Control indígena, exigen pueblos originarios para organismos de desarrollo en Sudamérica
Por La Jornada / México - Tuesday, Nov. 03, 2009 at 9:29 AM

Impactos negativos en lo social, ambiental y cultural en 510 megaproyectos, denuncian

Etnias de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina piden supervisión en el contexto de Unasur

Informarán a la CIDH la pretensión india de restructurar la Iniciativa para la Integración Regional

Foto: Un chamán boliviano realiza en La Paz una ceremonia tradicional en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el día de muertos (Reuters)

Rosa Rojas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 21

La Paz, 31 de octubre. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que agrupa a pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, exigirá el próximo lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la restructuración estratégica de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) "bajo vigilancia indígena local, nacional y regional en el contexto de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)".

Esto, debido a que los 510 megaproyectos –con financiamiento de 70 mil millones de dólares– que incluye para los 12 países sudamericanos, están teniendo impactos negativos sociales, ambientales y culturales en sus comunidades y se ejecutan violando los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas a la consulta previa para el consentimiento a decidir y controlar las prioridades de su desarrollo.

La IIRSA nació en agosto de 2000 por acuerdo de la reunión de presidentes de los países sudamericanos. Su objetivo central es conectar la infraestructura sudamericana para facilitar la extracción de los bienes naturales.

Una delegación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), encabezada por su coordinador Miguel Palacín Quispe, participará en Washington en una audiencia ante la CIDH, en la que presentará el documento "¿Integrando negocios y desintegrando pueblos? Por la reestructuración estratégica de la IIRSA", en el que propone, para realizar dicha vigilancia, la creación de un Consejo Consultivo de Pueblos Originarios.

Estaría integrado por representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos ribereños, mestizos y afroamericanos de los países sudamericanos involucrados en la IIRSA y la Unasur al mismo tiempo, ya que "fue en el seno de la Unasur y en sus marcos que se dio origen a la IIRSA y contó y sigue contando con el respaldo político del más alto nivel".

La citada restructuración estratégica de la IIRSA deberá darse "sobre la base de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas sobre cada uno de los megaproyectos de esta iniciativa. En tanto se realice dicha consulta, la ejecución de los megaproyectos debe ser suspendida", afirma la CAOI.

Subraya además que la conducción de esta iniciativa no debe estar en manos de las instituciones financieras –Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil– sino de la Unasur, de acuerdo con sus postulados declarados de respeto al medio ambiente y la pluriculturalidad de sus naciones integrantes.

En el citado documento, al que tuvo acceso La Jornada, la CAOI define a la IIRSA como "una megapolítica-estrategia-programa de profunda restructuración de Sudamérica en los negocios globales bajo el comando del capital trasnacional instalado en Brasil".

Entre los megaproyectos incluidos en la IIRSA están la construcción de carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, transmisión de energía eléctrica, oleoductos, gasoductos, comunicación digital y otras modalidades de "integración" en torno de 12 ejes que conectan las regiones vinculadas con los océanos Atlántico y Pacífico, "orientados a satisfacer las necesidades de la gran inversión localizada en las áreas de los proyectos, donde predominan los intereses del gran capital brasileño asociado al capital internacional".

Señala la CAOI que "Sudamérica está repleta de más de mil pueblos y comunidades y 30 millones de indígenas que requieren saber adónde nos están llevando nueve años de la IIRSA, que incluye más de 510 megaproyectos y financiación por más de 70 mil millones (de dólares), aportados principalmente por la deuda externa de los ciudadanos de 12 países sudamericanos, entre ellos los pueblos indígenas y comunidades", que se generará ante las mencionadas instituciones financieras.

Critica que la iniciativa tiene un sesgo "economicista", que no incorpora las visiones del llamado "desarrollo local", mediano o pequeño capital, y mucho menos de los pueblos y comunidades indígenas, sino que su exigencia de alta rentabilidad para la financiación de los megaproyectos "supone priorizar los grandes negocios en su mayor parte relacionados con el mercado de minerales, hidrocarburos, soya, madera, agronegocios, agrocombustible, agua. Es decir, de mercantilización de la vida en general".

