"Cocó es una travesti de 27 años, privada de su libertad en el penal San Martín de la ciudad de Córdoba. Como muchos/as allí dentro, se encuentra en una delicadísima situación de salud. Vive con el virus de inmunodeficiencia humana, en estado de desnutrición, muy por debajo de su peso, con escasas defensas y serios daños en el intestino. Situación que es insostenible". Con esta dramática descripción comienza el comunicado difundido el pasado 2 de mayo por el colectivo caracol, en la Coordinadora Antirrepresiva, en el que se detallan las terribles condiciones de vida a las que es sometida Coqui, pero de la que no escapan en general las travestis privadas de su libertad, y que desembocaron en las auto agresiones que se provocó com o protesta para acceder a atención médica.

Esta denuncia, replicada y difundida en los últimos días por asociaciones de travestis, organizaciones de DDHH, con trabajo en cárceles, feministas y medios alternativos de comunicación de todo el país, y algunos medios locales, provocó mucho ruido en las autoridades del penal e incluso, sumada a las fuertes y sostenidas protestas contra las condiciones carcelarias que vienen desarrollándose en todo el país, generó preocupación y contactos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno nacional, comprometiéndose éstos últimos a encontrar soluciones para las personas que viven con vih en la carcel y para las travestis detenidas.

Con respecto a Coqui, su acción desesperada dejó en evidencia que desde hace dos años está en condiciones de acceder a un régimen ampliado de semilibertad, previsto por la Ley 24.660 de ejecucion de la pena privativa de la libertad, lo que le permitiría hacerse atender correctamente en el hospital público y desarrollar actividades fuera del penal. En las últimas horas, Coqui se comunicó telefónicamente con Maite Amaya (del colectivo caracol y colectiva feminista las histeriqas), quien en declaraciones a Indymedia Córdoba manifestó que a partir de su protesta, se logró que se fije para el próximo viernes 14 de mayo una actualizacion correccional (concejo técnico-criminológico del penal), donde lxs profesionales responsables deben dar el visto bueno para efectivizar el beneficio.

Lejos de verse como un hecho aislado, lo sucedido tiene que contemplarse en el marco de la desesperación de quienes, alojadxs en establecimientos penitenciarios de todo el país, ven violados constantemente sus derechos, viven prácticas abusivas, asesinatos y tormentos sistemáticos; malos tratos a las personas y familiares que asisten a la visita y la ausencia total de control sobre el personal penitenciario.

Como expresa el comunicado de Feministas Inconvenientes, "Estas condiciones son cotidianas en las instituciones carcelarias de Córdoba, y sólo pueden ser caracterizadas como flagrantes violaciones a los derechos humanos y tortura, física y psíquica. Es sabido que las cárceles, junto con el gatillo fácil y la represión policial, son el último eslabón y resumen de un sistema excluyente constituido por un conjunto de instituciones de control y disciplinamiento social, al que son condenadas, en su mayoría, personas de los grupos, colectivos y clases más vulnerables. Las mismas instituciones que discriminan, excluyen y violentan especialmente a las travestis, quienes visiblemente desafían la heteronormatividad impuesta."

Desde el 18 de marzo, cientos de detenidos en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires se encuentran en huelga de hambre. Dentro de sus reclamos se encuentra la morigeración de las penas en casos de buena conducta y en presos que trabajan y estudian. El 28 de marzo, peleando por lo que consideraba justo, falleció en Hospital Penitenciario de Olmos, Adolfo Ruben Terzagui, de 46 años, estudiante de comunicación en la cárcel. Rubén vivía con el virus de inmunodeficiencia humana.

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