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“Queremos vivir libres, no encerrados en un pedazo de tierra”
Por Indymedia Pueblos Originarios -
Wednesday, May. 20, 2009 at 3:11 AM
originarios-arg@indymedia.org
La Colonia Toba La Primavera, ubicada en el departamento formoseño Pilcomayo -a 180 kilómetros de la capital provincial-, perdió miles de hectáreas en las últimas décadas a manos de criollos y organismos del Estado. Félix Díaz, dirigente de esa comunidad, dijo a Indymedia que los caciques son utilizados por el “sistema político” y denunció que un pequeño sector de indígenas del Partido Justicialista, amparados por el Gobierno provincial, se apoderó de la conducción de la Asociación Civil que representa a las 800 familias de la Colonia. La intención de una comunidad de vivir sin condicionamientos choca con amenazas de muerte y despojo territorial.
Desde el 2000 Félix Díaz realiza gestiones y reclamos en la
Capital Federal para que los organismos de Nación actúen ante la
pérdida de tierras de la comunidad. Su último viaje a Buenos Aires,
entre fines de abril y principios de mayo, fue para denunciar la construcción
del Instituto Universitario Agropecuario (IUA) en 600 has pertenecientes
a la Colonia, las cuales previamente fueron “otorgadas” a familias criollas
por la Provincia. Las topadoras comenzaron a actuar escoltadas por la policía
el 24 de abril, desalojando a 9 familias tobas. El IUA es un proyecto
acordado entre la Gobernación, la Universidad Nacional de Formosa,
la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La insistencia del dirigente toba en la Capital logró el compromiso de autoridades
de viajar a Formosa y conocer la situación de cerca, específicamente dos
abogados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una
abogada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI). Según dijeron, verificarían el despojo de tierras
por parte de la Universidad Nacional de Formosa y también el “manejo
turbio” vinculado a la personería jurídica de la Asociación Civil.
Díaz confesó a Indymedia que se había ilusionado mucho,
pero quedó muy desesperanzado al cabo de la reunión que tuvo con los funcionarios
en la capital formoseña el 13 de mayo. “Me dijeron que no pueden hacer nada.
Se juntaron con un grupo de La Primavera que son parte del ICA (organismo
estatal provincial), los cuales dijeron que están conformes con la Universidad,
con Parques y con todo. ¿Para qué representan al Gobierno Nacional?”, expresó
molesto Díaz.
A principios de mes el referente toba había declarado a este medio sobre
la falta de reacción de los organismos de Nación para parar el accionar
de las topadoras en su comunidad: “Creo que esto tiene que ver con el tema
electoral. Formosa es una fuerza política justicialista muy contundente.
Me parece que hay complicidad”.
Génesis del despojo
En diciembre de 1940 el cacique Trifón Sanabria logró que el Gobierno
Nacional le reconociera 5.000 hectáreas “para ser libremente ocupadas por
los miembros de la tribu”, según estipula el informe oficial citado por
el antropólogo Pablo Wright. Así quedó fundado legalmente el asentamiento
toba de La Primavera, ubicado en las cercanías de Laguna Blanca. Un hecho
clave había sucedido 9 años antes: la llegada a Formosa del pastor evangélico
británico John Church, conocido por los indígenas como Juan Chur,
sobre quienes tuvo una gran influencia entre las décadas del 30’ y 50’,
afirman distintas fuentes.
“La estrategia del Pastor Chur era algo que nadie sabía. El de por
qué los obligaba a los indígenas a abandonar su lugar para poder concentrarnos
en un solo espacio. Y a través de esa idea ajena perdimos muchos territorios”,
resaltó el dirigente toba Félix Díaz. Según rememoró, dos
comunidades ubicadas en las localidades de El Espinillo (departamento Pilagás)
y Palma Sola (departamento Pilcomayo) fueron desalojadas de sus tierras
para instalarse en la naciente Reserva, que 10 años después se convertiría
en Colonia, transfiriendo a su vez su jurisdicción a la Dirección de
Protección del Aborigen.
En 1985 el Gobierno de la provincia les otorgó a los tobas un título de
propiedad de 5.187 hectáreas, a través de la Asociación Civil de la Comunidad
Toba La Primavera. Pero según explicó Díaz, se entregaron tierras
ocupadas por criollos y por organismos estatales, como por ejemplo el Parque
Nacional del Río Pilcomayo (creado en 1951 con una superficie de 280.00
hectáreas, aunque en 1968 se redujo a 48.000). Según el referente toba el
conflicto deriva de “dos títulos superpuestos para una sola laguna: el de
Parques y el nuestro. El argumento que usan para justificar el despojo es
que los indígenas son nuevos habitantes de esa zona, porque nuestro
título es de 1985”.
Díaz contó que en el 2006 le generó expectativas la aprobación
de la Ley Nacional 26.610 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena,
que en teoría impide los desalojos por un período de 4 años y ordena realizar
un relevamiento territorial. “Pensé que era factible ampliar nuestro territorio
para incluir los recursos naturales que están a nuestro lado, porque hoy
no podemos cortar madera ni juntar agua. Me sentía motivado”, afirmó. Pero
por el contrario, en 2007 la Provincia otorgó 2.000 hectáreas de la comunidad
a descendientes de dos familias criollas.
