259.000
Total 564.000

Lorandi, Ana María
2002 178.541
2003 73.000
2007 157.326
Total 408.867

Malchiodi, Emilio Luis
2002 210.000
2005 275.000
2006 279.000
Total 764.000

Mattea, Miguel Ángel
2000 103.000
2004 280.000
2006 279.000
Total 662.000

Medan, Diego
2002 105.000
2004 61.000
2006 266.000
Total 432.000

Palermo, Marina
2002 149.000
2004 276.000
2006 236.000
Total 661.000

Parodi, Armando
2002 201.000
2003 207.000
2005 277.000
Total 685.000

Poderoso, Juan José
2000 105.000
2004 279.000
2005 277.000
Total 661.000

Podhajcer, Osvaldo
2000 113.000
2003 209.000
2005 278.000
Total 600.000

Rubinstein, Marcelo
2002 210.000
2003 210.000
2005 280.000
Total 800.000

Salvia, Agustín Héctor
2000 69.000
2004 191.000
2005 195.000
Total 455.000

Schinder, Alejandro
2000 150.000
2003 210.000
2005 280.000
Total 640.000

Soncini, Fernando
2000 104.000
2003 210.000
2006 279.000
Total 593.000

Walsoe de Reca, Noemí
2000 93.000
2003 189.000
2005 279.000
Total 561.000

Zerba, Eduardo
2000 103.000
2004 275.000
2005 262.000
Total 640.000

342 Subsidios Duplicados

Aboy Carlés, Gerardo
2003 370.049
2006 196.223
Total 566.272

Aguirre, Pío Antonio
2000 59.000
2003 103.000
Total 162.000

Albano, Ezequiel
2000 168.000
2006 260.000
Total 428.000

Aldabe, Bilmes
2002 201.000
2005 279.000
Total 480.000

Aldao, Celso
2002 105.000
2006 90.000
Total 195.000

Álvarez, Cecilia
2002 139.000
2006 279.000
Total 418.000

Álvarez, María Elena
2000 99.000
2005 259.000
Total 358.000

Amalvy, Javier
2000 63.000
2005 279.000
Total 342.000

Andreo, Carlos
2002 203.000
2005 280.000
Total 483.000

Andruilo, Adrián
2000 126.000
2004 221.000
Total 347.000

Andruskiewits, Nicolás
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Ángel, Sergio
2002 167.000
2005 280.000
Total 447.000

Apesteguía, Carlos
2002 207.000
2006 278.000
Total 485.000

Artana, Guillermo
2000 104.000
2005 279.000
Total 383.000

Arzt, Eduardo
2004 210.000
2005 280.000
Total 490.000

Astini, Ricardo
2002 210.000
2005 450.000
Total 660.000

Austin, María Teresa
2004 280.000
2005 279.000
Total 559.000

Avila, Eldo
2003 88.000
2006 196.000
Total 284.000

Awruch, Josefina
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Bal de Kier, Elisa
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Baldessari, Alicia
2000 70.000
2005 206.000
Total 276.000

Baquero, Ricardo
2002 161.000
2005 209.000
Total 370.000

Barañao, Lino
2000 150.000
2002 140.000
Total 290.000

Barbero, Cesar
2003 419.000
2004 251.000
Total 670.000

Barneix, Atilio
2000 81.000
2004 257.000
Total 338.000

Barrantes, Francisco
2002 209.000
2004 279.000
Total 488.000

Barros, Vicente
2000 89.000
2003 182.000
Total 271.000

Barsky, Osvaldo
2002 104.000
2004 74.000
Total 174.000

Battistini, Osvaldo
2003 99.000
2006 179.000
Total 278.000

Beccaria, Luis
2002 121.000
2006 200.000
Total 321.000

Becher, Verónica
2002 120.000
2006 279.000
Total 399.000

Becú, Damasia
2003 201.000
2006 257.000
Total 458.000

Belgorosky, Alicia
2002 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Bellelli, Cristina
2000 93.000
2004 203.000
Total 296.000

Bendini, Mónica
2000 80.000
2005 155.000
Total 235.000

Benech Arnold, Roberto
2003 185.000
2006 279.000
Total 464.000

Bertiller, Mónica
2002 208.000
2004 262.000
Total 470.000

Bertorello, Héctor
2003 102.000
2005 260.000
Total 362.000

Bilmes, Gabriel
2000 145.000
2004 280.000
Total 425.000

Bohé, Ana Ester
2000 149.000
2005 279.000
Total 428.000

Bolmaro, Raúl
2003 121.511
2007 229.000
Total 350.511

Borda Enri, Santiago
2000 71.000
2006 253.000
Total 324.000

Borrero, Luis
2000 76.000
2006 197.000
Total 273.000

Bottasso, Oscar
2000 91.000
2004 213.000
Total 304.000

Bottini, Ambrosio
2002 207.000
2004 275.000
Total 482.000

Boveris, Alberto
2002 140.000
2005 280.000,
Total 420.000

Brandoni de Gasparini,
2000 47.000
2004 155.000
Total 202.000

Braverman
2002 182.000
2005 271.000
Total 453.000

Brignole, Esteban
2000 149.000
2004 253.000
Total 392.000

Burton, Gerardo
2002 201.000
2006 279.000
Total 480.000

Busch, Maria
2002 67.000
2005 127.000
Total 194.000

Cabada, Marcelo
2000 90.000
2004 210.000
Total 300.000

Cáceres, Alfredo
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Caffini, Néstor
2000 131.000
2005 260.000
Total 391.000

Calvo, Adriana
2000 89.000
2005 276.000
Total 365.000

Calvo, Jorge
2005 246.000
2005 245.000
Total 491.000

Campero, Carlos
2002 208.000
2006 279.000
Total 487.000

Campetella, Oscar
2003 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Campos, Rodolfo
2000 101.000
2004 279.000
Total 380.000

Cánepa, Eduardo
2000 130.000
2004 280.000
Total 410.000

Capiati Nume, José
2002 210.000
2004 271.000
Total 481.000

Capurro, Claudia
2002 145.000
2005 280.000
Total 425.000

Caputto, Beatriz
2000 145.000
2004 280.000
Total 425.000

Carranza, Ricardo
2000 56.000
2005 279.000
Total 335.000

Carrasco, Andrés
2002 203.000
2005 279.000
Total 482.000

Cassano, Alberto
2000 150.000
2004 259.000
Total 409.000

Castagnino, Mario
2003 163.000
2006 209.000
Total 372.000

Castaño, Eduardo
2002 203.000
2006 280.000
Total 483.000

Castro, José Alberto
2000 104.000
2005 260.000
Total 364.000

Cataldi, Ángel
2005 277.000
2006 278.000
Total 555.000

Ceccatto,
2002 200.000
2003 203.000
Total 403.000

Cesari, Silvia
2002 200.000
2005 240.000
Total 440.000

Chemes, Héctor
2000 88.000
2005 201.000
Total 289.000

Chessa, Juana Josefa de
2003 280.000
2006 210.000
Total 490.000

Chialvo, Abel César
2003 272.000
2006 97.000
Total 369.000

Chiaramonte, José Carlos
2000 72.000
2004 150.508
Total 222.508

Cingolani, Horacio
2000 102.000
2002 188.000
Total 290.000

Ciuffo, Gladis
2000 91.000
2005 209.000
Total 300.000

Civello, Pedro
2000 180.000
2003 279.000
Total 459.000

Cointry Peix, Enrique
2003 157.000
2006 274.000
Total 431.000

Coira, Beatriz
2000 120.000
2002 204.000
Total 324.000

Colombo, Jorge Augusto
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Colombo, María Isabel
2002 196.771
2005 276.000.
Total 472.771

