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Petroleras, a sangre y fuego en el Perú
Por Econoticiasbolivia -
Monday, Jun. 08, 2009 at 6:52 PM
econoticias.bolivia@gmail.com
Estas empresas han dejado que el trabajo sucio sea realizado por el neoliberal García, que se ha estrenado a nivel mundial como genocida masacrando a los indígenas de lanza y flecha
Econoticiasbolivia.com (La Paz, junio 8, 2009).- Las grandes transnacionales del gas y del petróleo como la anglo-francesa Perenco, la española Repsol, la canadiense Petrolifera Petroleum Limited y otras como Petrobras y Pluspetrol ni siquiera han abierto la boca, tras la masacre que en defensa de sus millonarios intereses ha desatado en la Amazonía el presidente del Perú, Alan García.
Estas empresas, que ya operan en territorio peruano y tienen avanzados planes para incursionar con más avidez en la Amazonía, han dejado que el trabajo sucio sea realizado por el neoliberal García, que se ha estrenado a nivel mundial como genocida masacrando a los indígenas de lanza y flecha.
Los últimos reportes de la zona están dando cuenta de la espeluznante masacre en la selva norte del Perú. Indígenas asesinados, lanzados a los barrancos y los ríos, otros degollados y los más perforados por la metralla asesina disparada desde helicópteros y carros de asalto. Hasta ahora nadie sabe cuándos indígenas han muerto, unos dicen que son 30, otros 50 y hay quienes ya piensan en cerca a un centenar. Y es la que la cifra de los desaparecidos es enorme, entre 200 a 400. Los heridos también son incontables, al igual que los refugiados en las iglesias y los que son perseguidos como perros, en la zona norte del Perú donde ahora impera el toque de queda, la militarización y la muerte súbita.
Ricardo Tuchía, indígena de la región de Condorcanqui, dijo a la Reuters que vio cómo supuestos policías quemaban tres cuerpos, pero se abstuvo de dar más detalles exigiendo "garantías para ir a buscar y rescatar todos los cadáveres".
Señaló, apelando a relatos de otros nativos, que los manifestantes muertos "seguro que son más de 30".
"Estamos preocupados por la matanza de nuestros hermanos, fue una balacera a campo abierto", le dijo Carlos Anchanchi, uno de los dirigentes refugiados a los enviados de la agencia internacional de noticias.
"Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, y por eso pedimos garantías para ir a buscarlos", agregó.
Los partes gubernamentales establecen, sin embargo, como saldo oficial de la violencia desatada el viernes y sábado en una carretera y en una estación petrolera próxima a Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, a 23 policías, nueve indígenas y cuatro pobladores muertos, además de unos 150 heridos y 72 detenidos.
Los indígenas llevan dos meses protestando contra una serie de leyes que abrirían sus selvas comunales a las empresas de gas y petróleo. En los últimos años, casi tres cuartas partes de la Amazonia peruana, gran parte de ella de selva virgen, ha sido dividida en parcelas concedidas a las grandes transnacionales como Perenco, Repsol, Petrobras y otras para la exploración de gas y petróleo.
Con la protesta, los indígenas están tratando de defender sus tierras, apetecidas por las grandes transnacionales petroleras que sólo valoran el oro negro y que han puesto la cotización cero a la vida humana y a la sangre, especialmente si ésta es indígena.
LA CACERÍA DE ALAN GARCIA A LOS NATIVOS PERUANOS
Por Fermín Tiwi Paati(*) -
Wednesday, Jun. 10, 2009 at 11:10 AM
Con este pequeño artículo que quiero compartir con todos/as los/as los amigos/as, quisiera partir con una pregunta, tal vez para muchos peruanos sobre todo costeños, no tengan la misma fuerza, la misma conciencia que el pueblo jíbaro que se sienten parte de la naturaleza y por eso defienden con furia contra los agentes saqueadores de los recursos naturales de la amazonía y contaminadores del medio ambiente. Como muchos somos testigos de los últimos sucesos tan lamentables por las pérdidas de los seres humanos (Awajún-Wampis) quienes han estado protestando legítimamente en defensa de sus territorios ancestrales al haber sido objeto de vulneración de sus derechos a través de la dación de serie de paquetes legislativos lesivos a los derechos indígenas por parte del gobierno de García han sido doblemente agredidos y objetos de violaciones de sus derechos; por un lado, enfrentando las agresiones de política etnocida con la llamada “Ley de la Selva” y por otro lado, agresiones bélicas excusándose el cumplimiento de reestablecer el orden acribillando a más de cien vidas de los hermanos indígenas.
Justo lo que me pregunto es, si el 5 de Junio del 2009, para los restos de los países hermanos que se celebran grandemente por ser el día mundial del Medio Ambiente, ¿cómo llamará García esa fecha cuando para el pueblo Awajún-Wampis ese día es el día de “la cacería de Alan García a los nativos peruanos” dejando una huella ardorosa en la historia Awajún-Wampis por haberlos intimidados salvajemente?.
Ya pasaban 54 días de protesta pacífica desde el inicio del Paro Amazónico hasta la fecha de la cacería del señor Alan García a los pobres hermanos Awajún-Wampis que se encontraban en estado de total desventaja, pasando hambre, sed, cansancio, con un pésimo estado de salud y apenas con sus lanzas y palos para cualquier eventual ataque de la jauría de García porque en los lugares de la protesta amazónica estaba declarado estado de emergencia, que suspendía varios derechos fundamentales y poniéndose así en graves riesgos de la integridad física, el cuerpo y la salud de los hermanos Awajún-Wampis.
A pesar de ello, la resistencia de los hermanos Awajún-Wampis fue cada vez más fuerte exigiendo las derogatorias de la “Ley de la Selva” que se dieron a través de varios paquetes legislativos Nº 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 por el poder ejecutivo. Sin embargo, no fueron escuchados y el señor García solo los tuvo entreteniendo y ninguneando a los reclamos legítimos de los Awajún-Wampis, con el falso discurso de siempre decir que estas normas estaban hechas para que los nativos de la amazonía salgan de la pobreza extrema, a pesar de que estas normas están cuestionadas por la Defensoría del Pueblo y los pueblos indígenas por ser lesivos a los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas y por violar el derecho a la consulta, porque así estable en el artículo 6.1.a del Convenio Nº 169-OIT ratificado por el Estado peruano que forman parte del derecho nacional (Art. 55 Const. ’93).
