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Punta Querandi: el debate en la academia
Por Indymedia Pueblos Originarios - Saturday, May. 15, 2010 at 3:41 PM
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REPERCUSIONES HACIA ADENTRO DEL MUNDO ANTROPOLOGICO
Punta Querandí: el debate en la academia
REFLEXIONES. La trascendencia del conflicto invita al intercambio. (Patricio Guillamon - www.patricioguillamon.com)
    Un yacimiento prehispánico ubicado en el partido bonaerense de Tigre es foco de una disputa entre un poderoso empresario inmobiliario y una confluencia de vecinos, pobladores, ecologistas e integrantes de pueblos originarios que defienden el predio donde se encuentra. Los arqueólogos son un actor importante en el conflicto y su accionar comienza a tener resonancia en los espacios universitarios y en la comunidad científica.
En diciembre de 2008 Daniel Loponte y Alejandro Acosta (INAPL-CONICET) coordinaron una campaña de rescate del sitio Punta Canal (también conocido como Punta Querandí) con el financiamiento de Jorge O'Reilly de EIDICO. En 10 días, extrajeron 120.000 piezas en 18 metros cuadrados y concluyeron que en el resto del predio de 2 has no había más yacimiento, liberando así el predio al supuesto propietario. En esa posición se mantuvieron, incluso contradeciendo públicamente a los vecinos que reivindicaban el lugar, hasta que a fines de abril recorrieron nuevamente el predio. La visita se registró luego de que los manifestantes certificaran con el Museo Etnográfico un fragmento de cráneo humano. Allí, gracias a las indicaciones de los integrantes del acampe que se montó hace 3 meses para proteger el lugar, Daniel Loponte identificó otro sector del yacimiento. Ahora, los vecinos reclaman otra vez la protección del predio y el apoyo de la comunidad científica.

Respondiendo a este llamado, el 4 de mayo, la Junta Departamental de la Carrera de Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó "promover la defensa del patrimonio arqueológico y cultural de Punta Querandí". Además discutió la conformación de una comisión que elabore un informe con mayor documentación de los aspectos patrimoniales, dominiales, arqueológicos, ambientales, culturales y políticos del sitio y la región.

A fines de marzo otra era la postura de uno de los arqueólogos que excavó en Punta Querandí. En un debate en la lista Encuentro Antropología, Javier Musali expresó: "Como profesionales, muchas veces tenemos que tomar decisiones que no son políticamente correctas. Si el sitio no puede ser preservado porque el dueño se opone, la única opción es el rescate. No podemos hacer otra cosa por el momento, de acuerdo a la ley vigente. Insisto, más allá de la posición personal sobre los reclamos de las comunidades, nuestro deber principal como profesionales es velar por la preservación del patrimonio arqueológico. La cuestión es: ¿apoyamos un reclamo justo y salvamos algo que en un momento fue un sitio arqueológico, o buscamos la forma de generar conciencia y establecer como práctica habitual la preservación del patrimonio?".

Bettina, una compañera de la lista debatió esas ideas con Musali. "Los resultados de este proceso de conocimiento parecen no haber terminado siendo favorables a los intereses de una determinada comunidad de pobladores, sino a dar el visto bueno a un emprendimiento inmobiliario que además de barrer con lo que los pobladores consideran un sitio ancestral, tiene un gran impacto ambiental en la zona, como todos los que se han venido haciendo desde hace años, como vos bien decís. Visto bueno científico que da tremenda legitimidad a los constructores, quienes podrán decir en el futuro, o ahorita nomás, 'permitimos los trabajos de rescate necesarios, no somos como otros, tenemos aval científico'".

En otro fragmento de su descargo, Musali también planteó: "No estamos de acuerdo en la forma (de la protesta en Punta Querandí), porque alinearnos directa y abiertamente significa que todas las empresas que están desarrollando emprendimientos en el área (como uds. saben, montones), se van a hacer los distraídos, y cada vez que encuentren un sitio arqueológico lo van a destruir por completo como lo vienen haciendo desde hace dos décadas".

Bettina retrucó: "Entonces? No hacemos olas para que otras empresas sí nos permitan hacer arqueología de rescate? Y después? Llevamos todo al museo mientras en la zona damos legitimidad a la depredación cultural y ecológica?". "Ojo, entiendo tu planteo, 'es lo que podemos hacer, dadas las circunstancias y las leyes que tenemos'. Sólo que pienso que existen formas de actuar como aliados de los pobladores, y poniendo a funcionar algo más que nuestras destrezas técnicas", dijo la antropóloga.

Los especialistas dicen que sólo se ajustaron a lo que dicta la actual normativa aunque algunas expresiones dejan en claro que sus decisiones están enmarcadas en una estrategia hacia las empresas de la región. En diciembre de 2008 Loponte declaró a Indymedia que esperaba que la campaña de rescate en Punta Canal -la primera de su tipo en la provincia- sirva como un "antecedente positivo" para que se comience a cumplir con los estudios de impacto.

¿Pero es esta estrategia eficaz? ¿La empresa EIDICO financió el estudio de impacto arqueológico por la diplomacia de los especialistas o por la determinación de los vecinos?

"ALGUNA EXPERIENCIA TENEMOS"

Completamos este artículo con una explicación más detallada de los trabajos realizados por el grupo que coordinan Loponte y Acosta. En una reciente conferencia de prensa en el INAPL, convocada para hablar del sitio Punta Canal, hablaron de las líneas de acción que desarrollan para proteger el patrimonio arqueológico en el extenso territorio que tienen asignados.

Daniel Loponte dijo que su equipo interdisplicinario de investigación está a cargo de alrededor de unos 50 sitios en el Delta "pero sin duda son cientos y tal vez miles" los que existen, muchos en lugares de difíciles acceso e identificación. Y relató diversas acciones efectuadas para proteger el patrimonio arqueológico en coordinación con las municipalidades de Escobar, Campana, Baradero y con muchas empresas del Delta, tanto de Buenos Aires como de Entre Ríos. Las forestales -que tienen grandes extensiones de tierras- poseen sitios arqueológicos pero no los denuncian por el "temor respecto al avance que podría existir sobre la propiedad privada".

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Loponte contó que en el 2002 presentaron un proyecto de ley de protección al patrimonio arqueológico que tuvo media sanción y luego cayó, pero que recientemente la volvieron a impulsar. Por último, detalló que realizan conferencias y cursos de capacitación para docentes, alumnos y público en general. "Tenemos alguna experiencia en lo que es gestión de recurso arqueológico en el Delta", concluyó.

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