Concari, Sonia
2003 135.000
2006 203.000
Total 338.000

Conci, Vilma Cecilia
2000 101.000
2003 279.000
Total 380.000

Corley, Juan
2003 120.000
2006 289.000
Total 409.000

Corti, Horacio
2003 209.000
2005 279.000
Total 488.000

Craviotti, Clara Virginia
2005 67.000
2006 111.000
Total 178.000

Crespo, Enrique
2002 205.000
2005 278.000
Total 483.000

Cuasnicú, Patricia
2000 104.000
2004 278.000
Total 382.000

Dain, Liliana
2002 201.000
2006 279.000
Total 480.000

Daniotti, José Luis
2003 162.000
2006 280.000
Total 442.000

Davio, Carlos
2002 210.000
2005 279.000
Total 489.000

De Sanctis, Oscar
2000 110.000
2004 279.000
Total 389.000

Denegri, Guillermo
2002 116.000
2006 280.000
Total 396.000

Depetris, Pedro
2000 79.000
2004 268.000
Total 347.000

Díaz, Sandra Myrna
2000 91.000
2004 254.000
Total 345.000

Díez, Javier Alberto
2002 252.000
2006 246.000
Total 498.000

Domínguez, Eduardo
2002 209.000
2006 278.000
Total 487.000

Donati, Edgardo
2004 279.000
2006 278.000
Total 557.000

Dos Santos, Alfonso
2004 278.000
2006 136.000
Total 414.000

Duschatzki, Silvia
2002 158.000
2005 207.000
Total 365.000

Duvilanski, Beatriz
2000 108.000
2005 279.000
Total 387.000

Elgoyhen, Ana Belén
2002 201.000
2005 279.000
Total 480.000

Erijman, Leonardo
2003 177.625
2006 189.417
Total 367.042

Ermácora, Mario G.
2000 150.000
2005 280.000
Total 430.000

Erra-Balsells, Rosa
2002 198.000
2006 279.000
Total 477.000

Estrén, Darío
2000 104.000
2004 279.000
Total 383.000

Fainboim, Leonardo
2000 114.000
2004 275.000
Total 389.000

Fainstein, Alejandro
2000 99.000
2004 213.000
Total 312.000

Fernández Garay,
2002 38.000
2005 169.000
Total 197.000

Ferretti, Osmar
2002 201.000
2003 207.000
Total 408.000

Feugeas, Jorge
2003 143.000
2006 275.000
Total 418.000

Fidelio, Gerardo
2001 134.000
2005 273.000
Total 407.000

Franchi, Ana María
2002 209.000
2004 279.000
Total 488.000

Frías, Marcelo
2002 206.000
2006 256.653
Total 462.653

Galetto, Leonardo
2002 153.000
2005 278.000
Total 421.000

Galigniana, Mario
2003 210.000
2006 280.000
Total 490.000

Garcés, Francisco
2000 70.000
2004 210.000
Total 280.000

García Bermúdez, Gerardo
2000 71.000
2005 165.000
Total 236.000

García Canal, Carlos
2000 89.000
2004 234.000
Total 343.000

García, María Laura
2002 201.000
2005 279.000
Total 480.000

Garda, Horacio
2000 103.000
2004 270.000
Total 373.000

Gardenal, Cristina Noemí
2003 183.000
2006 280.000
Total 463.000

Garramuño de Vallés
2002 206.000
2005 279.000
Total 485.000

Gea, Susana
2002 209.000
2005 278.000
Total 487.000

Gelman, Jorge
2003 145.563
2006 210.000
Total 355.563

Gelpi, Ricardo
2002 161.000
2006 277.000
Total 438.000

Genti de Raimondi, Susana
2000 40.000
2003 210.000
Total 250.000

Gershamk, Oscar
2002 180.000
2005 258.000
Total 438.000

Ghersa, Claudio Mario
2000 107.000
2006 273.000
Total 380.000

Gimeno, Eduardo Juan
2000 104.000
2004 220.000
Total 324,000

Godoy, Tomás
2002 121.000
2005 63.000
Total 184.000

Goldstein, Guillermo
2000 148.000
2002 203.000
Total 351.000

Gómez, Daniel
2003 209.000
2005 280.000
Total 489.000

González, Daniel Héctor
2002 200.000
2006 268.000
Total 468.000

González, María Gloria
2000 100.000
2005 276.000
Total 376.000

González, María Isabel
2003 149.000
2006 207.000
Total 356.000

González Cappa, Stella
2003 204.000
2005 203.000
Total 407.000

Gottifredi, Vanesa
2004 279.000
2006 279.000
Total 558.000

Gramajo, Hugo
2003 279.000
2005 209.000
Total 488.000

Grau, Héctor Ricardo
2002 295.000
2006 274.000
Total 569.000

Grau, Roberto
2002 210.000
2004 279.000
Total 489.000

Guariglia, Osvaldo
2000 52.000
2005 174.000
Total 226.000

Guerstein, Gladis R.
2000 141.000
2004 276.000
Total 417.000

Guichón, Ricardo
2003 66.000
2006 160.000
Total 226.000

Gürtler, Ricardo
2000 149.000
2004 272.000
Total 421.000

Harboure, Eleonor
2000 77.000
2004 169.000
Total 246.000

Hasson, Estéban
2002 193.000
2005 279.000
Total 472.000

Hernández, Ester
2000 102.000
2005 168.000
Total 270.000

Herzer, Hilda
2002 158.000
2006 181.000
Total 339.000

Hongn, Fernando
2002 190.000
2006 232.000
Total 422.000

Hoyos de Rossi, María
2000 140.000
2005 280.000
Total 420.000

Huespe, Alfredo
2005 183.000
2006 277.000
Total 450.000

Ibarra, Cristina
2000 104.000
2004 279.000
Total 383.000

Idoyaga Molina, Cristina
2003 104.000
2005 207.000
Total 301.000

Ielpi, Luis
2000 72.000
2006 280.000
Total 352.000

Isturiz, Martin
2003 201.989
2006 279.469
Total 481.458

Jelin, Elizabeth
2000 146.000
2005 209.000
Total 355.000

Juárez, Marta Patricia
2000 77.000
2004 269.000
Total 346.000

Karzenbaum, Haydée
2003 157.000
2006 279.000
Total 436.000

Kornblihtt, Alberto
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Kreimer, Pablo
2003 195.000
2006 204.000
Total 399.000

Krotsch, Pedro
2000 75.000
2005 119.000
Total 194.000

Laborde, Miguel Angel
2000 82.000
2004 275.000
Total 357.000

Laguens, Andrés
2000 94.000
2005 209.000
Total 303.000

L´Argentiere, Pablo
2002 210.000
2005 280.000
Total 490.000

Laria, Daniel Héctor
2000 94.000
2004 177.000
Total 271.000

Larripa, Irene Beatriz
2000 103.000
2005 272.000
Total 375.000

Lavado, Raúl Silvio
2000 95.000
2004 265.000
Total 360.000

Lazzari, María Ángeles
2000 105.000
2004 280.000
Total 385.000

Lecuona, Roberto
2002 175.000
2006 277.000
Total 452.000

Ledesma, Silvia
2002 154.000
2006 203.000
Total 357.000

Leguizamón, María
2002 136.000
2005 259.000
Total 395.000

León, Alberto Edel
2005 223.000
2005 275.000
Total 498.000

Leoni, Julián
2000 105.000
2004 266.000
Total 371.000

Levin, Mariano
2004 277.000
2006 273.000
Total 550.000

Libertun, Carlos
2000 105.000
2004 256.000
Total 361.000

Limarino, Carlos
2000 72.000
2004 212.000
Total 284.000

Litter, Marta Irene
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Llois, Ana María
2002 137.000
2005 278.000
Total 415.000

Lodeiro, Aníbal
2002 159.000
2006 279.000
Total 438.000

Loiseau, Irene
2000 102.000
2006 155.143
Total 257.143

López, Nora Mabel
2003 206.000
2006 248.000
Total 454.000

Lorenzano, Pablo
2002 231.000
2003 125.000
Total 356.000

Lorenzo, Alfredo
2003 150.000
2006 279.000
Total 429.000

Lozano, Jorge Enrique
2000 81.000
2004 209.000
Total 290.000

Luján, Hugo Daniel
2003 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Lüthy, Isabel Alicia
2000 75.000
2004 185.000
Total 260.000

Maggio, Bruno
2003 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Magni, Christian
2000 102.000
2005 277.000
Total 379.000

Maldonado, Héctor
2003 410.000
2006 278.000
Total 688.000

Manzanal, Mabel
2000 109.000
2006 210.000
Total 419.000

Manzo, Rubén
2002 206.000
2005 279.000
Total 485.000

Marchese, José
2000 108.000
2004 264.000
Total 372.000

Marcos, Graciela
2003 76.000
2006 91.000
Total 167.000

Marinelli, Raúl
2002 154.000
2005 280.000
Total 434.000

Martínez, Oscar Adolfo
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Martínez, Osvaldo Miguel
2003 102.000
2005 172.000
Total 274.000

Mattiazzi, Alicia
2000 110.000
2004 251.000
Total 361.000

Mayorga, Luis
2002 175.000
2005 271.000
Total 446.000

Medina, Jorge Horacio
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Mendoza, Diego de
2002 210.000
2003 210.000
Total 420.000

Merani, María Susana
2002 373.000
2005 270.000
Total 643.000

Mercado, Pedro Enrique
2000 97.000
2006 279.000
Total 376.000

Mianzan, Hermes Walter
2000 41.000
2006 279.000
Total 320.000

Miotti, Laura
2002 69.541
2006 210.000
Total 279.541

Miquel, Maria Cristina
2002 408.000
2006 234.000
Total 642.000

Miquelarena, Amalia
2002 178.000
2006 280.000
Total 458.000

Miraglia, Jorge
2003 206.000
2006 165.000
Total 371.000

Molina, Juan Carlos
2003 190.000
2006 278.000
Total 468.000

Molinas, Felisa
2002 171.000
2006 210.000
Total 381.000

Mordoch, José
2000 87.000
2003 209.000
Total 296.000

Moreno de Colonna
2000 129.000
2005 280.000
Total 409.000

Moretti, Héctor Alberto
2000 82.000
2004 207.000
Total 289.000

Mottino, Aldo Domingo
2000 105.000
2004 280.000
Total 385.000

Mroginsky, Luis Amado
2002 162.000
2006 279.000
Total 441.000

Muhlmann, María
2002 405.000
2006 194.000
Total 599.000

Murer, Mario G.
2000 195.000
2002 110.334
2005
Total 305.334

Muschietti, Jorge
2002 184.000
2005 250.000
Total 434.000

Mustapic, Ana María
2003 91.000
2006 141.000
Total 232.000

Narvaja de Arnoux, Elvira
2003 210.000
2006 202.000
Total 412.000

Navone, Graciela
2002 208.000
2006 197.000
Total 405.000

Nesse, Alcira
2003 182.000
2006 266.000
Total 448.000

Nicola, Alejandro de
2000 105.000
2004 241.000
Total 346.000

Norry, Fabián
2004 82.000
2006 154.000
Total 236.000

Novaro, Marcos
2002 144.000
2005 326.000
Total 470.000

Novas, Fernando E.
2003 203.000
2006 279.000
Total 482.000

Oesterheld, Martin
2002 208.000
2005 279.000
Total 487.000

Ojeda, Ricardo
2002 207.000
2004 253.000
Total 460.000

Olabe, José Antonio
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Oldecop, Luciano
2002 138.000
2005 186.000
Total 324.000

Orozco, Javier
2003 103.000
2006 186.000
Total 289.000

Osella, Ana María
2003 209.000
2005 278.000
Total 477.000

Oubiña, José
2002 208.000
2006 279.000
Total 487.000

Pacino, María Cristina
2003 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Parma, Alberto
2005 271.000
2005 275.000
Total 546.000