Muchos se preguntarán ¿por qué el derecho a la consulta a los indígenas?, porque el derecho a la consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas, el gobierno está en la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se quiera aplicar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los intereses o derechos de los pueblos indígenas. Es clarísima en este sentido que el señor García nunca consultó a los indígenas y como presidente de la república no debe excusarse de ingenuo en conocer el problema indígena, por eso están sus ministros y sus asesores.
Entrando en el punto de la cacería de Alan García a los Awajún-Wampis, es la práctica de su política etnocida, el uso de fuerzas bélicas y quitar la vida a más de 103 Awajún-Wampis es un acto de exterminiod a los indígenas amazónicos porque son indígenas. Esta actitud del gobierno configura el delito de genocidio. Según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, artículo 2 (y Estatuto de la Corte Penal Internacional, Art. 6): señala claramente que, “En la presente Convención (A los efectos del presente Estatuto), se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (…) c). Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Estas prácticas del señor García no son características de la democracia de ninguna parte, y tendrá que asumir su responsabilidad política y responsabilidad penal, porque estos hechos se condenan a nivel mundial. Ahora no va a venir a engañar al pueblo entero que su acto es legítimo como se vio y se escuchó decir sus ministros a través de medios de comunicaciones.
Si miramos con ojos abiertos, el uso de los armamentos bélicos solo se dan en caso de guerras entre estados, aquí nuevamente la pregunta ¿contra quién estaba declarando la guerra el señor García, acaso no eran peruanos los nativos?, ¿fue un error y un mal cálculo para el reestablecimiento del orden?. No. Es un ensañamiento de su ideología de limpieza indígena, porque su política de gobierno lo dice, la ansiedad que tiene de sacar y vender rematando todos los recursos naturales que hay en la amazonía a costa de todo: matando gente, vendiéndole sus tierras, aún así echan de barbarie, salvajes a los indígenas, sin embargo, su acto cometido muestra de un ser animal-hombre, no digo, hombre-animal. Ahora bien, como dirán tal vez varias personas que no conocen el problema indígena: qué bien que ha puesto orden nuestro presidente, ahora viviremos bien seguros y felices porque ya no habrá más paro. Sin embargo, esta práctica no es la de poner orden, sino generar más violencia, el gobierno ha creado el terror contra los nativos.
Frente a esta situación escuchamos en varios medios de comunicaciones alanizados o apristizados las opiniones de los políticos allegados del gobierno, congresistas de la bancada oficialista, el mismo presidente y sus ministros, tratando de justificarse de sus barbaries que han cometido contra la vida de los Awajún-Wampis, dando falsas informaciones como se pudo escuchar en TV a Jehude Simon, los números de muertos, tratando de confundir al público que habían más números de muertos de los policías que los AWajún-Wampis, 8 policías muertos y 3 nativos. Por favor. ¿Por qué no es conciente decir que hay más de 103 muertos nativos y 16 policías?. Y el eterno congresista Maurio Mulder acusando a los nativos como terroristas. Basta ya de mentiras. Las actitudes terroristas los están creando ellos mismos (el gobierno y sus bancadas oficialistas) y los echan culpa a los pobres inocentes que defienden sus derechos.
Quisiera finalmente invocar a todas las instituciones defensores de los derechos humanos, activistas, amigos intelectuales, estudiantes y la sociedad civil en general hago un llamado que no puede quedarse impune la responsabilidad política y penal del señor García y sus ministros Jehude Simon, Mercedes Cabanillas, Antero Flores Araos, que han permitido ocasionar esta barbarie contra los nativos, que no han sabido prever ni solucionar sus problemas. Es una gran pena las pérdidas humanas tanto nativos como policías. Asimismo, es una gran ofensa que el gobierno declare duelo nacional sin mencionar a los hermanos Awajún-Wampis muertos y declarar como héroes a los policías muertos como que hayan enfrentado a los enemigo. Si es así, pues, el mismo gobierno es enemigo de los indígenas ¿Ya ven?. La vida de los indígenas para el señor García no le importa nada. Como comprenderán, muchos policías han muerto, sin embargo, sus hijos o sus familiares están asegurados por el Estado, y los nativos que muchos de ellos son padres de familia, con hijos escolares, y las madres Awajún-Wampis muertas, Dios sabe, que muchos de los nativos se quedarán inválidos que no tienen seguro de vida, ¿Cómo va a ser el reconocimiento del señor García a los pueblos indígenas de la amazonía por haberlos quitado a más cientos de vida de los pobres hermanos Awajún-Wampis?.
(*) Estudiante de Maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, Bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad San Martín de Porres, Diplomado en Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos por la USMP y American Unversity Washington College Of Law.
García promove massacre em defesa de transnacionais
Por Brasil de Fato -
Wednesday, Jun. 10, 2009 at 11:20 AM
agencia@brasildefato.com.br
Pelo menos 25 morrem em despejo; entidades indígenas e sindicatos responsabilizam governo e marcam nova paralisação nacional
09/06/2009
Dafne Melo
da Redação
Uma ordem de despejo executada, no dia 5, pelo Exército e pela polícia peruana numa estrada na região norte do país deixou dezenas de mortos e pelo menos 150 feridos. Os números reais do confronto são incertos: o governo de Alan García fala em pelo menos 11 policiais mortos e apenas 9 civis; já a principal entidade indígena do país, a Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana (Aidesep), afirma que no mínimo 25 nativos foram assassinados, mas que o número pode chegar a 40. A entidade e outras organizações não-governamentais também acusam a polícia peruana de estar ocultando cadáveres, a fim de diminuir a contagem de mortos.
A Aidesep alega que os manifestantes não tinham armas de fogo e que os policiais foram mortos no próprio fogo cruzado. De acordo com testemunhas, o Exército iniciou o ataque atirando de helicópteros; usaram também bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Depois, iniciaram a repressão por terra.
