Nahuel Huapi: Sociedad Rural ve "usurpaciones delictivas" de grupos mapuches : Argentina Indymedia (( i ))

"Acá no le va en saga a lo que ocurre en Neuquén”, aseveró, y dijo que “no se puede aceptar que quede como un hecho concretado primero usurpar y después litigar; creemos que es exactamente al revés el proceso y no podemos permitir que la justicia avale este proceder”. Denunció a la agencia APP que este proceso es alentado “por organizaciones poderosas, que manejan mucho dinero y que tienen todo el tiempo”, con “muchachos de 20 años que nunca pisaron un campo”. Informó que la semana pasada las rurales plantearon esta problemática a los ministros de Producción, Juan Accatino, y de Gobierno, Diego Larreguy.

Denunció Contín que “se ocuparon campos emblemáticos donde hay títulos viejos de propiedad, boletos de compra-venta autorizados y firmados por la Dirección de Tierras, título emitidos por la provincia, o sea, no hay objeciones legales a la propiedad y que sin embargo se ocuparon con violencia”.

Afirmó a la agencia APP que “lo que nos preocupa es que el Poder Judicial o quien sea no ha hecho nada al respecto”.

Explicó que “no estamos en contra” de que las comunidades recuperen tierras ancestrales legítimamente, pero “sí estamos en contra que tengan que dejar su tierra quien está ocupando legítimamente, con título, por una usurpación” “Si hay algún motivo para litigar, litiguemos, en todo caso el estado se hará cargo de un título mal emitido, pero no podemos permitir que estos e inicie con una usurpación”, expresó.

Dijo que “no defendemos lo que no sea defendible” y “si hay que litigar se litiga”, pero “no se puede aceptar que quede como un hecho concretado primero usurpar y después litigar; creemos que es exactamente al revés el proceso y no podemos permitir que la justicia avale este proceder”.

Informó a la agencia APP que estos hechos se producen “en toda la Zona Andina, parte de Pilcaniyeu y Ñorquinco”, señalando que “tenemos cinco casos denunciados por productores en la Rural de Bariloche”.

Ejemplificó que “uno es el campo de un productor en plena cordillera, de veranada, cerca de Bariloche, de 800 hectáreas; el propietario llega un día al campo y se encuentra con 11 personas, que habían violentado candados y puertas, ocupando. Esto data del 2005/06. El propietario había adquirido ese campo legalmente en 1967, previa aprobación de la Dirección de Tierras, al padre y esposo de los usurpadores, y la provincia había emitido el título en 1984”.

Agregó que “el propietario fue echada, también se quedaron con los animales. Se hace la denuncia policial, se sigue los trámites, se dicta un desalojo en diciembre del 2006, que se cumplió el 10 de enero del 2007, y fue apelado por los usurpadores, quienes se vuelven a meter en el campo. Desde entonces, por los vericuetos procesales y chicanas de abogados, no puede hacer uso del campo, está siendo explotado por los usurpadores. Este caso es emblemático en el sentido que no hay ninguna objeción en cuanto a títulos y derechos”.

Informó que la misma problemática se vive “en toda la Región Sur, en Jacobacci, en Los Menucos, en Maquinchao, en Sierra Colorada, en Colán Conhué, es grave el tema”. (fuente APP)

Rio Negro: Productores rionegrinos reclamarán por ocupaciones ilegales y violentas de campos 05/11/09 | Viedma (APP).- La Federación de Sociedades Rurales de Rio Negro formalizará un fuerte reclamo ante la Comisión Interpoderes que se reunirá el lunes 9 del corriente ante lo que calificaron "como el grave conflicto que está generando la ocupación ilegal, y generalmente violenta de campos dedicados a explotaciones ganaderas por integrantes de la comunidad mapuche". Los dirigentes adelantaron a APP "que este fenómeno se viene sucediendo con alarmante regularidad y tiende a complicarse en las distintas regiones de la provincia especialmente en la zonas andina y centro sur".

El ex titular de la Sociedad Rural de Bariloche y actual presidente de la federación, Edgardo Contín, indicó que "la invasión de los predios se realiza en establecimiento cuyos dueños tienen títulos de propiedad inobjetables, como también en aquellas tierras fiscales que están ocupadas por viejos pobladores con hasta más de 30, 40 o 50 años de permanente continuidad". Señaló que la entidad elevará un documento a la comisión interpoderes para peticionar ante el más alto nivel del estado, "la preservación de los derechos de los productores, de acuerdo al ordenamiento legal vigente y que se asegure la plena seguridad jurídica, así como rápida soluciones a las numerosas controversias planteadas, que se dilatan en el tiempo y aparecen como de lejana solución".