Parma, Ana María
2000 103.000
2006 279.000
Total 382.000

Pasquini, Juana
2002 201.000
2005 279.000
Total 480.000

Paz, Juan Pablo
2000 90.000
2004 271.000
Total 361.000

Pelletieri, Osvaldo
2002 131.000
2006 205.000
Total 336.000

Peretti, Alfredo
2002 356.000
2006 256.000
Total 612.000

Perfumo, Carlos
2000 75.000
2005 279.000
Total 354.000

Piccolo, María Cintia
2002 182.000
2006 279.000
Total 461.000

Piegaia, Ricardo
2002 171.000
2006 165.000
Total 336.000

Pirola, Carlos José
2000 120.000
2004 279.000
Total 399.000

Pisarev, Mario Alberto
2000 75.000
2004 279.000
Total 354.000

Pistoresi, María Cristina
2004 280.000
2006 279.000
Total 559.000

Pitossi, Fernando
2004 209.000
2006 277.000
Total 486.000

Plotkin, Mariano Ben
2002 83.823
2006 208.000
Total 291.823

Ponce Dawson, Silvina
2000 53.000
2005 171.000
Total 224.000

Ponzi, Marta Isabel
2003 56.000
2005 274.000
Total 330.000

Portiansky, Enrique
2002 196.000
2006 260.000
Total 456.000

Poskus, Edgardo
2005 275.000
2005 279.000
Total 554.000

Poverene, María Mónica
2000 55.000
2006 249.000
Total 304.000

Previtali, Carlos
2000 105.000
2005 257.000
Total 361.000

Puiggrós, Adriana
2002 202.000
2006 204.000
Total 406.000

Quiroga, Santiago
2004 278.000
2006 279.000
Total 557.000

Rabinovich, Gabriel
2003 170.000
2006 263.000
Total 433.000

Ravella, Olga
2003 206.000
2006 209.000
Total 415.000

Reinheimer, Jorge
2000 99.000
2004 251.000
Total 350.000

Riesa, Clelia
2003 210.000
2006 280.000
Total 490.000

Rigotti, Ana María
2000 41.000
2005 122.000
Total 163.000

Rivera Pomar, Rolando
2004 248.000
2004 278.000
Total 526.000

Roma, Marcelo Gabriel
2000 105.000
2004 280.000
Total 385.000

Romano, Arturo Gabriela
2004 245.000
2006 245.000
Total 480.000

Romanowski, Víctor
2000 110.000
2004 279.000
Total 389.000

Romero, José Ricardo
2003 208.000
2006 251.000
Total 459.000

Romero, Luis Alberto
2003 182.053
2006 195.000
Total 377.053

Ronco, Alicia Estela
2000 105.000
2005 241.000
Total 346.000

Rosenstein, Ruth
2002 201.000
2004 279.000
Total 480.000

Rossetti, Osvaldo
2000 74.000
2003 208.000
Total 282.000

Rossi, Juan Pablo
2002 206.000
2005 240.000
Total 446.000

Rossi, Rolando Carlos
2003 206.000
2006 271.000
Total 477.000

Roulet, Esteban
2003 125.000
2006 250.000
Total 375.000

Rovero, Adrián Carlos
2003 103.000
2005 279.000
Total 482.000

Rubio, Gerardo
2002 162.000
2006 259.000
Total 421.000

Rubio, Modesto
2002 152.000
2006 279.000
Total 431.000

Rubiolo, Amelia
2000 150.000
2004 280.000
Total 430.000

Ruiz, Oscar Adolfo
2003 94.000
2005 276.000
Total 370.000

Salerno, Graciela
2004 419.000
2005 280.000
Total 699.000

Salomón, Horacio
2003 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Salvarezza, Roberto C.
2002 193.000
2006 276.000
Total 469.000

Santa María, Guillermo
2000 120.000
2004 276.000
Total 396.000

Saravia Mattion, Luis
2000 80.000
2005 151.000
Total 231.000

Sasiain, María
2003 194.000
2005 269.000
Total 463.000

Schattner, Mirta Ana
2004 275.000
2006 279.000
Total 544.000

Scheuer, Nora
2002 99.000
2006 158.000
Total 257.000

Schulz, Pablo
2003 177.000
2006 278.000
Total 455.000

Scian, Beatriz
2000 106.000
2005 257.000
Total 363.000

Scoccola, Norberto
2000 95.000
2004 199.000
Total 294.000

Scopel, Ana
2000 130.000
2006 267.000
Total 397.000

Sedran, Ulises
2000 95.000
2005 279.000
Total 374.000

Seilicovich, Adriana
2002 201.000
2005 280.000
Total 481.000

Seman, Pablo
2006 131.000
2007 156.200
Total 287.200

Slavietsky, Irene
2002 183.000
2005 248.000
Total 431.000

Somoza, Gustavo
2003 347.000
2006 280.000
Total 627.000

Sordelli, Daniel
2002 210.000
2005 280.000
Total 490.000

Sotomayor, Claudia
2003 161.000
2006 276.000
Total 437.000

Spalletti, Luis Antonio
2000 98.000
2004 277.000
Total 375.000

Strumia, Miriam Cristina
2000 40.000
2004 232.000
Total 272.000

Szczupak, Lidia
2004 260.000
2006 279.000
Total 539.000

Targovnik, Héctor
2000 105.000
2004 252.000
Total 357.000

Tarragó, Myriam
2002 167.000
2005 209.000
Total 376.000

Thomas, Horacio Jorge
2005 280.000
2006 265.000
Total 545.000

Thomas, Luis Pablo
2005 140.000
2006 279.000
Total 419.000

Tiramonti, María Guillermina
2004 210.000
2006 209.000
Total 419.000

Tocho, Jorge Omar
2000 103.000
2004 272.000
Total 375.000

Tomsic, Daniel
2002 201.000
2006 279.000
Total 480.000

Torres, Adriana
2004 275.000
2005 206.000
Total 481.000

Torres, Héctor Norberto
2003 210.000
2006 277.000
Total 487.000

Turyn, Daniel
2004 212.925
2005 279.000.
Total 491.925

Uchitel, Osvaldo
2002 200.000
2005 244.000
Total 444.000

Ugalde, Rodolfo
2003 210.000
2006 279.839
Total 489.839

Urretaviscaya, Guillermina
2002 139.000
2006 279.000
Total 418.000

Vaccaro, María Inés
2000 105.000
2004 279.000
Total 384.000

Vallés, Enrique M.
2002 209.000
2006 276.000
Total 485.000

Varela, María Eugenia
2000 47.000
2006 279.000
Total 326.000

Vargas, Alberto
2000 84.000
2006 211.000
Total 295.000

Vargas, Jorge Antonio
2003 192.000
2006 268.000
Total 460.000

Vázquez, Analía
2003 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Vázquez, Héctor
2000 81.000
2005 102.000
Total 183.000

Viale, Alejandro
2000 105.000
2004 279.000
Total 384.000

Vila, Alejandro José
2002 203.000
2004 279.000
Total 482.000

Viramonti, José Germán
2000 255.000
2006 111.000
Total 366.000

Vojnov, Adrián
2002 210.000
2006 279.000
Total 489.000

Wall, Luis Gabriel
2000 131.000
2004 280.000
Total 411.000

Wappner, Pablo
2002 209.000
2005 279.000
Total 488.000

Weber, Elba
2000 87.000
2004 264.000
Total 351.000

Williams, Roberto Juan
2003 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Williams, Verónica Isabel
2000 87.000
2003 210.000
Total 297.000

Wright, Pablo
2003 67.000
2006 134.476
Total 201.476

Yanovsky, Marcelo
2003 209.000
2006 227.000
Total 436.000

Zabaleta, Eduardo
2003 210.000
2005 280.000
Total 490.000

Zagarese, Horacio
2003 208.000
2004 279.000
Total 487.000

Zalazar, Carlos
2000 104.000
2005 280.000
Total 384.000

Zanutto, Silvano
2002 210.000
2006 239.000
Total 449.000

Zaretzky, Noemí
2002 209.000
2006 279.000
Total 488.000

Zgrablich, Jorge
2003 197.000
2006 279.000
Total 476.000

Zorreguieta, Ángeles
2000 104.000
2004 255.000
Total 359.000

Zwirner, Norberto
2002 167.000
2005 280.000
Total 447.000

Fuentes:
a) Listado de Funcionarios subsidiados por la Agencia producido por el autor;
b) Listado Alfabético de Subsidiados por la Agencia producido por Roberto Etchenique;
c) Convocatorias de Proyectos de Investigación Científica (PICT) financiados por la Agencia publicados en el Portal de dicha Agencia

Martes, 18 de agosto de 2009

GACETILLA de PRENSA

El sorteo de la denuncia 10.152/09, formulada por Eduardo R. Saguier contra las autoridades del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Técnica, recayó en el Juzgado Federal No.8, a cargo del Juez Marcelo Martínez de Georgi, Secretaría No.15 de la Dra. Verónica Lara; y en la Fiscalía No.12 a cargo del Dr. Oscar Amirante.

Dicha denuncia fue formulada contra el ex Presidente de la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (o ANPCYT), y actual Ministro de CyT Dr. Lino Barañao, el ex Ministro de Educación Daniel Filmus, el actual Presidente de la Agencia Dr. Armando Bertranou, los integrantes del Directorio de la Agencia o ANPCYT, la Presidenta del CONICET Dra. Marta G. Rovira, la Vice-Presidenta del CONICET Dra. Noemí Girbal, la Jefa del Departamento de Carrera Luisa Baigorria, la Directora de Carrera del Personal Científico Prof. Liliana C. Sacco, la Directora de Despacho Dra. Liliana Pérez Risso, y los integrantes de la Dirección de Servicio Jurídico Dres. María Alejandra Aybal y Ruth Erijemovich.

Asimismo la denuncia se formula por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, y tráfico de influencias.