O governo federal, a despeito do que mostram fotos, afirma que suas forças não levavam armamentos pesados e acusa os manifestantes de terem iniciado o confronto. Na manhã do dia 5, antes da ofensiva, o presidente havia declarado publicamente que iria começar a atuar energicamente. “Quando dizem que vão bloquear e cortar gasodutos, nos deixar sem luz, o que pode fazer o governo senão atuar com energia e restabelecer a ordem?”. Em seguida, ele afirmou que os indígenas eram “cidadãos de segunda classe”.
Repressão
Comunidades de povos originários de regiões da Amazônia peruana estão em mobilização desde o dia 9 de abril contra uma série de decretos editados em 2008, buscando um diálogo com o governo federal. Após um ano de tentativas, decidiram por uma greve e protestos na região.
Cerca de 5 mil militantes mantinham, há dez dias, um piquete na rodovia Fernando Belaunde Terry. A polícia enviou 639 oficiais para participar do operativo. De acordo com a imprensa, o clima na região foi de pânico e de forte tensão; dezenas de feridos lotaram os hospitais das cidades próximas ao município de Bagua, que estariam sem estrutura para atender os pacientes.
Após o incidente, o governo federal manteve a linha dura. A pedido da Procuradoria da Presidência do Conselho de Ministros, o presidente da Aidesep, Alberto Pizango, teve prisão decretada. Ele se encontra foragido. García também aproveitou para cutucar Hugo Chávez e Evo Morales: sugeriu que há ingerência desses chefes de Estado, que estariam estimulando a ação das comunidades indígenas para desestabilizar seu governo e impedir a exploração de hidrocarburetos na região, evitando concorrência regional.
Mais protestos
Principal central sindical do país, a Confederação Geral de Trabalhadores do Peru (CGTP) saiu em defesa das comunidades indígenas e se somará a novos atos marcados para dia 11. Em coletiva de imprensa, sua direção afirmou que “o governo aprista fala de ingerência estrangeira, nós lhe damos razão e afirmamos que são as transnacionais que o estão pressionando a provocar esse massacre, para impor à Selva os decretos inconstitucionais editados para implementar o Tratado de Livre Comércio (TLC) com os Estados Unidos”.
De acordo com os movimentos sociais peruanos, os decretos legislativos aprofundam o neoliberalismo no país, promovendo a privatização dos recursos naturais. O interesse maior do governo peruano seria intensificar a exploração de petróleo, gás natural e minérios da região. Além disso, os decretos prepararam o o terreno para o TLC, além de obras da Integração da Infraestrutura Regional Sulamericana (IIRSA), que já vêm ocorrendo e que são de grande interesse das transnacionais que atuam na região.
No dia 4, um desses decretos, o 1090, seria votado no Congresso Nacional novamente, após ser considerado inconstitucional pela Comissão de Constituição do Congresso. A base governista, porém, conseguiu frear a votação, alegando que ela só deverá ocorrer após a apresentação de um relatório da Comissão, que deverá apontar propostas para a anulação ou alteração dos decretos. (Com agências internacionais)
www.brasildefato.com.br/v01/agencia/internacional/garcia-promove-massacre-em-...
Perú: gobierno prioriza la extracción de recursos naturales, afirma especialista
Por Radioagencia NP -
Wednesday, Jun. 10, 2009 at 12:20 PM
jornalismo@radioagencianp.com.br
La política económica peruana prioriza la extracción de recursos naturales y desrespeta la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta afirmación es del integrante de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Carlos Flores, como uno de los motivos del conflicto entre indígenas y policías peruanos. El conflicto ocurrió el último viernes, día 5, en la ciudad de El Milagro, provincia de Utcubamba, región de la Amazonia peruana. En el conflicto, aproximadamente 22 indígenas y ocho policías fueron muertos. La convención 169 establece que los pueblos indígenas sean avisados de medidas legislativas que puedan afectarlos.
Hace casi dos meses que están movilizados. Los indios luchan contra una serie de medidas del presidente de Perú, Alan García, que, según ellos, promueve la privatización de los recursos naturales del país, como el agua, la biodiversidad y las tierras. De acuerdo con Flroes, las comunidades indígenas exigen que el gobierno elimine los decretos legislativos que privatizan la selva peruana.
“Estos decretos están en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos. Un paquete de estas medidas se refería a la selva peruana y las comunidades indígenas estaban contra este paquete porque ellas nunca fueron consultadas sobre esas medidas, teniendo en vista que ellas serían perjudicadas por tales medidas. Por eso, las comunidades están movilizadas en las calles hace 58 días. Hecho que infelizmente causó esas muertes.”
Entre las medidas está el decreto 1090, que delega al Ministerio de la Agricultura el poder de autorizar la destrucción en hasta 60% de los bosques para operaciones de petroleras, de minería e industrias. Flores también comentó que los indígenas tratan de mantener un diálogo con el presidente, para establecer, dentro del modelo económico de Perú, el crecimiento de las comunidades.
De San Pablo, Brasil, de la Radioagencia NP, Silvia Adoue.
www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7019&Item...
Denuncian genocidio y alertan “nuevo proyecto de muerte en Sudamérica”
Por Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador -
Wednesday, Jun. 10, 2009 at 1:51 PM
Campesinos de Ecuador y Bolivia denuncian genocidio y alertan “nuevo proyecto de muerte en Sudamérica”
Quito y La Paz 8 jun (ABI).- Los campesinos de Ecuador y Bolivia denunciaron el lunes por separado un “genocidio” contra los indígenas amazónicos de Perú y alertaron la circulación de un “nuevo proyecto de muerte·” en la región contra los originarios.
La Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) presentó en Quito su “más enérgica protesta” ante el gobierno del presidente socialdemócrata Alan García y llamó “a todos los sectores dignos de nuestro continente y del mundo a unir voces para parar a los genocidas”.
“Alertamos a la comunidad internacional sobre una nueva etapa del proyecto del proyecto de muerte que se está implementando ya en Sudamérica, sobre todo en contra de los pueblos y nacionalidades originarias que defendemos a la Madre Tierra y los recursos naturales al precio de nuestra vidas como lo hicieron nuestros taitas y mamas”, afirmó en una resolución enviada a la ABI y rubricada por el dirigente Huaraberto Cholando.
Por su parte la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) patentó, en La Paz, apoyo y solidaridad a sus “hermanos amazónicos” de Perú, que “lloran a sus muertos”, tras una violenta represión policial con la que el presidente peruano intenta, supuestamente, “cambiar arbitrariamente el uso de las tierras forestales a agrícolas, para producir biocombustibles”.
