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Preocupación por la situación de los defensores de Derechos Indígenas en Formosa
Por sociación de Abogados/as de Derecho Indígena - Tuesday, Jul. 28, 2009 at 11:27 AM
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Preocupación por la situación de defensores de derechos indígenas en Formosa

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Buenos Aires, 27 de julio de 2009 - La Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) está integrada por la mayoría de los abogados de Pueblos Indígenas del país, quienes ejercen sus defensas procurando que el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, cumpla con las obligaciones que le imponen los Tratados de Derechos Humanos que garantizan la tierra, los territorios, la autonomía y demás derechos de los Pueblos Indígenas. Es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como objeto promover la construcción de una República plurinacional y pluricultural, que respete, desarrolle y fortalezca la identidad de estos pueblos y contribuir, asimismo, a la protección de los defensores de los derechos indígenas y conexos perseguidos por su acción en defensa de los derechos indígenas.

En tal carácter manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de las protestas indígenas en la Provincia de Formosa materializadas en la denuncia penal formulada por el Sr. Defensor del Pueblo Dr. Leonardo Gialluca, imputando penalmente a los defensores de comunidades del Pueblo Wichi de la Localidad de Las Lomitas, por las demandas y reclamos que lleva adelante dicho Pueblo Originario.

La Provincia de Formosa es una de aquellas en donde las violaciones a los derechos indígenas asumen mayor gravedad en el país, los miembros de los pueblos indígenas de esta Provincia carecen de viviendas dignas, de agua potable y de servicios de salud, con altos índices de desnutrición, tuberculosis y mal de chagas. Además, como es de público conocimiento, el gobierno provincial desconoce abiertamente las normas establecidas en el Convenio 169 de la O.I.T. y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Sr. "Defensor del Pueblo" de esa Provincia, sin embargo, no sólo no ha iniciado acción alguna para que el gobierno provincial cese en tales violaciones, sino que, por el contrario, realiza un respaldo implícito a esta política acusando a los defensores del Pueblo Wichi, en especial a la INTERWICHI, de instigadores, asociación ilícita, homicidio culposo etc... . En el mes de junio ha realizado e impulsado una denuncia penal solicitando al Juzgado de Instrucción Penal y Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial de Las Lomitas que investigue respecto a las personas, organizaciones e instituciones que, según su criterio racista, "en forma dolosa y mezquina se abusaron de la ignorancia y de las necesidades insatisfechas de las comunidades Wichi". De este modo el Sr. "Defensor del Pueblo" no sólo promueve la criminalización de la protesta social sino que además desconoce que el Pueblo Wichi posee capacidad y autonomía para decidir y realizar las acciones que considera necesarias en defensa de sus derechos postergados. La AADI pone estos hechos en conocimiento público, así como se dirige a los organismos defensores de los derechos humanos, a las instituciones responsables del Estado Nacional y a los órganos internacionales, solicitando que arbitren los medios necesarios y hagan cesar esta persecución.

Dr. Juan Manuel Salgado, Presidente

Dr. Julio García, Vicepresidente

Dra. M. C. Patricia R. V. Bruyn, Secretaria.


Para mayor información pueden comunicarse con:

Daniel Cabrera :03717-15392166

Gabriel Alcaráz:03717-15340427

APDC: 03715-432545- apcd@ciudad.com.ar

SERVIJUI:03715-432700- servijupi@gmail.com


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LA D.P.F. EQUIPARO A LOS CORTES DE RUTAS COMO ACCIONES DELICTIVAS EN CONTRA DE TODA LA COMUNIDAD

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, participo de la Reunión de Comisión Directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina - ADPRA -, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago del Estero.

En la misma, la comisión directiva, de la cual la Defensoría del Pueblo de Formosa forma parte; planteó diferentes temas, en los que sobresalieron, por un lado, la presentación de una resolución, mediante la cual se solicito, que sin perjuicio de salvaguardar las prerrogativas que todo habitante del Estado tiene de peticionar a las autoridades y manifestar públicamente sus ideas; se arbitren los medios necesarios para garantizar, en todo el territorio nacional, el ejercicio del derecho a la libre circulación de personas y bienes, en los términos de los artículos 11 y 14 de la Constitución Nacional frente a los avances, que en menoscabo de tales potestades, implican los denominados “piquetes”.

QUE CADA UNO CARGUE CON SU PESO

La presente es la respuesta institucional de la Defensoría del Pueblo a la presentación efectuada por ante el organismo conteniendo una carta abierta, suscripta por referentes del movimiento interwichí, a raíz de la investigación que llevó adelante el Organismo de la Constitución y que culminó en una denuncia penal para que se determine la responsabilidad por la muerte de una mujer de la etnia wichi, que puede llegarles a caber a los autores materiales e instigadores del último corte de la ruta 81, en ocasión del cual se produjo el agravamiento del estado de la víctima, al punto tal que, lamentablemente, falleció.

No puedo menos que reafirmar lo hasta aquí expresado y actuado, todo piquete es una forma violenta que atenta contra garantías fundamentales de los ciudadanos, como la del libre tránsito por una vía pública y que, como tal, no puede sino causar mas perjuicios que beneficios a una comunidad. La Defensoría del Pueblo de la Provincia, mantiene una postura histórica al respecto, a sabiendas de la amplitud de recursos pacíficos con que cuenta la democracia para resolver los conflictos y de que el corte intempestivo de un camino abierto a la circulación de cualquier persona, con amenaza de ejercer la fuerza sobre el que intente atravesarlo, no es una conducta propia de nuestros pueblos originarios.

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