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OIT pide frenar inversiones que afecten a los indígenas
Por Fuente: Gestión / Perú -
Thursday, Mar. 18, 2010 at 12:29 PM
Reclama que antes se debe asegurar los canales de consulta a comunidades. Confiep denuncia acoso de Organización Internacional del Trabajo contra proyectos de inversión.
A pocos días de que la comisión congresal que investiga los sucesos de Bagua presente sus conclusiones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un segundo informe en el que muestra su preocupación por la falta de mecanismos de consulta a las comunidades nativas con respecto a proyectos de inversión.
A diferencia del informe de inicios de año, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT fue más allá y solicitó al Gobierno peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas y nativos.
La recomendación precisó que la suspensión debe permanecer hasta asegurar "la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza".
"La Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad", reza el documento difundido ayer por la OIT.
Protagonistas y observaciones
En el mismo documento, la OIT revela que las observaciones fueron formuladas con el aporte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Cocamami), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), y organizaciones no gubernamentales.
Aunque también contó con información remitida por el Gobierno, pero insuficiente, pues reclama mayores precisiones sobre el accionar de las mesas de trabajo que organizó el Ejecutivo para tratar la problemática de las comunidades nativas, que ya desde hace algunos años recurren a organismos internacionales.
Precisamente, el 4 de marzo, Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), anunció que iniciará acciones legales ante tribunales peruanos y probablemente internacionales para que el Gobierno cumpla con la recomendación de adecuar el Convenio 169 de la OIT a la legislación peruana.
Es este acuerdo, que ampara el derecho de consulta a las comunidades nativas, el que reclama la OIT, y que aún no ha sido debatido por el Congreso.
Reacción empresarial
Según pudo conocer Gestión, diversos gremios empresariales sabían del documento de la OIT hace dos semanas, entre ellos la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
A pesar de que varios de sus voceros intentaron minimizar su importancia, otros, como su ex presidente José Miguel Morales, indicaron que el pronunciamiento no solo involucra actividades como la minería o las de hidrocarburos, sino todas aquellas que tengan algún tipo de vinculación con las comunidades nativas (ver análisis).
La Confiep, por su parte, ha dado un paso adelante. Su presidente, Ricardo Briceño, señaló que presentaron una nota de protesta ante la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
"La OIE nos han señalado que han recibido nuestra carta y que comparten nuestra preocupación, y que son conscientes del acoso que estamos sufriendo", indicó en diálogo con Gestión.
Briceño también agregó que la Comisión de Expertos de la OIT, que emitió el documento, es órgano asesor y no administrativo.
"Si bien sus recomendaciones no son vinculantes, sí son preocupantes", admitió Briceño, tras señalar que este tipo de documentos perturba el clima de inversiones. "Pero no nos alarmemos".
Agregó que resulta contradictorio que una organización que supuestamente está hecha para mejorar las condiciones laborales proponga la paralización de puestos de trabajo, y por otro lado desconocen los mecanismos de consulta que en el Perú, de acuerdo con los dispositivos legales, se hacen
permanentemente.
Cuestión de cifras
El especialista Fernando Cillóniz señaló que la suspensión de la extracción de los recursos naturales significaría el colapso del Perú. "La mayoría de las minas están en tierras de comunidades y todas las actividades petrolíferas y gasíferas, también están en la Amazonía", añadió.
Sostuvo que el Perú depende de dichas actividades en gran medida, que implica entre el 40% y 50% de las divisas y tributos, los cuales están en riesgo con la postura expresada por la OIT.
Basta saber que la minería, el petróleo y el gas exportan unos US$ 21,000 millones al año.
cifras
15 empresas de gas y petróleo mantienen conflictos sociales con diversas comunidades.
40 mineras se encuentran atravesando actualmente conflictos con los grupos nativos.
330,000 era el número de la población indígena de la Amazonía hasta junio del 2009.
US$ 500 millones de inversión fueron lo que perdió la minería el año pasado debido a conflictos.
Derecho de las comunidades
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordó que este es el segundo informe que emite la OIT sobre las actividades de exploración y extracción de recursos naturales.
Detalló que en el primer informe se solicitó que no se continúe con los trabajos en territorios de las comunidades indígenas, mientras que no se les haya realizado la consulta previa.
Al preguntarle en qué medida el informe de la OIT es vinculante, Gamarra señaló que existe una discusión al respecto, pero el punto es que el Perú ha suscrito el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y es evidente que allí hay una serie de disposiciones que les reconocen derechos a las poblaciones.
Análisis
Sin imposiciones
En la OIT, hay tres sectores (laboral, empresarial y del Estado) y este informe está hecho solo por uno de ellos, el sector laboral, que puede hacer una recomendación genérica, pero no es de cumplimiento obligatorio.
Creo que lo que se está olvidando es que en el Perú hay pobreza, y es precisamente en las zonas de bajos recursos económicos donde existe la posibilidad de desarrollar los recursos naturales.
Al hablar de la suspensión de las actividades de exploración y explotación también se refieren al sector maderero, agrícola, pesca, es decir a más del 50% de actividades productivas del país.
Una buena parte de los conflictos se desarrolla en la selva, debido al poco conocimiento de las leyes del país, poca comunicación y no existen los linderos. Creo en el diálogo, pero la OIT no puede imponer ese tipo de medidas al Perú.
José Miguel Morales
Ex presidente de la SNMPE
*-SANDRA ALVARADO
gestion.pe/impresa/noticia/oit-pide-frenar-inversiones-que-afecten-indigenas/...