“Nosotros repudiamos y rechazamos esa actitud, nos solidarizamos con nuestros hermanos que están sufriendo masacres por helicópteros, por tierra”, sostuvo el principal dirigente de la Csutcb, Isaac Ávalos.
Ecuarunari pidió apoyo para entablar un juicio internacional a García, tras la muerte por bala de entre 30 y 50 indígenas amazónicos en una represión policial en la zona de Baguá, en el nordeste peruano, epicentro de una protesta campesina en demanda de la derogación de una decena de decretos expedidos por Lima para la explotación de recursos naturales por parte de consorcios multinacionales y en arreglo a un Tratado de Libre Comercio con EEUU.
“Hacemos un llamado a nivel continental para apoyar el juicio internacional a Alan García y a su gobierno, por caracterizarse, una vez más, por ser represivo, entreguista y genocida”, sostuvo la organización ecuatoriana en el documento.
En la misma corriente, el líder del agro boliviano lamentó que el mandatario peruano piense que “asesinar y matar” sea la única forma de resolver los problemas con los campesinos de su país, que “luchan por defender su legítimo derecho a la vida y la tierra, (y) que hoy están siendo avasallados por tratados internacionales, que ante ponen los intereses mercantiles y la ganancia ante el respeto de la vida”.
“El bloqueo y la marchas son la única forma de movilización para que el campesino pueda hacer escuchar sus necesidades”, remarcó.
Ávalos pidió a las instituciones internacionales de Derechos Humanos abrir un “proceso criminal” contra el mandatario peruano por genocidio y no dejar que los crímenes del pasado 5 de junio queden en la impunidad.
Aclaró que “la solidaridad entre hermanos”, no es intromisión política ni tampoco busca obstruir la justicia.
Luego del episodio de violencia registrado el viernes en Baguá y que dejó, además, 22 uniformados muertos, centenares de indígenas amazónicos peruanos aseguraron este lunes que la protesta antigubernamental seguía en pie y negaron que su líder nacional, Alberto Pizango, hubiera huido a Bolivia.
La presunta huida de Pizango, desmentida por un dirigente indígena peruano, Mario Palacios, en declaraciones a radio Pachamama, de La Paz, fue aprovechada el fin de semana por García para denunciar que las protestas, el mayor desafío enfrentado en sus casi tres años de segundo mandato, formarían parte de una "conspiración anti peruana" alentada por gobiernos extranjeros "competidores", que no identificó.
Red Central-drm/cc ABI
40 días de rebelión indígena contra el saqueo
Por Revista Pueblos -
Thursday, Jun. 11, 2009 at 1:20 PM
redaccion@revistapueblos.org
por Marc Gavaldà
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana mantuvo cinco semanas de movilizaciones contra las petroleras para protestar contra 11 decretos legislativos.
Tras semanas de intensas movilizaciones en los departamentos amazónicos, el Gobierno peruano decretó el pasado 9 de mayo el estado de emergencia durante 60 días en nueve municipios selváticos de las regiones de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas. Con la medida, quedaron suspendidos los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y las libertades de reunión y de tránsito. Además, las fuerzas de seguridad podrán detener ciudadanos discrecionalmente, allanar viviendas o locales e impedir la circulación y las concentraciones. Los primeros movimientos de esta escala represiva se tradujeron en el envío de barcos de guerra por los cursos fluviales.
El motivo del decreto no es otro que “restablecer el orden público ante las acciones de violencia que ponen en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos”. La protesta indígena más masiva de los últimos tiempos se inició el pasado nueve de abril con la toma de instalaciones petroleras, corte de rutas terrestres y fluviales y anuncios de cortes del oleoducto norperuano y el gaseoducto del sur, protagonizadas por organizaciones afiliadas a la Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 60 etnias y unas 1.500 comunidades de la Amazonía.
Tras la contundente medida coercitiva, el líder de AIDESEP, Alberto Pizango, advirtió que las amenazas no amedrentan a los nativos y que éstos están dispuestos a morir para hacer respetar sus territorios y defender la Amazonía.
Concretamente, el levantamiento indígena exige la derogación de 11 de los 104 decretos legislativos que atentan contra los intereses del país. La protesta incide en varios decretos y leyes aprobados por el Gobierno y el Congreso como parte de un paquete legislativo de adecuación de la normatividad peruana a las exigencias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Según los indígenas, las normas cuestionadas afectan los intereses nacionales y propician la depredación de su hábitat, al viabilizar la entrega de la Amazonía a intereses privados. La protesta exige además el cese o la severa regulación de actividades depredadoras mineras y petroleras.
El nuevo Pizarro
Repsol ha invertido 2.200 millones de dólares en Perú, siendo este país el tercer receptor de inversiones de la compañía. Durante la última reunión mantenida entre el presidente de la petrolera y el presidente de Perú, Alan García, se explicaron los avances del trabajo en el Lote 39, así como en la Refinería de La Pampilla, en los cuales existe un enorme potencial de cara al futuro. Precisamente, el futuro de los pueblos no consultados se ve gravemente amenazado por las intenciones de la empresa de penetrar esta región, limítrofe con las Zonas Intangibles preservadas por el Gobierno ecuatoriano para salvaguardar a los grupos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane.
Existen evidencias de la existencia de otros grupos en contacto inicial como los Aushiris o Abijires, los Pananajuris y Taushiros. Estos pueblos ubicados en la frontera, fluctúan entre Ecuador y los bloques peruanos 67 y 39.
El Bloque 39 fue concesionado en primera instancia a la norteamericana Barret, la cual, en 2001 abrió 383 km de líneas sísmicas. En 2003 fue transferido a Repsol Exploración Perú (filial de Repsol) duplicando su extensión a 886.000 hectáreas. Hace unos meses, Alan García festejó públicamente el descubrimiento de crudo en estas áreas. Ahora el proyecto espera la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para iniciar la fase de explotación petrolera.
