REPERCUSIONES
HACIA ADENTRO DEL MUNDO ANTROPOLOGICO
Punta
Querandí: el debate en la academia
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REFLEXIONES.
La trascendencia del conflicto invita
al intercambio. (Patricio Guillamon -
www.patricioguillamon.com)
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Un yacimiento prehispánico ubicado en el partido bonaerense de Tigre
es foco de una disputa entre un poderoso empresario inmobiliario
y una confluencia de vecinos, pobladores, ecologistas e integrantes
de pueblos originarios que defienden el predio donde se encuentra.
Los arqueólogos son un actor importante en el conflicto y su accionar
comienza a tener resonancia en los espacios universitarios y en
la comunidad científica.
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En diciembre de 2008 Daniel Loponte y Alejandro Acosta
(INAPL-CONICET) coordinaron una campaña de rescate del sitio Punta
Canal (también conocido como Punta Querandí) con el financiamiento
de Jorge O'Reilly de EIDICO. En 10 días, extrajeron
120.000 piezas en 18 metros cuadrados y concluyeron que en el resto
del predio de 2 has no había más yacimiento, liberando así
el predio al supuesto propietario. En esa posición se mantuvieron,
incluso contradeciendo públicamente a los vecinos que reivindicaban
el lugar, hasta que a fines de abril recorrieron nuevamente el predio.
La visita se registró luego de que los manifestantes certificaran
con el Museo Etnográfico un fragmento de cráneo humano. Allí,
gracias a las indicaciones de los integrantes del acampe que se montó
hace 3 meses para proteger el lugar, Daniel Loponte identificó
otro sector del yacimiento. Ahora, los vecinos reclaman otra vez la
protección del predio y el apoyo de la comunidad científica.
Respondiendo a este llamado, el 4 de mayo, la Junta Departamental
de la Carrera de Antropología de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) aprobó "promover la defensa del patrimonio arqueológico
y cultural de Punta Querandí". Además discutió la conformación
de una comisión que elabore un informe con mayor documentación de
los aspectos patrimoniales, dominiales, arqueológicos, ambientales,
culturales y políticos del sitio y la región.
A fines de marzo otra era la postura de uno de los arqueólogos
que excavó en Punta Querandí. En un debate en
la lista Encuentro Antropología, Javier Musali
expresó: "Como profesionales, muchas veces tenemos que tomar
decisiones que no son políticamente correctas. Si el sitio
no puede ser preservado porque el dueño se opone, la única opción
es el rescate. No podemos hacer otra cosa por el momento, de acuerdo
a la ley vigente. Insisto, más allá de la posición personal sobre
los reclamos de las comunidades, nuestro deber principal como profesionales
es velar por la preservación del patrimonio arqueológico. La cuestión
es: ¿apoyamos un reclamo justo y salvamos algo que en un momento fue
un sitio arqueológico, o buscamos la forma de generar conciencia y
establecer como práctica habitual la preservación del patrimonio?".
Bettina, una compañera de la lista debatió esas ideas con Musali.
"Los resultados de este proceso de conocimiento parecen no haber terminado
siendo favorables a los intereses de una determinada comunidad de
pobladores, sino a dar el visto bueno a un emprendimiento inmobiliario
que además de barrer con lo que los pobladores consideran un sitio
ancestral, tiene un gran impacto ambiental en la zona, como todos
los que se han venido haciendo desde hace años, como vos bien decís.
Visto bueno científico que da tremenda legitimidad a los constructores,
quienes podrán decir en el futuro, o ahorita nomás, 'permitimos los
trabajos de rescate necesarios, no somos como otros, tenemos aval
científico'".
En otro fragmento de su descargo, Musali también planteó: "No
estamos de acuerdo en la forma (de la protesta en Punta Querandí),
porque alinearnos directa y abiertamente significa que todas las empresas
que están desarrollando emprendimientos en el área (como uds. saben,
montones), se van a hacer los distraídos, y cada vez que encuentren
un sitio arqueológico lo van a destruir por completo como lo vienen
haciendo desde hace dos décadas".
Bettina retrucó: "Entonces? No hacemos olas para que otras
empresas sí nos permitan hacer arqueología de rescate? Y después?
Llevamos todo al museo mientras en la zona damos legitimidad a la
depredación cultural y ecológica?". "Ojo, entiendo tu planteo, 'es
lo que podemos hacer, dadas las circunstancias y las leyes que tenemos'.
Sólo que pienso que existen formas de actuar como aliados de los pobladores,
y poniendo a funcionar algo más que nuestras destrezas técnicas",
dijo la antropóloga.
Los especialistas dicen que sólo se ajustaron a lo que dicta la actual
normativa aunque algunas expresiones dejan en claro que sus decisiones
están enmarcadas en una estrategia hacia las empresas de la
región. En diciembre de 2008 Loponte declaró a Indymedia
que esperaba que la campaña de rescate en Punta Canal -la primera
de su tipo en la provincia- sirva como un "antecedente positivo" para
que se comience a cumplir con los estudios de impacto.
¿Pero es esta estrategia eficaz? ¿La empresa EIDICO financió
el estudio de impacto arqueológico por la diplomacia de los
especialistas o por la determinación de los vecinos?
"ALGUNA EXPERIENCIA TENEMOS"
Completamos este artículo con una explicación más
detallada de los trabajos realizados por el grupo que coordinan Loponte
y Acosta. En una reciente conferencia de prensa en el INAPL,
convocada para hablar del sitio Punta Canal, hablaron
de las líneas de acción que desarrollan para proteger
el patrimonio arqueológico en el extenso territorio que tienen
asignados.
Daniel Loponte dijo que su equipo interdisplicinario de investigación
está a cargo de alrededor de unos 50 sitios en el Delta "pero sin duda son
cientos y tal vez miles" los que existen, muchos en lugares de difíciles
acceso e identificación. Y relató diversas acciones efectuadas para
proteger el patrimonio arqueológico en coordinación con las municipalidades
de Escobar, Campana, Baradero y con muchas empresas del Delta, tanto
de Buenos Aires como de Entre Ríos. Las forestales -que tienen grandes
extensiones de tierras- poseen sitios arqueológicos pero no los denuncian
por el "temor respecto al avance que podría existir sobre la propiedad
privada".
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Loponte
contó que en el 2002 presentaron un proyecto de ley de protección
al patrimonio arqueológico que tuvo media sanción y luego cayó, pero
que recientemente la volvieron a impulsar. Por último, detalló
que realizan conferencias y cursos de capacitación para docentes,
alumnos y público en general. "Tenemos alguna experiencia en lo que
es gestión de recurso arqueológico en el Delta", concluyó.
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