Desde las 14 se realizó una pequeña concentración de agrupaciones indígenas del área metropolitana y residentes de los Valles Calchaquíes. Por otro lado, la diputada nacional Silvia Vazquez realizó una conferencia de prensa en el parlamento para denunciar los hechos de violencia en Tucumán. En la misma jornada pero al mediodía, la capital de la provincia norteña recibió la mayor movilización por demandas indígenas que se recuerde, unas 700 personas encabezadas por la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. Las distintas acciones tuvieron un mismo objetivo: exigir la aplicación de los derechos y demandar justicia en el crimen del dirigente comunitario Javier Chocobar.
Fotos: Georgina García para Indymedia Pueblos Originarios
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Mientras se congregaban en la Plaza de la República, frente al Obelisco,
la veintena de manifestantes fueron abordados por dos funcionarios de la
cuestionada dependencia macrista de Unidad de Control del Espacio Público
(UCEP). Ambos se negaron a identificarse y buscaron 'convencer' sin
éxito de que no se podía desplegar la whipala -emblema de los pueblos originarios
del norte- sin una autorización previa gestionada ante el Gobierno
de la Ciudad. Desde allí la reducida columna se dirigió a
la Casa de la Provincia de Tucumán, donde entregaron un documento;
lo mismo hicieron en el Ministerio del Interior y en el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, donde fueron recibidos por el
nuevo presidente del organismo, Daniel Fernández.
"Fuera los usurpadores de los Valles Calchaquíes" y "Justicia
para Chocobar" se gritó frente a la Casa de la Provincia de
Tucumán, en Suipacha 140, en el microcentro. La docente diaguita
Angélica Tena, de la Comunidad India Quilmes pero residente
en Capital Federal, expresó: "Este hecho merece ser gritado
a los cuatro vientos para que no nos siga pasando. Pedimos que se respete
el territorio de todos nuestros pueblos".
Por su parte, a las 17 la diputada nacional Silvia Vázquez
(Bloque Concertación-FORJA) realizó una conferencia de prensa en
el Congreso, tras presentar un proyecto de repudio por el crimen. "No
puedo entender el destrato de la prensa nacional, que en la misma semana
publicó en tapa los huevazos que recibió el senador Gerardo Morales y ni
una línea del ataque y asesinato cometido en Tucumán", afirmó a Télam.
Para la legisladora, "toda violencia es condenable" pero en el tratamiento
de este tipo de casos los medios incurren en "discriminación étnica".
Javier Chocobar, de 68 años, murió de un disparo en la localidad tucumana de El Chorro (Trancas) como consecuencia el ataque armado perpetrado por el terrateniente Darío Amín y dos ex policías exonerados .
Era dirigente de la comunidad de Chuschagasta, que defiende su territorio
de empresarios que quieren explotar una cantera de piedras lajas.
La ley 26.160
de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena suspende
los desalojos hasta el 2010 -Nación aseguró que quiere prorrogarlo ese plazo-
y dispone un relevamiento territorial; sin embargo su implementación
del estudio de tierras ha venido dilatándose y muchos jueces y gobiernos no acatan la norma.
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