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Ilegalidad e impunidad en la construcción de un barrio cerrado
Por Fuente: Medios Lentos - Monday, Mar. 08, 2010 at 6:53 PM

El boom de las construcciones de los barrios privados en la década del 90 trajo aparejado consigo la destrucción de zonas de gran biodiversidad ecológica, inundaciones más frecuentes y desalojos de pobladores originarios. En la actualidad, en la zona norte del Gran Buenos Aires y en especial en el partido de Tigre, los emprendimientos inmobiliarios son moneda corriente al igual que la destrucción del medio ambiente y de sitios arqueológicos.

La construcción de los nuevos barrios privados –antes denominados countries, a raíz de una mínima diferencia técnica entre ambos términos – requiere cada vez más espacio físico para desarrollar sus ideas innovadoras. Si bien la ley obliga a los constructores que compran tierras vírgenes a realizar estudios de impacto ambiental y arqueológico, en muchas ocasiones se construye sobre cementerios, como en el caso de Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (EIDICO), de Jorge O´Reilly.

El artículo 41 de la Constitución Nacional dicta que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Pero, ¿realmente se cumple esta normativa?

Un vecino no muy querido

El caso de Carlos Arrambide es uno entre tantos otros que demuestran la impunidad con la que se desarrollan muchos de estos ambiciosos emprendimientos. La entrada a su casa quedó prácticamente anulada luego de que la empresa EIDICO destruyera el terraplén que hasta entonces había funcionado como ingreso, pese a no haber construido la calle perimetral indicada según la ley, con el objetivo de avanzar en la construcción del barrio cerrado San Benito perteneciente al complejo Villa Nueva -un mega proyecto ubicado entre Benavídez y Tigre, que cuenta con 700 hectáreas y que incluirá once barrios privados náuticos-.

El artículo 3, del decreto 27/98, afirma que la implementación de un barrio cerrado no deberá ocasionar “perjuicio a terceros respecto de la trama urbana existente ni interferir futuros ejes de crecimiento, garantizando el uso de las calles públicas”. En la actualidad, la única calle perimetral para acceder a la casa de Arrambide no sólo está vallada por EIDICO sino que personal de seguridad perteneciente a la firma exige a quienes quieran atravesar el cercado, la presentación del Documento Nacional de Identidad y, en caso de ser necesario, el seguro del auto.

Sin embargo, no es la única legislación que indica el correcto trazado de las calles porque el artículo 7 del decreto 9404/86, reglamentario del Decreto-Ley Nº 8912/77, expresa que “para obtener la convalidación técnica final de un proyecto de club de campo” y “de optarse por el régimen de la ley 13512 de propiedad horizontal, la cesión de calles perimetrales o colectoras y la eventual unificación de parcelas preexistentes, deberá acreditarse con plano de mensura aprobado por la Dirección de Geodesia”.

Si bien desde EIDICO afirmaron que Arrambide tiene perfecto acceso a su casa por el puente que se encuentra sobre el arroyo Garín, ese puente está alquilado por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a las Fuerzas Armadas para realizar, a lo largo de los próximos tres años, la planta potabilizadora de San Benito.

“Me desvían para donde ellos quieren. Yo tenía una calle por donde salía libremente para Benavídez o para Tigre. Ahora, me tengo que desviar por todo Maschwitz y dar la vuelta”, explicó Arrambide, y enfatizó que “reclamar no sirve de nada porque uno tiene que hacer lo que la empresa constructora dicta porque las leyes no se cumplen”.

El 19 de septiembre de 2009, Arrambide realizó una denuncia ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios sobre “la desaparición del terraplén y tierras aledañas que pertenecen al Estado, siendo apropiadas ilegalmente por tres barrios cerrados: San marcos, Santa Catalina y San Benito”. Asimismo, la diputada provincial de la Coalición Cívica Liliana Piani presentó frente al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) un pedido de informe en el que solicita la documentación aprobada sobre la construcción que realizó EIDICO.

