En Defensa de la Ley 26.160 : Argentina Indymedia (( i ))

(Débora Sayanes – Red Eco) Tucumán - Luego de que oficiales de infantería, por orden del juez de Paz, Adolfo Salazar, los desalojara de sus territorios, 40 familias de la Comunidad India Quilmes volvieron al predio que ocupan ancestralmente.
El desalojo hizo lugar a un amparo a la Simple Tenencia presentado por la señora Encarnación Rodríguez de Colombo, quien invocaba supuestos derechos sobre sus tierras patrimoniales.
Sin embargo, la Comunidad India Quilmes asignó en diciembre de 2008 un terreno de cuatro hectáreas de tierra comunitarias, ubicado sobre la Ruta Nacional nº 40, a dichas familias de la Comunidad de Base de Colalao del Valle para la construcción de sus viviendas y salir del hacinamiento en que vivían en la Comunidad de Base de Colalao, por lo que las tierras efectivamente pertenecen a ellas.
Luego del retorno, integrantes de la comunidad, acompañados por la Comunidad Indígena de El Mollar – Tafí del Valle, el Pueblo de Tolombón Nación Diaguita, Fogón Andino y ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), se movilizaron frente al Juzgado Civil de Documentos y Locaciones donde realizaron un escrache contra el juez, Juan Carlos Peral, quién desconociendo la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad, avaló el desalojo.
Durante la movilización, José Díaz, integrante de la comunidad Quilmes, afirmó: “Estamos reclamando al juez Peral quien hizo lugar a una sentencia de desalojo en nuestro territorio, aduciendo que nuestra gente no es descendiente directa de nuestros pueblos originarios, nosotros exigimos a la justicia que comience a aplicar la Ley 26.160 que prohíbe por cuatro años los desalojos en territorios en comunidades indígenas hasta tanto se haga un relevamiento territorial en las comunidades que hoy se denominan y reconocen como descendientes indígenas, nosotros seguiremos luchando por nuestras tierras, este no es el primer caso en Tucumán ya se hicieron varios desalojos. Reclamamos al Estado provincial que exija y aplique las normas actuales que favorecen a las comunidades indígenas”.
Luego de varias horas de espera, a través de Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de ANDHES se mantuvo una audiencia con el juez Juan Carlos Peral.
El principal argumento de Peral para defender su medida se centró en que, en este caso, la ley Nº 26.160 no es aplicable ya que aún no finalizó un relevamiento territorial que establece dicha norma. Sin embargo, Carlorosi se opuso a esta afirmación y sostuvo que “la ley mantiene su vigencia incluso mientras el ordenamiento territorial siga su curso”.
La comunidad de Quilmes realizó las presentaciones correspondientes ante la justicia de Tucumán, y ha planteado la inconstitucionalidad de la Ley provincial de Amparo a la Simple Tenencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la que aun no se ha expedido.
“Una vez mas, seremos víctimas de la violencia que la fuerza pública ejercerá contra nuestros comuneros en lamentable contradicción con el avanzado marco jurídico de reconocimiento existente en el país respecto a nuestros derechos como Pueblo Originario”, sostiene el comunicado del Concejo de Delegados Cacique.