Organizaciones indígenas y de solidaridad con AIDESEP o Survival Internacional denuncian que las intenciones de Repsol de ingresar en el Bloque 39 suponen rubricar un homicidio anunciado, porque los índices de mortalidad durante el contacto de pueblos aislados supera el 50% en los primeros años. Los pueblos Nahua y Murnunahua, contactados en los ‘80 y ‘90 respectivamente por petroleras y madereros ilegales, refrendaron tal funesta estadística.
Otros bloques amenazan a puebles aislados. La colombiana Ecopetrol pretende ingresar en los Bloques 110 y 117, con presencia de grupos de Murunahua, en aislamiento voluntario. Por su parte, la francesa Perenco, opera en el bloque 67, vecino al bloque 39, amenazando a los mismos pueblos que lo hace la petrolera Repsol.
Publicado en el periódico Diagonal, Jueves 28 de mayo de 2009
www.revistapueblos.org/spip.php?article1638
Masacre en la Amazonia: La guerra por los bienes comunes
Por Raúl Zibechi | Programa de las Américas -
Friday, Jun. 12, 2009 at 10:04 AM
La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.
A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.
El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.
El perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".
En su opinión, los que se oponen a la explotación intesniva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo.
"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".
El TLC y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.
En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de lacomunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.
La masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.
Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.
Notas:
1. Servindi, 9 de junio de 2009.
2. Idem.
3. La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
4. Página 12, 10 de junio de 2009.
5. Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
6. Idem p. 97.
7. "Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en http://www.servindi.org.
8. Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.
9. Lucha Indígena No. 34.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (http://www.ircamericas.org).
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Referencias
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana): http://www.aidesep.org.
Ana María Vidal, "Crónica de una matanza anunciada", Instituto Bartolomé de las Casas, en http://www.lahaine.org.
APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos): http://www.aprodeh.org.
CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) http://www.minkandina.org.
Diario el Comercio: http://www.elcomercio.com.pe.
Diario La República: http://www.larepublica.pe.
Francisco Eguiguren, "Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley No. 29157", elaborado a solicitud de OXFAM América, 5 de agosto de 2008.
Periódico Lucha Indígena No. 34, junio de 2009.
Servindi (Servicios en Comunicación Intercultural): http://www.servindi.org.
Recursos
Cochabamba
De la guerra a la gestión del agua
http://www.ircamericas.org/esp/6130
Plan 3000: Resistencia y cambio social en el corazón del racismo
http://www.ircamericas.org/esp/6075
Ecuador: La lógica del desarrollo choca con los movimientos
http://www.ircamericas.org/esp/5933
http://www.ircamericas.org/esp/6181?utm_source=streamsend&utm_medium=email&utm_content=4528461&utm_campaign=Masacre%2520en%2520la%2520Amazonia%253A%2520La%2520guerra%2520por%2520los%2520bienes%2520comunes
Perú: derechos indígenas vs derechos de las transnacionales
Por Revista Pueblos -
Tuesday, Jun. 16, 2009 at 9:56 AM
por Mugarik Gabe
Lunes 15 de junio de 2009, por Revista Pueblos
Los recientes acontecimientos en Perú han puesto sobre la mesa un asunto de suma importancia, como es el ejercicio de los derechos. Las últimas décadas han visto como en el plano internacional, refrendado en gran medida en los ámbitos nacionales, se han ido aprobando toda una importante serie de declaraciones, convenios y pactos que establecían, en mayor o menor medida, los derechos humanos individuales y colectivos. Esta sucesión de avances se ha celebrado permanentemente como un éxito continuo que define cuales son esos derechos y establece la posibilidad de identificar también a aquellos responsables de sus violaciones. Además de establecer su carácter de universales (son aplicables para todos los seres humanos), inalienables (nadie puede ser privado de ellos, salvo en determinados casos y conforme a derecho), indivisibles, interconexos e interdependientes (no basta con respetar algunos derechos humanos si otros se violan. Todos tienen la misma importancia).
Sin embargo, la práctica se aleja permanentemente de la realidad teórica y nos muestra la cruda realidad. Una cosa es aprobar derechos y otra, muy distinta, es ejercerlos. De hecho, éste es el mayor problema y cuando él mismo se pretende saltan todas las alarmas del sistema político y económico en su contra. Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, posteriormente, ha sido uno de los defensores para la aprobación, en 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos internacionales establecen, aunque con algunas carencias aún, los derechos individuales y colectivos de los 370 millones de personas que conforman estos pueblos en el planeta.
Pero, esa aparente actitud democrática y defensora de derechos choca frontalmente con el sistema económico internacional, con los intereses de las multinacionales y su “derecho apropiado” a la explotación de todos los recursos naturales o, por lo menos, de todos aquellos que generan a estas empresas importantes beneficios. Así, una cosa es ser sujeto de derecho sobre el territorio y recursos y otra cosa es ejercer el mismo cuando éstos están en la mira de las multinacionales y/o tratados de libre comercio, como es el caso.
Se desconoce conscientemente que la cultura y la vida, así como la identidad de los pueblos indígenas, están directamente ligadas a los territorios donde éstas se desarrollan. En este sentido, la pérdida del territorio lleva consigo consecuencias de toda índole: económicas, espirituales, sociales y políticas. El efecto más grave es el socavamiento de las estructuras socio-culturales y de la identidad como pueblo.
Esto, por que la visión que estos pueblos tienen del territorio difiere totalmente de la concepción capitalista y occidental. Para ésta última la tierra no tiene sino un valor económico en su explotación y en su propiedad; para los pueblos indígenas, el territorio lo conforma no solamente la capa superficial de la tierra sino que éste incluye las aguas, el aire, el subsuelo y, en suma, todos aquellos elementos que en su conjunto definen la identidad de un pueblo, siendo éste parte de ese territorio y no el ser superior y explotador del mismo.
Por esta razón, el derecho a la tierra y el territorio es un derecho inalienable, y su reconocimiento y ejercicio elemento central en las principales reivindicaciones indígenas.
Ante lo anterior, el gobierno peruano aduce que unos miles de indígenas (400.000) no pueden obstaculizar el desarrollo económico del país.