Esa visión, agrega, se traduce en 11 ejes de priorización de inversiones que están reordenando y reconfigurando Sudamérica, sus mercados internos, expansión de ciudades y sectores económicos, "así como también las áreas de expansión de la depredación de biodiversidad, invasión y colonización territorial, desplazamiento poblacional y choques culturales".

Detalla que los proyectos específicos "son concertados entre la tecnocracia de las entidades financieras, los constructores y autoridades nacionales". Dado el carácter binacional o trinacional de los mismos, los arreglos son a escala internacional. Aunque las obras e impactos ocurran a nivel comunal, local, provincial, estas instancias no son tomadas en cuenta, sino que "simplemente son receptores de la información de los planes diseñados" y, a lo más, se permiten espacios para observaciones secundarias "pero que en ningún caso impliquen una restructuración de aspectos centrales del proyecto ya decididos por la mencionada tecnocracia internacional".

Asimismo, afirma que las finanzas y las decisiones son globales, pero todo lo demás se posterga a lo nacional. “IIRSA organiza un gigantesco fondo de financiamiento global que invade Sudamérica, pero los impactos socioambientales que genera, los ‘separa’ y los traslada a las coordinaciones nacionales, que como se ha visto en Perú, hacen muchos talleres supuestamente ‘participativos’ pero sin presencia de las comunidades y sus organizaciones de los pueblos originarios”.

www.jornada.unam.mx/2009/11/01/index.php?section=mundo&article=021n1mun

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Audiencia Corte Interamericana de Derechos Humanos - IIRSA y Derechos Indigenas
Por Kaos en la Red - Tuesday, Nov. 03, 2009 at 12:39 PM

Audiencia dejó establecida la vulneración del derecho de consulta y consentimiento previo. Los pueblos indígenas no están en contra de la IIRSA: la IIRSA está en contra de los pueblos indígenas.

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

IIRSA vulnera derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza

Washington DC.- La violación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quedó claramente establecida hoy en la Audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

La Audiencia se inició poco después de las 11:30 de la mañana con las exposiciones de los representantes de las organizaciones indígenas que la solicitaron, en las que detallaron los impactos que los megaproyectos de la IIRSA provocan en los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza. Desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades y delincuencia, degradación ambiental irreversible, fueron algunos de los severos impactos sustentados por los dirigentes indígenas participantes.

Al término de la Audiencia, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Audiencia, señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión mucho más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales, en los países suramericanos. Y que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.

Derechos vulnerados

El primer expositor fue Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, una de las organizaciones solicitantes, quien detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, el complejo hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la misma carretera en el Perú.

Crippa hizo hincapié en que los megaproyectos de la IIRSA sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Y recordó que la IIRSA es financiada principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES.

Detalló que estos megaproyectos vulneran tres derechos en particular: a la propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud, con la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

Casos específicos

Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía, recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad, porque permite la invasión de sus territorios.

Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Y que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.

Por su parte, Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, dijo que los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira tienen como verdadero objetivo favorecer el monocultivo de soja. Y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia-Brasil.

“Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, subrayó.

Precisó que las obras han provocado el desplazamiento de un millón de personas, causan degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Otra integración

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: “el buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza, es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global”, enfatizó.

Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir tres puertos peruanos: Ilo, Matarani y Marcona con el Brasil, a fin de favorecer el acceso a los bienes naturales por las empresas transnacionales. Son 2603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para el Perú.

La carretera, explicó, afecta los territorios de 3952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.

Entre los impactos más graves, mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.

En cuanto a la central hidroeléctrica de Inambiri, Palacín Quispe dijo que ésta afecta 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida.

“Los pueblos indígenas –finalizó el Coordinador General de la CAOI- no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas”.


Washington DC, Estados Unidos, 2 de noviembre de 2009
http://www.minkandina.org

www.kaosenlared.net/noticia/106354/audiencia-corte-interamericana-derechos-hu...

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