Siguen los juicios a los represores en Mendoza : Argentina Indymedia (( i ))

La segunda jornada de los juicios a los represores en Mendoza, comenzó con un pedido
por parte de la defensa de apartar de la causa al médico Cristóbal Ruiz Pozo, a quien le
han diagnosticado un cáncer de colon en el Centro Oncológico de Integración Regional
de San Rafael. Luego de cinco quimioterapias no ha respondido favorablemente, según
los médicos, por lo que estiman que no está en condiciones físicas para enfrentar
este juicio. Por el momento el tribunal aceptó suspenderlo en la causa. Desde los
familiares de las víctimas, Mariano Tripiana – hijo del desaparecido Francisco Tripiana-
dijo: “le pregunté a mi abogado querellante y vamos a presentar algo que nos certifique
verdaderamente lo que este seor tiene. Que vaya el médico forense para que vaya
a constatar estas cosas, para que si no es así quede implicado en las causas. Tienen
miedo. Saben que van a quedar presos y que van a ir a cárcel común. Hacen todas las
chicaneadas como que se abstienen a declarar ahora. Tienen sus derechos, los derechos
que tienen que los aprovechen, es el que no le dieron a nuestros viejos”.
Cerca de las nueve de la mañana se desarrolló la segunda jornada de los juicios y se
extendió hasta cerca de la una del mediodía. De allí pasó a cuarto intermedio hasta el
día lunes 5 de julio a las 10 horas, cuando comenzará la rueda de testigos, los cuales
están nombrados en la querella. El médico Ruiz Pozo era quien falsificaba las firmas
de los detenidos en las órdenes de ingreso y es uno de los dos civiles acusados en la
causa. El otro es el abogado Raúl Egea, quien hasta hace poco ejercía como docente
en el Colegio Comercial “Isla Malvinas”, donde daba clases de instrucción cívica y
economía a alumnos y alumnas de 5º año. Al consultar a dos egresados de ese colegio,
nos comentaron: “andaba siempre con caramelos mogul y cuando había evaluación
decía: hagan lo que quieran. Ahora, cuando hablábamos de la historia de Argentina
salteaba la época de la dictadura”. La presencia de represores en la vida cotidiana, se
solapa en espacios de educación, de los medios de comunicación, en áreas de la salud.
El Tribunal Oral federal No. 2, terminó la lectura de los expedientes de la requisitoria de
la querella. Bajo los números: A13269 (José Berón), 14092 (Pascual Sandoval), 13268
(Francisco Tripiana) y 14092 (Roberto Osorio); se pudieron escuchar denuncias hacia
los acusados, quienes se encontraban presentes en el recinto, salvo Luciano Benjamín
Menendez y Ruiz Pozo, quienes han sido suspendidos en las causas. Lo que se pudo
observar fue una importante participación de jóvenes, interesados e interesadas en una
parte de la historia que aun no es resuelta por la justicia, como tampoco por la historia
misma.
Escrache a integrantes del Batallón 601
Desde que se hizo pública la lista del Batallón 601, no solo se conoció casos de
infiltrados en organizaciones, como pasó con uno de los referentes dell MST de
Bariloche; sino que comenzó a despertar sospechas en espacios de trabajo de nuestra
vida cotidiana. San Rafael no es ajena a ello y el jueves primero de julio, cerca de
las 12.30, el espacio Memoria, Verdad y Justicia de esta ciudad; se movilizó hasta
las oficinas de la Dirección General de Rentas (DGR), ente provincial recaudador de
impuesto y hasta LV4 radio estatal de San Rafael.
La metodología histórica de HIJOS fue el eje de esa acción. Arribaron las distintas
organizaciones hasta las puertas de la DGR para escarchar a Osvaldo Montesinos
y luego partieron hasta la Radio Pública, para escarchar a Julio Mauna, quien
realiza tareas técnicas en la emisora radial. “Estuvimos el conjunto de las diversas
organizaciones y le informamos a la gente quienes son esos dos personajes que
mandaron al muere a mucha gente”, comentó Fabián Gatica, miembro de CTA San
Rafael.
Detención de militantes por hacer pintadas
La policía de San Rafael es una de las más represivas del país. Cuenta en su historial de
asesinatos por gatillo fácil: las muertes de Sebastián Bordón, pero más recientemente
la de Fabián Basualdo. Previo a la apertura de los juicios el jeuevs pasado, un grupo
de militantes sociales y de DDHH, vinculados al espacio Memoria, Verdad y Justicia;
fueron detenidos por la policía de la ciudad. Algunos sectores de la sociedad sureña,
acusaron de delincuentes comunes a los y las jóvenes militantes. Integrantes de
la Asamblea Permanente por los DDHH de San Rafael salieron al cruce de esas
afirmaciones y refirieron que “estas acusaciones responden a intereses económicos
ligados a los represores. Particularmente está relacionado con el poder de los medios de
comunicación y cómo quieren tapar el genocidio de la última dictadura militar”.