Desalojan nuevamente familias de la Comunidad India Quilmes : Argentina Indymedia (( i ))

Este martes en horas de la mañana y con un importante operativo policial, fue desalojado nuevamente un territorio perteneciente a la Comunidad India Quilmes. Otra vez desconociendo las leyes vigentes como la 26.160, el juez de paz de Colalao del Valle ordenó el desalojo, en una causa en la que ya se había ordenado esta medida, pero luego la comunidad había recuperado ese lugar haciendo valer sus derechos. AMPLIAREMOS. ContraPunto.

Cerca de las seis de la mañana y sin que se notifique a la Comunidad India Quilmes (CIQ) sobre la medida, efectivos policiales desalojaron un territorio, en donde se asentaban cerca de 20 familias de la Comunidad de base de Colalao del Valle, que forma parte de la CIQ.

El juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar volvió a ordenar el desalojo, contradiciendo el marco de protección a los Pueblos Originarios y a la ley 26.160, y su prorroga por tres años, dictada por el Congreso de la Nación el año pasado, con la ley 26.554.

Las familias que hacían guardia en el lugar, que no hbían sido notificadas de la medida, se retiraron pacíficamente del lugar para evitar ser reprimidas. La policía volvió a desarmar las viviendas que ya se estaban volviendo a levantar en ese terreno desde que fue recuperado por la Comunidad.

La CIQ se encuentra evaluando las medidas a tomar a partir de ahora, ya que viene denunciando numerosas irregularidades en la causa (incluso el juez fue denunciado por parcialidad), que además desconoce a la comunidad como interlocutora, reduciendo el litigio a una cuestión de particulares.

ContraPunto – prensa alternativa

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Sábado 19 de diciembre de 2009

EL PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN NIEGA EL ACCESO A LA JUSTICIA A LA COMUNIDAD INDIA QUILMES EN EL CASO COLALAO DEL VALLE

La recurrente decisión de desalojar a los miembros de la Comunidad India Quilmes en Colalao del Valle tiene su origen en el desconocimiento liso y llano del derecho de la CIQ a ocupar su territorio. La ultima intención de desalojar (la cual hubiera ocurrido el jueves 17 de diciembre pasado) aun está pendiente, manteniendo alerta y movilizados a sus comuneros, podría ser ejecutada por que no se hizo lugar a la petición de la Comunidad de ser considerada como tercero interesado: la sentencia del 09 de diciembre pasado dictada por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación, por la cual se confirmó la resolución del juez de Paz de la Localidad de Colalao del Valle, no hace lugar a la solicitud de la CIQ.

El asesor legal Daniel Carlorosi explicó que se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad en contra de dicha sentencia que frenó el desalojo momentáneamente. El letrado agregó además que con esta decisión queda en evidencia la actitud del Juzgado de negar el derecho Constitucional de Peticionar ante las autoridades, reconocido en la C N. Art. 14, al no ser reconocidas las familias desalojadas como miembros de la Comunidad; y, de esta manera, se los sustrae de la aplicación de la ley 26.160. Se cercena así un derecho adquirido y fundamental de la Comunidad Indígena a su reconocimiento preexistente y de acceder a los Tribunales de Justicia para defender sus derechos sobre la tierra.

En síntesis, los miembros de la CIQ son atacados, desalojados, por acciones judiciales y además la justicia no quiere escuchar a la organización que los representa.

El resultado de este doble desconocimiento, como derecho humano fundamental y como medio que permite el reestablecimiento del ejercicio de aquellos derechos desconocidos o quebrantados, es la zozobra permanente de las humildes familias involucradas.