Su síntesis y compilación se han publicado en forma de libro electrónico bajo el título La Nomenklatura Academica en la Cultura Argentina, y se encuentra completa en:
http://www.salta21.com/spip.php?article2272

Eduardo R. Saguier
saguiere@ssdnet.com.ar
http://www.er-saguier.org
Tel.: 4802-2979
Celular 1533573721

SOLICITA SE AMPLIE CARÁCTER QUERELLANTE - APELACIÓN EN SUBSIDIO- CONEXIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA – PLANTEA CASO FEDERAL.- RESERVA

Señor Juez:

Eduardo Ricardo Saguier, querellante, asistido por los Dres. Jorge Enrique Marenco y Mario O. Dores, con domicilio constituido en Av. Corrientes 1515, 2° piso “C”, en el expediente caratulado “Agencia Nacional para la Promoción Científica y otros s/Delito de Acción Pública”, a V.S. digo:

1.- Que vengo a solicitar se amplíe el carácter de querellante a toda la causa y no solo a una parcialidad de ella. La vinculación de los actos cuestionados de los funcionarios de la Agencia Nacional para la Promoción Científico y Tecnológica (ANPCYT) con las represalias tomadas por el CONICET contra el suscripto es directa y amerita que se me tenga por parte querellante in totum.

Las represalias comenzaron con el sumario administrativo iniciado en el CONICET con motivo de mis denuncias sobre asesorías y consultorías, y donde ratifiqué mis dichos e hice mías las acusaciones del ex Presidente del CONICET Dr. Enrico Stefani (1998) acerca de la existencia de un tráfico de influencias en torno a los ingresos y las promociones entre los Institutos pertenecientes al CONICET y las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera y la Junta de Calificaciones (Exp. No.003361/02). Y dichas represalias se agravaron luego de las denuncias que hice en el mes de enero de 2006 a los organismos fiscalizadores (Oficina Anti-Corrupción, Defensoría del Pueblo de la Nación, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y Auditoria General de la Nación), las que se publicaron en esa fecha en diversos foros electrónicos bajo el título La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html
y que fueron el disparador para que diversos funcionarios también del estado tomaran represalias contra el suscripto.-

2.- Pretendo constituirme en querellante de la totalidad de los hechos denunciados por la vía de la ampliación revocatoria de la resolución de V.S. del 21/12/2009, en los términos del Art. 446 del CPP, con subsistencia de la condición de querellante en lo atinente “a los presuntos actos de represalias y discriminación” ejercidos contra mi persona por las autoridades del CONICET”. Y pretendo también ser querellante en lo que respecta a los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, presuntamente cometidos por las autoridades de la Agencia o ANPCYT, en oportunidad de distribuir 280 millones de dólares en subsidios de investigación provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre los años 2001 y 2005 incluido.

Para el caso de no concederse la ampliación, y en atención a lo dispuesto por el art. 438 y sigtes. del CPP., apelo por causar gravamen irreparable y seguidamente paso a manifestar los específicos motivos que fundamentan el
presente.-

3.- Cabe señalar que la presente causa penal se originó por mi denuncia, ampliaciones de la misma y una medida urgente de aseguramiento de prueba, solicitado por esta parte a la luz de los hechos denunciados en el expte.
judicial 10.152/09. Dicha denuncia penal fue formulada contra el ex Presidente de la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (o ANPCYT), y actual Ministro de CyT Dr. Lino Barañao, el ex Ministro de Educación Daniel Filmus, el actual Presidente de la Agencia Dr.
Armando Bertranou, los integrantes del Directorio de la Agencia o ANPCYT, la Presidenta del CONICET Dra. Marta G. Rovira, la Vice-Presidenta del CONICET Dra. Noemí Girbal, la Jefa del Departamento de Carrera Luisa Baigorria, la Directora de Carrera del Personal Científico Prof. Liliana C.
Sacco, la Directora de Despacho Dra. Liliana Pérez Risso, y los integrantes de la Dirección de Servicio Jurídico Dres. María Alejandra Aybal y Ruth Erijemovich.

4.- No obstante lo expuesto, V.S. resolvió fragmentar la legitimidad procesal de mi condición de querellante, como si se tratasen de dos sujetos y dos materias independientes entre sí, la de los subsidios otorgados a funcionarios por parte de las autoridades de la Agencia o ANPCYT y las de las presuntas represalias y discriminaciones del CONICET contra mi persona.
Sin embargo, ambos hechos investigados en estas actuaciones son indivisibles pues se encuentran íntimamente vinculados entre sí, existiendo una evidente conexidad objetiva y subjetiva. Los elementos en común de uno y otro importan la unicidad intelectual de las dos investigaciones y debieran implicar --por los principios de conexidad sustancial y procesal-- la unificación material objeto de autos

5.- Por ello, juzgo que me asiste en la causa el derecho de tener la legitimidad del querellante en lo relativo a las denuncias, tanto en el aspecto que me involucra en forma directa como indirecta así como en lo atinente a los hechos denunciados cometidos por funcionarios de la Agencia o ANPCYT.-
6.- Entiendo asimismo que no existe obstáculo para otorgar la legitimación activa pretendida –ser querellante in totum. Los hechos imputados a la Agencia son la causa directa de la posterior represalia persecutoria ejercida contra el suscripto en el CONICET: Rechazo de un par de Informes Periódicos consecutivos mediante las Resoluciones del Directorio del CONICET No.1672 de fecha 24/09/2004, No.2197/05 de fecha 16/12/2005, y
No.2255 de fecha 26/09/2008 obrantes en los Exptes. No.3987/04 y No.2209/06 del registro del CONICET; en el Expte. No.272/06 del registro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; y en el expediente judicial Nº 25.761/08, caratulado “Saguier Eduardo c/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y otros s/ Amparo”. Como vimos ut supra el origen causal fue la denuncia efectuada contra los funcionarios-Coordinadores de la Agencia o ANPCYT.

7.- Si bien es cierto que el objeto primordial de los delitos presuntamente cometidos por las autoridades de la Agencia o ANPCYT de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública se connota por la alteración del orden público y por el carácter de delitos de acción pública que exhiben, no puede desligarse de los mismos una necesaria conexidad material con los presumibles delitos cometidos por las autoridades del CONICET. Como es sabido estas autoridades habrían incurrido en el delito de abuso de poder (represalias y discriminaciones) contra el denunciante. Para probar la conexidad material aludida hay que tener en cuenta que las propias autoridades del CONICET (miembros del Directorio y de las Comisiones Asesoras) también fueron ilegalmente favorecidas con subsidios de investigación mediante la administración fraudulenta presuntamente cometida por dichas autoridades de la Agencia o ANPCYT. Este mutuo tráfico de influencias, prebendas, premios y castigos, entre la Agencia y el CONICET (ambas vinculadas al conocimiento e investigación), es lo que nutre la conexidad material que intento probar. El castigo al denunciante se materializó rechazando los Informes Periódicos mediante jurados arbitrarios, ajenos a la disciplina científica del castigado (arqueólogos, geógrafos y antropólogos), y beneficiarios del festival de subsidios denunciados. Y lo que alimenta aún más la conexidad material es el hecho que ambas autoridades –las de la Agencia y las del CONICET-- habrían actuado bajo una jefatura y un aire de familia común, la del Ministro de Educación y la del estado mismo.

8.- En primer término, bueno es destacar que la doctrina y la jurisprudencia imperantes, tienden a realzar el papel de la víctima y su interés legítimo en el proceso penal y a considerar con mayor amplitud la posibilidad de su participación activa.

En este sentido, ha señalado el voto del Dr. Maqueda en el fallo “Q. 162.
XXXVIII. Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302", que el derecho a la intervención del querellante en el proceso, a peticionar y ser oído y exigir la reparación judicial de sus derechos, se encuentra tutelado por los arts. 18 de la Constitución Nacional, 8°, párr. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos legales de conocida jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la CN).

De donde la intervención propugnada, más allá de sus características procesales, tiende a salvaguardar derechos de raíz constitucional que deben ser objeto de tutela específica. Más aún, cuando ese accionar ha damnificado a determinado particular, es claro que dicho particular se ha visto perjudicado por los delitos denunciados; de donde tampoco puede dudarse de que se encuentra en la situación prevista por el art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación.

En lo particular, la postulación que contiene mi presentación es que existe iuris tantum la comisión de los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

También se ha señalado que “se justifica la habilitación concedida a quien invoca la calidad de particular ofendido, otorgándole la posibilidad de probar que algunos de los encausados conformarían una asociación delictiva destinada a cometer delitos indeterminados y que, en el desarrollo de tales designios, habrían escogido al querellante y a sus familiares como víctimas de varios de esos hechos” (TOCF I, c. 935, “Sibio, D. G.”, del 27-9-04, JPBA, T. 125, p. 158; se citó CCCFed., Sala I, c. Nº 25.993 “Torregrosa”, del 11-5-95).

9.- En consecuencia ruego a V.S. admita la ampliación solicitada por la vía arriba indicada, sin perjuicio de lo cual, estando en juego garantías constitucionales, hago reserva de recurrir en casación y planteo el caso federal, tanto por la vía de apelación ante la Corte Suprema de Justicia por la vía ordinaria, atento la materia federal en juego, como por arbitrariedad, asimismo ocurrir ante organismos internacionales, atento los pactos suscriptos por nuestro país, cuya violación constituiría el delito de indignidad previsto en el art. 220 del CP.- Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA

Eduardo R. Saguier Jorge Enrique Marenco (tº 22, f.628, CPACF)

El Periodismo, los Partidos Políticos y los Poderes Públicos encubriendo la Corrupción de la Ciencia Argentina.

Mil millones de dólares prestados por el BID a la Argentina para ser distribuidos entre científicos y funcionarios y no para la infraestructura científica (1997-2007).