Más allá de que la solicitud sigue pendiente y que desde EIDICO afirman que todos los papeles están en regla, Piani aseguró que “la empresa se apropió de la calle Brasil para abrir un canal y destruyó un terraplén que le pertenece al Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) y que Arrambide usaba como acceso a su casa.” Sin embargo, no se trata de la primera irregularidad que se da en la construcción de Villa Nueva: cuando EIDICO edificó Santa Catalina, el primer barrio cerrado del complejo, destruyó un cementerio aborigen con más de mil años de antigüedad.

“Están afectando a los vecinos que quieren vivir su vida tranquila”, expresó indignada Graciela Satalic, del Movimiento en Defensa de los Cementerios Indígenas y Humedales del Delta, y ahondó en que “porque a ellos se les canta hacer un country en ese lugar, creen que uno tiene que venderle las tierras sí o sí. Sino, te hacen la guerra: te cercan, te ponen un portón y un candado”.

“No podemos acusar a nadie porque no sabemos a quién, pero me apedrearon el auto y me rompieron el parabrisas y, además, me llenaron de arena el tanque de nafta”, denunció Arrambide, quien sospecha de estos sucesos como posibles amenazas por parte de EIDICO.

Como si fuera poco, la desarrolladora de Jorge O´Reilly no hizo caso a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado en lo Civil N°73 de Capital Federal, a cargo del juez César Cozzi Gainza, y del Juzgado en lo contencioso de San Isidro, a cargo de José Abelardo Servín, para que detengan las obras en algunas parcelas hasta que estén todos los estudios en regla.

El pasado aborigen en peligro de extinción

A partir de la impunidad de la empresa, Graciela Satalic y Carlos Arrambide realizaron conjuntamente una denuncia para reclamar la preservación de un cementerio aborigen denominado Rancho Largo que se encuentra dentro de los planes de construcción de EIDICO.

“Rancho Largo está ubicado sobre el canal Villanueva pero en la costa de enfrente, donde EIDICO va a construir el barrio privado Santa Rafaela”, explicó Satalic y añadió que “sobre ese cementerio no se hicieron excavaciones porque la empresa constructora no se quiere hacer cargo ya que argumenta que no es su responsabilidad”.

A pesar de que así lo rige la Ley Nacional 25.743 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, sancionada en el 2003, EIDICO no sólo no quiere financiar la excavación del sitio arqueológico sino que tampoco respeta la parte de la ley que suscita la posibilidad de preservar el lugar. El único artilugio legal que les queda a los integrantes del Movimiento en Defensa de los Cementerios Indígenas es remitirse al Congreso Bonaerense para expropiar los predios de la propiedad privada.

La falta de controles efectivos suele provocar la pérdida de muestras arqueológicas de gran valor patrimonial. “Muchas veces se hacen perforaciones de más de 50 metros y se destruyen restos paleontológicos. Las desarrolladoras rompen las muestras arqueológicas y luego tratan de esconderlas para poder construir encima”, aseguró Satalic.

Medios Lentos trató de comunicarse con los responsables del emprendimiento del Barrio Villanueva para saber por qué no se preservan estos lugares históricos, pero se negaron a atender.

El 3 de diciembre de 2008, gracias a la presión de los medios, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) realizó una excavación en un cementerio aborigen ubicado en Dique Luján que fue destruido en un 80 por ciento cuando EIDICO tomó posesión ilegal sobre el terraplén. Sin embargo, según Satalic: “A EIDICO no le quedaba otra que financiar a los arqueólogos porque el Instituto no tiene recurso para autofinanciar la excavación, pero sólo fue un movimiento para que quede el terreno libre para él”.

Al parecer, hay otros sitios identificados por Graciela Satalic que son motivo de litigio judicial. En el lugar en el que O’reilly planea hacer su casa, Pueblos Originarios reclama la apertura de un espacio cultural. Si bien O’reilly todavía no compró ese predio, “parece ser que le gustó, lo alambró y puso una familia a vivir”, expresó Satalic.

Por Matías Prez

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