De acuerdo a la legislación invocada en el recurso de inconstitucionalidad presentado, es el Estado, quien tiene la obligación positiva de remover los vastos factores sociales, económicos, culturales y/o funcionales, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos. Pero esa obligación no solo no esta siendo cumplida por el estado tucumano sino que, en esa región del Valle Calchaquí, está haciendo todo lo contrario a lo que signifique “remover los vastos factores sociales, económicos, culturales y/o funcionales, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos”; está promoviendo sostenidamente el desembarco de “pioneros” de la producción vitivinícola y el servicio turístico, los cuales no son más que funcionarios políticos advenedizos que usan el aparato del estado tucumano para usurpar territorio, recursos naturales e intangibles del Pueblo Quilmes. Una de las pruebas se encuentra a menos de 30 Km. al sur de Colalao, “Allí, en el medio de la nada, se erige la nave insignia de los emprendimientos vitivinícolas tucumanos,… La bodega de Jorge Posse tiene además 40 hectáreas de vid, 80 de nogales y no está sola: otros emprendedores desafían la hostilidad del terreno. A pocos kilómetros, sobre el Bañado, en la misma ruta 40, está la hostería de Roberto Carro que al fondo tiene plantaciones de torrontés y malbec. La hostería ofrece cómodas instalaciones a 160 pesos la noche. El emprendedor junto a otros productores conforman la cooperativa Trassoles, que desde el Tolombón producen el vino que lleva ese nombre. La bodega, al igual que la tucumana Chico Zossi, trabaja con los productores locales bajo el régimen de maquila. El 70 por ciento para el productor y el resto para el bodeguero. Allí concurren productores como Sergio Obrist, Alfredo Montalbán y Oscar Longo a entregar su cosecha. De esa forma trabajaba ya la primera bodega de Amaicha, de la familia Segura, que trajo junto a Michel Torino en 1918 las primeras barricas al Valle Calchaquí. La familia Penna, afincada ya hace años con sus viñedos en Colalao, apura el trámite y construye en estos momentos su bodega propia. Son muchos los emprendedores que serpentean los valles tucumanos en busca del sueño americano del vino, familias pioneras de la zona e inversores extranjeros ponen sus fichas en este paño de tierra desolado…" >> Estas, son palabras del Secretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán (http://www.sidetec.gov.ar).

Algunos de los nombres mencionados, como lo venimos sosteniendo, no son empresarios genuinos, sino funcionarios del estado provincial y nacional, tal es el caso de Alfredo Montalván, Secretario de Medio Ambiente de la provincia (http://www.tucuman.gov.ar/gobierno/default.php?ministerioorg=3&secretariaorg=2&subsecretaria=0&direccionorg=0&subdireccion=0) y la familia cuyo representante es asesor en el ministerio de Salud de la Nación designado como tal, mediante decreto PEN 845/2009 (http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=13796).

Estas son las razones del ninguneo legal que experimenta la Comunidad India Quilmes en este caso y que es la muestra patente de que para avanzar en la lucha por la recuperación del territorio se debe tener bien en cuenta lo que hacen funcionarios estatales quienes sin duda alguna están pagados por aquellos ciudadanos argentinos sin poder ni vinculaciones con las burguesías parasitas con que se construyó el estado en toda Abya Yala.

ES INMINENTE UN NUEVO DESALOJO EN TERRITORIO QUILMES

Nuevamente la Comunidad de Base Colalao del Valle se ve asediada por una decisión de la Justicia provincial quien procederá a ejecutar un segundo desalojo en el mismo predio en el que, meses atrás, más de medio centenar de policías, conjuntamente con una empresa privada destruyeran las casas en donde moraban familias de jóvenes comuneros, miembros de la CIQ. En aquella oportunidad los efectivos trasladados para el efecto, desde distintas unidades de la Regional Oeste, fueron albergados y alimentados en la Hostería de Colalao del Valle dependiente de la Comuna Rural.