Sin embargo, es público y comprobado que muchos de los programas de desarrollo económico, especialmente los llevados a cabo por las multinacionales así como por las instituciones pilares del sistema capitalista como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc., con los pueblos indígenas, en cualquier parte del continente americano, han sido impuestos y casi nunca consultados, trasladando previsiones y requisitos ajenos que han causado la desaparición de sus bases económicas y la desestructuración sistemática de sus culturas. En esta línea, han sido vistos en muchas ocasiones como obstáculos para el desarrollo, excluyéndoseles de los procesos implementados y de los niveles de decisión. Desde fuera se dicta el camino del desarrollo que deben seguir, como si fueran menores de edad desconocedores de aquello que más les conviene. Se obvia otro derecho reconocido, cual es el que se define como consentimiento libre informado previo (o fundamentado), que traspasa el simple derecho a la consulta e implica el derecho a decir “no” a cualquier actividad de desarrollo propuesta que pudiera afectar negativamente a las tierras y territorios indígenas, así como a su integridad cultural, social y política.
En suma, y aunque así se reconoce en la teoría, en la práctica real podemos afirmar que se niega a los pueblos indígenas su propia capacidad de gestión, sus propios métodos a la hora de solucionar sus problemas y, lo que es más grave, su capacidad de hablar en su propio nombre. Se niega el ejercicio del derecho reconocido.
En el caso que nos ocupa la obligación de consultar a los pueblos indígenas y promover su participación en/sobre cualquier proyecto que les afecte se incumple flagrantemente y se aprueban, por parte del gobierno peruano, toda una serie de decretos que abren la selva amazónica a la venta y explotación de sus recursos naturales por parte de las transnacionales. Como en tantas ocasiones, el resultado final es conocido: millones de dólares de beneficios para estas empresas; alguna posta sanitaria y letrinas para las comunidades indígenas, además del territorio deforestado, los ríos contaminados y las comunidades desarticuladas política, social y culturalmente, además de hundidas en una profunda miseria. Pero todo se hace en “aras del beneficio nacional” aunque, incluso en ese plano, Perú seguirá siendo un país dependiente y con los mayores índices de pobreza del continente, excepto su pequeña clase dominante, la cual gozará de las migas de riqueza que reparten las transnacionales a cambio de abrir el país a su explotación.
Y mientras tanto, la comunidad internacional mira para otra parte, ni tan siquiera pregunta que pasó realmente en los enfrentamientos que el gobierno peruano ha planteado como ataque salvaje a la policía por parte de los atrasados indios; no preguntará por los desaparecidos, por las sospechas de cadáveres indígenas quemados, arrojados a los ríos o enterrados en fosas comunes, denunciados permanentemente por la población afectada. Ni tan siquiera planteará la necesidad de una misión de verificación internacional que pueda esclarecer lo ocurrido. Se aludirá para ello al respeto a la soberanía de los estados y que estos hechos son cuestiones internas sobre las que no se pueden inmiscuir terceros. Sin embargo, no se respeta esa misma soberanía nacional cuando se protege y se impulsa la entrada de las multinacionales en esos estados a los que se ha condenado al papel de proveedor de materias primas para el mundo rico.
Como decimos, una cosa es reconocer derechos, otra muy diferente, reconocer el derecho a ejercer esos derechos.
www.revistapueblos.org/spip.php?article1647
Alan García y Calderón al servicio de petroleros de los Estados Unidos
Por Argenpress -
Tuesday, Jun. 16, 2009 at 7:30 PM
Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)
1. En Lima, Perú, ya desde mediados de mayo de 2008, se reunieron organizaciones indias de América durante la II Cumbre Nacional y Foro Internacional Indígena, para analizar el contexto nacional e internacional, así como las perspectivas en que ocurre el llamado proceso hacia el “Acuerdo de Asociación Unión Europea y Comunidad Andina de Naciones”.
En esa cumbre se acordó un “alto a la catástrofe en el Perú con mineras encima de la mitad de 6000 comunidades andinas en las cabeceras de cuencas de agua para la costa, y petroleras en el 70% de la amazonía y encima de más de 1000 comunidades” y la anulación de las leyes o proyectos de supuesta “cooperación” que pretenden parcelar, individualizar, privatizar, “reforestar”, nuestros territorios comunales.
2. Se denunció que todo ese proceso de privatización se da con la intervención del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones (a través del IIRSA) y que esa mercantilización de la Vida es la que está llevando al suicidio a la humanidad. Hace sólo 11 días (el 1 de junio) en Puno, Perú, los líderes indígenas de América reafirmaron su intención de conformar una Asamblea General de los Pueblos y su rechazo a los Tratados de Libre Comercio y la privatización de las tierras. Siete mil delegados de América, Europa y África declararon que los indígenas conformarán la Asamblea General de los Pueblos, rechazaron los TLC y emitieron las conclusiones de la IV Cumbre Continental de los Pueblos.
3. Por eso Alan García, el presidente de Perú que también –como Calderón de México y Uribe de Colombia- es un cachorrito de los gobiernos de EEUU, está preocupadísimo y acusa al indio Evo Morales (presidente de Bolivia) de “estar soliviantando los ánimos indígenas en el sur del continente americano”. Denunció que junto a Hugo Chávez, Morales es un peligro en todo el corredor indígena del océano Pacífico que va de Venezuela a Bolivia pasando por Colombia, Ecuador y Perú. ¿Pretende García con esa denuncia firmar un Plan Perú con Obama como los que firmaron Clinton y Bush con Colombia y México? Lo que diga García no le podrá servir para esconder la gran masacre, que desató el pasado 5 y 6 de junio que produjo decenas de muertes.
4. En tanto García, el presidente asesino de Perú, reprime con brutalidad un gran movimiento indígena y campesino que exige la derogación de leyes para la inversión y explotación extranjera en materia petrolera, en México Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, sigue exigiendo que se le autoricen inversiones extranjeras en la industria petrolera y “se olviden los prejuicios nacionalistas”. Pero en México nadie sale a la calle a protestar contra su política entreguista. En tanto en Perú el presidente está a punto de caer del gobierno por su entreguismo hacia los inversionistas yanquis, en México Calderón parece mantener el control de la situación a pesar de su desgobierno que ha avivado muchas protestas, aunque muy aisladas entre sí.