En la prolongada contienda por descifrar la telaraña del miedo en la ciencia argentina fue preciso abundar con detalle en la realidad de los ámbitos periodísticos, políticos y judiciales que la han ignorado o tolerado.
Entendemos que la tarea de esclarecimiento es imprescindible para poder comprender el porqué de la irresponsable complicidad de la clase política, periodística y judicial con la cuestión del miedo. Esta tácita complicidad puede atribuirse a múltiples causas entre las cuales cabe conjeturar la existencia de: a) ignorancia de la existencia de una asociación ilícita en los organismos científicos del estado; b) desinterés crónico por una política de investigación que exhiba en la vidriera de las prioridades públicas la producción de conocimiento crítico; y c) oportunismos temáticos y personales que esquivan temas de estado.

En efecto, un periodismo político, una acción político-partidaria y unos poderes públicos (judiciales y legislativos) que ignoran la existencia de un miedo generalizado y justificado en las filas del CONICET (seis mil Investigadores de carrera), un verdadero campo de concentración científico (CCC), cautivo de un Directorio fraudulento, corrupto y despótico, íntimamente conectado con los Directorios de la CONEAU y de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT), que subsisten bajo una gran campana de silencio en que consiste el sistema de educación superior, habrían venido esterilizando a la sociedad civil y a la comunidad científica. Este creciente vaciamiento de la sociedad civil y de la comunidad científica se habría agravado al extremo de estar incubando el conocido huevo de la serpiente (en Alemania dicho huevo se habría iniciado en 1933 con la expulsión de profesores en la Universidad de Friburgo durante el rectorado de Martín Heidegger).

En el sentido institucional, el CONICET debe ser el único organismo científico del mundo donde no existe intermediación alguna entre su máxima autoridad que es el Directorio y los árbitros o pares evaluadores que tienen la responsabilidad de dictaminar sobre los Informes Periódicos de sus Investigadores, situación heredada del inconstitucional Decreto Reglamentario 1661/96. Pero a diferencia de las Universidades Nacionales, donde existen al menos diversos órganos de intermediación entre los Consejos Superiores y el alumnado, tales como los Consejos Directivos por Facultad y las Juntas Departamentales por Departamento, en el CONICET las Comisiones Asesoras por área de conocimiento son integradas por el dedo dictatorial de su Directorio, sin participación alguna de los Investigadores de las Comisiones correspondientes.

Por otro lado, la complicidad tácita de la clase política y periodística se habría extendido a la vigencia de patologías enfermizas y de oportunismos temáticos. Entre dichas patologías descubrimos que nuestros Investigadores se ven constante y compulsivamente inducidos a llenar complejos formularios online para objetivos diversos que se pueden resumir en un hipotético rubro de sobresueldos (incentivos, subsidios, ascensos, asesorías, viáticos, etc.). Asimismo, observamos la reiterada manipulación de estadísticas creativas (destinadas por la Agencia para informar al BID) y de la manipulación de nomenklaturas varias, con sus respectivos parentescos, donde no existe participación alguna de los docentes-investigadores (comisiones asesoras y juntas de calificaciones). En el seno de dichos organismos de ciencia es de estilo reglamentario que los ascensos se produzcan por antigüedad y a solicitud de parte y no por mérito científico alguno. Pero también es frecuente encontrar en las unidades académicas universitarias de todo el país relaciones nepóticas de cónyuges, cuñados, concuñados y suegros con yernos y nueras incluidos, financiados todos ellos por la Agencia. En Exactas de la UBA, para dar un claro ejemplo, el Consejero docente Juan Pablo Paz y su ex mujer Silvina Ponce Dawson se beneficiaron con sendos subsidios de la Agencia que suman entre sí más de un millón de pesos.

La existencia de oportunismos temáticos, que esquivan temas de estado --como el de la formación de una elite crítica-- se puede comprobar en: a) la prelación permanente que se otorga a temas mediáticos y de ocasión tales como las retenciones agrícolas, los medios de comunicación y las reservas del Banco Central; y b) la reducción de la discusión sólo a temas de dinero, presupuesto y patentes por encima del de las inexcusables y postergadas condiciones institucionales del debate científico (órganos de participación).

Unos periodistas y unos políticos legisladores que practican un desinterés crónico por una política de investigación (que exhiba en la agenda pública la crisis moral de la producción científica) se puede comprobar en los temas de debate elegidos y en la identidad de los convocados por los medios de prensa, generalmente siempre los mismos, como los soldados de la ópera Aída. Que se sepa jamás un programa televisivo o radial o un periodista político (Aliverti, Bonelli, Caparrós, Castro, Eliaschev, Grondona, Jacobson, Lanata, Leuco, Lotuff, Majul, Mariño, Morales Solá, Pastor, Ruiz Guiñazú, Santillán, Santoro, Sietecase, Tenembaum, van der Kooy, Zlotogwiazda) o un Diputado o Senador Nacional integrante de las Comisiones de Ciencia y Técnica del Parlamento (Cabanchik, Gribaudo, Bullrich, Iglesias, Prat Gay, etc.) o dirigentes de partidos opositores (Sáenz, Carrió, Pinedo, Solá, Solanas, etc.) han visitado las oficinas del CONICET o de la Agencia de Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT) o entrevistado a voces críticas, para conocer lo que allí ocurre.

En muchos casos se cierne la sospecha que la parálisis indagadora de los políticos y legisladores opositores obedece a intereses personales o de facción que induce a muchos a vender su silencio por un plato de lentejas. En el caso de la Coalición Cívica (CC), por dar una muestra, la existencia de parentescos sospechosos despierta la suspicacia. El Investigador biólogo Gonzalo Prat Gay (Fundación Leloir), ha sido beneficiario de cinco (5) subsidios consecutivos de la Agencia que suman más de un millón de pesos, y su parentesco carnal con el ex Presidente del Banco Central y actual Diputado de la CC miembro de la Comisión de Ciencia y Técnica, de igual apellido, apuntalan la sospecha inicial. También se desconoce que parentesco existe entre la Directora del Instituto Hannah Arendt (CC) Lic. Diana Maffia y la funcionaria del INADI Marta Mercedes Maffia, beneficiaria de los subsidios de la Agencia e integrante actual de la Comisión de Historia del CONICET. Y en los casos de centros privados de investigación, como la Fundación Leloir o el recientemente creado Club Político Argentino (CPA) registran entre sus miembros a directivos que fueron beneficiarios reincidentes de la Agencia (e.g.: Osvaldo L. Podhajcer, Armando Parodi, Marcelo Cavarozzi y Luis Alberto Romero).

Y en los aparatos administrativo y judicial, los organismos fiscalizadores, que son auxiliares de la Justicia, tales como la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Eduardo Mondino, la Fiscalía General de Investigaciones durante la gestión de Manuel Garrido y la Oficina Anti-Corrupción durante la gestión de Abel Fleitas Ortiz de Rosas, eludieron substanciar las denuncias formuladas en enero de 2006. Y tres años después, cuando las mismas denuncias han recaído en el Juzgado Federal del Juez Subrogante Marcelo Martínez de Georgi, la substanciación de una hipotética asociación ilícita se sigue demorando eludiendo el Juez llamar a indagatoria a los Ministros Filmus y Barañao; a los miembros del Directorio del CONICET (Girbal, Rapela y Siñeriz) y de la CONEAU (Villanueva); a los ex Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales (Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris); y a los integrantes del CECTE (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa).

Finalmente, la estrategia política de subestimar y ocultar la problemática cultural y científica, y la estrategia judicial de demorar las actuaciones hasta producirse un cambio de gobierno, revelarían el estado de decadencia de la dirigencia política y judicial argentina.

Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Museo Roca-CONICET
e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar
http://www.er-saguier.org

CORREO

ARGENTINO CD 13503842 9 Correo Documento

CARTA DOCUMENTO

Remitente Destinatario

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Saguier Eduardo R.

Domicilio: Córdoba 831-PB Juan F. Segui 3955

1054 C.A.B.A. 1425 C.A.B.A.

VISTO el expediente No. 002209/06 del registro del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso de alzada interpuesto por el Dr. Eduardo Ricardo SAGUIER contra la Resolución CONICET No. 11376 de fecha 27 de mayo de 2009. Que por conducto de la Resolución “Ut Supra” mencionada, se rechazó el pedido de recusación planteado por el causante contra la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía que entendiera oportunamente en la evaluación de su informe reglamentario correspondiente al período 2004/2005, el cual fuera declarado No Aceptable. Que es dable aclarar que el articulo No.6 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles…”, sin perjuicio de lo cual este Organismo ha optado por dar tratamiento a la alzada interpuesta por el interesado. Que a través del recurso presentado el Dr. SAGUIER no solo solicitó la revocación de la Resolución recurrida, sino también se recuse al Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología, Dr. Jose Lino Salvador BARAÑAO para entender en los presentes actuados. Que la pretendida recusación al suscripto se funda en el hecho de haber sido el mismo Presidente de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (ANPCYT) al momento de haberse rechazado su primer informe como investigador. Que la situación descripta anteriormente no configura motivo suficiente para recusar al suscripto en los presentes actuados, máxime cuando no existió ni ha existido subordinación del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS respecto de la mencionada Agencia, siendo el primero un ente autárquico creado por conducto del Decreto No. 1291/58. Que a mayor abundamiento, en lo que respecta a las denuncias “públicas y notorias” que menciona el Dr. SAGUIER como respaldatorias de su solicitud de recusación, las mismas no revisten el carácter de judiciales, sino que se refieren a publicaciones en una página de Internet de carácter privado, que no configuran bajo ningún punto de vista la situación taxativamente prevista por el art. No.17 del CPCCN. Que en igual sentido, el recurrente no ha ofrecido causales válidas para recusar a toda la Comisión Asesora participante en los presentes actuados. Que conforme surge del Dictamen de la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS obrante a fs.200/206 “(…) la diferencia de criterios existentes entre el órgano evaluador y el Dr. SAGUIER sobre la calidad de su producción científica, no constituye causa suficiente que habilite la remoción de la totalidad de los integrantes de la misma (…)” en el mismo sentido ha expuesto diferentes supuestos motivos que lo llevan a concluir que la totalidad de los integrantes del Sistema de Ciencia y Tecnología (calificado a fs. 144 de “Red Mafiosa”) se han complotado en su contra; lo cual, no ha sido acreditado y que –en definitiva—no es mas que una particular forma de manifestar disconformidad con la calificación de su producción científica (…). Que en relación con la figura procesal de la recusación, el Dr. Tomás HUTCHINSON en su Ley de Procedimientos Administrativos comentada ha dicho: “(…) para evitar que puedan emplearse abusivamente esos procedimientos con el fin de demorar el trámite o para desentenderse de procedimientos complicados, la ley ha disciplinado la forma, oportunidades y motivos por los cuales los litigantes pueden recusar y los funcionarios pueden excusarse (…) La recusación con causa requiere la existencia de un motivo serio que haga lugar a la inhabilidad subjetiva del agente. De ahí que la ley siga el sistema de enumeración taxativa de los motivos que la hacen procedente (arts.17 y 21, Cod. Proc. Civil y Com. de la Nación) (…)”. Que los argumentos esgrimidos por el causante para intentar la reacusación de los agentes mencionados, no cuadran dentro de los supuestos previstos por el mentado Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Que asimismo, el Dr. SAGUIER ha solicitado se declare la nulidad de lo actuado por la Comisión Asesora en la reunión de fecha 08 de mayo de 2009, por haberse llevado a cabo la misma antes del dictado de la resolución que rechaza la recusación planteada por el mismo. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA ha tomado la intervención que le compete. Que el presente acto se dicta en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el decreto No.21 de fecha 10 de diciembre de 2007, el articulo No23 quinquies de la Ley No.26.338 y la Ley de Procedimientos Administrativos (Articulo 94 del Decreto Reglamentario No.1759/1972 (t.o.1991). Por ello,

EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Rechazase el recurso de alzada interpuesto en los términos del articulo 94 y subsiguientes del Decreto No.1759/72 (t.o.1991), por el Dr. Eduardo Ricardo SAGUIER (LE No.4.394.928) contra la Resolución CONICET No 1376/2009. ARTICULO 2º- Ratificase lo actuado por la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía en reunión de fecha 8 de mayo de 2008, realizada en cumplimiento con lo previsto por el Articulo No.41 del Estatuto de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico. ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, notifíquese al interesado de conformidad con los términos y alcances previstos en el Artículo 40 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto No.1759/72 (t.o.1991) y archívese.- Fdo. Dr. Jose Lino Salvador Barañao” Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La presente Resolución agota la vía administrativa. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y a opción del interesado podrá recurrir de acuerdo a lo establecido en el articulo 100 del Decreto No.1759/72 (t.o. Decreto No.1889/91 que ha continuación se transcribe: “las Decisiones definitivas o con fuerza de tales que el Poder Ejecutivo Nacional, los ministros o los secretarios de la Presidencia de la Nación dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos recursos solo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el art.84 de esta reglamentación y de la revisión prevista en el art.22 de la Ley de procedimientos administrativos. La presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos establecidos en el art.25 de la Ley de Procedimientos Administrativos”…

El plazo para interponer este recurso es de diez (10) días hábiles administrativos……….

Ciudad de Buenos Aires, 26 de Julio de 2010----------------------------------------------------

Queda Vd. debidamente notificado----------------------------------------------------------------

Dr. Alan D. Temiño

Director de Despacho y Mesa de Entradas

DNI: 21.015.895

CORREO

ARGENTINO

12 AGO 2010-08-19

SUC. CORDOBA Y FLORIDA

NIS C0085

Buenos Aires, jueves 26 de agosto de 2010

Exma. Sra. Presidenta de la República
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

S/D: Formación Sumario y Gravedad Institucional.

De mi consideración:

Eduardo R. Saguier, Investigador de Carrera del CONICET, DNI 4394928, patrocinado por el Dr. Jorge E. Marenco, se dirige a la Sra. Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner a fin de peticionarle disponga de una investigación exhaustiva por medio del sumario correspondiente, para el esclarecimiento de hechos que pueden constituir los delitos de tráfico de influencias acontecidos entre funcionarios de organismos subalternos del Ministerio de Ciencia y Técnica (ANPCYT y CONICET), cuyos agentes habrían operado como autores materiales e intelectuales de la descalificación y rechazo de mis Informes Reglamentarios 2002-2003 y 2004-2005 (exp.2209/06), confirmados por el Sr. Ministro de Ciencia y Técnica Dr. José Lino Barañao, y de no tratarse de delitos, claramente se han enfrentado normas morales y de ética pública al coincidir en los mismos funcionarios la calidad de juez y parte.

Esta suerte de persecución obedeció a que: a) en 2002, el suscripto criticó públicamente por escrito las autorizaciones del Directorio del CONICET para otorgar a los Investigadores asesorías y/o consultorías y las ratificó en un sumario confeccionado al respecto, e hizo suyas las expresiones públicas del ex Presidente del CONICET Enrico Stefani (Exp. CONICET No.003361/02); b) en diciembre de 2005 denunció ante los organismos fiscalizadores (Defensoría del Pueblo, Oficina Anti-Corrupción, Fiscalía General de Investigaciones Administrativas y Auditoria General de la Nación) a las autoridades de dicha Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT); y c) en mayo de 2009 querelló a las mismas autoridades ante el Juzgado Federal Penal No.8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Georgi por diversos hechos que pueden constituir delito entre los cuales el de tráfico de influencias, administración fraudulenta y prevaricato, al haberse asignado a sí mismos los subsidios de la propia Agencia, conceder subsidios de investigación a autoridades de organismos públicos (CONICET), que operan unos bajo la jurisdicción del mismo Ministerio al que ellos pertenecen (Ciencia y Técnica), y otros bajo un Ministerio afín (Cultura y Educación), y expedirse como evaluadores cuando debieron abstenerse. La persecución provocada por estas denuncias habría culminó con la Resolución 493/10 del 26 de julio de 2010, firmada por el Ministro de CyT Dr. Barañao, por la cual se rechaza el recurso de alzada por mi interpuesto y se ratifica lo actuado por la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía en la reunión de fecha 8 de mayo de 2009.

Un fenómeno similar al de la Agencia se habría dado entonces entre las propias autoridades y directores del CONICET que evaluaron mis Informes, pues entre las mismas estarían las que fueron elegidas por el Directorio afín de lograr una mayoría sistemática influyendo y direccionando los resultados de las evaluaciones, para ser gratificados o premiados una vez cumplido lo que se esperaba de ellos (con subsidios, ascensos, autorizaciones de asesorías, viáticos, etc.). Las autoridades y directores beneficiadas por dichos subsidios que dependieron del Ministerio de CyT han sido tres (3) miembros del Directorio del CONICET (Siñeriz, Rapela, Girbal), medio centenar de miembros de sus Comisiones Asesoras, y medio centenar de Coordinadores y co-coordinadores de la Agencia o ANPCYT; y las que dependieron del Ministerio de Educación han sido las del Directorio de la CONEAU (Villanueva, Krotsch). De los miembros evaluadores de la Comisión de Historia y Antropología que han juzgado negativamente mis Informes, treinta y dos (32) recibieron antes y después de las evaluaciones diferentes subsidios procedentes de la Agencia y del propio CONICET, lo que confirmaría la hipótesis acerca de la naturaleza venal de quienes me evaluaron (ver nómina de los Asesores subsidiados por la Agencia en Anexo-I).

Amén de la elevada proporción de evaluadores subsidiados por la Agencia presentes en la Comisión Asesora que rechazó mis dos (2) Informes bianuales consecutivos, causa estupor el detalle de las disciplinas científicas de quienes me evaluaron a lo largo de las cuatro sucesivas composiciones de dicha Comisión, la mayoría ajenas a la que me corresponde: la Historia (ver nómina de la Comisión agrupada por disciplinas científicas en Anexo-II). Más específicamente, y desde la mencionada Agencia, organismo presidido en ese entonces por el actual Ministro de Ciencia y Técnica Dr. Jose Lino Barañao, se registraron --con anterioridad a los dictámenes negativos y también una vez producidos los mismos-- numerosos subsidios de investigación en beneficio de sus propias autoridades (Coordinadores y co-coordinadores) y de las del CONICET (ver detalle en Anexo-III). En concreto, he sido evaluado por retribuyentes y/o prometidos de subsidios.

Todas las pruebas ilustradas y alegadas en los tres (3) Anexos, con los respectivos apellidos, disciplinas, organismos, montos de dinero y códigos de expedientes, que deben ser administrativa y judicialmente compulsadas y comprobadas, suponen gravedad institucional, por concurrir en el mismo cuatro figuras determinantes: 1) una presunta y continua complicidad; 2) una decidida connivencia de varias personas; 3) un manifiesto abuso de la posición gubernamental; y 4) una completa indiferencia respecto de los deberes morales impuestos por la ley de ética pública.

Es evidente que en el cúmulo de miembros de la Comisión de Historia, Antropología y Geografía, donde una gran parte carece de competencia específica en el área de Historia, estos últimos deberían haber tenido la ineludible obligación de excusarse al carecer del atributo esencial que se requiere para la evaluación científica de un investigador perteneciente a una disciplina que no es la suya propia. El visto bueno a esta aberración viola el principio del juez natural ya que la mayoría de los jurados asignados han sido funcionarios profesionalmente incompetentes e ineptos para el desempeño específico de la función calificadora. Asimismo, esto viola el principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y configura un abuso del derecho en los términos del artículo 1071 del Código Civil porque con una absoluta falta de respeto por la especialidad se formó un tribunal con miembros Asesores mayoritariamente ajenos a la disciplina de la historia (que es mi especialidad científica por la que debía ser evaluado). Más aún, se hizo todo esto sin respetar las reglas administrativas de la ley 19549 que impone a todo acto una motivación y causalidad efectiva que solo se cumple cuando el administrado ha podido recusar a quienes han sido elegidos como jurados, lo cual es una potestad inexcusable del derecho de defensa garantizado constitucionalmente. Asimismo, lo aquí denunciado constituye una manifiesta violación del debido proceso legal toda vez que es exigencia de la Constitución Nacional que todo trámite respete los presupuestos de actuación y procedimiento de la ley 19549 tanto en sede administrativa como judicial. En ese sentido la ley 19.549 es muy precisa y fulmina con la falta de motivación y causalidad todo lo que no se ajusta al debido proceso administrativo como ha ocurrido en este caso, amén del vicio sobre la finalidad de los actos dictados en relación al suscripto.