La entrega del documento tendrá lugar en la sede del parlamento rionegrino, el lunes, oportunidad en que la comisión interpoderes tratará los problemas que afectan la seguridad en San Carlos de Bariloche, entre ellos los casos de violaciones y ataques sexuales contra mujeres y otros hechos de alto impacto en la opinión pública.

La Comisión Interpoderes está integrada por el ministro de gobierno Diego Larreguy, el presidente del STJ Dr. Luis Alfredo Lutz, la procuradora general Dra. Liliana Piccinini, legisladores y funcionarios policiales.

Esta serie irresuelta de conflictos entre propietarios y ocupantes de campos (habitantes mapuches de las áreas en discusión) ha superado los límites jurisdiccionales del órgano específico que entiende en la "cuestión tierras" de la administración provincial transformándose en un tema de real preocupación para el gobierno provincial en su conjunto.

Según pudo constatar APP, en los últimos meses la cuestión ocupa ahora los primeros lugares de la agenda oficial en base a los informes que fueron elevando productores ganaderos, comisionados municipales, legisladores y otras fuentes.

Otro punto de referencia importante fue la sesión de trabajo realizada en Viedma que congregó a algunos ministros del poder ejecutivo y a los obispos de las diócesis rionegrinas, en cuyo transcurso las ocupaciones forzosas de tierras urbanas y rurales fue unos de los tópicos analizados con especial atención.

El mismo tema volvió a ser considerado después por los ministros de gobierno, Diego Larreguy, de quien depende el CODESI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) que es la autoridad de aplicación de la ley 2287 de defensa del aborígen; el Agr. Juan Accatino titular del ministerio de la producción donde funciona la subsecretaría de tierras y su responsable el Ing. Jorge Belacín y el jefe de la cartera de familia Alfredo Pega.

A los pocos días, en el transcurso de septiembre, los mismos funcionarios -a excepción del ministro Larreguy- quien fue reemplazado por su hermano Alvaro Larreguy, también abogado y director de asuntos jurídicos, recibieron en la Casa de Gobierno a representantes de la Federación de Sociedades Rurales de Rio Negro, de varias entidades agropecuarias, productores y algunos comisionados municipales de Los Menucos, Aguada de Guerra, Maquinchao e Ing. Jaccovacci y legisladores entre quienes se contaba Rodolfo Lauriente (UCR) ex titular del Ente para el Desarrollo de la Línea Sur.

Durante la entrevista que se prolongó por más de cuatro horas consecutivas se pasó prolija revista a todo el panorama que configura las tomas y ocupaciones de campos, habiendo coincidencia por parte de los productores perjudicados que "la situación tiende a agravarse, existiendo fundados temores que a la violencia de los ingresantes ilegales a los predios, se pueda contraponer eventualmente, la violencia de quienes están dispuestos a resisitir ese modos operandis para defender sus propiedades".

Los visitantes -segun confiaron a APP- fueron críticos al accionar de la justicia, considerándose "en un verdadero estado de indefensión". Informaron que la actuación de los fiscales por acción u omisión "consagran las vías de hecho que protagoniza quien ocupa las tierras irrumpiendo sorpresivamente, cortando alambrados, intimando y ejerciendo coacción física sobre los encargados de los establecimientos, impidiendo el ingreso a sus legítimos ocupantes, habiendo casos de quienes de esa manera fueron despojados de tierras y hacienda".

Los productores también cuestionaron algunas actitudes y procedimientos de integrantes del CODESI indicando que "la usurpación y posterior ocupación de tierras y la importancia de los derechos en disputa deben ser dirimidos en las instancias judiciales sin excepciones en el marco de la ley, y no en forma unilateral e indiscriminada, invocando para todos los casos los denominados derechos ancestrales de los pueblos originarios".

Finalmente relataron a APP "que el estado no puede seguir permitiendo el desalojo clandestino e ilegal de la propiedad legítima abonada con títulos perfectos o permanencias antiguas y comprobadas asentadas durante generaciones".

Tampoco estuvo al margen de las deliberaciones, lo que está sucediendo en la vecina provincia de Neuquén donde los entredichos adquirieron mayores proporciones, y el conflicto de antigua data que se exterioriza actualmente en Chile, donde el estado trasandino ha llegado inclusive a reprimir a los grupos ocupantes de campos, que alegan su pertenencia al pueblo mapuche. (APP)