5. Miles de pobladores de regiones amazónicas de Perú cumplían el jueves 11 un paro parcial de 24 horas en apoyo a las protestas de indígenas que insisten en la derogatoria de leyes de estímulo a la explotación e inversiones extranjeras en sus territorios en materia petrolera, minera y del campo, que consideran atentatorias de la naturaleza y sus propiedades. Al mismo tiempo, en Lima otros miles de trabajadores marcharon por la ciudad en respaldo a los indígenas con dirección al Congreso –donde legisladores nacionalistas han bloqueado las sesiones de trabajo–, pero fueron dispersados por la policía que lanzó bombas lacrimógenas, en medio de un caos vehicular y el cierre de algunos negocios. Las luchas se agudizan entre García y los indígenas.
6. Señala el asesor de comunidades Marco Huaco: aunque los diarios “El Comercio” y “Perú 21” sigan poniendo entre comillas la palabra “masacre”, la sociedad asiste horrorizada a las masacres del 05 y 06 de junio mientras el Presidente García y sus Ministros inventan justificaciones cada vez más alucinantes ahora hablando de conspiraciones internacionales (¿Ecuador-Bolivia-Venezuela?) para impedir que el Perú explote sus recursos petrolíferos, gasíferos, auríferos, hídricos y forestales…que es al final todo lo que le interesa al perpetrador intelectual de la política del “perro del hortelano”. Ahora todos aquellos que todavía no estaban convencidos constatan que aquella insultante etiqueta del “perro” no era proclamada como simple metáfora agraviante sino como figura muy literal con ribetes genocidas.
7. Los indígenas, después de dos siglos de haber hecho su independencia como país, no han podido liberarse porque fueron traicionados o simplemente usados al participar en el siglo XIX en las luchas por la independencia dirigidas por los criollos. Lo ha escrito con enorme claridad Guillermo Bonfil en su México Profundo al plantear que el proyecto básico de las nuevas naciones hispanoamericanas fue organizarse al estilo europeo, con constituciones y economías que seguían los modelos franceses y británicos. Las constituciones mexicanas tuvieron como base la Constitución de 1824. Las circunstancias políticas y económicas de los habitantes originales, por lo tanto, cambiaron muy poco al seguir condenados a la miseria y a la marginación social. Es el motivo por el que han continuado las rebeliones indígenas en diferentes regiones hasta el presente.
8. La "integración" a la vida nacional, a la civilización, ha significado renunciar a su lengua, a su modo de vivir, a su religión y a su identificación étnica. Por otro lado, como bien se ha dicho, hay muchas comunidades que ocupan territorios pertenecientes a países distintos que tienen leyes y políticas contradictorias, como es el caso de los wayúu en la Guajira colombo-venezolana, los aymara de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, los miskitos de Nicaragua, Honduras y Belice, y los mayas de México, Guatemala y Belice, entre otros muchos. En tercer término, los intereses económicos de los grupos con más poder en el país están a menudo en conflicto con la necesidad de alguna comunidad indígena específica por preservar su tierra o su modo de vida..
9. Uno de los objetivos básicos del llamado Plan Puebla Panamá, instrumentado bajo el mandato de Bush y que quiso liderar Fox, fue controlar toda la zona indígena de Mesoamérica. La batalla que los indígenas libran en Perú, Ecuador y Bolivia seguramente se extenderá al resto del continente hasta llegar a México pasando por Centroamérica. La demanda por una distribución más equitativa de la tierra todavía tiene un largo camino por recorrer y, al parecer los indígenas, unidos a otros trabajadores, conservan todavía sus fuerzas y su presencia. Por eso las batallas en el Perú contra las burguesías locales y el capital internacional –que todos debemos apoyar en estos momentos- sólo son los primeros pasos de la lucha mundial por la liberación.
www.argenpress.info/2009/06/alan-garcia-y-calderon-al-servicio-de.html
Perú: la sangre fluye en el Amazonas
Por James Petras -
Wednesday, Jun. 17, 2009 at 1:20 PM
Los veteranos combatientes indígenas no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos
A principios de junio el presidente peruano Alan García, aliado de Barack Obama presidente de EEUU, envió blindados de transporte, helicópteros con artillería y cientos de tropas de asalto para dispersar una manifestación pacífica y legal, una protesta organizada por los miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía del Perú que rechazaban la entrada de multinacionales mineras en sus tierras tradicionales. Decenas de indígenas fueron asesinados o están desaparecidos, decenas han sido heridos y detenidos por la policía peruana, mantenidos como rehenes. El presidente García declaró la ley marcial en la región a fin de hacer cumplir su mandato unilateral e inconstitucional de concesión de derechos de explotación de la minería a empresas extranjeras, lo que viola la integridad de las tierras comunales de los indígenas amazónicos.
Alan García no es extraño a las matanzas patrocinadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear a los prisioneros hacinados en las cárceles de la capital con cientos de presos políticos que protestaban contra las condiciones de su encierro , resultando más de 400 las víctimas conocidas. Más tarde, la existencia de siniestras fosas comunes reveló decenas más. Esta notoria masacre tuvo lugar mientras García era el anfitrión de una reunión en Lima de la denominada Internacional "Socialista". Su partido político, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), un miembro de la «Internacional», se vio ante la vergüenza de la exhibición pública de sus tendencias "nacional-socialistas", ante cientos de funcionarios socialdemócratas europeos.
Acusado en 1990 de apropiación indebida de fondos del gobierno y dejar su cargo con una tasa de inflación de casi 8.000%, aceptó apoyar al candidato presidencial Alberto Fujimori a cambio de una amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura en 1992, García se auto-exilió en Colombia y más tarde en Francia. Regresó en 2001, cuando los cargos en su contra habían prescrito y Fujimori se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de crear escuadrones de la muerte y espionaje contra sus adversarios. García ganó las elecciones presidenciales de 2006 en una segunda vuelta contra el candidato indigenista y nacionalista ex oficial del Ejército Ollanta Humala, gracias al apoyo financiero y mediático de la derecha de Lima, los oligarcas descendientes de europeos, y las agencias de "ayuda" de EE.UU.
Ya en el poder, García no dejó dudas acerca de su programa político y económico. En octubre de 2007 anunció su estrategia de colocar a las multinacionales mineras en el centro de su programa económico de "desarrollo", mientras justificaba el brutal desplazamiento de los pequeños productores de las tierras comunales y pueblos indígenas en nombre de "modernización".
