Una de las voces que se ha levantado es la de la Red  Nacional de Medios Alternativos quien considera como indispensable para democratizar el acceso a la comunicación la derogación del Decreto 527/05 del gobierno de Kirchner que entregó por una década más las licencias a los monopolios para que las continúen explotando.

Además, de la RNMA se declaró en su documento que “los medios comunitarios, populares y alternativos deben estar especialmente protegidos y su actividad específicamente promovida a los efectos de gozar de un ejercicio de la comunicación plenamente democrático. La garantía del ejercicio pleno de los derechos de los comunicadores comunitarios, populares y alternativos tiene que ser una obligación del Estado y esto tiene que quedar claro en la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Tal como citan varios documentos, el 33 por ciento destinado al sector público implica a un abanico muy amplio en el que los medios comunitarios, populares y alternativos no están específicamente contemplados, dejando en esta ambigüedad un signo de pregunta sobre quiénes podrían acceder efectivamente a esas licencias. Así lo aclara un documento de ANRED: “El otro tercio destinado a ONG's, sindicatos, universidades, organizaciones sociales, cooperativas, entre otros, es en realidad una abstracción en tanto no se defina cuál va a ser el criterio con el que se distribuirá el espacio, ni tampoco cómo se va a financiar. Es sabido que numerosas ONG's y cooperativas responden directamente a empresas privadas”.  En este sentido, en su reciente sexto encuentro nacional, la RNMA expresó: “queremos la ley, con nosotros/as en ella”, donde  apuntó como necesaria la “reducción del máximo de licencias permitidas para un mismo operador de 10 a 4, en todo el país. Exigiendo que la RNMA participe del debate en la/s Comisión/es en que sea tratado, como una garantía de transparentar el mismo ante los sectores directamente involucrados”.

Otro punto que es objetado, es la manera en la que se conforma  la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, ente que tendría funciones trascendentales, entre ellas: garantizar la aplicación y cumplimiento de la ley, aprobar los proyectos de radiodifusión, garantizar la realización de los concursos para las licencias; fiscalizar, percibir y administrar los fondos, entre otras. Según lo planteado en el proyecto: “La conducción y administración (…) será ejercida por un Directorio integrado por CINCO (5) miembros designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”; entonces el ente encargado de “administrar” la tarea comunicacional e informativa saldría directamente de la elección del Ejecutivo con la peligrosidad que implica el centralismo en estas decisiones.
Por último, es importante llamar la atención sobre la concentración que podría realizarse con la posibilidad latente de que una empresa monopolice la administración del triple play (servicio de Internet, teléfono, y cable). Que se haya ido marcha atrás respecto a la fusión de Cablevisión y Multicanal no significa que las grandes empresas, como el oligopolio Clarín, vayan a perder esta batalla tan rápido; y utilizarán todas las herramientas a su alcance.

En este sentido un comunicado de la CTA Córdoba aporta: “Las telefónicas no pueden competir en la provisión del servicio de triple play porque la regulación actual les impide dar televisión, lo que podría cambiar si prosperara el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el Gobierno”.

No quedan dudas que es necesaria la anulación de la ley de radiodifusión de la dictadura, pero en este discutir sobre la nueva propuesta es importante hablar sobre sus virtudes pero también advertir sobre sus peligrosidades.