Juicio al poder / Juicio de la UP1 en Córdoba
Por Guillermo Posada/republica ((i)) Indymedia - Monday, Jun. 28, 2010 at 9:17 AM

Marchas y contramarchas en los juicios por los fusilamientos de la penitenciaria de barrio San Martín y por los tormentos a policías en la D2 durante la dictadura militar. Ambos levantan escozor porque ventilarán complicidades de sectores judiciales con los represores. La causa Gontero se unificó a UP1 que comienza el 2 de julio según asegura la justicia federal. Oscar Aguad podría ser convocado a declarar.

“Este es el juicio más importante sobre delitos del lesa humanidad desde el enjuiciamiento a las Juntas Militares durante el gobierno de Alfonsín”, exclama Miguel Ceballos con ojos inquietos, abogado querellante e hijo de un preso político fusilado, en aplicación de la Ley de Fugas, en 1976.

A su cercanía como afectado directo de la represión, Ceballos se suma una consideración que diferencia al juicio de la UP1 (unidad penitenciaría 1, como se conoció a la cárcel de barrio San Martín) de otros ya realizados en Córdoba: se trata de 10 hechos y una treintena de asesinatos donde están implicados funcionarios judiciales, además de los autores materiales de los delitos.

La secuencia de asesinatos se produjo entre abril y octubre del ’76, las víctimas –entre las que se encuentra Miguel Hugo Vaca Narvaja, padre del director de esta revista–fueron dirigentes políticos, sociales y profesionales, detenidos en su mayoría con anterioridad al golpe militar. En la lista de 26 acusados se encuentra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, el primero como titular del Poder Ejecutivo de entonces ya que los presos estaban a su cargo. “Este es diferente a otros juicios porque acá no hay desaparecidos. Fueron presos a cargo del Poder Ejecutivo Judicial, hay muchísima documentación probatoria y el Concejo de la Magistratura determinó la complicidad del juez Carlos Otero Álvarez con los hechos, por más que no sea juzgado en esta oportunidad”, describe Luís Miguel Baronetto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y esposo de una de las víctimas.

Los querellantes detallan que la relación entre la banda militar y los tribunales se debe a que los presos fusilados estaban bajo responsabilidad de los jueces que debieron velar por su salud y seguridad, pero por el contrario actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado, permitiendo que las víctimas fueran sacadas de la cárcel para ser torturadas, primero, y fusiladas posteriormente.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura lo confirmó en el caso de Otero Alvarez en el dictamen 132/2010, el 6 de mayo pasado, cuando consideró que “los hechos imputados (…), sin lugar a dudas constituirían causal de mal desempeño ya que manifiestan una actitud colaboracionista del magistrado con los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado y la falta de apego a los principios constitucionales”.

Como ‘delitos de lesa humanidad’ se entiende aquellos que no prescriben nunca por haber sido cometidos por el Estado en contra de un sector amplio de la población, de forma sistemática y premeditada. Para dimensionar la magnitud de los números en cuestión debe tenerse en cuenta que hasta el momento Menéndez sólo fue condenado por el secuestro, tortura y muerte de cuatro personas en el caso Brandalisis y otra en el caso Albareda. Pero además, en ninguno de aquellos procesos quedó en evidencia la complejidad de aparato represivo cívico militar como en esta oportunidad.

“Es el paradigma del Estado terrorista. Ahora quedará en claro cómo las instituciones se fagocitaron a las personas detenidas con la connivencia del Poder Judicial”, abunda el Fiscal Federal Carlos Gonella, a cargo de llevar adelante la acusación junto a Maximiliano Hardabedian. “Además se juzga toda la cadena de responsabilidades, desde Videla como máximo responsable, pasando por Menéndez, el estado mayor que lo asesoró en el área 311 -eslabón que no se había tocado con anterioridad- e integrantes del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2 y la policía militar, que retiraban a los presos y los mataban. El caso es similar a la Masacre de Margarita Belén en el Chaco y la Unidad Penitenciaria de La plata.

Hechos y derivaciones

Gonella detalla que Menéndez ya mostraba su interés por los presos políticos ya en 1975. Los registros de las reuniones de la Comunidad Informativa informan la preocupación del genocida por “arbitrar los medios” para acceder a los presos a cargo del Poder Ejecutivo.

Desde el 30 de abril de 1976 con los fusilamientos de María Eugenia Irazusta, Víctor Hugo Chiavarini y Eduardo Bartoli, hasta el 11 de octubre con los asesinatos de Florencio Esteban Díaz, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Pablo Alberto Balustra, Miguel Angel Ceballos y Marta Gónzalez de Baronetto, los presos desfilaron por tandas ante los fusiles de las fuerzas represivas, después de ser puntillosamente vejadas y torturadas, salvo el caso de José René Moukarzel, estaqueado en el patio de la Penitenciaría donde falleció como consecuencias de las torturas recibidas.