García presionó al Congreso para aceptar el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, promovido por EEUU. Perú fue uno de los tres únicos países de América Latina en apoyar esa propuesta de EE.UU., y se abrió al saqueo sin precedentes de recursos, mano de obra, tierra y mercados por las multinacionales. A finales de 2007, García empezó a conceder enormes extensiones de tierras tradicionales de los indígenas en la región del Amazonas para la explotación de la minería y la energía a multinacionales extranjeras. Esto fue una violación del acuerdo de la OIT de 1969 que obliga al gobierno peruano a consultar y negociar con los indígenas lo que tenga que ver con la explotación de sus tierras y ríos. Bajo su política de "puertas abiertas", el sector minero de la economía se expandió rápidamente y obtuvo enormes ganancias a partir del récord mundial de precios de productos básicos y el aumento de la demanda de materias primas por parte de Asia (China).
Las empresas multinacionales fueron atraídas por la baja de impuestos y un prácticamente libre acceso al agua con cánones baratos y la subvención del gobierno a las tarifas de electricidad. La suspensión de los reglamentos ambientales en estas regiones ecológicamente frágiles, aumenta la contaminación de los ríos, las aguas subterráneas, el aire y el suelo en los alrededores de las comunidades indígenas. El envenenamiento provocado por las operaciones mineras llevó a la muerte en masa de peces y hacen que el agua no sea apta para beber. El diezmado de bosques tropicales socava el sustento de decenas de miles de pobladores que participan en el trabajo artesanal tradicional de subsistencia, en la recolección forestal y las actividades agrícolas.
Los beneficios de la bonanza de la minería van principalmente a las empresas extranjeras. El régimen de García distribuye los ingresos del Estado a sus partidarios financieros y especuladores inmobiliarios, los importadores de artículos de lujo y la camarilla política en la Lima fuertemente custodiada de zonas residenciales y clubes exclusivos. Mientras los márgenes de beneficio de las multinacionales llegan a un increíble 50% y los ingresos del gobierno superan los mil millones de dólares, las comunidades indígenas carecen de caminos pavimentados, agua potable, servicios básicos de salud y escuelas. Peor aún, han experimentado un rápido deterioro de su vida cotidiana porque la afluencia de capital minero provocó un aumento de los precios de los alimentos básicos y medicinas. Incluso el Banco Mundial en su Informe Anual para 2008 y el Financial Times de Londres, instaron al régimen de García a hacer frente a la crisis y el descontento creciente entre las comunidades indígenas.
Delegaciones de las comunidades indígenas habían viajado a la ciudad de Lima para tratar de establecer un diálogo con el Presidente a fin de evitar la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados se encontraron con las puertas cerradas. García sostuvo que "el progreso y la modernidad proviene de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales..., (y no de) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir". Interpretó los llamamientos al diálogo pacífico como un signo de debilidad de los habitantes indígenas de la Amazonia y aumentó las sus concesiones de explotación a las multinacionales extranjeras, incluso más adentro en el Amazonas. Cortó prácticamente toda posibilidad de diálogo y compromiso con las comunidades indígenas.
La respuesta de las comunidades indígenas amazónicas fue la formación de la Asociación Inter-étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Se celebraron protestas públicas durante más de 7 semanas que culminaron en el bloqueo de dos carreteras transnacionales. Esto enfureció a García, quien se refirió a los manifestantes como "salvajes y bárbaros" y envió unidades policiales y militares para reprimir la acción de masas. Lo que García no tuvo en cuenta fue el hecho de que una proporción significativa de los hombres indígenas en esas aldeas se había desempeñado como conscriptos en el ejército que peleó en la guerra de 1995 contra Ecuador, mientras que otros habían sido entrenados en la defensa de la autonomía local por las organizaciones de la comunidad.
Estos veteranos combatientes no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los primeros ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos, la policía y los indígenas. García declaró "la guerra a los salvajes" y envió una gran fuerza militar con helicópteros, blindados y tropas con órdenes de "tirar a matar". Los activistas de la AIDESEP cuentan más de un centenar de muertos entre los manifestantes indígenas y sus familias: los indios fueron asesinados en las calles, en sus hogares y lugares de trabajo. Se cree que los restos de muchas víctimas han sido arrojados en las quebradas y ríos.
Conclusión
Como era previsible el régimen de Obama no emitió ni una sola palabra de preocupación o de protesta ante una de las peores masacres de civiles en esta década perpetrada por uno de sus más cercanos aliados en América Latina. García, tomando su libreto de una conversación con el Embajador de los EE.UU., acusó a Venezuela y Bolivia de haber instigado el "levantamiento indígena", citando como "prueba" una carta de apoyo que el presidente de Bolivia Evo Morales envió a una conferencia intercontinental de las comunidades indígenas celebrada en Lima en mayo. Se impuso la ley marcial y toda la región amazónica del Perú está siendo militarizada. Están prohibidas las reuniones y los miembros de las familias tienen prohibida hasta la búsqueda de sus parientes desaparecidos.
A lo largo de América Latina, las principales organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas del Perú. En ese país, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de derechos humanos han organizado una huelga general para el 11 de junio. Temiendo la propagación de las protestas masivas, El Comercio, el diario conservador de Lima, aconsejó a García adoptar algunas medidas de conciliación para evitar un levantamiento urbano generalizado. Un día antes, el 10 de junio, se declaró una tregua, pero las organizaciones indígenas se negaron a poner fin al bloqueo de las carreteras a menos que el gobierno derogue su decreto de concesión ilegal de tierras.
En el ínterin, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro Presidente, el habitualmente bullanguero Obama, experto en recitados acerca de la diversidad y la tolerancia y alabar la paz y la justicia, no puede encontrar en su secuencia de frases preparadas, una sola para condenar la matanza de decenas de habitantes indígenas de la Amazonía peruana. Cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, EE.UU. respalda a un presidente- cliente que sigue las fórmulas de Washington de "libre comercio", desregulación de la protección del medio ambiente y hostilidad hacia los países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Obama antepone la complicidad a la condena.
10 de junio de 2009
Artículo original:
http://petras.lahaine.org/articulo.php?p=1780
- La rebeldía de los inmigrantes.
Revisado por La Haine