¿Cómo se llegó a esa situación? Por un lado,
“el indígena prefiere estar libre, recorrer el campo sin restricción. Legalmente
nunca le interesó poder decir ‘hasta aquí llega mi tierra, esto es mío’”,
explicó Félix. Por eso La Primavera tenía demarcado
el territorio con mojones -postes de piedra- pero nunca se usaron alambrados.
“Creíamos que así se iba a salvaguardar nuestro territorio, nos equivocamos”,
se lamentó. Por otro lado, el título comunitario quedó ligado a la personería
jurídica de la Asociación Civil, y ante los más de 20 años
de inactividad de este espacio supuestamente representativo, el Gobierno
pasó una parte de esas tierras nuevamente a manos del Estado. “Estos
años que pasaron mirábamos al cacique, no entendíamos sobre las cuestiones
jurídicas”.
Félix Díaz reclamó que se les reconozca un territorio amplio, con
los recursos para desarrollarse socialmente y poner en práctica su cultura
y espiritualidad: “Vivir como somos y no encerrado en un pedazo de tierra”,
resumió. Concretamente piden la restitución de las 1.500 hectáreas entregadas
a los criollos y que la APN respete los derechos de la comunidad,
hoy conculcados por el PN Río Pilcomayo. En ese sentido recordó
que en 1940 hacían uso de 10.000 hectáreas, pero que en 1963
ya se redujeron a 5.000 y que hoy sólo tienen dominio sobre 3.000.
“El Estado tiene la obligación de ceder estos territorios para favorecer
la vida de un pueblo. No podemos estar encerrados en un círculo y después
sufrir lentamente la falta de medicamentos que están en los montes, en las
lagunas, en los campos que hoy están en las ‘áreas protegidas’”, advirtió
el referente toba. Y explicó: “Cuando nos sacan estos elementos vitales
nos condenan a una muerte lenta”.
Díaz aseguró que muchas otras comunidades de la provincia que están
pasando por la misma situación que La Primavera pero no se animan a denunciarlo.
“Si dejamos que esto avance y nos callamos, va a llegar el momento de que
van a pisotearnos sin detenerse. Y eso es muy peligroso”.
Conflictos internos y rol de los caciques
Según contó Díaz, la figura reconocida por el Estado provincial es
el Cacique, pero los mismos han venido siendo utilizados por el poder político
local durante las últimas décadas. Una vez que un cacique firma un compromiso
con el Estado, toda la comunidad queda involucrada. “Es una figura indígena
que hizo mal. A consecuencia de eso nos han hecho perder muchas cosas que
anteriormente teníamos: territorio y hermandad”.
El 18 de junio de 2008, una asamblea de 360 personas (el 85% del padrón
electoral de La Primavera) eligió a Félix Díaz como presidente
de la Asociación Civil, sin embargo la Inspección General de Personas
Jurídicas de Formosa impugnó la elección porque no habían asistido las
autoridades necesarias para que dicho acto cobrara legalidad, como los funcionarios
del Instituto de Comunidades Aborígenes (organismo estatal provincial)
y un agente normalizador nombrado por esa dependencia. El 26 de junio se
realizó una nueva asamblea, esta vez sí con la presencia de los funcionarios
del ICA, pero con tan sólo 30 miembros de La Primavera (7% del padrón
electoral). Allí eligieron al hijo del cacique como presidente de la Asociación
y a un grupo de dirigentes aborígenes del Partido Justicialista como miembros
de la comisión directiva. “Me impidieron ganar un espacio democráticamente.
Al Gobierno no les conviene que yo esté al frente para hacer el bien a todos
y no a un sector”, denunció, y pidió que el ejecutivo “valore la totalidad
de la comunidad, a los chicos, al joven y a los ancianos”.
La lucha por recuperar territorio está vinculada a una mayor autonomía política
del sistema formoseño, que siempre se ha valido de los indígenas para hacer
a su antojo. Para Félix significa “empezar a levantarnos y decir:
‘basta señores, queremos ser libres y vivir como queremos, sin imposiciones’”.
Con esa manera de pensar el Poder “pierde control de las comunidades” y
no puede “seguir sometiéndolas a su capricho”. Por eso “venimos sufriendo
persecución de los policías, de los punteros políticos y de todo el sistema
formoseño”, enumeró.
A Díaz y otros referentes comunitarios las denuncias les han valido
amenazas de muerte y hostigamientos de distinta clase. “Dicen que soy una
persona que ‘destruye la paz social de Formosa’”, comentó el dirigente toba.
La última intimidación sufrida fue el 5 de mayo por la noche: mientras se
encontraba en Buenos Aires tres personas armadas llegaron a su casa y dispararon
al aire armas de fuego. “Es una lucha desigual. Es un poder muy grande económicamente
y está muy bien organizado jurídicamente, pero me anima que soy perteneciente
a un pueblo preexistente al Estado argentino”, concluyó.
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