Los diarios publicaron en cada oportunidad los bandos militares que informaban inexistentes casos de fuga en ocasión de traslados de los detenidos, que en ningún caso tuvo éxito y ningún militar resultó herido. Los funcionarios judiciales no investigaron para averiguar si los hechos sucedieron tal como describían cada vez los escuetos comunicados.

De hecho, Otero Alvarez adujo en su momento que se enteró de las muertes por los diarios, pero está confirmado que cada traslado contó con la autorización del tribunal a su cargo. “Los funcionarios como Otero Alvarez pudieron haber sido engañados la primera vez, pero no en 10 ocasiones. Entregaron a mi mujer y a otros compañeros para que los fusilaran”, acusa Baronetto.


Por su parte, María Elba Martínez señala que “el Servicio Penitenciario informó al Poder Judicial cada traslado de los presos y obran informes de consentimiento de los jueces. Las complicidades se extienden a los médicos del Hospital Militar, quienes no hacían las autopsias aún en casos como el de Florencio Díaz que mostraba señales evidentes de torturas”.

Y agrega: “el Superior Tribunal de Justicia también estaba al tanto de todo ya que tenía a su cargo la morgue donde depositaron los cadáveres, con el registro de cada nombre. Debimos luchar mucho antes de acceder al libro de ingresos de la morgue judicial”.


Las implicancias que denuncian los querellantes alteran hace tiempo a La Torre, como se conoce en la jerga judicial al edificio judicial de la Ciudad Universitaria. Cuando, durante la instrucción de la causa, los abogados Ceballos y Martínez pidieron a la jueza Cristina Garzón de Lascano la ampliación de la investigación que incluya a los ex defensores públicos Eduardo Molina y Ricardo Haro, los ex jueces Ricardo Puga y Adolfo Zamboni Ledesma (junto a su entonces secretario de Juzgado Carlos Otero Alvarez), así como los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, la magistrada prefirió separar las causas, aunque, como explica Gonella, “los objetos procesales son los mismos”. De esta forma se evitó que el escándalo tomara dimensiones mayores, a pesar que los testimonios que se realizarán en el juicio UP1 seguramente abonarán sobre el punto. Actualmente la causa de los funcionarios judiciales se encuentra en instrucción, a cargo del juez subrogante riojano Daniel Piedrabuena.

El histórico reclamo de la más elemental justicia por parte de los familiares y los organismos de derechos humanos se vio retrazado una vez más el mes pasado cuando se difirió el inicio del proceso. Los querellantes infieren que el contagio de los integrantes del Poder Judicial retiene el inicio del juicio.
“Este juicio debería ser un punto de inflexión para condenar por delitos de lesa humanidad para que se juzguen como responsables no sólo a los autores materiales, sino también a las redes de complicidad en la sociedad civil”,concluye Baronetto.

Otra causa salpica a Aguad

Tribunales aguarda con expectativa otro juicio paralelo. Conocido como ‘causa Gontero’ el proceso tiene como acusado a integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía provincial que secuestraron y torturaron a otros policías en 1976.

Una de las víctimas es Luís Urquiza, cuyo caso trascendió públicamente en 1995, cuando el entonces ministro de Gobierno de Ramón Mestre, Oscar Aguad, ascendió al comisario Carlos Yanichelli como jefe del Inteligencia de la policía, tercero en rango de jerarquía dentro de la estructura de seguridad de la provincia.
Urquiza sufrió reiteradas amenazas por su denuncia y debió exiliarse por segunda vez en Dinamarca, tal como lo había hecho tras ser liberado en la dictadura. En el gobierno de Mestre hubo duros cruces entre el Fiscal de Estado Alberto Zapiola y Aguad. Entrevistado por esta revista en septiembre pasado, el pre-candidato gobernador por la UCR dijo que no conocía entonces los antecedentes de Yanichelli y que posteriormente lo echó de la fuerza.

Pero María Elba Martínez replica que cualquiera que hubiera leídos los diarios de 1987 conocía el listado de integrantes de la D2 durante la dictadura ya que hubo una resolución de la Cámara de Apelaciones de Córdoba al respecto. “Los radicales le mandaron a Yanichelli y su banda al juez Johnson para que investigue el caso Maders. Usaron a esta gente en democracia y lo sabían todo”.

Aquí están acusados, además de Yanichelli, Menéndez y nueve policías más. Martínez, junto al abogado Hugo Vaca Narvaja, solicitaron la desvinculación del ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército ya que evaluaron que las sucesivas condenas que afronta el genocida, y los juicios que faltan ejecutarse, demoran el inicio del proceso a la estructura de inteligencia policial.

La causa expresa la verdadera vergüenza de la democracia cordobesa, que mantuvo en el seno de la estructura de seguridad a lo más granado de los grupos de represión en la provincia. De no iniciarse el juicio con rapidez, los acusados podrían recuperar la libertad ya que aguardan hace más de dos años que se inicie el proceso.

En Tribunales estiman como muy posible que Aguad sea llamado a testificar en el juicio, cosa que puede alterar sus posibilidades como candidato a gobernador el año que viene. Otro de los posibles testigos sería el propio Zapiola.

Por Guillermo Posada
Revista El Sur

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