En el año 1991 la legislatura cordobesa sancionaba la ley 8113, de Educación de la Provincia. La cual hoy se encuentra nuevamente en tratamiento en el parlamento cordobés ya que se estan analizando realizar modificaciones. Al entender de la UEPC esta iniciativa se enmarca en un contexto histórico distinto. Y señalan: “Además, profundas trasformaciones se produjeron con posterioridad, tales como la reforma de la Constitución Nacional como la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias”.
Para el debate de estas modificaciones a la Ley se constituyo en el año 2009 el Consejo de Políticas Educativas y en aquella oportunidad Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación, Carlos Sánchez, destacó: “que se promoverá la vinculación de la Provincia y su reconocimiento ante organismos nacionales e internacionales, a los efectos de obtener diferentes líneas de financiamiento para la educación, y/o articular entre sus miembros las líneas ya existentes a efectos de mejorar el rendimiento de los recursos para desarrollar acciones conjuntas”.
Dentro del ARTICULO 31.- donde se mencionan los objetivos de la educación secundaria se ha propuesto un párrafo que explicita; “El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales, que faciliten al alumno el conocimiento de las organizaciones, el manejo de tecnologías y le brinde experiencias adecuadas a su formación y orientación vocacional”.
Es entre otros puntos polémicos, este artículo ha generado una gran preocupación de sectores docentes, y desde de la agrupación María Saleme se ha denunciado la ingerencia de sector empresarial representado por Arcor y Minneti dentro del Consejo de Políticas Educativas, el cual fue reconocido por la conducción de la UEPC.
Desde la agrupación docente se cuestiona:” el origen y la manera en que se esta motorizando este proyecto, ya que no se estructura a partir de los urgentes y reales cambios que necesita el sector educativo, sino a partir de los intereses del sector empresario provincial. Algo que la conducción del gremio en lugar de denunciar avala participando del espacio y entendiendo la representación y la democracia sindical de una manera muy restringida, ya que simplemente se limitan a informarnos que ellos se están ocupando del tema, en lugar de convocar masivamente a todos los docentes a participar de algo tan crucial como es una modificación de la ley provincial de educación”. Y subrayan “…la falta de legitimad en su origen de este proyecto, ya que una ley de la democracia debería ser el fruto de un dialogo que incluya a todos los sectores interesados”.
Para lxs integrantes de la agrupación Saleme existe en este particular un ocultamiento de información y lo explicitan: “…no nos resulta difícil descubrir, el porque de este ocultamiento, ya que el mismo sigue la línea neoliberal de todas las reformas y cambios en las distintas leyes de educación que se han realizado en los últimos años en el país…”
Adentrando en los elementos específicos de la Ley puesta en debate lxs docente señalaron que “con el discurso del “saber hacer”, de la formación de chicxs para el mundo del trabajo, se apunta a reducir las horas de las materias que brindan herramientas para pensar la sociedad en que vivimos, para convertirse en sujetos críticos y activos, con capacidad para expresarse y sostener un punto de vista, en lugar de reproducir un conocimiento prefabricado sin ninguna posibilidad de ser cuestionado” y consideran que frente al legitimo impulso de capacitación de las nuevas generaciones, de las cuales serian beneficiarias directas las empresas privadas, lxs docentes remarcaron que: “…no hay que olvidar que la lucha es por un trabajo digno y que no es lo mismo capacitar para el trabajo que formar trabajadores con conciencia de sus derechos y de su lugar como parte de la clase trabajadora”.
Por último señalaron que: “existe una marcada contradicción entre los principios y fines de la ley, que apuntan a la formación de sujetos críticos, responsables, activos, preparados para insertarse en una cultura democrática; y la parte operativa de la ley, sobre la que hemos hablado, donde los espacios para desarrollar y ejercer una conciencia democrática son cercenados o directamente suprimidos.
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