Posteriormente, la Comunidad India Quilmes conjuntamente con otras Autoridades Tradicionales, resolvieron recuperar el territorio posesionando a los comuneros expulsados en el mes de septiembre pasado. En esa oportunidad emitieron un comunicado observando “con gran preocupación que en todos estos años la justicia occidental siempre ha sido injusticia para los PI. … la jurisprudencia en la Provincia al respecto es mínima, a pesar de haber un importante reconocimiento sobre DDII, no existe voluntad política de complementar el formalismo clásico con el sistema jurídico de los PI.” También señalaban que el Poder Ejecutivo de la provincia “…no tiene una política clara y sincera, respecto a los PI. El poder legislativo carece de toda voluntad de reglamentar leyes con la participación plena y efectiva de las Comunidades Indígenas, El Poder Judicial resiste en aplicar y efectivizar las leyes vigentes. Todas sus interpretaciones son clásicas, arbitrarias y carecen de honestidad jurídica.” En dicho documento resolvieron “…hacer efectivo por medios pacíficos la legislación vigente, y en particular, resistir y no permitir ningún desalojo en las tierras indígenas, aun con sentencia judicial occidental.” Y en ese sentido, “…promover el ejercicio progresivo del derecho a la libre-determinación…”

Luego de la recuperación del territorio desde la Delegación Comunal de Colalao del Valle se prohibió el uso del agua de un pozo anexo al mismo como medida coercitiva para que los habitantes abandonaran el lugar.

En la actualidad y, de acuerdo a informaciones extraoficiales el próximo jueves 17 de diciembra se estaría por ejecutar un nuevo desalojo por lo que sus principales referentes llamaron a los comuneros a mantenerse en estado de alerta y movilización.
De igual manera solicitaron la solidaridad del resto de las organizaciones sociales y de derechos humanos a la ciudadanía en general, partidos y organizaciones políticas, dirigiéndose al 3815220039

Las razones de la reincidencia en el desalojo

Como es sabido, las pretensiones de los terratenientes de Colalao de Valle en desconocer la legitimidad de la Comunidad India Quilmes sobre su territorio, los lleva a acusar a los comuneros de “usurpadores que hacen un asentamiento ilegal” se explica puesto que la zona tiene un potencial vitivinícola muy alto, considerándosela más apta que la de Cafayate (distante a solo 40 Km., hacia el norte) para la elaboración de vinos de alta gama. Igual interés y desconocimiento activo de la Comunidad Indígena, tienen “emprendedores vitivinícolas” que son en realidad funcionarios políticos o parientes de funcionarios políticos de Tucumán quienes públicamente cuestionaron el estatus jurídico de la tierra en el “Diario la Gaceta” del 01/04/07. En esa nota se reflejaba la preocupación de los "pioneros vitivinícolas” (Posse, Sarrulle, Penna) sobre la falta de seguridad de la tierra en el Valle Calchaquí. Refiriéndose a los fundos que estos "emprendedores" tienen en las zonas de Colalao del Valle y Quilmes (territorio de la Comunidad India Quilmes). Esta versión que busca desinformar y defiende las pretensiones de estos “emprendedores” es falaz, puesto que la "seguridad jurídica sobre la tierra" a la que se refieren y que el diario en cuestión reproduce, no se refiere a la seguridad en términos individuales sino comunitarios y que están ampliamente expresados en los artículos constitucionales, nacional (75 Inc. 17) y provincial (Art. 149).

PRENSA UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA

Es indignante leer estas noticias que se vienen repitiendo desde el año pasado. Es una muestra màs acerca de todas las mentiras que el propio gobierno actual de Argentina intenta hacer creer al mundo entero acerca de los avances del justo trato a la situaciòn respecto de los diversos grupos originarios de dicho pais. El mundo entero se sorprende ante tamaño estado de corrupciòn de la justicia y el gobierno, sumado a esto la indiferencia de la mayor parte de los habitantes del NOA por no hablar del pueblo argentino y su conocida conducta negadora de la realidad econòmica, política, social, cultural y religiosa por la que atraviesan los grupos màs vulnerables de la sociedad argentina. Es un llamado de atenciòn para toda persona que desee considerarse un digno ciudadano de estado democràtico. ¿O es acaso que la democracia y sus poderes funcionan a medias y para algunos privilegiados?

INJUSTICIAS
Por Gabriela Castellucci - Tuesday, Jan. 26, 2010 at 7:13 PM
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