Si por otro lado, tal como se comunica más arriba, resulta que los funcionarios jurados que han intervenido en las evaluaciones de mis Informes estaban incursos en la causal material de recusación por tratarse de los mismos funcionarios que revistaban con prebendas bajo el título de subsidios en una repartición (Agencia) que había sido objeto específico de mis denuncias ante los organismos fiscalizadores y de una querella criminal ante el fuero penal federal, resulta que no solo se ha violado el debido proceso legal sino que también se ha atentado contra mi derecho de defensa, al omitirse el necesario desplazamiento de todos aquellos funcionarios jurados involucrados en la situación de hecho que ha sido objeto de dichas denuncias y querellas. Ese desplazamiento solo podía operarse por vía de recusación, derecho del que se me privó con arbitrariedad y mediante actos de nulidad manifiesta --como vengo denunciando--, y esto fulmina todo el proceso evaluador constituyendo además una causal de gravedad institucional porque lo enervado es mi derecho de defensa, o sea un derecho de rango constitucional. Todo esto indicaría entonces que los funcionarios responsables (CONICET) habrían actuado de manera ilegal, violatoria de mis derechos fundamentales y bajo una marcada presunción orientada a perjudicar sin preocuparse en lo más mínimo por la vulneración de mis prerrogativas.

El organismo que tiene el deber de neutralidad presenta, por el contrario, un comportamiento de cooptación y connivencia con los jurados involucrados en las evaluaciones de los Informes, resultando así estos últimos convertidos en gratificadores que hacen de sus pronunciamientos un servicio o delivery, a pedido de una indicación previa, o de un mandato oculto, para una evaluación que puede ser tanto a favor como en contra, pero que en mi caso personal fue negativa.

Esta arbitrariedad se torna más extendida si recordamos que el CONICET funciona con una veintena (20) de Comisiones Asesoras, que si bien hay renovación se advierte en ellas una permanente mayoría sistemática formada por subsidiados o prometidos de subsidios que luego los lograron. La veintena de Comisiones -CONICET- muy probablemente se encuentran contaminadas a una escala similar o mayor a la que traemos a colación en este preciso pedido de investigación y sumario. La falta de transparencia en la vida académica del máximo organismo de ciencia del país se corrobora también si tenemos en cuenta que actualmente lo preside la astrónoma Marta G. Rovira, la misma funcionaria que en íntima conexión con las autoridades penalmente imputadas viene de ejercer el cargo de Coordinadora en la Agencia o ANPCYT.

El régimen de cooptación y reclutamiento construido mediante la triangulación de reciprocidades entre funcionarios públicos pertenecientes a organismos que operan bajo la jurisdicción de un mismo Ministerio, así como entre Ministerios distintos, derivó en el ámbito científico en la nomenklatura académica patrimonialista que hoy rige y en la práctica de discrecionales evaluaciones y promociones de los investigadores de acuerdo a sus intereses y conveniencias personales, sin que los mismos hayan podido contar con intermediación institucional oportuna que los ampare. Esta triangulación viene también operando con los organismos subalternos del Ministerio de Cultura y Educación (CONEAU, Secretaría de Políticas Universitarias o SPU), pues la citada Agencia tiene potestades legales en la categorización de los docentes-investigadores de las Universidades Nacionales para el cobro de los llamados incentivos; e incluso con las Secretarías de CyT de las Universidades Nacionales, quienes tienen la responsabilidad de auditar las rendiciones de cuentas de sus subsidiados, auditorías que nadie conoce. Tenemos así una trama de intereses burocráticamente asociados que afecta a la totalidad del sistema de administración de la ciencia y de la educación superior argentina, y que por tanto reviste una gravedad institucional inusitada, cuya principal víctima ha sido y sigue siendo el bien público, la comunidad científica, la creatividad y las libertades de sus integrantes.

A esta altura, resulta claro que el Directorio del CONICET, al contar con una potestad omnímoda cercena y restringe los derechos y garantías al permitirle la Ley fundacional del organismo, el Decreto 1661/96 y la Ley 25.200 escoger de manera directa a los miembros de las Comisiones Asesoras y/o comisiones especiales y estos a su vez poder elegir a los peritos evaluadores de los Informes reglamentarios en un marco de confidencialidad o secreto de identidad, por el cual el evaluador es un comisionado con máscara y la defensa del Investigador –si así es posible denominar al trámite del art.41-- sólo es posible una vez que su trabajo fue rechazado.

De esto se sigue que el juzgamiento y evaluación de los Informes de los investigadores es realizado por los directores del CONICET o sus comisionados, elegidos en un marco de total arbitrariedad, que permite el transporte de mandatos clandestinos, segregativos o confirmativos, en abierta afectación de la justicia, la equidad y la excelencia, con graves perjuicios morales, patrimoniales y académicos. Es así que como recientemente lo señaló el Servicio Jurídico del CONICET en su dictamen de fs. 190/192 del exp.2209/06 --que el Ministro del área ha ocultado-- para resguardar las libertades académicas y de investigación pido se disponga la formación de un sumario administrativo.

La gravedad institucional y la falta de transparencia se vuelve mucho más elocuente si consignamos que se trata de un conjunto de funcionarios que han sido los beneficiarios del sistema que malversó a lo largo de trece años (1997-2010) la inconmensurable suma de U$S 1240 millones de dólares procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de los cuales sólo U$S 40 millones de dólares fueron a parar al mejoramiento de la infraestructura científica (Programa para el Mejoramiento del Equipamiento, PME), y los U$S 1200 millones restantes a los proyectos personales de quienes ya se encuentran en la nómina salarial del aparato científico. Y para mayor escándalo, dicho conjunto de funcionarios y el Ministro Barañao dibujan las estadísticas en su portal electrónico para impostar imagen frente a la sociedad y los organismos de crédito (BID) y fabrican auto-amnistías de las acusaciones que se le formularon (ver dictamen del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología o CECTE, 2007). Y todo esto no sería posible sin represaliar, acallar y perseguir al denunciante, descalificando su producción académica.

Semejante abuso del poder y del derecho, que la ley condena expresamente, configura un enorme y ostensible hecho de gravedad institucional al resultar enervados nada menos que los derechos contenidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La combinación de violaciones a la ley de ética pública y violaciones a los derechos fundamentales del juez natural, el debido proceso y el derecho de defensa más la arbitrariedad ostensible de todo el procedimiento evaluador justifica que el hecho se califique como de gravedad institucional, porque ha corrompido al aparato del conocimiento convirtiéndolo en una ciencia administrada, privada del necesario ímpetu creativo, y porque lo que es tanto más vital ha puesto en peligro todo el sistema y el diseño de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Nacional. Asimismo, el afán explícito de actuar de manera injusta viola el presupuesto primario con arreglo al cual se deben cumplir con los derechos fundamentales y que aparece como axioma básico impuesto al estado: afianzar la justicia como bien lo sostiene el Preámbulo de nuestra Constitución.

Finalmente, de acuerdo a lo prescripto en la Ley de Ética Pública, y por la gravedad institucional, debe ordenarse también la investigación exhaustiva de los hechos aquí denunciados con la formación del consecuente sumario, debiendo además darse vista del expediente al Defensor del Pueblo y a los órganos de control del estado, los que deberán expedirse, previo dictamen respectivo obligatorio, por cuanto tienen responsabilidad primaria en el seguimiento del desempeño de los funcionarios del estado.

Sin otro particular, le saluda

Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Investigador-CONICET
Museo Roca
Instituto de Teoría General del Derecho-UNNE
Círculo de Estudios Tucididianos (CET)
http://www.er-saguier.org
Juan F. Segui 3955—2º Dpto E
1425--Capital

Anexo I

Integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET que fueron subsidiados por la Agencia (2002-2009)

Los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET agrupados por los subsidiados de la Agencia, fue la siguiente: a) los miembros evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia rechazaron mi Informe 2002/2003 fueron diez (10) Investigadores sobre un total de diecinueve (19), o más de la mitad de la Comisión, siendo los mismos: Eduardo E. Berberian, Roberto Joaquín Bárcena, Cristina Bellelli, Daniel Campi, Francisco Carnese, Edgardo Cordeu, Ana Inés Ferreyra, Ariel Omar Guiance, Mónica Cira Salemme, y Alejandra Siffredi (Reunión del 6 de agosto de 2004, Leg.00913); b) los miembros evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia ratificaron el rechazo de mi Informe 2002/2003 fueron catorce (14) Investigadores sobre un total de diecinueve (19), o el 75% de la Comisión, siendo los mismos: Alejandra Siffredi, Ana María Presta, Cristina Bellelli, Daniel Campi, Edgardo Cordeu, Eduardo E. Berberian, Cristian Rainerio Buchrucker, Francisco Carnese, Sonia Edith Colantonio, Ariel Omar Guiance, Beatriz Solveira, Mabel Adriana Grimberg, Osvaldo Mendonca, y Mónica Cira Salemme (Reunión del 11 de agosto de 2005, Exp.No. 3987/04); c) en la Comisión que dictaminó negativamente mi Informe 2004/2005, los evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia rechazaron dicho Informe fueron diez (10) Investigadores sobre un total de dieciocho (18) o más de la mitad de la Comisión, siendo los mismos: Guillermo Ángel Velázquez, Nidia Areces, Daniel Enzo Olivera, Marta Mercedes Maffia, Laura Lucia Miotti, Héctor Carlos Vázquez, Bibiana Leonor Vilá, María Isabel Hernández Llosas y Gustavo Adolfo Martínez; (Reunión de 6 y 9 de mayo de 2008, Exp.No.2209/06); y d) en la Comisión que decidió constituirse en mi árbitro evaluador para el tribunal requerido por el art.41 del Estatuto del CONICET, han actuado como evaluadores --sin haberse hasta el momento excusado-- ocho (8) Investigadores subsidiados por la Agencia sobre un total de veintidós (22) o la tercera parte de la Comisión, siendo los mismos: Ana Inés Ferreyra, Luis Alberto Borrero, Roberto Cittadini, Mónica Beatriz Lacarrieu, Cristina Ofelia Valenzuela y nuevamente los Investigadores G. A. Martínez, Maffia, y Miotti (Reunión de abril de 2009, Exp.2209/06).