Posición de CONFIEP ante informe OIT hace recordar su contubernio con el fujimontesinismo
Por Fuente: Survival -
Friday, Mar. 19, 2010 at 3:40 PM
Servindi, 19 de marzo, 2010.- Mario Palacios Pánez, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), rechazó de plano las afirmaciones de Ricardo Briceño, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que intentan restar valor y minimizar un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Perú (Foto JP Hemerling, Servindi).
“La conducta de la CONFIEP nos hace recordar el contubernio que tuvo este organismo empresarial con el régimen de Fujimori y Montesinos, donde no les importó que se pisotee el estado democrático de derecho con tal que se les asegure llenarse los bolsillos” recordó Palacios.
“La actitud de la CONFIEP de imponer la minería sí o sí, es autoritaria, e intenta desconocer las atinadas recomendaciones de la OIT donde se precisa la necesidad de que el Estado peruano paralice las obras de exploración y explotación minera mientras no se desarrollen adecuados procesos de consulta a las comunidades afectadas” indicó Palacios.
“El lugar de asumir una actitud madura y civilizada, respetuosa de sus compromisos internacionales, el gobierno actual y la CONFIEP quieren taparse los ojos frente a la realidad y la vocación autoritaria que sostienen sus puntos de vista le hace un tremendo daño al Perú a nivel nacional e internacional mostrándolo como una republiqueta colonial” aseveró Palacios.
“Para afuera se habla de desarrollo y de lucha contra la pobreza y la exclusión, pero a los pueblos y comunidades indígenas se nos quiere mantener en altos niveles de exclusión” dijo.
“Ya hemos sidos calificados como ‘perros del hortelano’, luego ‘ciudadanos de segunda clase’ y ahora nos quieren desplazar de nuestros territorios a rajatabla en nombre del desarrollo” explicó el líder pasqueño.
La posición de la CONFIEP
Ricardo Briceño declaró ayer a algunos medios de comunicación en referencia al informe de la OIT que “ese tipo de documentos perturba el clima de inversiones en el país”.
“Resulta contradictorio y grave que una organización que supuestamente debe dar mecánicas y medidas para crear empleo pida que empresas que generan puestos de trabajo paralicen sus actividades” declaró Briceño, según divulgó ayer el diario Gestión.
La misma fuente indicó que la CONFIEP ha elevado una queja a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para que esta, a su vez, envíe una nota a la OIT a fin de que se impida “que estos señores (la Comisión de Expertos), por más expertos y científicos que sean, se extralimiten en el trabajo que se les ha dado”.
Briceño señaló, además, que “están desconociendo los mecanismos de consulta que en el Perú, de acuerdo con los dispositivos legales, se han aplicado permanentemente”.
La respuesta de las comunidades afectadas
Palacios anotó que las observaciones y recomendaciones han sido formuladas por un organismo altamente especializado de la OIT que emite sus informes de manera imparcial e institucional y luego de evaluar las posiciones de ambas partes: tanto el Estado como los pueblos indígenas, indicó.
“El informe de la OIT es una radiografía de la realidad histórica del Perú. Por que sino ¿cómo se explica que la mayoría de conflictos sociales sean por las industrias extractivas y que en estas zonas aumente radicalmente el número de criminalizados y que los motivos de los conflictos sean los mismos que señala la OIT?”
La posición de la CONFIEP no solo intenta desconocar y borrar de un tajo las recomendaciones del organismo de las Naciones Unidas, sino también las constantes exhortaciones similares formuladas por la Defensoría del Pueblo, agregó el citado dirigente.
“El Estado suscribe convenios y tratados internacionales para aplicarlos, no para tirarlos a la papelera, sino ¿dónde está la seriedad del Estado?” se preguntó el dirigente comunal.
“Con ese tipo de actitudes el gran empresariado minero muestra su verdadero rostro, su carga autoritaria” afirmó Palacios respecto a la declaración del gremio empresarial que sostiene que “el informe carece de mandato legal” y que “las inversiones mineras ocupadas en tierras indígenas no se paralizarán”.
Palacios sostuvo que ese tipo de declaraciones forman parte de una campaña millonaria, sistemáica y tendenciosa desde el Estado y las empresas transnacionales para desvirtuar lo que la OIT ha observado y recomendado, y, en general, para soslayar la realidad y los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos.
“Los pueblos y comunidades indígenas presentamos nuestras demandas a las instancias nacionales mostrando voluntad de diálogo pero el Estado peruano responde de manera autoritaria, con represión a nuestros dirigentes, en complicidad con el gran empresariado minero y algunos medios de comunicación” sostuvo Palacios.
Congreso CONACAMI
Finalmente, Mario Palacios informó que la CONACAMI se encuentra preparando su IV Congreso Nacional que se realizará del 15 al 17 de abril donde se congregarán alrededor de 500 representantes de sus bases regionales, y en donde se analizará la conducta del gobierno, de la CONFIEP y se acordarán planes de acción regional y nacional.
“Pese a la feroz campaña desatada por el Estado, el gran empresariado lobbysta y los medios de desinformación a su servicio contra la CONACAMI nuestra organización sigue dando la cara y batalla por los derechos de las comunidades” indicó Palacios.
“Somos una organización que renueva sus cargos periódicamente, con dirigentes elegidos por sus bases y que defendemos derechos, así estos derechos les incomode o no les guste a los grandes empresarios mineros”, concluyó Palacios.
www.servindi.org/actualidad/23484