Fuente: CONICET, Leg.00913; Exp.No. 3987/04; Exp.No.2209/06)

Anexo-II

Integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET distribuidos por disciplinas científicas (2002-2009)

Los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET agrupada por disciplinas científicas, fueron los siguientes: a) en la Comisión que rechazó el Informe 2002-2003 estuvieron presentes sólo siete (7) miembros titulares que fueron historiadores (Cristina Bellelli, Daniel Campi, Mabel N. Cernadas de Bulnes, Ana Inés Ferreyra, Ariel Omar Guiance, Daniel Macor y Silvia Ospital) sobre un total de diecinueve (19) (Reunión del 6 de agosto de 2004, Leg.00913); b) en la que desestimó mi pedido de reconsideración por el rechazo del Informe 2002-2003, sólo nueve (9) fueron historiadores (Ana María Presta, Cristina Bellelli, Cristian Rainiero Buchrucker, Daniel Campi, Ariel Omar Guiance, Silvia Beatriz Lazzaro, Daniel Macor, Aurora Ravina, Beatriz Solveira) sobre un total de veintiuno (21) (Reunión del 11 de agosto de 2005, Exp.No. 3987/04); c) en la Comisión que rechazó el Informe 2004-2005, estuvieron presentes sólo cuatro (4) historiadores (Nidia Areces, Seoane, Cristian Buchrucker, Ana Inés Ferreyra) sobre un total de veintidos (22) apenas una quinta parte (Reunión de 6 y 9 de mayo de 2008, Exp.No.2209/06); y d) en la Comisión formada en 2009 para el art.41 estuvieron presentes sólo cuatro (4) historiadores (Ana Inés Ferreyra, Silvia Beatriz Lazzaro, Nelly Ongay, Ana Alejandra Teruel) sobre un total de veintidós (22) Investigadores, menos del 20% (Reunión de abril de 2009, Exp.2209/06); y en la suma total de evaluadores que dictaminaron sobre mis Informes en el CONICET (que fueron 64), se dieron: entre otros una etnóloga, un sociólogo, una etno-historiadora, dos (2) biólogos, cinco (5) geógrafos, una decena (10) de arqueólogos, una veintena (20) de antropólogos, y sólo una quincena (15) de historiadores, apenas la quinta parte del total.

Fuente: CONICET, Leg.00913; Exp.No. 3987/04; Exp.No.2209/06)

Anexo-III

Detalle de los subsidios otorgados por la Agencia a los miembros de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET que evaluaron los Informes del suscripto (apellidos, fechas, montos y códigos de expedientes) (2000-2008)

El detalle de los subsidios otorgados por la Agencia a los miembros de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET antes de las dictámenes negativos a mi respecto (fechas, montos y códigos de expedientes), fue el siguiente: a) la etnóloga Alejandra Siffredi (en el CONICET dos subsidios: PIP Nº 02275, plurianual, 2002-2005; y PIP Nº 5572, 2005-2008; y en 2005 el Proyecto de Investigación en Ciencia y Técnica (PICT 04-12247); b) el geógrafo Guillermo Ángel Velázquez (el PICTR2002-00081); c) el sociólogo Roberto Cittadini el PICT 04-09371 por un monto de $40.000; d) la bióloga Bibiana Leonor Vilá (el PICT 99 Foncyt, por un monto de $101.000); e) el arqueólogo Roberto Joaquín Bárcena (PICT-2003-14463 por un monto total de $76.563); f) seis (6) antropólogos: Edgardo J. Cordeu (el PICT-BID 98 N° 04-04400 y un subsidio de más de $400.000 para una investigación ¿antropológica? sobre el golpe de estado de 1966); Héctor Carlos Vázquez (el PICT-2000-2001, bajo el código 04-09951, por un monto de $83.000; y el PICT-2005, código 32917, por un monto de $102.000; Sonia Edith Colantonio (el PICT-2002, bajo el código 04-12494 por un monto total de $97.821); Mónica Beatriz Lacarrieu (el PICT-38345 del 2005, por un monto total de $202.000); Guillermo Luis Mengoni Goñalons (PICT-2003 bajo el código 04-14425); Daniel Enzo Olivera (el PICT-2002, 04-12098; y el PICT-2004, bajo el código 26023 por $199.302); y g) sólo cinco (5) historiadores: Ariel Omar Guiance (el PICT-2002, bajo el código 04-11272); Daniel Campi (en el 2002 el PICT 04-13099 por $135. 938); Cristina Bellelli (en el año 2000 el PICT 04-09976 por $93.000 y en 2004 otro PICT por $203.000); Ana Inés Ferreyra (el PICT-26023 del 2004 por $129.925); y Nidia Areces (el PICT-2002, bajo el código 329). Y el detalle de los subsidios otorgados con posterioridad a sus dictámenes negativos fue el siguiente: a) la geógrafa Cristina Ofelia Valenzuela un PICT en 2005 bajo el código 32.788 y otro PICT en 2006 bajo el código 21055; b) la especialista en arte rupestre María Isabel Hernández Llosas otro PICT bajo el código 00538b; c) seis (6) antropólogos Francisco Raúl Carnese (el PICT-2004, bajo el código 26077); Mabel Grimberg otro PICT en 2007 bajo el código 00230 por $160.000; Héctor Carlos Vázquez un PICT en 2004 bajo el código 04-09951 por un monto de $102.000; y la funcionaria del INADI Marta Mercedes Maffia un subsidio que alcanzó los $210.000; d) seis (6) arqueólogos: Osvaldo Mendonca un PICT en 2005 bajo el código 32807 por un total de $207.000; Mónica Salemme otro PICT en 2005 bajo el código 05-38096 por un monto total de $205.000; Luis Alberto Borrero un PICT en 2006 bajo el código 02046 por un monto de $197.600; y otro más reciente bajo el código 04-9498 BID 1728 y por un monto de $75.000; Laura Lucia Miotti un PICT en 2004 bajo el código 04-12387 por un monto de $69.541; y en 2006 otro PICT bajo el código 01552 por un monto total de $210.000; Eduardo E. Berberian (el PICT-2008-1551); y Gustavo Adolfo Martínez otro PICT en 2006 bajo el código 00264 por un monto total de $209.358; y e) sólo tres (3) historiadores: Beatriz Solveira un PICT en 2006 bajo el código 01281; Cristian Rainerio Buchrucker (el PICT-2007-02107-03); y Ana María Presta un PICT en 2006 bajo el código 01056, y en 2008 otro PICT bajo el código 2104 por un monto total de $158.115.

Fuente: Listados de Operatorias de la Agencia o ANPCYT

Comunicado de Prensa-9-XII-2010

DICTAMEN DE LA FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (FIA)

El día 28 de agosto del 2010 la FIA dictamino sobre la denuncia oportunamente formulada por el suscripto y comunicada a la red de científicos, académicos, políticos y administradores de programas de las instituciones científicas, universidades nacionales y organismos de la administración publica y de la justicia acerca de las incompatibilidades que se producían en el otorgamiento de subsidios (para realizar trabajos de investigación) a funcionarios cuya dependencia y jerarquía los invalidaba por la incompatibilidad manifiesta y el conflicto de intereses, lo que generaba la violación de la ley, con la consiguiente secuela de favores y amiguismo, violador del mérito y la jerarquía que se debe respetar en situaciones de alta responsabilidad en la investigación científica y la aplicación tecnológica.

La denuncia fue investigada exhaustivamente por la FIA y como consecuencia de las investigaciones practicadas quedaron expuestas las irregularidades, las que fueron ampliamente documentadas mediante una veintena de medidas de prueba, media docena de informes de testigos (Gargarella, Apólito, Boselli, Mendoza, Alexander, Virdis, Castro), diversos libramientos de oficios a distintas autoridades judiciales y auxiliares de la justicia (Defensoría del Pueblo, Juzgado Criminal Federal No.8), y con la firma del Sr. Fiscal de Investigaciones Administrativas Dr. Ricardo Renom y del Sr. Fiscal General Dr. Guillermo Felipe Noailles, se dictaminó solicitarle al H. CONGRESO NACIONAL la legislación y reformulación del Decreto Nº 1660/96 señalando que la LEY Nº 25200 no es aplicada, además de dar curso a la intervención del Juzgado Federal Nº 8, Secretaría No.15, para que proceda a la investigación de las irregularidades denunciadas para que todos los interesados puedan acceder a los detalles de las denuncias practicadas por el suscripto. Les informo que el expediente correspondiente lleva el número 23612/1592, de fecha 31 de agosto de 2010, el cual contiene un detalle de todo lo actuado. El Dictamen de la Fiscalía completo puede verse en: http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/762627.php

EDUARDO R. SAGUIER Ph.D.
INVESTIGADOR DEL CONICET